Luis Britto García
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Cuenta Oscar Wilde que el desinhibido Dorian Gray comete crímenes que no se reflejan en su rostro, sino en un
retrato mágico que oculta. Todo acaba
cuando perpetra su fechoría más repulsiva: fingir que es bueno, lo que hace
insoportable al retrato porque le añade el
rasgo nauseabundo de la
hipocresía. A nadie sorprende que el imperio explote, robe, invada, asesine en
masa: es su oficio, para eso está. Lo
inmundo es que disfrace sus crímenes
de legalidad.
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Nunca el Imperio nos asesina sin demostrar primero
que lo hace para salvarnos de nosotros mismos. Desde hace dos décadas ensaya vías de hecho para impedir que los
venezolanos dispongamos de nuestros recursos y nuestro destino: desde ofensivas mediáticas
hasta golpes de Estado; de intentos de magnicidio a oleadas terroristas; desde
latrocinio de nuestros bienes en el exterior hasta brutal bloqueo de
comunicaciones y activos.
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Entérese: el Imperio quiere mejorar su retrato con acto de leso fariseísmo en el cual William Barr, Fiscal General del mayor país terrorista, mayor consumidor de
narcóticos y mayor traficante de armas del mundo acusa al Presidente legítimo y a otros 13
altos funcionarios de Venezuela de “narcoterrorismo,
tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción”.
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¿Debe extrañar que el Imperio intente maquillar como
legalista su monstruoso retrato? ¿O que no
conozca los principios de legalidad que finge invocar?
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En efecto, en todos los países de la Tierra
rige el principio universal de
territorialidad, que el Código Civil de Venezuela adopta en su
artículo 8: “La autoridad de la Ley se extiende a todas las
personas nacionales o extranjeras que se encuentren en la República”.
Ello implica, por argumento a contrario, que la Ley de un país no obliga a
personas que no sean nacionales ni se encuentren en su territorio. En España,
por ejemplo, Natalia Reus Martínez indica que “El principio de territorialidad puede definirse como aquél
criterio que establece la aplicación con carácter exclusivo de la ley penal del
territorio a todos los hechos delictivos que se cometen en el mismo. (…)
Y, ciertamente, de este
modo es posible señalar un significado positivo, coincidente con lo anterior,
puesto que un Estado puede someter a su poder punitivo todas aquellas acciones
que se cometan en su territorio, y otro negativo, en cuanto la consecuencia que
produce la aplicación exclusiva de la ley penal nacional en ese
territorio es la ausencia de la aplicación de la misma a hechos ocurridos más
allá de esos límites, y asimismo, la negativa a la aplicación de la ley penal
extranjera”. (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1109168497099&esArticulo=true&idRevistaElegida=1109168491172&pagename=RevistaJuridica/Page/home_RJU&seccion=1109168469736).
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El
que un Fiscal de Estados Unidos finja no
conocer que las leyes de su país sólo
pueden aplicarse a actos cometidos en su
territorio, y ordene la captura de ciudadanos de otros países en el
exterior, es prepotente intento de
extender en forma ilimitada los poderes de la potencia del Norte a todos los
habitantes del globo y desconocer la soberanía de los demás Estados del
planeta, en flagrante violación del artículo 1 de la Carta de la ONU.
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Agrava
la ilegalidad del acto el ofrecimiento de recompensa por captura de dichos funcionarios, lo cual
da por sentada la incapacidad de las
autoridades estadounidenses para efectuarla, rebaja a operación mercantil la
supuesta justicia y constituye incitación a delinquir por ilegítima comisión de
crímenes como el secuestro o el magnicidio.
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Refutemos las acusaciones del
fiscal Barr, teniendo en cuenta que quien acusa es el que debe probar sus
afirmaciones, y que su escrito no aporta ninguna prueba. En el informe de 2019
de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
Venezuela ni siquiera aparece como país consumidor o productor. Pero de acuerdo
con datos del mismo documento procesados
por EOM según porcentajes de población, Estados Unidos es el primer
consumidor mundial de heroína; el primer consumidor mundial de anfetaminas; el
segundo consumidor mundial de marihuana, el tercer país consumidor de cocaína.
Dicho informe calcula que de los 18 millones de consumidores de cocaína en el
mundo, 38% son estadounidenses, y señala que de las 1.970 toneladas de
cocaína producidas en 2017, 1.379 fueron
elaboradas en Colombia, país ocupado por el ejército de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration. Si el Fiscal
Barr busca narcotraficantes, debe rastrearlos en su propio país o sus
instituciones. (https://elordenmundial.com./mapas/consumodrogas).
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Tampoco puede acusar a otros de tráfico de
armas Estados Unidos, principal vendedor
de muerte del planeta. En la década de los cincuenta, el presidente Dwight
Eisenhower denunció que dicho país estaba dominado por el Complejo Militar
Industrial. Según el informe quinquenal
del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri),
Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China venden 75% del armamento en el
mundo. Pero “Washington superó en 36% al resto de los países como principal
exportador de armamento a nivel global, mientras la producción de Francia
representó 6,8% del total, Alemania contribuyó con el 6,4% y China con el
5,2%”. (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47490873).
En contraste, Venezuela ni siquiera figura en
las estadísticas mundiales de producción o venta de armas.
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No puede incriminar a otros como terrorista Estados Unidos, que mantiene
fuera de su territorio cerca de ochocientas bases militares cuyos efectivos se pretenden inmunes a
las leyes locales, que ha destruido países pretextando falsamente que cometieron
atentados u ocultaban armas de destrucción masiva, que administra redes secretas de
cárceles para secuestrados a los cuales humilla y tortura sin juicio ni condena, que asesta centenares de ataques de drones contra la población en Afganistán y Yemen, y
mantiene agresiones y políticas de
“asesinatos selectivos” contra dirigentes y particulares
de países con los cuales no está en guerra. Venezuela no ejecuta ninguno de
estos crímenes, y por el contrario es víctima de algunos de ellos.
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En
fin, no puede acusar a otros de corrupción el país cuyas autoridades dicen ser
incapaces de eliminar en su propio territorio la masiva comisión de los crímenes
anteriores; cuyos legisladores legalizaron
las “contribuciones” o sobornos que
ellos mismos reciben para promover o desechar proyectos de normas en su Congreso.
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Antes
de maquillar tu retrato, mírate en él.
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Cómo Venezuela ganó la Guerra de Cuarta Generación en el siglo
XX
DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García
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PARA
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EL
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