DIEZ MANDAMIENTOS PARA RESUCITAR VOTOS

Con respiración artificial se revive a un ahogado. Con la ley y la lógica es posible resucitar un sufragio asesinado por matavotos infiltrados.
Vamos primero con la lógica, que debería ser la madre de las leyes:
I. Todo trámite versa sobre un aporte de información del ciudadano al Estado. El ciudadano sólo debe entregar la información que requiera una ley expresa; el Estado debe mantenerla como confidencial; sólo el interesado tiene derecho a conocer la información que el Estado maneja sobre él y a solicitar su rectificación en caso de que sea falsa o incorrecta.
Traducimos: El Estado no debe atormentar al ciudadano exigiéndole nuevamente información que ya le fue entregada, ni puede ponerla en manos de buhoneros y del hampa, como hizo con las bases de datos del Seniat.
II. Si el Estado no puede castigar al ciudadano pidiéndole datos de los que ya dispone, menos puede exigirle tramitar y renovar periódicamente documentos que sólo repiten datos conocidos e invariables.
Traducimos: No se debe exigir ni la obtención ni la renovación del absurdo RIF, que meramente replica el número de la cédula, ni del insensato registro en Sencamer, que sólo repite lo que la víctima informa, ni la renovación de títulos cuando las circunstancias en virtud de las cuales se otorgaron no han variado.
III. Las leyes obligan al Estado a informatizar sus registros y mantener al día los datos que legítimamente debe manejar sobre cada ciudadano.
Traducimos: Que el Estado no sepa manejar sus registros informáticos no lo autoriza a obligar al ciudadano a que le aporte reiteradamente datos que la Administración ya posee y que no sabe o no quiere consultar, y mucho menos lo habilita para cobrarle por ello.
IV. Leyes vigentes confieren validez legal a la comunicación informatizada.
Traducimos: El ciudadano tiene la opción –no la obligación- de comunicar instantámente por Internet a la Administración todo informe que ésta válidamente le requiera. Pero no está obligado a imprimirlo en una planilla, ni a llevarla a pie y hacer cola en aras de la informática peatonal.
V. Los sistemas informáticos no duermen.
Traducimos: El Estado no puede obligar al ciudadano a perder tiempo con la informática reposera de páginas web que no abren, o abren sólo en días y horarios laborales y dependen de una conexión que jamás conecta.
VI: Leyes vigentes imponen a la Administración el uso racional de la informática.
Traducimos: Trámite que se inicie en Internet, debe poder ser concluido en todas sus fases por la misma vía.
VII: Ninguna ley obliga al ciudadano a poseer ni saber manejar equipos informáticos.
Traducimos: Mientras una Misión Turing no alfabetice informáticamente a nuestros treinta millones de habitantes y otra Misión Linux no los dote de hardware y software libres, incurre en delito de denegación de justicia la dependencia que exija al ciudadano llenar y bajar planillas de la red.
VIII: La declaración de un ciudadano tiene efectos jurídicos, y no las formas, formatos o soportes de esa declaración.
Traducimos: Son nulos de toda nulidad requisitos como las facturas de cobro exigidas por el Seniat, que cuestan medio salario mínimo, sólo se imprimen en juegos de a quinientas y en pocas imprentas ungidas con el toque sagrado de la predestinación.
IX. El Estado no puede retener ni confiscar documentos del ciudadano.
Traducimos: Incurren en delito las dependencias que decomisan la cédula de identidad del ciudadano para permitirle el paso, o el Setra, que confiscó y jamás devolvió los certificados médicos que le presentamos un centenar de solicitantes.
X. La ley puede revivir un voto defenestrado.
Traducimos: La simple aplicación del Decreto 6.265 con rango, valor y fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de 22 de julio de 2008 operaría una incomparable resurrección de sufragios.
Pero si la lógica dice que las leyes no se cumplen, usemos por lo menos la lógica.

EPÍLOGO: El 9 de septiembre me llega una factura de HIDROCAPITAL con fecha de vencimiento del 15 de agosto, ello a pesar de que he domiciliado el pago en una cuenta bancaria. Mientras no se proceda a la destitución masiva de imbéciles y saboteadores, todo lo anterior será en vano.

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(IN)SEGURIDAD

1

La seguridad, decía Montesquieu, es el primer bien, porque sin él los demás no existen, y presenta dos aspectos: ella misma, y la percepción que de ella el ciudadano tenga. Exacerbando la percepción de inseguridad se disparan los mecanismos del pánico y la agresión de la mente sauriana. Con ellos se crearon los fascismos. Desactivarlos es salvarse.

2

La prensa publica cifras extraoficiales del CIPC según las cuales el número de homicidios por año habría saltado de 5.968 en 1999 a 13.978 en 2009. Para mayo de 2009 la Wikipedia nos asignaba una tasa de 48 homicidios anuales por 100.000 habitantes, lo cual nos categorizaría como el sexto país del mundo en frecuencia de tales hechos ¿Qué significa “cifras extraoficiales”? ¿Se incluyen en ellas muertes violentas en accidentes de tránsito? ¿Se las relativiza con el incremento de la población, de casi un tercio desde 22 millones de habitantes en 1999 a 28.835.849 en 2010? En todo caso, los números son indicios de un problema real, que antes que negar cabe analizar y remediar.

3

Los niños nacidos y formados durante el gobierno bolivariano están por cumplir diez años. Sus crímenes no exceden de robarle la merienda a un compañerito. La estadística delictiva es nutrida por personas nacidas y formadas durante la Cuarta República. Sus defensores escupen hacia arriba al culpar al proceso por los actos de una generación que se formó mientras ellos estaban en el poder.

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La dificultad de controlar una frontera de más de dos mil kilómetros ha permitido una penetración paramilitar que denunciamos hace tiempo. El año antepasado, el Presidente reconoció que la invasión llegó a Caracas. Los infiltrados cobran vacuna y montan alcabalas, suplantan al hampa criolla, asesinan dirigentes agrarios y sindicales, reducen al pavor a las comunidades mediante crímenes horrendos y legitiman sus capitales mediante bingos, casinos, salas de juegos y prostíbulos apadrinados por lo más corrupto, amoral y nauseabundo de las autoridades. Según el Informe 1998-2000 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Colombia presentaba para entonces una tasa de 61,7847 homicidios por cada 100.000 personas, la más alta del mundo y más del doble de la de 31,6138 por cada 100.000 personas que entonces mostraba Venezuela. Alguna computadora mágica serruchó después la tasa de Colombia reduciéndola a 37 y elevó la nuestra a 48. Son cifras para pensar, verificar, rectificar y actuar.

5

Pero no se trata de un problema meramente cuantitativo. La presencia de organizaciones delictivas con formación, disciplina y financiamiento militares facilita una criminalidad cualitativamente distinta. Los datos que ingenuamente aportamos al Seniat sobre nuestra situación económica al día siguiente aparecieron vendidos por los buhoneros en disquetes que eran bases de datos para la selección de víctimas. Delincuentes con falsas credenciales de la administración tributaria inspeccionaron las cuentas de un empresario cuyos hijos fueron secuestrados; criminales uniformados como policías interceptaron el auto de los desdichados. La telefonía celular y los cajeros automáticos son instrumentos de nuevos fraudes y novedosas estrategias como el llamado secuestro Express. El robo de vehículos se sustenta en cadenas de depósitos de chatarra enteramente conocidos que despiezan y reciclan la mercancía, y en mafias de funcionarios que falsifican sus títulos de propiedad.Venezuela no produce drogas, pero organizaciones supranacionales tratan de utilizar nuestro territorio como vía para el tráfico. Los diarios colombianos recogen las confesiones del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), detenido en Cuba y entregado a Colombia, cuyo computador "podría contener las pruebas que vincularían a algunos de los jefes desmovilizados de las AUC, detenidos en la cárcel de Itagüí, con actividades de narcotráfico posteriores a la dejación de las armas" (El Colombiano, 23-3-2007, 8ª). «Rasguño» afirma en ese diario que "Venezuela es el templo del narcotráfico. Hay una conjugación de venezolanos, colombianos, brasileños. Es muy fácil traficar porque allá no consiguen a nadie". Se trata de una guerra en forma, contra un enemigo militar o militarizado. Antes de emprenderla, hay que limpiar la casa.

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Mientras, según la Organización Panamericana de la Salud, en Cuba para 2003 la tasa de mortalidad por agresiones fue de 0,0057 por 1.000 habitantes (641 personas anuales). Ello explica todo. Se recurre a la violencia para obtener o conservar un bien cuando los restantes procedimientos fallan. En sociedades donde una ínfima minoría acapara los bienes indispensables, las mayorías desposeídas optan entre violencia o inanición. Si un sistema comunicacional las convence veinticuatro horas al día de que sólo quien tiene vale, la violencia se convertirá en valor.

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Contra la violencia en sociedades desiguales no valen trapitos calientes ni remedios peores que la enfermedad. Descartemos los “operativos” de Caldera que implicaban la detención masiva de un barrio por el delito de ser pobre. Desechemos el amarillismo que se refocila con imágenes de cadáveres. Recomendemos el desarme, pero que den el ejemplo neofascistas y paramilitares. Aceleremos la integración de la Policía Nacional, que convierte en un solo organismo coordinado la miríada de milicias feudales a las órdenes exclusivas de los caudillos locales. La cura contra la delincuencia es sencilla, pero amarga para quienes más escandalizan contra ésta. Es exactamente lo que la oposición aborrece: subsanar la extrema desigualdad social.

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