domingo, 14 de julio de 2019

BACHELET: DERECHOS HUMANOS COMO FAKE NEWS


Luis Britto García


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No hay causa más noble que la de los Derechos Humanos, ni hipocresía más ruin que utilizarlos para propósitos opuestos a aquellos para los cuales fueron reconocidos. 

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Los Imperios nunca suscriben tratados que los sometan a  tribunales competentes sobre Derechos Humanos. Las Cortes o instituciones que dicen defenderlos no tienen reparos en formular condenas infundadas para culpabilizar a las víctimas de los imperios. Un informe de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) Navy Pali en el cual se acusaba falsamente de violación de Derechos Humanos a  Muhammar Khadafi sirvió de pretexto para el linchamiento del mandatario, el bombardeo sistemático de Libia por fuerzas de la OTAN y su saqueo y desmembración por fuerzas mercenarias que desde 2011 destruyen el país en  guerra civil interminable. 

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Un documento vale por su coherencia con otros  del mismo ente.  El 16 de marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó, es decir aprobó,  el  resultado del Examen Periódico Universal sobre Venezuela. Entre noviembre y diciembre de 2017 Alfredo de Zayas, Experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, nos visitó y concluyó que “la guerra económica no comenzó con las sanciones de 2015, sino con la llegada de Hugo Chávez al poder hace veinte años”.  El informe de Bachelet intenta desautorizar ambos documentos arrojando toda la responsabilidad de la crisis sobre el gobierno bolivariano a partir de 2018: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el  transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”. 

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Un informe tiene el mismo valor que sus fuentes. El  de ACNUDH sobre Venezuela  sostiene que la Alta Comisionada se reunió con “muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea  Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo”. En este conteo son mencionados sólo veintiún representantes del gobierno legítimo. Mientras  que entre los opositores son luego mencionados más de mil (en su mayor parte sin especificación de nombres ni de cantidades): el presidente elegido por nadie; los diputados de la oposición, “representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos,  aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la  Organización de las Naciones Unidas en el país”. Además de ello, la Comisionada habría realizado “558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes”.

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Un Informe tiene el mismo valor que sus datos. De los 558 testimonios, confiesa el informe disimuladamente en nota al pie de página que “460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”. Vale decir, la mayoría tuvieron lugar fuera del país, con personas que por  ausentes no tienen conocimiento real y actual de lo que en él acontece y presumiblemente adversan al gobierno legítimo. Ello evidencia que el informe de Bachelet fue redactado o por lo menos documentado de manera previa a su visita, a partir de fuentes con igual  desconocimiento de la realidad del país al cual todavía no había visitado.

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Un informe vale lo mismo que su imparcialidad. A pesar de la voluntaria omisión de precisiones, cifras y menciones, por propia confesión trasciende entonces que el de ACNUDH habría sido redactado, por un lado, a partir de la consulta a 21 representantes del gobierno legítimo, y por el otro mediante la consulta a más de un millar de personas o instituciones adversas a él, en su mayoría   sin contacto directo con la realidad del país sobre el cual declaran. Esta impresionante desproporción de casi cincuenta a una de fuentes en su mayoría anónimas y ausentes del país descarta cualquier pretensión de objetividad o veracidad. Como bien apunta Alfredo de Zayas: “El principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars:Todas las partes deben ser escuchadas”. Pero no en proporción de veinte a una.

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Una denuncia vale lo mismo que quien la formula. Añade el informe que “garantizó confidencialidad” a los entrevistados, “para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron  su temor a represalias”. Tal argumento no es válido. Si la mayoría de los denunciantes estaban fuera del país, también lo  estaban fuera del alcance de sus autoridades. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no opera cuerpos represivos fuera de sus fronteras. Y la acción de éstos dentro de la frontera tampoco es contundente: una de las pocas fuentes cuya identidad se menciona es la de un autoproclamado que pretende usurpar las funciones del Presidente electo, a cuyo efecto engañó efectivos del ejército para que dispararan e hirieran gravemente a otros efectivos, y que a pesar de ello anda en libertad sin sufrir consecuencia alguna de sus delitos. La mención del ACNUDH sólo significa que “muchas de estas” denuncias (de hecho la casi totalidad)  son anónimas, y por tanto sin efectos. Es principio universal el derecho del acusado de conocer los hechos que se le imputan, incluyendo la identidad de su acusador.  Ninguna declaración de testigo procede sin su identificación con nombres, apellidos y domicilio, salvo en casos muy limitados de juicios especiales en los cuales una legislación previa dispense explícitamente tales requisitos.  A denuncia anónima, efectos nulos.

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El  Informe examinado por  tanto no es más que  colección de opiniones de informantes anónimos prejuiciosamente seleccionados por adversar al gobierno legítimo. Ni una sola de sus conclusiones invalida la del informe de Alfredo de Zayas en 2018: Algunos países prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa de que el país se sumerja en una crisis humanitaria para justificar la intervención militar”.

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DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García
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domingo, 7 de julio de 2019

¿REDUCIR LA TALLA DEL ESTADO?


Luis Britto García



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Soslayemos por un momento el ya agobiante tema de los medios ilegítimos por los cuales la oposición aspira al poder legítimo: golpe de Estado, magnicidio, asesinato masivo  de funcionarios electos o partidarios de éstos, intervención extranjera, destrucción de la economía del país. Para decidir si el fin justifica los medios, concentrémonos en lo que proyecta hacer una vez tomado el poder. 


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Si buscamos coincidencias entre la atomizada oposición, encontraremos quizá una: la reducción del gasto público y de la talla del Estado.   Éste es el representante de la Nación, la cual es a su vez una realidad cultural: un conjunto de valores compartidos, y la voluntad de unirse para garantizar su perduración. El aparato estatal monopoliza la represión considerada legítima, rige la defensa, legisla, juzga, administra los bienes y los servicios públicos.  En nuestro país asume tareas en las cuales el sector privado no ha sido particularmente exitoso: la educación, la salud, la vivienda popular, la alimentación. El Estado promueve y mantiene la vialidad, los servicios sanitarios, la explotación de los principales recursos naturales. 


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La polémica sobre la parte del producto social que debe asumir el Estado y la talla ideal de éste es en realidad un debate sobre la economía. Los ideólogos neoliberales pretenden que a menor talla del Estado, mayor desarrollo. Pero en los países desarrollados, el Estado protege, estimula y a veces financia la economía, y consume magnitudes del PIB muy superiores a las que apropian los sectores públicos de los países menos desarrollados. 


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Para verificarlo  consultemos  las estadísticas acopiadas por el Equipo Banco Mundial sobre “Gasto de consumo final del gobierno general (% del PIB)”. Para el año 1960, la media mundial es de 13,7% del PIB; para 2015, es de 17,1% del PIB. La participación de los Estados en el PIB no ha hecho más que crecer. A título de ejemplo, incluimos los datos de algunos países para 2015: Alemania              19,4%, Estados Unidos   14,3%, Finlandia   24,6%, Francia  23,9%, Israel                     22,3%, Italia    19,0%, Japón  20,4 %, México   12,3%, Rusia  19,1%, Venezuela             12,01%.  También, según la misma fuente, la proporción del PIB que consume el Estado es en líneas generales proporcional al grado de desarrollo. En los Países de ingreso alto, los más desarrollados, el Estado consume en líneas generales un      18,2% del PIB. En los Países menos desarrollados (según clasificación de la ONU), consume en promedio  apenas  11,9%.



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    Así, la talla económica del Estado, aun calculada en forma muy restrictiva, tiende a crecer con el tiempo y en forma aproximadamente proporcional al grado de desarrollo, casi el doble en los países de ingreso alto que en los países menos desarrollados; y  se aproxima a una quinta parte de todo el PIB mundial. Debemos tener en cuenta una vez más que las magnitudes citadas se refieren al “Gasto de consumo final del gobierno general”, vale decir, a las erogaciones anuales del gobierno, pero no comprenden los vastos recursos patrimoniales adscritos al Estado, ni tampoco las erogaciones que éste efectúa a través de entes bajo su control directo o indirecto, tales como institutos autónomos, empresas del Estado, empresas mixtas, fundaciones públicas y otros.  Si tomamos en cuenta todos los factores citados, resultaría razonable estimar que el Estado ocupa cerca del 40% de PIB de los países desarrollados. Y el gasto público, según veremos, se sitúa cerca de tal magnitud. La superestructura estatal no es un adorno, una decoración superflua ni un residuo: consume, retiene, produce y redistribuye parte considerable de la producción social.


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     Sobre esta preponderancia del gasto público en los países desarrollados en comparación con el de los países de América Latina y el Caribe conviene citar in extenso el informe de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017( Éditions OCDE,Paris). Dicho documento afirma; “El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de América Latina y el Caribe que en los países de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5%en los países de la OCDE; sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p.en la OCDE. En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.9% en el área de la OCDE. A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.4% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2%en la OCDE.


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     Estas cifras son elocuentes. Según vimos, el gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE: son más de diez puntos de diferencia. Los países de mayor desarrollo son por lo general aquellos en los cuales el Estado ocupa una mayor porción del PIB. Sólo el aparato superestructural del Estado ocupa entonces más del 40% del PIB en los países más desarrollados.



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 ¿Cómo se puede entonces exigir a los países de América Latina y el Caribe que para desarrollarse reduzcan el tamaño del Estado, cuando la talla de éste es muy superior en los países desarrollados? Y sin embargo, no hay opositor, no hay neoliberal de caletre cuyo programa no incluya como artículo de fe la reducción de la talla del Estado, la reducción del gasto público, la privatización de todo, cuando, como hemos visto, los países desarrollados hacen todo lo contrario. Según bien decía Marx, la ignorancia nunca ha servido a nadie para nada.





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