Luis Britto García
Repitamos cosas sabidas sólo
para saber que las sabemos.
La victoria del 20 de mayo es
el cuarto cheque en blanco que el pueblo le expide al sistema político para que
haga lo que debe hacer.
Es generoso cheque, con 5.823.728 votos a favor de Maduro, el 67,8% de los
votantes, el 31,7% del padrón electoral
y 47 puntos de ventaja sobre el más cercano contendor.
Pero es un cheque que rebaja el
elevado cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de que el
talonario puede ser limitado.
Es voto de confianza, expedido en duras y amargas
condiciones de escasez e inseguridad, suscrito para que se las resuelva, y no
para que se las ignore o sirvan como promesas de la próxima campaña.}
El pacto de Punto Fijo se
hundió con los partidos que lo suscribieron en 1958, porque pretendió reducir
el debate político a candidaturas y
planchas.
Ya tenemos bastante de planchas
y candidaturas: queremos soluciones.
Urgimos la
aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios, medianos y
artesanales que trafican a la luz pública con
bienes subsidiados y necesidades
populares.
Queremos que de
una vez por todas se cierre o por lo menos se controle exhaustivamente una
frontera por donde se desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa.
Urgimos que se
aplaste el aparato paramilitar que desde principios de siglo perpetra el
terrorismo y la Guerra de Cuarta
Generación.
Solicitamos que
se establezca constitucionalmente para aquellos que tienen varias
nacionalidades la lealtad exclusiva hacia Venezuela y que las acciones contra
ella sean penalizadas como traición a la Patria.
Aspiramos a que
se publique la lista de empresarios y empresas que desaparecieron 60.000 millones de dólares
preferenciales en importaciones fantasmas e impulsan la guerra económica, o el
nombre de quien oculta el listado y sus
motivos.
Anhelamos que se
impida la multiplicación fantasiosa de los precios, imponiendo un sistema
universal digitalizado de contabilidad que obligue a las empresas a revelar costos de producción y márgenes de ganancia.
Exigimos un
control informatizado previo, concomitante y posterior del ingreso y el gasto
público, que fiscalice el cumplimiento de las metas y programas previstos para
ministerios, institutos autónomos, fundaciones, empresas y propiedades del
Estado, estados, municipios, alcaldías y consejos comunales, y establezca
responsabilidades administrativas, civiles y penales por su incumplimiento
injustificado.
Impetramos que la explotación
de los recursos naturales se realice en lo posible con recursos propios o
empresas donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la
materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen
sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y
presenten expedientes irreprochables de
relaciones con el Estado; y que en los acuerdos con empresas extranjeras no se
concedan privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes
de estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros ni
créditos ni otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.
Demandamos que se
respete rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el cual “No se
podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más
beneficiosos que los establecidos para los nacionales”, o que en homenaje al
irrenunciable nacionalismo bolivariano se sancione una norma más exigente
todavía.
Reclamamos que se aplique el
principio de territorialidad de la renta y que se denuncien los infames
Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras dejan de
pagar 17.800 millones de dólares anuales en impuestos, mientras que los
venezolanos sí debemos pagar impuestos para facilitarles su gestión económica.
Demandamos la expulsión
inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas
neoliberales.
Reclamamos que las reivindicaciones anteriores no figuren
como promesas para elecciones venideras,
ya que deberían estar resueltas con el sólido piso político de la plenitud de
poderes constitucionales y jurídicos que le ha conferido el pueblo al gobierno
en las últimas consultas.
Señalamos que el repunte del crudo
venezolano a 67,15 $ por barril vuelve a dotar al bolivarianismo de piso económico
para recuperar la producción, y de medios para asegurarnos un presente tolerable
y un espléndido futuro.
Recordamos que cuando el
gobierno se muestra incapaz de atender las demandas de los gobernados, la crisis económica y social deviene crisis
política.
FOTO/TEXTO: LUIS BRITTO
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