EL DESTINO DE PDVSA

LUIS BRITTO GARCÍA

1
El mundo se sigue moviendo con hidrocarburos. Los países de la OPEP poseen el 81,5 % de las reservas; los países productores no integrados en la OPEP apenas el 18,5% de ellas. Venezuela tiene el 24,8% de las reservas de la OPEP: más que el total de aquellas de las que disponen los productores no OPEP. Estas magnitudes difícilmente se modificarán: mientras la demanda sube en forma persistente, baja el número de descubrimientos de reservas y la cuantía de éstas: para 2012 hubo 2.478 nuevos descubrimientos con 30 millardos de barriles; para 2017, apenas 555 nuevos hallazgos, con sólo 6,7 millardos de barriles. Vamos hacia un mundo en el cual los hidrocarburos serán cada vez más escasos y valiosos. Desprenderse del control sobre la explotación de la más importante reserva global de ellos sería el más grave error político, social, económico y estratégico del siglo XXI.

2
Para empujarnos a cometer ese error los imperios asestan todos sus arsenales. Desde insistentes campañas para acusar al oro negro de todos nuestros males (“el excremento del Diablo”; “el Minotauro del petróleo”), hasta la fábula de que ya no tiene valor, de que el mercado está inundado, de que los productores deben pagar para que se lo lleven de sus depósitos. Desde persistentes intentonas de golpe de Estado e invasión militar, hasta la tentativa de quebrar a las empresas productoras con un dumping que a partir de 2015 inundó al mercado con la reactivada producción de Irak, el levantamiento del cerco contra el petróleo iraní; la sobreproducción de Arabia Saudita para comprar armamento, y sobre todo el desesperado intento de Estados Unidos por lograr la autonomía energética mediante el fracking de esquistos y lutitas a costa de la destrucción de su medio ambiente. Señalé que dicho diluvio de petróleo barato no era sostenible, porque implicaba la quiebra de las principales productoras no OPEP, cuyo costo de producción ronda los setenta dólares por barril, y en efecto no tardó éste en colocarse de nuevo por encima de la cota de los cien dólares.

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A tales ofensivas añade el imperialismo una constante agresión contra las empresas petroleras estatales para: 1) Desacreditar su necesidad y la competencia del sector público para gerenciarlas 2) Sabotear su capacidad productiva y cargarlas de deudas que las hagan parecer inviables 3) “Salvarlas” comprándolas a precios irrisorios para rematarlas al mejor postor o recuperarlas para obtener beneficios escandalosos a costas del público y del país. Estas estrategias operan a veces con la complicidad de políticos locales o funcionarios internos. Todavía no hay un informe completo y concluyente que establezca la responsabilidad de cada uno de estos factores en el proceso que llevó a Petróleos de Venezuela S.A. de una producción de 3.254.000 barriles diarios en 2007, a otra de 335.000 barriles en 2020.

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A gallina de los huevos de oro en aprietos nunca faltan degolladores. En la entrega 42 de sus Crónicas en Cuarentena, Juan Martorano denuncia que “La reestructuración de PDVSA planteada por todos los expertos de Guaido propone en esencia una privatización de la industria, mas no de la empresa. Es decir su plan se basa en quitarle a la empresa su rol activo y por lo tanto el control y el componente político para así limitar sus poderes”. Su plan se resume en “privatización, inversión extranjera y menos o ninguna regulación estatal de la industria. La gente de Guaido propone remover el elemento político, es decir transferir nuestra soberanía a las potencias extranjeras bajo la cobertura de la privatización haciendo de nuevo a Venezuela un peón del juego geopolítico de los poderes facticos y en particular de los EEUU”.

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Al respecto, circula en internet desde marzo de 2020 una PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. sin firmas de personas o funcionarios que se responsabilicen por ella, suscrita por una “Dirección Ejecutiva de Planificación”, pero no por la Presidencia de la estatal. (http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2020/04/W20-428-PDVSA-reestructuracion-11.pdf. ) La anónima “Propuesta” usa en forma intensiva y exhaustiva la palabra “negocios” para referirse a las actividades de PDVSA, hasta completar 39 menciones. También emplea en forma generosa términos en inglés, tales como “governement take” para aludir a la participación del Estado, la cual debe ser llevada “a un monto lo suficientemente atractivo para la inversión privada”, es decir, disminuida. A tal fin, se ordena para las empresas mixtas participantes la amnistía tributaria para los grandes capitales propia de todo plan neoliberal: “• Reducción permanente de la Regalía y del Impuesto Sobre la Renta, • Eliminación definitiva de la Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes, • Eliminación definitiva de Impuestos y Contribuciones Marginales, • Regulación por Ley de los Impuestos Municipales”. ¿De qué nos serviría entregar el tesoro de los hidrocarburos a empresas que no pagaran impuestos?

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La “Propuesta” anónima además exige la “modificación del artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, el cual pauta que “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad”. Pues el citado artículo 9 dispone que “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”. La propuesta derogatoria de este artículo permitiría excluir al Estado y las empresas de su exclusiva propiedad de la exploración, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.


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La anónima “Propuesta” asimismo exige derogar el artículo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, según el cual la comercialización de éstos sólo podrá ser ejercida por empresas “de la exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad anónima con un solo socio”. De derogarse dicha norma, la comercialización podría ser ejercida, no sólo por empresas que no sean de la exclusiva propiedad del Estado, sino por empresas de la exclusiva propiedad de particulares. Se entregaría así a capitalistas privados la comercialización, la fase más rentable de la explotación de hidrocarburos. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, implican riesgos y exigen pesadas inversiones. La comercialización se reduce a vender un producto ya elaborado por otros y cobrar por él un precio superior al que se pagó por obtenerlo. Hasta el presente han sido inútiles los esfuerzos del Estado por regular o moderar los precios que el sector privado impone a la ciudadanía. Nada autoriza a pensar que un sector privado distribuidor de hidrocarburos sería la excepción.

8
Cada párrafo de las propuestas destinadas a entregar la industria de los hidrocarburos al capital privado debe ser minuciosamente analizado por cada constituyente, cada candidato a diputado, cada venezolano. El destino de PDVSA es el de todos. No incurramos en el más grave error político, social, económico y estratégico del siglo XXI.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO

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VERSIÓN

TAREAS PARA UNA CONSTITUYENTE

LUIS BRITTO GARCÍA

1
Tres años lleva de elegida la Soberana Asamblea Nacional Constituyente; anuncia el Presidente Maduro que sus sesiones concluirán en diciembre. Convocada ante todo para manifestar el consenso popular contra la oleada terrorisra que entonces devastaba al país, la Constituyente tuvo el efecto de un balde de agua fría sobre el gamberrismo político que intentaba pasar por oposición.

2
Sin embargo, una Constituyente es más que un apagafuegos contra desórdenes callejeros. Es, o debe ser, la manifestación de la voluntad del soberano. Se la convoca para sancionar una nueva Constitución, o para enmendar los errores que como toda obra humana puede contener la Carta Magna en vigencia.

3
Sobre la primera tarea, de creer a los avisos oficiales no parece que hubiera una nueva Constitución en puertas. Circuló un alarmante proyecto de una desconocida Fundación Jorge Rodríguez, que comenzaba en su primer artículo eliminando la soberanía de nuestro país al omitir el componente fundamental de ésta, la Inmunidad de Jurisdicción, el derecho y deber de Venezuela de resolver las controversias de interés público con sus propios tribunales y según sus propias leyes. A la crítica del anónimo y atroz texto dediqué un libro, El Proyecto Secreto de Constitución, que puede ser bajado del portal http://www.desdelpatio.org/britto. Diosdado Cabello declaró que no conocía el mencionado proyecto. Le creo. No concibo un Constituyente, un bolivariano, un venezolano que intente anular la soberanía de su país despojánjdolo de la inmunidad de jurisdicción. Pero sí que falsos constituyentes, falsos bolivarianos, falsos venezolanos conspiren en tal sentido. Alerta.

4
La mejor guía para perfeccionar las normas que nos rigen son las “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”, dirigidas por el Comandante Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1999. Propuso Chávez que constara en la Constitución que“la República se reserva el derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional”. Inexplicablemente los redactores del artículo 301 de la Constitución de 1999 desautorizaron de plano al Comandante al insertar un añadido fraudulento según el cual “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Si las ventajas para la inversión extranjera han de ser las mismas que para la nacional, es obvio que será imposible proteger esta última. Aunque usted no lo crea, hubo constituyentes que contrabandearon semejante anticipo del ALCA en la Constitución Bolivariana. Esa intrusión debe ser eliminada, para que podamos proteger la industria nacional, sea privada o socialista.

5
Recomendó Chávez que en la Constitución de 1999 se insertara una norma que “considera nula y no escrita cualquier cláusula que como consecuencia de compromisos tecnológicos, comerciales, educativos o de cualquiera otra índole, condicione o limite la potestad soberana de la República para legislar y adoptar medidas en materia económica”. Una mano misteriosa rasgó y arrojó al tacho de la basura la propuesta de Chávez. No hay excusa para que esta fundamental iniciativa no sea incluida en el nuevo texto constitucional.

6
Lucharon toda su vida Bolívar, Cipriano Castro y Hugo Chávez Frías contra la doctrina vendepatria según la cual las controversias sobre asuntos de interés público de Venezuela deben ser resueltos por Tribunales, Juntas Arbitrales o Cortes de otros países. En 1902 Inglaterra, Alemania e Italia bloquearon, invadieron y cañonearon Venezuela intentando imponer esa abominación. Y sin embargo, dispone el artículo151 de la Constitución vigente, que: “En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”. ¿Quién define esa “improcedencia”? ¿Quién decide esa “naturaleza de los mismos” que permitiría a jueces extranjeros decidir sobre el orden público interno venezolano interpretando leyes extranjeras? Hasta ahora, los funcionarios vendepatrias. En vano Hugo Chávez Frías y el gobierno que presidía nos retiraron del Centro Internacional de Arreglo sobre las Inversiones y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para evitar que nuestro país fuera arrastrado ante un tribunal de linchamiento. En vano la entonces canciller Delcy Rodríguez asumió la decisión patriótica de retirarnos de la Organización de Estados Americanos, que pretendía juzgar y condenar a la soberana República de Venezuela como a un reo. Y sin embargo, funcionarios acomodaticios o ignorantes siguen sometiéndonos a la sentencia insolente del extranjero. Más grave que el atropello del mercenario foráneo es el del juez forastero.

7
Corresponde al supremo poder soberano de la Constituyente, además, consolidar y definir los términos del proyecto socialista de Venezuela; dictar normas drásticas que controlen la hiperinflación y protejan el valor y el monto del salario; pautar sistemas de control previo, concomitante y posterior de la administración pública central, estadal, municipal, misional y comunal, fundados en la verificación del cumplimiento de metas y objetivos programados que hagan imposible la corrupción; dictar eficaces leyes de emergencia que rescaten para el proyecto socialista algunas de nuestras industrias básicas en situación precaria; regular y someter a escrutinio público la materia de las concesiones sobre recursos naturales. Para altas misiones, elevados desempeños. Decía Chávez que el llanero es del tamaño del desafío que se le presenta. Que no quede la Constituyente por debajo del reto que enfrenta.

texto/FOTOS LUIS BRITTO

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UN TRIBUNAL EXTRANJERO NOS ARREBATA GUAYANA

luis Britto García

Acuerdos, oro y usurpaciones

En 1841 Venezuela instruye a su representante diplomático Alejo Fortique para que demande el cese de la usurpación ante el gobierno británico, el cual accede a retirar postes y otras marcas de la supuesta demarcación de Schomburgk. Posteriormente, en 1850, se establece un acuerdo entre nuestro representante, Vicente Lecuna, y el Encargado de Negocios de su Majestad Británica, Belford Hinston Wilson, por el cual ambos países se comprometen a no ocupar la zona comprendida entre dicha demarcación y el río Esequibo.

A pesar de protestas y acuerdos, la usurpación continúa sin interrupciones. Su operativo es denunciado por R.R. Hermoso, director del colegio San Luis, en nota en la que informa al gobierno del cumplimiento del decreto de 1882 que prohíbe usar el libro de E. Contambert, Pequeño Atlas de Geografía Moderna, París, Librería Hachette y Cia., 1880, en el cual se acogen las líneas fronterizas trazadas por Schomburgk. Hermoso afirma que conoce “todo el terreno entre nuestra Guayana y la inglesa”, en el cual tiene descendencia, y denuncia que el método de usurpación inglés: “es avanzar la fundación de un vecindario, que mantienen sin autoridad alguna hasta pasados dos años, en cuyo término ponen las autoridades y erigen un templo” (Berrueta, 2015, 10). Meritorio es el decreto de Guzmán Blanco que prohíbe mapas violatorios de nuestras fronteras, pero se echa de menos una política de ocupación territorial venezolana similar o superior a la que denuncia Hermoso de parte de los ingleses.

La situación se agrava desde 1852, cuando se descubren ricos yacimientos de oro en la región, lo cual propicia una invasión de mineros de la colonia inglesa; las autoridades de ésta incursionan repetidamente en territorio venezolano y pretenden adjudicarse El Dorado, Guasipati y El Callao, lo cual determina que a la postre el gobierno de Antonio Guzmán Blanco rompa relaciones con Gran Bretaña en 1887.

La batalla del Cuyuni

En 1895 fuerzas policiales de la colonia inglesa al mando del inspector Barnes invaden Venezuela por el río Cuyuni, y se instalan en un puesto militar venezolano abandonado. De inmediato el general Domingo Antonio Sifontes envía al capitán Andrés Avelino Domínguez, quien tras victorioso combate recupera el enclave y lleva prisioneros a Barnes y otros invasores a Ciudad Bolívar. Todavía más, Sifontes envía colonos venezolanos al Alto Cuyuni, para demostrar que los invasores ingleses estaban en territorio venezolano, y comunica al Ministerio de Relaciones interiores que "Venezuela no ha reconocido la ocupación de la margen derecha del Cuyuní; ha protestado contra ella; por consiguiente, no aceptándola, no hay motivo para privarse de hacer uso de dicha margen para todo lo que juzgue conveniente”(Sureda Delgado,1980, 39).

El desafuero de la invasión del Cuyuni es tan flagrante, que Gran Bretaña no se atreve a retaliar directamente, pero arranca una ofensiva en múltiples niveles contra Venezuela. Por un lado, en 1880 inicia el tendido de una línea de telégrafos en la zona en disputa y coloca dos cañoneras cerca de la desembocadura del Orinoco. En 1885 apoya el movimiento secesionista en el Zulia de Venancio Pulgar, cuyas expediciones invasoras zarpan de la colonia británica de Trinidad y a ella regresan una vez derrotadas.

Estos desmanes impulsan al embajador en Washington, Simón Camacho, a solicitar la intervención de Estados Unidos. El mismo Antonio Guzmán Blanco viaja por Washington en 1884 para solicitar una alianza contra toda invasión extranjera, a cambio del compromiso de no emprender una guerra sin autorización de Estados Unidos y de la libre navegación estadounidense por todos los ríos y lagos del sistema del Orinoco (Pérez Rescaniere, 2011, 209). La petición no es acogida, pero de todos modos Guzmán avanza una política de alentar la inversión económica estadounidense en la región, como medio de desalentar la agresión británica. Según señala Gerónimo Pérez Rescaniére:
Guzmán no se queda en palabras. Reparte a ciudadanos norteamericanos concesiones en la zona limítrofe con Guayana, igual abarcan hierro que maderas finas a granel. La concesión de Manoa consta en total de doce millones de hectáreas, lo que significa todo el territorio federal Delta Amacuro –que se crea para favorecer el negocio- y parte del Estado Bolívar e incluso parte del territorio en disputa (Pérez Rescaniere, 2011,110).

La fiebre del oro

En marzo de 1886, ante la confirmación de la existencia de oro en la cuenta del Cuyuni, la colonia inglesa invade la cuenca de dicho río. Venezuela exige la evacuación de los incursores del territorio ocupado entre el Amacuro y el Pomerón antes del 20 de febrero de 1887, en enérgica nota donde advierte que: “si esto no se hace para entonces, y si además no se acompaña con la desocupación, la aceptación del arbitramento como medio de decidir el pendiente litigio de límites, quedarán rotas las relaciones diplomáticas de los dos gobiernos, y se levantará una protesta que ponga a salvo los derechos de Venezuela contra procederes que no podía esperar de una potencia con quien siempre se ha esmerado de cultivar la más amistosa inteligencia y franco trato” (Rojas, 1965, 22). El gobierno británico no accede, y la ruptura de relaciones queda consumada.
En este Estado de la controversia, comete Venezuela su error fatal: en lugar de hacer respetar su territorio mediante acciones puntuales, como la expulsión de los invasores del Cuyuni por el general Domingo Antonio Sifontes y el capitán Andrés Avelino Domínguez, ante la cual Inglaterra no se atrevió a responder, pasa a renunciar a la inmunidad de jurisdicción, sin la cual no existe soberanía, confiando a tribunales extranjeros la resolución de un problema de orden público interno. Por esa vía perdió Venezuela la Guayana Esequiba, y lo perderá todo, si se sigue sometiendo a ella.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO