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La invasión de los paramilitares en mayo de 2004 por la finca Daktari en las afueras de Caracas no es una intrusión externa, sin conexiones con la vida nacional. Empresarios, medios de comunicación privados, oposición política y oficiales conspiradores cómplices operaron como Quinta Columna que financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.
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La invasión de los paramilitares era la salida desesperada de una oposición que sabía que iba a perder una consulta electoral. Fracasados el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, convocaron los opositores un referendo revocatorio que las encuestas mostraban como un seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público suspendería la temida derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión sobre el gobierno, abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.
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La invasión de los paramilitares estaba planeada como detonador de acciones más complejas. El magnicidio del Presidente o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una cortina de humo mediática destinada a confundir al pueblo y a legitimar un nuevo pronunciamiento golpista, posiblemente acompañado de intervención extranjera.
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La invasión de los paramilitares fue sólo uno de los episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el dominio sobre los recursos naturales y la mano de obra de América Latina mediante un corredor estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a México y América Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases estadounidenses, que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico, como país halcón contra los planes de integración y revolución latinoamericana. Para ello es indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La Paz con Colombia señalo que la Hermana República mantenía 459.687 efectivos en su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos 22.000 millones de dólares en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas, Minci, 2010). En artículo del 11 de mayo de 2012 en Aporrea, señala José Gregorio Piña que “en el quinquenio 2006-2010 los gastos militares de Venezuela fueron el 10,7% del total de países de la UNASUR, mientras que los de Colombia en el mismo lapso fueron el 17% de ese total; es decir, que Colombia gasto 59% más que Venezuela; no es la resta entre ambos porcentajes, sino la proporción entre ambos porcentajes. En términos de los respectivos PIB, Colombia gastó 174% más que Venezuela, es decir, casi el triple”.
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La invasión de los paramilitares fue el prólogo de la aplicación de ese poderío armamentista en acciones de mayor magnitud, como la agresión de Colombia contra Ecuador con apoyo y dirección de Estados Unidos en 2008, y las operaciones de espionaje e intervención planeadas por el presidente Uribe contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada Operación Orión, que el ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea Nacional en 2011.
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La invasión de los paramilitares es silenciosa. En su país de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni admite la extensión de sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios privados ocultó su presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena nacional reveló su existencia, la disimularla alegando que se trataría de un montaje noticioso. Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado olvido.
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La invasión de los paramilitares prosigue. La delatan la multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y alcabalas en estados fronterizos dominados por la oposición. La progresión de señalamientos de su presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la Guayana Esequiba. El crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de víctimas entre los dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas urbanos. La multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de ensañamiento y detalles macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar el pavor en la población y sugerir que las autoridades son incapaces de contenerlos. La progresiva suplantación de nuestra hampa artesanal por una delincuencia organizada con disciplina, armamento y financiamiento militar. La proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y paramilitares: bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El Tiempo.com, 2 -6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo Collussi: “En una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control de muchos sectores aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener lugares seguros para actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio nacional controla el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso es un negocio muy grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a partir de los datos que han ido saliendo a luz recientemente, que controla también el contrabando de alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el contrabando de la gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para contrabandear cualquier otra cosa, alimentos para el caso. Y con eso, justamente, se ve el perfil desestabilizador que habría en ese contrabando: se provoca el desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela. De hecho, en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte del acopio de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual desabastecimiento de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones, manejándose con un criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros fenómenos del paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como por ejemplo la colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables de las muertes de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando aparece la Ley de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque simplemente se los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al respecto. Se sabe de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, aunque todavía no estén actuando como formaciones armadas tal como hacen en Colombia. De momento los asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en grupos pequeños, de dos o tres personas. No son las masacres enormes como habitualmente hacen en Colombia (Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada militar”, 22-2-2008).
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La invasión de los paramilitares prefigura lo que sería un gobierno de la oposición que los importó. Incapaz de acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de fuerza como en abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos. Para sostenerse recurriría a los más brutales expedientes de la cultura de la muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo. Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía, una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego, prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio. Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de traficantes. Mandadero de poderes mayores, el paramilitarismo abriría la puerta a las bases militares extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La resistencia popular iniciaría una guerra de liberación que sólo concluiría con la victoria.
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La invasión de los paramilitares no es tema para el recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta.
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Libros de Luis Britto en Internet:
Rajatabla: www.monteavila.gob.ve
Dictadura mediática en Venezuela: www.minci.gob.ve
Luis Britto García
TODA DENUNCIA DEBE INVESTIGARSE
Entrevista con Fernando Olivares Méndez
La Razón, 13 de mayo 2012
-A una oposición que lleva todas las de perder sí le convendrían hechos violentos que suspendieran las elecciones
-La tesis inconstitucional del “gobierno de transición” fue promovida por los opositores durante los diez meses anteriores al golpe de abril de 2002, y fracasó
El conflicto venezolano es más complicado y difícil de que lo aparenta; las pasiones están desatadas y enrarecen el panorama. Dos visiones de país se enfrentan en esta dura batalla política electoral con vista a las elecciones de octubre con el fin, unos de permanecer en el poder, los otros, de no permitirlo. El problema
se ha hecho más complejo con las denuncias de los ex magistrados Eladio Aponte Aponte y de Luis Velásquez Alvaray, la cada vez más implacable posición de los sectores que adversan al gobierno, y las réplicas del oficialismo que involucran a los opositores en presuntos planes desestabilizadores, terroristas, y hasta en golpe de Estado. Los hechos se suceden con rapiez inusitada, con unos protagonistas enfrascados un una lucha, incluso personal, de tal intesidad, que las proyecciones no son nada alentadoras. En esta oportunidad, La Razón entrevista al escritor, historiador, profesor universitario, analista político y abogado Luis Britto García, quien en extensa entrevista expone sus criterios sobre la realidad el país. Este intelectual venezolanotiene un cúmulo de otrs literarias editadas, ha sido galardonado con varios premios por su obra e investigaciones sobre diversos temas del aconctecer nacional e internacional. En la actualidad es partidario de las políticas del Presidente Hugo Chávez y forma parte del Consejo de Estado recientemente conformado por instrucciones del Jefe de Estado.
La ONG Provea ha señalado que en lugar de seguir el mal ejemplo de Estados Unidos y Canadá, que desconocen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe seguir el buen ejemplo de Argentina y Uruguay que han fortalecido a la CIDH, a pesar de ser países con muchos casos en ese organismo. ¿Qué opina usted al respecto?
-Los buenos ejemplos nunca los han puesto Estados Unidos ni Canadá, debemos ponerlos nosotros.
Diversos activistas de los derechos humanos sostienen que durante los sucesos del mes de abril de 20012, la Comisión CIDH adoptó medidas cautelares a favor de dirigentes del “chavismo”, entre ellos Tareck William Saab. ¿Esto es cierto?
-Esos activistas ignoran que la Minga de los movimientos sociales de Colombia solicitó expresamente al presidente de la CIDH Santiago Cantón que expidiera una medida cautelar a favor del presidente electo Hugo Chávez Frías, secuestrado por la dictadura, y Santiago Cantón no hizo nada, salvo reconocer como “Ilustrada” a la dictadura de Carmona y honrar como “Excelentísimo” a su canciller, José Rodríguez Iturbe. Tampoco hizo nada para proteger a Rafael Correa, secuestrado y balaceado por golpistas, ni a favor de Zelaya. A Tarek lo soltaron antes de que llegara ninguna meida de la CIDH ¿Para qué sirve una supuesta organización de Derechos Humanos que no defiende a presidentes democráticos legítimos secuestrados por fascistas? ¿Para atender las denuncias de Orlando Bosch y de Posada Carriles, que estuvieron entre las seis acogidas por ese organismo durante la Cuarta República?
¿Qué aspectos positivos le reconoce usted al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
-Que inspira tan poca confianza, que ni siquiera Estados Unidos, que lo financia, se ha atrevido a someterse a él.
¿Para salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela solo debe denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos?
-Según la propia Convención, basta con eso. Por cierto, ya la Asamblea Nacional aprobó ese retiro, por amplísima mayoría. A partir de la denuncia, corre un lapso de un año durante el cual siguen su curso los procedimientos interpuestos.
¿Qué semejanzas encuentra usted entre la decisión de Alberto Fujimori de retirarse de la Comisión IDH, en 2002, y la posición, en el mismo sentido, de Hugo Chávez, en el año 2012?
-Ninguna. Fujimori era un japonés que llegó a ser Presidente de Perú y durante su mandato cometió uno de los más espantosos genocidios registrados en la Historia de la Humanidad. Hugo Chávez Frías no es culpable de violación de Derechos Humanos, ni de delitos de lesa humanidad.
¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue diligente en los casos de “La Masacre de El Amparo” y “El Caracazo”?
-La masacre de El Amparo ocurrió en Agosto de 1988. En octubre de 1993, la CIDH recomendó que se investigara y que se indemnizara a las víctimas. El gobierno bolivariano por su cuenta admitió la responsabilidad y dispuso la indemnización a las víctimas. El Caracazo ocurrió en febrero de 1989, a instancias de Cofavic la Comisión instauró una demanda ante la Corte Interamericana en 1991, y ésta no decidió nada en ocho años, esperó hasta que empezara el gobierno bolivariano para exigir indemnizar a deudos de 37 víctimas. El gobierno bolivariano no sólo admitió la responsabilidad, sino que extendió la indemnización a las demás víctimas. Como que más eficaz ha sido el gobierno bolivariano que la Comisión.
¿El Estado venezolano, en la presente administración, ha sido diligente en el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Sí. Pero nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha dejado en claro en varias sentencias que esas decisiones no serían aplicables si violan el orden público interno o la Constitución, norma suprema que además ha sido refrendada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
¿Sabía usted que en el caso de la “Masacre de El Amparo” figuran el capitán de fragata Ramón Rodríguez Chacín y el coronel Enrique Vivas Quintero, ex ministro de Relaciones Interiores del actual gobierno y ex diputado al Parlamento Latinoamericano por el MVR, respectivamente?
-Verdaderamente, tanto el gobierno de Lusinchi como los medios de comunicación de la época mantuvieron el más absoluto secreto sobre los responsables de la masacre de El Amparo, y de tantas otras. Durante la Cuarta República gobiernos y medios de comunicación tendieron el más impenetrable manto de secreto sobre las violaciones de los Derechos Humanos, y por ello fue sancionada recientemente una Ley contra el Olvido que permitirá su investigación.
¿Cómo podría explicarse que las autoridades competentes no han procedido a investigar al general y actual diputado del PSUV, Roger Cordero Lara, uno de los pilotos de los aviones “Bronco” de la Fuerza Aérea Venezolana, que ocasionaron la “Masacre de Cantaura”, ocurrida el 4 de Octubre de 1982?
-No me lo explico, ni tampoco que los partidos que hoy integran la oposición venezolana no iniciaran tales investigaciones entre 1982 y 1998.
¿Cree usted, como miembro del Consejo de Estado, que Venezuela podría ser considerado como un “Estado fallido” por el hecho de no continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si ello sucediera ¿cómo quedaría nuestro país ante la comunidad internacional?
-En la misma situación que Estados Unidos y Canadá, que nunca han estado bajo la jurisdicción de la Comisión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Corte Internacional Penal de La Haya. Si tú opinas que por eso Estados Unidos y Canadá son “Estados fallidos”, respeto tu opinión. Yo creo más bien que al no someter su soberanía a una Comisión extranjera prejuiciada e inútil, Venezuela será considerado como un Estado soberano y respetado como tal.
¿Qué opina del hecho que Estados Unidos no es signatario de la CIDH y critica que nuestro país decidió no pertenecer a esa entidad?
-Todo Imperio pretende juzgar a todo el mundo y no ser juzgado por nadie.
¿Desde la óptica revolucionaria y como simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, que crítica y que autocrítica hace usted al Poder Judicial venezolano?
-Es un poder falible, como toda institución humana. Es el poder de un sistema mixto, obligado a aplicar un sistema legal generado durante el capitalismo a una transición hacia el socialismo. En él debaten fundamentalmente los intereses de la propiedad privada quienes tienen medios para litigar, mientras nace otro Derecho, orientado hacia los derechos de la sociedad y accesible a todos.
¿No privaron los criterios establecidos en la Constitución Nacional, en la selección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?¿Hay en ese organismo mucha incapacidad y poca probidad?
-La mitad de los magistrados que emitieron la sentencia según la cual en abril de 2002 no hubo golpe de Estado, sino “vacío de poder”, al parecer no reunían los requisitos para ocupar su cargo. Desde entonces ha habido una renovación de magistrados en todo el sistema, pero sería enteramente injusto juzgarlo o condenarlo en bloque.
-El ex magistrado Jorge Rosell, uno de los cuatro jueces que salvó su voto en el “affaire” Micabú-Luis Miquilena, en el año 2000, ha señalado que la presión a los magistrados por parte del Ejecutivo Nacional y la falta de independencia del Poder Judicial, en la actual administración, comenzó a partir de la absolución de Miquilena en esa oportunidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
-No sé cómo se puede alegar falta de independencia en un Poder Judicial que sentencia que en 2002 no hubo golpe de Estado sino vacío de poder, y que en innumerables oportunidades se ha pronunciado contra los criterios y pareceres del Ejecutivo. Un ejemplo entre otros muchos, cuando el Gobierno dispuso una rebaja general de sueldos en la administración, y los magistrados del TSJ se compensaron otorgándose bonos. Ningún Poder falto de independencia haría eso.
-¿Después de trece años de revolución estamos ahora peor que antes en materia judicial y en materia carcelaria?
-Indudablemente mejor. Recordemos que durante el gobierno de Caldera se apresaba sin auto de detención a todos los habitantes de barrios completos para verificar si tenían antecedentes penales, y que la única reforma carcelaria consistió en dinamitar el Retén de Catia, para recordarle al público que el gobierno tenía el poder de pulverizar cualquier barrio que le causara problemas.
-¿Cómo miembro del Consejo de Estado, qué consejo daría en materia judicial y carcelaria?
-En materia judicial, respetar los requisitos legales para la designación de los jueces y sancionarlos cuando ellos mismos contravengan la ley. En materia carcelaria, ampliar las instalaciones, aumentar el personal y reconocer que se trata de un problema complejo que requiere la mayor atención, y que no se resuelve sólo con infraestructura de prisiones, sino con medidas de lucha contra la pobreza, la cual se ha reducido dramáticamente durante la última década.
-Desde la oposición se asegura que la conformación del Consejo de Estado significaría que el “gobierno prepara una suerte de transición”, ante la presunta no participación del Presidente Chávez en las elecciones de Octubre. ¿Qué opina?
-La tesis inconstitucional del “gobierno de transición” fue promovida por los opositores durante los diez meses anteriores al golpe de abril del 2002, y fracasó. El orden de sucesión presidencial en caso de falta del titular está claramente previsto en la Constitución, y fue el que el Fiscal Isaías Rodríguez le leyó a la oposición cuando intentaron imponer un gobierno de transición encabezado por el dictador Carmona Estanga.
-Según las normas establecidas el Consejo de Estado es un órgano al que el Presidente consultaría sobre temas de extrema importancia, paralelamente, el Presidente Chávez ha anunciado la constitución de un “Comando Antigolpe”. ¿Significa ello que el gobierno conoce de situaciones o hechos muy graves que estarían amenazando la estabilidad del país?
-El Presidente y otras autoridades han denunciado la posibilidad de que la oposición recurra una vez más a perturbaciones violentas del orden público, como las que reiteradamente ha intentado en el pasado. Deben conocer en efecto de situaciones o hechos muy graves, que no exponen prematuramente para no frustrar el curso de las averiguaciones.
-¿Estamos ante un gobierno de claro corte militarista?
-¡Por favor! ¿Acaso puede ser militarista un gobierno al cual le dan un golpe de Estado, le secuestran al Presidente, intentan destruir la principal industria del país, y su reacción es decretar una amnistía para todos los involucrados? ¿Es militarista un gobierno al cual critican de la manera más libre y en todos los tonos los medios de comunicación? Militarista es la oposición, que lleva una década predicando e intentando el golpe de Estado, que llegó al poder en hombros de oficiales renegados, que en pocas horas derogó la Constitución y destituyó a todos los funcionarios de elección popular, mantuvo un teletón golpista en la Plaza Altamira y se la pasa conspirando.
-¿Deberían investigarse las reiteradas denuncias contra altos jerarcas militares, presuntamente involucrados en carteles del narcotráfico?
-Toda denuncia debe investigarse, si parece tener elementos fundados. También debería investigarse a la DEA, por el hecho de que desde que se la expulsó del país, se han triplicado los decomisos de droga.
-El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray ha ratificado que su compañero del Consejo de Estado, José Vicente Rangel, sigue siendo el jefe de la tristemente célebre “Banda Los Enanos” que opera en el Poder Judicial venezolano. ¿Considera que las autoridades deben investigar esta denuncia o es que en la revolución también hay intocables?
-No hay que creer en cojera de perro, lágrimas de cocodrilo ni acusaciones de prófugo. Si Velásquez Alvaray tenía tantos señalamientos contra el Poder Judicial ¿por qué siguió en él, haciéndose supuestamente cómplice? Si juzgó a tantos compatriotas ¿por qué huye al ser acusado? ¿O es que en la contrarrevolución sólo hay intocables?
-Recientemente, el presidente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció que el gobierno prepara hechos violentos con el fin que no se realicen las elecciones presidenciales, y con el objetivo que la FAN tome el poder. ¿Qué tiene que decir al respecto?
-No veo por qué le podría convenir impedir elecciones a un gobierno que lleva una mayoría aplastante en todas las encuestas. Por el contrario, a una oposición que lleva todas las de perder sí le convendrían hechos violentos que suspendieran las elecciones, como pretexto para un nuevo golpe de Estado o una nueva invasión de paramilitares, como la que fraguaron en 2004 en vísperas de un referendo en el cual llevaban también todas las de perder.
-¿Tomando en cuenta que la oposición, a la luz de los recientes resultados electorales, representa la mitad del país, no cree usted que ese sector del país debió estar representado de alguna manera en el Consejo de Estado? ¿Es, por tanto, excluyente y sectario, ese organismo?
-No se puede tomar nada en cuenta si no se saben sacar cuentas. Según la última Encuesta IVAD, Chávez tiene un 78% de aprobación en marzo, y obtendría hoy 56,5% de los votos contra 26,6% para la oposición que apoya a Capriles. Esa oposición está representada más que adecuadamente en los cargos de elección popular, con marcada minoría en la Asamblea Nacional y en el conjunto de los gobiernos regionales. La oposición puede ser designada para cargos no electivos en función de coaliciones con las fuerzas de gobierno, y que yo sepa no existe ningún acuerdo de la oposición con el gobierno en este sentido.
-Hasta el momento otros países latinoamericanos cercanos al gobierno, tales como Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, entre otros, no se han pronunciado en el sentido de acompañar a Venezuela con su salida de la CIDH, ¿cuál es su lectura al respecto?
-Esos pronunciamientos no se hacen en dos días, pero son de esperar. En diciembre de 2011 un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana”, integrado por representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú, hace fuertes críticas a la Comisión, y la instó a reformar sus procedimientos. El ejemplo de Venezuela podría ser seguido por más países.
-Se ha dicho que al estar Venezuela fuera de la CIDH dejaría en la indefensión a ciudadanos fuera del país que consideren que sus derechos humanos están siendo violados ¿a qué organismos internacionales acudirían esos ciudadanos?
-Pues si son ciudadanos venezolanos y reconocen la soberanía de Venezuela, deberían acudir a los tribunales venezolanos.
-¿Podría ser imparcial una hipotética Comisión de Derechos
Humanos de los países del “Alba”, si de antemano se conoce el sesgo ideológico y político de ese organismo?
-¿Podría ser imparcial una Comisión de Derechos Humanos de la OEA, si de antemano se conoce el sesgo ideológico y político de ese organismo, y el hecho de que Estados Unidos le aporta más de la mitad de su presupuesto?
-¿Mantendrá usted una actitud crítica y vigilante en el Consejo de Estado o se plegará ciegamente al poder establecido?
-Ni antes ni ahora me he plegado ciegamente a ningún poder establecido, y la prueba son las demandas que he introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia contra tratados y actos de gobierno, y mis campañas contra leyes votadas por la Asamblea Nacional, como la que permitía privatizar ríos, lagos y lagunas.
-¿Cómo analiza el caso del ex magistrado Aponte Aponte quien ha hecho denuncias muy graves sobre narcotráfico y manejos políticos de la justicia en Venezuela?
-Bueno, esas denuncias incriminan al propio Aponte Aponte, y seguramente son un recurso para comprar el asilo, la inmunidad y la impunidad en Estados Unidos, donde toda denuncia contra Venezuela se paga a precio de oro o de impunidad.
-Desde la oposición se ha dicho que en Venezuela existe un “narco Estado” ¿qué responde ante esa grave acusación?
-Cada narco juzga por su condición. Deberían preocuparse por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas de todo el mundo.
- ¿Hay presos políticos en Venezuela?
-No. En Venezuela hay ciudadanos presos por las contravenciones previstas en las leyes penales y juzgados por los tribunales, con todos sus derechos a la defensa respetados.
-¿Recibió usted becas, premios, reconocimientos y algunos otros beneficios en la llamada “Cuarta República” o los rechazó?
-No tuve becas ni beneficios durante la Cuarta República, ni tampoco ahora. Viví de una cátedra universitaria ganada en concurso de oposición cuyo jurado fue presidido por Manuel García Pelayo. Durante la Cuarta República recibí algunos premios literarios menores, con remuneración monetaria insignificante o sin ella, después de que ya había obtenido los galardones más acreditados en el exterior. He podido crear toda mi obra de 68 títulos trabajando en otra cosa para mantenerme. Una vez Gustavo Tarre Murzi me ofreció una asignación de varios miles de dólares para que pudiera dedicarme a escribir, que rechacé, no porque sea malo que el Estado ayude al creador, sino porque estoy acostumbrado a vivir de mi trabajo.
-¿Aunque se sabe que el cargo de miembro del Consejo de Estado no es remunerado, ya le ofrecieron a usted vehículo asignado, chofer, escoltas, celulares, etc, o está dispuesto a renunciar a esos símbolos externos del poder?
-Ni lo uno, ni lo otro, ni todo lo contrario. Soy un ciudadano de a pie, no uso celular ni voy armado.
-¿Qué opina de la incorporación al Consejo de Estado del escritor Earle Herrera, su compañero de muchos años en la actividad cultural venezolana? ¿Ambos representarán la cuota del humor y la cultura que tanto le hace falta al país?
-Me alegra mucho; tenemos una comunidad de ideales en la que no necesariamente hay unanimidad. En Venezuela hay muchísimo humor, porque según las encuestas somos el quinto país más feliz del mundo, y ahora que uno de cada tres venezolanos estudia y la mitad de los venezolanos leen libros y somos el tercer país lector de América Latina, evidentemente hay cada vez más cultura para todos.
