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Imagínate ser juzgado por comisionados que reciben el 95 % de su
financiamiento de tus enemigos.
Imagínate ser evaluado por funcionarios que aceptan como prueba recortes
de prensa de los medios que tratan de
destruirte. Suponte que eres incriminado por jueces que toman por Palabra de
Dios las calumnias de tus adversarios. A esa experiencia es sometida Venezuela
día tras día, año tras año por la Comisión Interamericanala
OEA.
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Esta vez la Comisión se despacha
contra Venezuela con el interminable Informe Anual de 2012, que rellena 41 páginas y 222 párrafos con acusaciones.
Sobre el valor del farragoso documento basta indicar que 115 instancias se basan sólo en informaciones
de medios de comunicación, que ningún tribunal serio puede aceptar como
pruebas; que en 90 casos no se ha agotado la jurisdicción interna y a veces ni
siquiera se la ha iniciado, lo cual es exigido por la Convención
Interamericanala CIDH
casos de personas que ni han solicitado ni solicitarían su intervención; y que
en 53 instancias se pretende suplantar a los poderes públicos venezolanos,
también en contravención de dicha Convención.
Vale decir, en 222 párrafos se acumulan 280 inaceptables violaciones de
la normativa que rige los actos de la propia CIDH. Tal récord de autogoles debería
provocar la renuncia de magistrados con una sombra de vergüenza. Pero por lo visto, sólo les interesa complacer a la
congresista cubana-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, que el 24 de julio de
2013 los regaña públicamente por no usar el aporte de más de 60% de Estados
Unidos al presupuesto total de la
OEA en atacar “las ilegítimas elecciones en Venezuela” y “las
elecciones ilegítimas en Nicaragua”. Por la plata baila el perro, y por el
subsidio el comisionado.
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Dos perlas destellan en esta
feria de denuncias tarifadas. Si los medios anuncian falsamente que toda el
agua del país está envenenada, es lógico recomendarles que “actúen con
extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el
país destinada al consumo humano, debiendo
contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”.
En lugar de eso, la CIDH acusa al gobierno por haber formulado la recomendación: los medios
no están obligados a ser veraces ni responsables ni a abstenerse de desatar pánicos con sus
mentiras. En agosto de 2012, dos meses
antes de las elecciones presidenciales, la
ONG Culturalla
CIDH incluye la
infamante mentira en su Informe 2012,
a pesar de no haber “recibido o identificado información
que confirme los hechos de violencia”. Entre
embusteros te veas.
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¿Valdrá la pena entonces demostrar la absoluta libertad de expresión
que reina en Venezuela para unos medios que la utilizan para fantasías necrofílicas sobre la enfermedad y
fallecimiento del Presidente, sobre la nacionalidad del nuevo mandatario
electo, para profetizar
desabastecimientos que disparan compras nerviosas? ¿Cómo decir que no hay
libertad de expresión cuando todas las acusaciones contra Venezuela se fundan
en notas de prensa que fueron publicadas y circularon libremente en el país?
5
A partir de 2003, quizá para castigarla por haber depuesto al dictador
Carmona y vencido al cierre patronal y
al sabotaje petrolero, la CIDH
incluye a Venezuela en un infamante Capítulo IV, reservado para países que
“enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los
derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana
o en la
Declaración Americana ”. Compartimos dicha categoría sólo con
Haití y Honduras, países víctimas de ocupación por Estados Unidos, y con Cuba,
que por haber sido expulsada de la
OEA no puede ser juzgada por ésta.
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¿Qué requiere Venezuela para salir del Capítulo IV? ¿Debería, como
algunos países que han sido excluidos de él, arrastrar medio siglo de guerra
civil, con cincuenta mil desaparecidos y más de cuatro millones de desplazados
en un lustro? ¿Tiene que aceptar la ocupación militar por bases
estadounidenses? ¿Debe adoptar el sicariato y el paramilitarismo como
instituciones fundamentales? ¿Debe renunciar a ser el país con mayor índice de
igualdad social y económica de la región, y convertirse en el más desigual?
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Por
el contrario, la
Republica Bolivariana de Venezuela decidió la incorporación
de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos en la
Categoría Quinta , “reservada para identificar a organismos
que padecen situaciones estructurales o coyunturales que afectan o tergiversan
seria o gravemente su desempeño y por consiguiente su función en materia de los
Derechos Humanos. Este criterio incluye: -Situaciones graves de financiamiento
preponderante y decisivo por potencias imperiales que no han suscrito la Convención Americana ,
que aportan más de la mitad del Presupuesto de la OEA y el 94% del de la Comisión , aportes que se
traducen en la parcialización a favor de los lineamientos e intereses de las
políticas trazadas por dichas potencias
y organizaciones financiadoras. -Reiterada falta de atención y de acogida a las
observaciones y recomendaciones de los Estados que si han suscrito la Convención Americana ,
tales como las formuladas por 18 de los países reunidos en la 42º Asamblea
General de la OEA
en Cochabamba, del 3 al 5 de junio 2012,
la cual culmina con un llamado a la
Reforma del
funcionamiento
de la CIDH , en
el curso de la cual el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, destaco que dicha
Comisión funciona ‘con un carácter no jurídico sino de ONG, considerándose por
encima de los Estados soberanos, la
CIDH asume cruzadas reales e imaginarias; el Estado y las
autoridades públicas siempre son los enemigos, y los periodistas y medios de
comunicación son las victimas y los perseguidos, sin alcanzar a entender que
cualquier poder es capaz de atentar a los Derechos Humanos, entre ellos el
Poder Informativo’. -Reiterada y contumaz violación de la Carta de la Organización de
Estados Americanos y sobre todo de su artículo 3, que declara que todo Estado
tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político,
económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga; de su
artículo 13, que reconoce que cada Estado tiene derecho a ‘organizarse como
mejor considere’ y del articulo 17, el
cual admite que ‘Cada Estado tiene el derecho a desenvolverse libre y
espontáneamente su vida cultural, política y económica’. -Inaceptable
reincidencia en la violación de los preceptos contenidos en la Convención Americana ,
y específicamente los relativos a la necesidad de que las denuncias contengan
información precisa sobre los hechos, las circunstancias de tiempo y lugar y la
identidad de las presuntas víctimas; de que hayan previamente agotado la
jurisdicción interna y de que no interfieran con materias atinentes a la
soberanía y el orden publico interno de los Estados partes de la Convención. -Reiterada
y contumaz parcialización en el ensañamiento y condena contra Estados con
conductas excelentes en materia de Derechos Humanos, y paralela omisión de
exámenes, criticas y escrutinios relativos a países que presentan situaciones
atroces de aplicación de la pena de muerte, tortura, racismo, guerra civil,
campos de concentración, decenas de miles de desaparecidos, millones de
desplazados y otras afrentas contra el género humano. -Reiterada violación de
los principios que deben regir los Sistemas de Protección de los Derechos
Humanos, sancionados por la
Organización de las Naciones Unidas”. La reputación, como la
inocencia, cuando se la pierde no
retorna. Veamos si la CIDH
la recupera alguna vez.
(TEXTO/FOTO: LUIS BRITTO)
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El Imperio Contracultural: del Rock a la Postmodernidad :
