sábado, 13 de febrero de 2021

MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES: A CONFESIÓN DE PARTE

 


Luis Britto García

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Nos visita Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU sobre “la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas  Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos en Venezuela”. Dirigimos a la Relatora pormenorizada respuesta a su cuestionario, que puede ser leída en el blog https://redhvenezuela.blogspot.com. Pero igualmente le recomendamos, así como a todo humano consciente, el examen del documento “Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance”, emanado de la “United States Government Accountability Office (GAO)”.


 

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El texto de la GAO  contiene la confesión palmaria de que Estados Unidos mantiene una política ilegal, constante, premeditada, ensañada y alevosa de destrucción de la economía de Venezuela y de los Derechos Humanos de sus pobladores mediante las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas  “sanciones”. Así, la GAO admite que:” El desempeño de la economía venezolana ha declinado continuamente por casi una  década y caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones por Estados Unidos que se  iniciaron en 2015. Por ejemplo, la economía declinó desde un decrecimiento del 6.2 % en su producto interno Bruto en 2015 a un decrecimiento de 35 % en 2019 y un decrecimiento de 25 % en 2020. Las sanciones, en particular las impuestas a la empresa petrolera estatal en 2019, seguramente contribuyeron a un declive todavía más pronunciado de la economía venezolana, fundamentalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera”. Es el propio gobierno de Estados Unidos quien establece la relación de causalidad entre las mal llamadas “sanciones” y la destrucción de nuestra economía.

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Como en toda confesión de un crimen, la GAO aduce circunstancias atenuantes:“La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado, han solicitado informes de organizaciones humanitarias financiadas por Estados Unidos sobre los desafíos que encaran, incluido el efecto de las sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Treasure) y el Departamento de Estado (State), han dado pasos también para mitigar las consecuencias negativas”. Entre estadounidenses te veas. La USAID, el Department of State, el Department  of the Treasure y ONGs financiadas por Estados Unidos infligen medidas coercitivas unilaterales que llaman sanciones, miden los resultados e intentan “mitigar las consecuencias negativas”. ¿Pero acaso se imponen medidas coercitivas para lograr consecuencias positivas? ¿Y si tan sincera es su preocupación por los efectos negativos de ellas  ¿Por qué no las suspenden?


 

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Hablar de declives en la economía interna provocados por fuerzas externas suena muy abstracto, pero tiene efectos concretos en los Derechos Humanos de la población víctima. Citamos las afirmaciones  de la GAO, algunas controvertibles, pero  que revelan  su percepción de la realidad: “De acuerdo a una reciente encuesta doméstica por una universidad venezolana un estimado 96% de la población venezolana vivía en la pobreza en 2019.  Adicionalmente, una afirmación del Programa de Alimentos para el Mundo de la ONU, estimó que más de 9 millones de venezolanos, aproximadamente   la  tercera parte de la población, carecían de acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos”. Sería un  abrupto cambio desde 2015, cuando nuestros indicadores señalaban sólo un 4,7% de pobreza extrema. Como para llenar de orgullo a Estados Unidos y a la oposición que le obedece el haber supuestamente incrementado en menos de un quinquenio en 91,3% la pobreza de los venezolanos.  

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La excusa para  medidas  tan criminales  consistiría en  que “Maduro se declaró victorioso en una elección Presidencial que la Asamblea Nacional Venezolana, así como muchos observadores externos, consideraron como no libre y fraudulenta”. Pero esa Asamblea Nacional no tiene atribuciones para invalidar elecciones, aparte de que fue electa en comicios regidos por el mismo Consejo Supremo Electoral y con el mismo procedimiento con que fue elegido el Presidente Maduro. De ser “no libre y fraudulenta” la elección del Presidente, también lo sería la de la Asamblea.  Por otra parte, ¿Qué leyes,  qué normas, qué competencias facultan a anónimos “observadores externos” o al gobierno de Estados Unidos para calificar, validar o invalidar lo que ocurre en otro país,  y a adoptar arrasadoras medidas coercitivas que, en sus propias palabras, acarrearían que el 96% de los habitantes de éste cayera en la pobreza y que la tercera parte de ellos no tuviera acceso a alimentos? Añadamos que  el Informe de la GAO, a pesar de que afirma que “Estados Unidos reconoció al Presidente Interino Guaidó como el líder legítimo de Venezuela el 23 de enero de 2019”, siempre habla del “Gobierno de Maduro”, reconociendo que ejerce el Gobierno efectivo, real y operativo del país.   


 

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No  se cansa la GAO  de enumerar los resultados nefastos de las medidas coercitivas. Según ella, ”Más de cinco millones de ciudadanos, cerca del 17% de la población, han huído del país  para buscar  alivio de la crisis en otro sitio, según la Plataforma de la Coordinación  entre Agencias para Refugiados y Migrantes”. La noticia es falsa: ni el CIA Factbook ni el Index Mundi registran tales impactos migratorios en los países vecinos. “En 2020, la ONU esperaba asistir a 7 millones de venezolanos necesitados de ayuda humanitaria en el país”. ”Desde 2010 hasta 2015,  la tasa de desempleo se había estabilizado en promedio en un 7,7%, pero desde 2015 a 2018,  se elevó desde 7.4% a 35%”. La GAO no ofrece ninguna fuente confiable que pruebe el  mencionado incremento y reconoce que está fundado en “estimaciones propias”; pero si éste tuviera tal magnitud y se debiera a las medidas coercitivas ¿Por qué no suspenderlas? La respuesta es sencilla: se somete al pueblo venezolano a un castigo brutal, para que éste a su vez cambie de gobierno. Es pura y  simple extorsión o, como confesó Barak Obama, “torcerle el brazo” a todo un país.


 

 

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO

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DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García

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jueves, 11 de febrero de 2021

GUYANA: DE LA MASACRE DE RUPUNUNI A LA CORTE INTERNACIONAL

 LUIS BRITTO GARCÍA

 

          

          Masacre en Rupununi

           La más decisiva acción para devolver a Venezuela la Guayana Esequiba viene de sus mismos habitantes. Para 1967 la mayoritaria  población amerindia de la Zona en Reclamación, representada en buena parte por el National Party of Guyana, está en   conflicto  con las etnias hindúes y afrodescendientes que preponderan al oeste del Esequibo, y busca el apoyo de Venezuela para separar dicha región de la República Cooperativa. El año inmediato también solicitan la colaboración venezolana los ganaderos mestizos de la región, descendientes de la unión de ingleses o venezolanos con indígenas. Según Guillermo Guzmán Mirabal, el Presidente Raúl Leoni apoyó la secesión en un documento secreto,  «Plan de levantamiento de la población de la Guayana Esequiba», que preveía el aporte de  armamentos e instructores, a pesar de la posible oposición de Brasil. El gobierno guyanés precipita la insurrección, al impedir la inscripción para las elecciones de los candidatos del amerindio  National Party. Pero justamente en diciembre de 1968 concluye el período del accióndemocratista Leoni, y es elegido el socialcristiano Rafael Caldera; Estados Unidos se entera de los planes secesionistas y le advierte que no los apoyará. El 2 de enero de 1969 revienta la rebelión amerindia en el territorio Esequibo y el gobierno guyanés la reprime  con celeridad    perpetrando la atroz  masacre de Rupununi, sin que Rafael Caldera adopte ninguna medida para impedirla. Según expresión de su ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Iribarren Borges, al nuevo Presidente socialcristiano «le pareció un asunto muy peligroso».  Huyendo de la represión, parte de los sublevados emigran a nuestro país. Así pierde Venezuela la posibilidad de recuperar el territorio del Esequibo mediante la  iniciativa misma de sus pobladores (Balladares Castillo, 2016).

 

Ante la Corte Internacional de Justicia

    Finalmente, recurre Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, la cual a principios de diciembre de 2020 se declara competente  para  decidir sobre la validez  del Laudo Arbitral de 1899. Rechaza Venezuela someterse a su jurisdicción, decisión correcta, porque lo contrario sería comprometer la soberanía; porque las potencias hegemónicas no se someten a dicho tribunal, y porque el mismo presenta un deplorable prontuario con decisiones como la de haber expedido en tiempo récord y sin pruebas un auto de detención contra el Presidente de Libia Muammar Kadafi, que sirvió de pretexto para la destrucción de Libia.

       Anatomía de un despojo

  A más de dos siglos del  inicio del despojo, cabe formular algunas reflexiones.

  En la Guayana Esequiba han operado cuatro procesos históricos. El primero, los esfuerzos de nuestro país recién independizado para defender su soberanía y territorios, que fueron debilitados por el desgaste de las contiendas libertadoras y los conflictos internos. Para evitar despojos, unificarse y fortalecerse.

     El segundo proceso es la tendencia de los nuevos imperios al despojo de las naciones independizadas. Nuestra falta de diligencia en impedir la continua infiltración de pobladores ilegales, la omisión en favorecer la densa población y continua explotación por venezolanos de los territorios en disputa, facilitó que potencias imperiales y coloniales ampliaran sus usurpaciones. Ni fronteras ni soberanías se cuidan solas: se preservan con esfuerzos continuos, sistemáticos, intransigentes. 

     El tercer proceso histórico es el de la fatal tendencia a colocar los supremos derechos de la soberanía nacional en manos de jueces, cortes o árbitros extranjeros que no conocen ni comparten nuestras leyes, cultura ni intereses. El despojo contra Venezuela funcionó por  la vía de   un arbitraje organizado por Estados Unidos que en realidad sirvió para que operara un arreglo de intereses secreto entre Inglaterra y Rusia. 

    Las decisiones de órganos jurisdiccionales foráneos sobre nuestro país han sido invariablemente adversas.  Por tal motivo, hemos promovido campañas personales contra la sujeción de Venezuela a organismos tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, o el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre las Inversiones del Banco Mundial (CIADI),  que han culminado con nuestro retiro de tales entes negadores de la soberanía.  

     Pero vemos con preocupación cómo Venezuela mantiene una treintena de los Infames Tratados contra la Doble Tributación, cuyas cláusulas someten materias de orden público interno, como el sistema impositivo, a la decisión de organismos judiciales foráneos. Con el doctor Fermín Toro Jiménez y un grupo de venezolanos patriotas denunciamos dichos convenios ante el Tribunal Supremo de Justicia. En sentencia  de 17 de octubre de 2008 la magistrada Luisa Estela Morales sentenció:

  


 esta Sala comparte el criterio que asentó la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (..) en relación con el artículo 127 de la Constitución de 1961, conforme a la cual (..) la redacción (..) no deja la menor duda de que el constituyente (..) se acogió al sistema de inmunidad relativa que ya había establecido la constitución de 1947”. 

   Pero ni la inmunidad ni la soberanía son relativas: sin la una no existe la otra. La decisión de árbitros extranjeros nos costó el despojo territorial de Guayana Esequiba. Persistir en el error  podría costarnos el del resto de la República.

    En el mismo sentido, denunciamos  la sanción el 28 de diciembre de 2018 de una Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras que posibilita la revisión y anulación de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia por cortes extranjeras. ¿Cómo haremos respetar nuestra soberanía, si algunos de nuestros funcionarios no la respetan?

           Una cuarta tendencia determina que el país que entrega la decisión de sus principios soberanos a tribunales foráneos termina viéndolos sacrificados como fichas de cambio en el juego de potencias atentas sólo a sus propios intereses. Venezuela conservar celosamente en sus relaciones internacionales el íntegro control sobre sus decisiones y su soberanía.