Luis Britto García
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Incontables recursos aplica Estados Unidos para forzar
su hegemonía en Nuestra América. A ello contribuyen su Doctrina Militar; su Sistema Hemisférico de Seguridad; su cuerpo de Doctrinas y Resoluciones legitimatorias de la
intervención; una batería de Tratados Internacionales entreguistas; su espionaje estratégico y sociológico; su
intento de restringir la talla de los ejércitos latinoamericanos y caribeños; el
plan de reducirlos a meras policías
antidrogas; sus programas de adiestramiento de nuestras oficialidades; sus
Ejercicios Conjuntos con ellas; sus
instructores destacados para instilar adhesión a los intereses e injerencias
estadounidenses; las masivas ventas de armamentos; la constitución de Fuerzas Interamericanas
de Intervención; la injerencia disfrazada de ayuda humanitaria; la subordinación
a la OEA y a la OTAN, el acoso y bloqueo mediante países cómplices, la
ocupación del espacio aéreo, los conflictos de baja intensidad, la Guerra de
Cuarta Generación; la provocación de secesiones. Y como si ello fuera poco, la instalación de bases militares, a las
cuales el Presidente George W. Bush llamó en 2002 “uno de los símbolos más
profundos del compromiso estadounidense con nuestros aliados y amigos”.
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No
hablaba por hablar: Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su
territorio y unas 800 en 135 países, de las cuales 76 están en América Latina y
el Caribe. Como residuo de sus
intervenciones o anuncio de las venideras, el Imperio enclava un cinturón de estos “profundos
símbolos” en Nuestra América. La soberanía
que los antepasados conquistaron a sangre y fuego es entregada por
gobiernos serviles entre tratados
complacientes y brindis claudicantes. Con la ejecución de los acuerdos sobre el
canal de Panamá fue desocupada la base Howard en 1999; no tardaron ser
instaladas 12 más. América Latina y el Caribe sigue siendo una región ocupada:
restan al Comando Sur las bases de Guantánamo en Cuba, una docena en Puerto
Rico, entre ellas la de Vieques, 3 en Honduras, entre ellas la de Soto Cano, donde se fraguó
el golpe contra Zelaya; la de Comalapa en El Salvador; 8 en Perú, entre ellas
las de Iquitos, que domina la Amazonia, así como las de Santa Lucía Huallaga,
Santa Lucía y Palmapampa.
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En
lugar de disminuir, su número aumenta: a principios del Tercer Milenio instala
Estados Unidos las nuevas bases
aéreas Reina Beatriz en la isla de Aruba
y Hato Rey en la de Curazao, como respuesta a las negativas del presidente
Chávez a permitir la instalación de bases en Venezuela. Estos enclaves cumplen el cometido estratégico que
le asignaron los Países Bajos al ocuparlas en 1634: flanquear las costas
venezolanas y facilitar incursiones contra ellas; entonces para el tráfico de
esclavos, ahora bajo la excusa del control del narcotráfico.
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No
podía ser olvidada la vecina Colombia, escenario de interminable intervención.
En ella funcionan 9 bases, entre ellas Las Tres Esquinas y la de Larandia: de hecho,
todos los aeropuertos colombianos operan como bases donde las aeronaves
militares estadounidenses se guarecen, reparan y recargan. El Comando Sur opera asimismo 17 bases terrestres
de radares: cuatro con sede en Colombia, tres en Perú, y varias móviles o de
ubicación secreta en los Andes y el
Caribe. Las autoridades estadounidenses sostienen que los delitos del personal
de tales bases no pueden ser juzgados por las leyes y los tribunales del país huésped.
Alegando la deshonrosa condición de país
ocupado, Colombia ha sido aceptada como Aliado Especial extra-OTAN, lo que la
privilegia para comprar los excedentes de armas estadounidenses y almacenar las
reservas bélicas de dicho país.
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Comentario
aparte merece la base de Manta, en Ecuador, que dominaba uno de los puertos
fundamentales de un país petrolero, la frontera con la convulsionada Colombia y
la estratégica cuenca del Putumayo. Tras ímprobos esfuerzos Rafael Correa logró
su cierre: quizá ello desencadenó la intervención estadounidense en el golpe
apoyado por la Confederación de Naciones Indígenas que casi le cuesta la vida
al Presidente. Su sucesor Lenin Moreno, también apoyado por la CONAIE, entregó
a Estados Unidos como base militar las inapreciables islas Galápagos,
patrimonio de la humanidad por su biodiversidad incomparable y por ser el sitio donde Charles Darwin concibió el
monumento intelectual de la Teoría de la Evolución.
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La progresiva
ocupación castrense norteña de América Latina no olvida al Cono Sur. Estados Unidos hizo lo
posible y lo imposible por derrocar al Presidente electo Juan Domingo Perón e
instalar en su lugar atroces dictaduras militares, con un saldo estimado de
treinta mil argentinos asesinados. En 1981 Argentina intentó recuperar las
islas Malvinas; Estados Unidos se negó a apoyarla, incumpliendo el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y permitió que las islas fueran
ocupadas por el Reino Unido, potencia sometida a la OTAN, alianza militar a su
vez sometida a los yankis. Quizá en agradecimiento por esta traición
incalificable, el gobierno argentino de
1998 se convirtió en “Aliado Especial Extra-OTAN de Estados Unidos” (junto con
Brasil y Colombia), y el actual abdica de su soberanía permitiendo al Comando
Sur estadounidense la construcción de una base militar en Neuquén, casualmente
cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.
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Al respecto,
sintetizamos argumentos irrefutables del pedagogo Gustavo Cirigliano, de la
profesora Elsa M. Bruzzone del Centro de Militares para la Democracia Argentina
(CEMIDA), y del documento elaborado por la Multisectorial
“No a la Base Yanqui en Neuquén”, de organizaciones sociales, sindicales,
políticas y de Derechos Humanos de la provincia: Que América
Latina y el Caribe ha sido declarada Zona de Paz y es por tanto contradictoria
la instauración en ella de bases militares de potencias ajenas a la región. Que
la Constitución de la República Argentina prohíbe la instalación en su territorio de bases militares foráneas.
Que tales enclaves al principio invaden, como en Neuquén, con la excusa de prestar “ayuda humanitaria”. Que
pasan de ello a autoclasificarse como
FOL (lucha antidrogas) y luego a redefinirse como CSL (De Seguridad
Cooperativa). Que ocupan Zonas Económicas “ricas en recursos naturales
estratégicos” o “bienes comunes: tierras fértiles, agua dulce, minerales,
hidrocarburos, biodiversidad”. Que su verdadero y oculto objetivo es operar
como bases de apoyo y proyección geoestratégica, favorecer a las compañías foráneas
en la explotación de recursos no renovables y proteger las vías para
exportarlos.
Graves e
inenarrables sacrificios nos costó la Independencia. Nuestra América no debe
volver a ser nunca un continente ocupado.
TEXT0/IMÁGENES: LUIS BRITTO
