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Hace tiempo denuncio que contra
Venezuela está en marcha un golpe judicial como el que depuso al presidente
electo de Paraguay, Fernando Lugo. El 10 de enero de 2011 escribí que a
instancias del terrorista Tor Halvorsen “La Corte Interamericana
contradijo la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto para
candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las elecciones del
2012, o decidir quién las ganó”. Año y medio después esa profecía se hace
realidad. El candidato derrotado en las elecciones anuncia el 7 de agosto de
2013 que la oposición recurrirá ante tribunales extranjeros financiados por
Estados Unidos para que éstos, y no el pueblo venezolano, decidan quién es el
Presidente de Venezuela.
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¿Por qué no nos hemos
retirado de la jurisdicción de esos tribunales extranjeros que no reconocen
nuestra Independencia? ¿Quiénes son responsables de que la soberanía de
Venezuela pueda ser todavía arrastrada ante órganos jurisdiccionales que, como
la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a partir de 1999
en trece sentencias relativas a nuestro país lo condenó doce veces? Hay que
repetir que en forma unánime, los Poderes que ejercen la soberanía de Venezuela
han manifestado la voluntad de la Nación de no someterse a esa suerte de
tribunal de linchamiento. La Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003 sentenció que decisiones de
órganos jurisdiccionales extranjeros, tales como la CIDH, no son aplicables en Venezuela si
contradicen la
Constitución: “Planteado así, ni los
fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse
penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por
esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en
Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con
la
Constitución o sus Principios rectores”. Y en sentencia
N° 1942/2003
concluyó: “Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los
fallos de los Tribunales Supranacionales no
pueden menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de
la
República”(Subrayado en la sentencia). Y en
definitiva decide que procede denunciar la Convención
Interamericana: “Igualmente con base en el mismo principio y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar
esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha ocurrido
la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo objeto de
la presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta
institucional y competencialmente en el aludido Tratado. Así se
decide”.
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El Presidente
Hugo Chávez Frías sostuvo en Consejo de Ministros de fecha 17 de septiembre de
2011, ante Evo Morales, que la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “no vale nada y
forma parte del pasado”. Y el 10 de mayo de 2012 nuestra Asamblea Nacional
acordó la denuncia de la Convención
Americana, que nos somete a tales organismos. Los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial expresaron así la decisión unánime de
Venezuela de recuperar la plenitud de su soberanía.
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Entre esa decisión de los
tres poderes y nuestra soberanía se interpuso un cuarto poder sombrío. Vimos que
la denuncia de la
Convención Americana por la Asamblea Nacional ocurrió
el 10 de mayo de 2012. El retiro de la CIDH tarda un año en hacerse efectivo.
De haberse comunicado la denuncia el mismo día que fue aprobada, desde el pasado
10 de mayo de 2013 estuviéramos libres de esa pesadilla. Pero no: un Poder sin
nombre ni rostro, el de la
Gaveta Voraz, mantuvo inoperante esa decisiva
y urgente decisión de los Poderes Soberanos de Venezuela hasta que, a instancias
de artículo que publiqué el 12-8-2012, por fin fue enviada el 6 de septiembre
de 2012, con 107 eternos días de retraso. Gaveta mata
poderes.
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El efecto de tan
providencial y estratégico retardo es que hasta el 6 de septiembre de 2013
seguimos expuestos a que se inicien procesos en contra nuestra ante las
prejuiciadas Comisión y Corte de Derechos Humanos de la
OEA. En circunstancias normales, ello no
hubiera significado mayor riesgo. De acuerdo con el artículo 46 de
la Carta
Interamericana de los Derechos Humanos, “1. Para que una
petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida
por la
Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado
los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos”.
Vale decir, se requiere que el más alto tribunal nacional haya
sentenciado el caso. Y una decisión del TSJ por lo regular toma tiempo. Cerca de
seis años lleva sin decidir una causa sobre equipos incautados a RCTV.
Según
expresa en el diario La Verdad del 27-4-2013,
el constitucionalista José Vicente Haro, “el camino de la impugnación es largo.
Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año”. Cada vez que he litigado
ante el TSJ, la decisión ha tardado un lapso similar o mayor. En circunstancias
normales, el fallo se produciría mucho después de que hubiéramos escapado del
poder de la Corte
Interamericana.
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Pero
en Venezuela nada es normal. Así como fue anormalmente largo el retardo de 107
días en comunicar la denuncia de la Carta Interamericana
de los Derechos Humanos que nos somete a la CIDH, también con inusitada premura el
Tribunal Supremo de Justicia rechaza este 7 de agosto por extemporáneas las
demandas interpuestas contra las elecciones del 14 de abril, justo a tiempo para que puedan ser apeladas ante la
misma Corte Interamericana antes de que quedemos liberados de ella el 6 de
septiembre. Vale decir, más tardó
la Gaveta Voraz
escondiendo el oficio que nos libertaría de la Corte Interamericana
de la
OEA, que el TSJ en redactar la sentencia que
posibilita que las elecciones venezolanas, y
el Presidente nombrado por el pueblo en ellas, queden sometidas a una Corte que
siempre decide contra Venezuela, y de la cual todos los Poderes han decidido
retirarse. Gracias TSJ, por favor concedido.
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¿Podría una sentencia de
la Corte
Interamericana anular nuestras elecciones? El artículo 1 de
la Carta de
la OEA dispone que
los países adhieren a dicho ente para “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad
territorial y su independencia”. No podría una Corte de la OEA acabar con la independencia
y soberanía de países miembros, pero es justamente lo que ha intentado hacer
durante una década al decidir 12 de 13 casos en contra de nuestro país. Una
decisión de tal índole pretendería ilegitimar al Presidente, declarar a
Venezuela Estado forajido y justificar golpes de Estado internos e invasiones
externas. Así han empezado las intervenciones militares imperiales en las
últimas décadas.
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En defensa de Venezuela
debemos empeñar todos los recursos legales y de información. No es posible que a
la Agencia del
Estado para los Derechos Humanos vuelvan a faltarle viáticos y pasajes para
asistir a audiencias de comisiones o cortes internacionales porque alguna Gaveta
Voraz los traga o los retrasa. Debemos convocar a todo el cuerpo diplomático
acreditado en el país para explicar nuestra posición, encomendar a nuestras
misiones en el exterior divulgarla, y desarrollar campañas mediáticas sobre el
particular. Debemos hacer frente común con los 18 países que han formulado duras
y pertinentes críticas a la
Comisión y a la Corte Interamericanas,
y particularmente con los presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Debemos
movilizar la diplomacia del Alba, de Unasur, del Mercosur y de la Celac en rechazo de una
posible sentencia condenatoria. Estamos ante una batalla jurídica gravísima y de
consecuencias incalculables. Debemos obrar en consecuencia, sin Gavetas Voraces
dilatorias ni prisas inexplicables.
FOTO/TEXTO: LUIS
BRITTO
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Rajatabla: www.monteavila.gob.ve
La
invasión paramilitar: Operación Daktari:
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Imperio Contracultural: del Rock a la
Postmodernidad:
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