Luis Britto García
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Nada más
cierto que la calificación de la democracia venezolana como participativa:
todos los poderes del planeta quieren participar en sus elecciones y su
petróleo. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken designa de
una vez ganador al candidato opositor, el Fiscal de ese país mantiene la recompensa
por quince millones de dólares sobre la cabeza del Presidente Maduro; el
surafricano Elon Musk exige que sea
elevada a cien millones de dólares y desata bloqueos mediáticos, los 27 Estados
de la Unión Europea dictaminan que el candidato opositor “parece
ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa”;
los representantes de Chile, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Ecuador y
Perú en la OEA
proponen invalidar el resultado
electoral, sin lograr el consenso: el
uruguayo Almagro, secretario de dicho organismo, solicita de la Corte Penal
Internacional orden de captura contra el Presidente de Venezuela; los
estadounidenses del Centro Carter se retiran cuestionando los resultados
definitivos antes de conocerlos; la ex
dictadora boliviana autonombrada Jeannine Añez pretende encabezar una procesión
de ex mandatarios españoles y latinoamericanos derechistas para que decidan
sobre nuestros comicios, el premier panameño
José Mulino convoca una cumbre para
resolver sobre ellos. Venezuela tiene la
mayor reserva de energía fósil, oro y otros recursos naturales del planeta; no
extraña que extranjeros y apátridas se agolpen generosamente para obligarla a
que la entregue sin recibir nada a cambio.
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¿Qué sentido tiene esta francachela
transnacional donde cada forastero
pretende nombrar Presidente de Venezuela y deslegitimar al electo?
Es la más pura expresión del mundo financiero y cultural en que vivimos, en el
cual la verdad inconveniente es
sustituida por la simulación artificial. El capital comercial, que revendía
mercancías elaboradas por campesinos y artesanos, fue suplantado por el
industrial, que producía los bienes, y éste por el capital financiero, que no
produce bienes sino dividendos especulativos. El último funciona gracias a una
Cultura del Espectáculo o del Simulacro, que esparce escenarios virtuales cada
vez más alejados de la realidad. Amazon no fabrica ni un alfiler: comercializa
lo manufacturado por otros. You Tube no crea ni un minuto de contenido:
comunica el originado por terceros. Facebook (ahora llamado Meta u Horizon
World) comercia con los datos que le
proporcionan sus usuarios, lo mismo que Twitter, alias X, Whatsapp y demás redes sociales.
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Ejemplos de este mundo virtual con el
cual se intenta ocultar el real: el apagón mediático que acompañó el secuestro
del Presidente Chávez en 2002; el auto atentado de las Torres Gemelas el mismo
año; el sabotaje informático que poco después paralizó PDVSA; las inexistentes
“armas de destrucción masiva” pretextadas para destruir Irak; la falsa
represión contra manifestantes alegada para aniquilar Libia; la autodesignación del presidente fake Guaidó, quien nombró ministros
postizos y embajadores fantoches para robar nuestros bienes en el exterior; la
fabricación mediática del presidente títere Edmundo González.
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Para ello, un sector de la oposición bloqueó la
transmisión de los resultados definitivos del CNE y encomendó a una firma
privada que diera datos inexistentes. ¿Debemos
acatarlos? No, gracias. Según el numeral
5 del artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana, es competencia del Consejo Nacional
Electoral, y sólo de él, “La organización,
administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la
elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así
como de los referendos”. Los opositores María
Corina Machado y Edmundo Gonzalez no acudieron a la convocatoria del Tribunal
Supremo de Justicia para que plantearan sus objeciones, ni consignaron las
supuestas actas que les habrían dado la victoria, ni presentaron pruebas del
supuesto fraude. No olvidemos que quien alega un hecho es quien debe probarlo. Mientras
ello no ocurra, el Presidente electo es Nicolás Maduro Moros.
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Examinemos los
resultados indudables. Según el Ministerio del Poder Popular para la
Planificación, la población estimada para Venezuela en 2021 sería de
33.236.481. Si de ella restamos el padrón electoral de 21.620.705 habilitados para
votar, obtenemos la cifra de 11.615.716 habitantes fuera del mismo. En
Venezuela aproximadamente la mitad de la población forma parte de la fuerza de
trabajo; si presumimos que esta mitad con edad para trabajar tiene los 18 o más años necesarios para inscribirse
en el Registro Electoral Permanente, tendríamos un cálculo (muy aproximado) de
unos 5.207.850 ciudadanos con edad para
inscribirse en el Registro Electoral Permanente que por una u otra razón no lo
han hecho. El boletín definitivo registra una abstención de 53,47% de los
21.620.705 debidamente inscritos y habilitados para votar, lo cual arroja una cifra de 11.605.909 abstencionistas, la cual, sumada a los 5.207.850 ciudadanos que no se han inscrito en el
Registro Electoral, daría una muy aproximativa sumatoria de 16.813.759
ciudadanos que voluntariamente no
ejercieron el derecho del sufragio a pesar de estar jurídicamente capacitados
para ello. Esta falta de votos es a su vez un voto negativo cuyo sentido
debemos interpretar.
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En primer
lugar, en el último tercio del siglo pasado, los porcentajes de abstención y
de no inscritos en el Registro electoral
crecieron acompasadamente, a medida que los gobiernos imponían paquetes
neoliberales. La llamada Cuarta República murió de mengua política y
neoliberalismo, destino que urge evitar.
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En segundo
lugar, debe reflexionar la derecha que la causa de sus derrotas no reside en
supuestas fallas del sistema electoral, sino
en su programa, Por algo lo redactaron en inglés, y lograron que You
Tube sacara del aire a La Iguana TV durante más de una semana cuando divulgué
su traducción en entrevista con Clodovaldo Hernández. Si ustedes mismos juzgan
inaceptable su programa, cámbienlo.
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En tercer
lugar, preocupa la vulnerabilidad de
nuestros sistemas informáticos, evidenciada en el bloqueo que retardó la
transmisión de resultados definitivos del CNE. Con este sabotaje la oposición
fraguó el único pretexto para dudar de los resultados de un sistema electoral
al cual Jimmy Carter había considerado como “quizá el más perfecto del
mundo”. Chávez emitió hacia 2004 un
decreto ordenando que las comunicaciones públicas migraran hacia el software
libre, lo cual prácticamente no se ha cumplido. Si las potencias hegemónicas no
nos han retirado sus redes informáticas, es porque les son útiles para el
espionaje y para crear apagones estratégicos en el momento más delicado. Imaginemos
un bloqueo informático en caso de una invasión extranjera. No podemos dejar que
zancadillas de tal índole nos tomen de
nuevo por sorpresa.
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En tercer
lugar, nuestro sistema político socialista ha arrojado resultados espléndidos,
que hemos comentado y celebrado. Al
mismo tiempo, ha mostrado vulnerabilidades
internas inaceptables. La ausencia de
mecanismos de control previo, concomitante y posterior eficaces posibilitó la
repetición periódica de mega latrocinios, como los de
Cadivi, los de la administración interna de PDVSA y otras empresas
públicas o el del Petro, que casi nos han infligido tantos daños como el
bloqueo externo. Al mismo tiempo, la falta de adecuados mecanismos de selección
de las dirigencias ha encumbrado a funcionarios sin obra, trayectoria ni
ideología a posiciones que les facilitaron perpetrar tales desfalcos y
descargar la mayor parte del peso del bloqueo sobre la población de menores
recursos.
El PSUV debe desechar toda tentación que induzca a las masas a confundirlo con el derrotado programa neoliberal entreguista de la derecha.
