LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS

 Luis Britto García                                         

 

      

Con celeridad pasmosa en medio de tantas urgencias postergadas se aprueba el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2006 por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Enmendarle la plana a figura de esa talla requiere prudencia y mesura. Examinemos el resultado.

De entrada llama la atención el inconstitucional intento de derogar el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana mediante el artículo 8 de una simple ley, el cual propone:

Artículo 8. Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades objeto de esta Ley y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por los Tribunales competentes de la República, o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes.

Este artículo contradice frontalmente lo que estatuye nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 151:

Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

No cabe duda de que la Constitución de la República es la Suprema Ley de la Nación, por lo que no puede  ser derogada por una norma inferior de rango legal. Contratos sobre hidrocarburos son de interés público, pues el artículo 12 de nuestra Constitución  los considera “bienes del dominio público”:

Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.

Igual calificación de interés público y de dominio público le asignan a minas e hidrocarburos los artículos 103, 126, numeral 12,  y  136, numerales 8 y 10, así como el artículo 156,  numerales 12 y 16 de la Constitución.

Ello  es desarrollo armonioso de lo que  el artículo 1 de nuestra  Constitución considera  “Principios Fundamentales”: la inmunidad, la soberana potestad de no ser sometida a tribunales ni órganos jurisdiccionales extranjeros para decidir controversias de interés público interno:“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.

No son meros principios abstractos. La soberanía es la potestad  absoluta y perpetua de un cuerpo político de darse sus propias leyes, aplicarlas y resolver por si mismo las controversias que pudiere suscitar dicha aplicación. Un Estado que pierda cualquiera de dichas potestades deja de ser soberano e independiente. Es lo que ocurre cuando se admite resolver controversias sobre interés público interno, no con nuestros tribunales y leyes, sino   “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”.  Justamente, por entregar la resolución de la controversia de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba a un “arbitraje independiente”, nos arrebataron dicho territorio.

Venezuela ha perdido sistemáticamente casi todas las contenciones sobre materias de interés público sometidas a a organismos extranjeros, por lo cual nos retiramos de los tristemente célebres CIADI (Centro  Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, del Banco Mundial) o CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA).

        En fin, si admitimos que órganos jurisdiccionales externos decidan nuestras materias de interés público ¿Cómo oponernos a que tribunales extranjeros asimismo juzguen según leyes foráneas a nuestro legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros y a su señora esposa, diputada  Cilia Flores?

La ley que examinamos incluye numerosas otras propuestas objetables. Entre ellas, su artículo 34 sujeta la constitución de empresas mixtas y las condiciones de operación de éstas a la mera “notificación” a la Asamblea Nacional, a la cual no se atribuyen competencias decisorias en materia tan fundamental para los intereses de la Nación.

Los artículos 35, 36, 37, 38, 38 y 40 confieren progresivamente a empresas mixtas y socios minoritarios competencias para la extracción, gestión, y comercialización de  hidrocarburos, que nuestra Constitución en su artículo 302 reserva a la República:

Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

El artículo 41 de la Ley referida autoriza a empresas privadas para realizar la “gestión integral” de la explotación recibiendo petróleo crudo como pago, lo cual desplaza a PDVSA y al Estado de sus funciones decisivas en la industria, pautadas en el antes citado artículo 302 de nuestra Constitución.

El  artículo 52 de la recién aprobada Ley faculta al Ejecutivo para rebajar a voluntad  el monto de la regalía, cuando se demuestre “a su satisfacción” que el proyecto presenta resultados económicos  moderados. Procede señalar que la Ley anterior posibilitaba para la Nación participaciones fiscales entre el 60% y el 65% por concepto de regalía, mientras que las disposiciones de la Ley recién reformada permiten a las multinacionales reducir dicho aporte incluso por debajo de 15%, según la categoría de los activos y la actividad. Una significativa reducción de los ingresos públicos por tal concepto hasta de 50%, a favor de las operadoras privadas, en su casi totalidad extranjeras.

El  artículo 56 de la Ley recién reformada fija el Impuesto de Extracción en un tercio del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos, pero permite al contribuyente deducir de este monto lo pagado por regalías. Su artículo 65 otorga poder discrecional al Ejecutivo para reducir dichas regalías por menos del 15%, y la participación fiscal nacional de un 65% a un 25%.

Sobre el delicado tema de las Regalías, señaló Andrés Giuseppe, en estudio del 28-01-2026 (Poli-data.com): “Este informe analiza exhaustivamente la premisa de que la regalía, como contraprestación por el agotamiento de un activo no renovable, debe ser inalienable y no negociable, y argumenta que cualquier incentivo para la industria debe limitarse al ámbito de los impuestos sobre las utilidades y no a la participación bruta del propietario.(…) La transición del marco legal actual hacia la propuesta de 2026 representa un cambio significativo en la protección de la renta petrolera. Mientras que la ley vigente limita estrictamente las condiciones bajo las cuales se puede reducir el pago al Estado, la reforma amplía la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional. La reforma de 2026 introduce una mayor flexibilidad que, en la práctica, debilita el concepto de la regalía como "piso" de la participación estatal. En la ley vigente, la rebaja al 20% estaba restringida a yacimientos específicos con dificultades geológicas probadas; en contraste, el nuevo Artículo 52 permite que el Ejecutivo Nacional disminuya la regalía a discreción para cualquier proyecto, siempre que se demuestre "a su satisfacción" la falta de economicidad(,,,) La regalía petrolera, históricamente vinculada al jus regale, representa la compensación que el explotador de un recurso natural no renovable adeuda al Estado por el derecho a extraer y apropiarse de un bien que pertenece al dominio público. En la doctrina venezolana, este concepto se fundamenta en el Artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

La regalía, por tanto, es no negociable, y no se la podría desviar de su espíritu, propósito y razón  para satisfacer otras obligaciones jurídicas de causas y motivaciones diferentes. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional establece: “Artículo 5. En ningún caso es admisible la compensación contra el Fisco, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de los créditos que pretendan compensarse”. La compensación es una institución del Derecho privado mediante la cual un particular puede extinguir una deuda con otro particular oponiéndole una acreencia que a la vez tenga con él. Como vemos, la propia Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional,  de específica competencia en materia fiscal, la prohíbe categóricamente, por lo cual un ciudadano no puede cancelar el pago de regalías aduciendo que dedicó dicho débito a satisfacer otra obligación distinta.

En resumen, numerosas  disposiciones  de la recién reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos tienden a disminuir la exclusiva competencia de la República para la explotación de los hidrocarburos, posibilitando una  progresiva privatización de la industria. Otras de sus normas   hacen depender del arbitrio de los funcionarios significativas disminuciones del ingreso público,  que no atienden al valor real de los hidrocarburos extraídos sino a la alegada situación económica de la empresa, y que en general  disminuyen significativamente los ingresos generados por dichos recursos, poniendo en peligro la gestión financiera de PDVSA y la de la misma República.

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TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO GARCÍA

Consulte también; https: luisbrittogarcía.blogspot.com

FUTURO DEL TRABAJO Y TRABAJO DEL FUTURO

 

El trabajo crea nuestro mundo

Trabajo, actividad humana que genera todo el valor económico y, de hecho, la configuración del mundo que conocemos. La  acción social sobre la naturaleza es lo que separa  la compleja civilización actual de la errancia de una pequeña tribu de antropoides en el valle del Rif hace 250.000 años. La forma en que se organizan las labores y se distribuye el producto de ellas determina desde entonces a su vez la estructura  de las sociedades humanas.

Después de la comunidad originaria, esta distribución ha sido siempre desigual, con tendencia a privilegiar a los que dirigen u organizan el trabajo por encima de quienes lo ejecutan directamente. En el Modo de Producción Asiático, y en las grandes civilizaciones precolombinas de América, guerreros, sacerdotes y escribas consumían el trabajo de muchedumbres de siervos. En  el esclavismo, seres humanos reducidos a propiedad entregaban toda su fuerza laboral para sus dueños. En el feudalismo, los siervos cedían parte del fruto de su trabajo y temporadas de éste a los señores feudales, a cambio de protección. En el capitalismo, el proletario  despojado de medios de producción vende su fuerza de trabajo al patrón a cambio de un salario que no remunera la plusvalía que su labor añade a la materia prima. Entre explotados desposeídos de los medios de producción y explotadores que los acaparan estuvo planteada siempre, con diversa intensidad, la lucha de clases.

La relación de trabajo experimenta un cambio drástico con la introducción masiva de la maquinaria, que incrementa tanto la producción como la explotación. El capitalista aumentó horarios y cadencias laborales para extraer el mayor rendimiento de los trabajadores. Éstos recurrieron a la organización e incluso a las revoluciones para  mejorar su condición.

Mecánica del desempleo

La introducción de maquinarias cada vez más perfeccionadas debió en principio aliviar la condición del trabajador  y reducir su jornada, pero la lógica del mayor beneficio que impera en el capitalismo la tradujo en la práctica en progresiva reducción de los puestos de trabajo.

Esta reducción es global y progresiva. Según el World Social Report 2024 de Naciones Unidas, “Las tasas de desempleo en los países de bajos ingresos han permanecido también persistentemente altas, con el  déficit de empleos incrementándose del 20%  en 2018 a 21% en 2023. Estas tendencias han exacerbado las desigualdades preexistentes de ingreso y riqueza. En 2022, la mitad más pobre de la población poseía sólo 2% de la riqueza mundial; mientras que el 10% más rico detentaba el 25%.”(UNWorlSocialReport2024:1 https://desapublications.un.org/?token=YnlzhdMvFzgYSyR8-4zKwE5aD6SUjdVSwyTEr7Y_9Ag). La Organización Mundial del Trabajo confirma estas diferencias; ratifica que la tasa mundial de desempleo para 2023 es de 5,1%,  pero señala que “ Mientras que la tasa de brecha de empleo en 2023 era del 8,2% en los países de renta alta, se situaba en el 20,5% en el grupo de renta baja. Del mismo modo, mientras que la tasa de desempleo en 2023 se mantuvo en el 4,5% en los países de renta alta, fue del 5,7% en los países de renta baja. (https://www.ilo.org/es/resource/news/la-tasa-de-desempleo-mundial-aumentar%C3%A1-en-2024-mientras-que-las-crecientes).

La suplantación del ser humano

Al respecto consultemos The Future of Jobs Report 2020, informe que presenta el World Economic Forum sobre las perspectivas laborales en el presente quinquenio, obtenidas mediante una investigación sobre 15 sectores industriales en 26 países, tanto desarrollados como emergentes (https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest).

Reporta el WEF  que 43% de las empresas investigadas indican que reducirán su fuerza laboral debido a la integración tecnológica, y que hacia 2025, el tiempo empleado en el trabajo por seres humanos será igual al empleado por máquinas. Estima que hacia esa fecha 85 millones de empleos podrían ser desplazados por la división del trabajo entre humanos y máquinas, mientras que 97 millones de nuevos “roles” podrían emerger como “más adecuados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos”. No se explica en qué consistirían ni cómo surgirían estos “roles”. Sí aclara que “los trabajos desempeñados por trabajadores de bajos ingresos, los jóvenes y las mujeres han sido más profundamente impactados en la primera fase de la contracción económica”. Por lo cual “el impacto presente es más significativo y más propenso a profundizar las desigualdades existentes”.

Añade el WEF que “la ventana de oportunidad para reentrenar y sobreentrenar trabajadores se ha estrechado en el recientemente constreñido mercado de trabajo”. En ese mundo en el cual la mitad de todos los trabajos será efectuada por máquinas, “para quienes permanezcan en sus puestos, el 40% de las destrezas requeridas  cambiarán en los próximos 5 años, y 50% de todos los empleados requerirán nuevo entrenamiento”. No se señala quién costeará ese entrenamiento. En países como Estados Unidos, donde la Educación Superior no es gratuita, seguramente correrá por cuenta de los educandos o los empleadores.  Especifica el WEF que “En promedio, los empleadores esperan readiestrar o mejorar el adiestramiento de más del 70% de sus empleados para 2025. Sin embargo, el enrolamiento de los empleados en tales cursos se debilita, con sólo 42% de ellos aprovechando las oportunidades de reentrenamiento y entrenamiento superior ofrecidos  por sus patronos”. En conclusión, habrá un masivo reemplazo de la fuerza de trabajo por las máquinas; los puestos de trabajo serán reemplazados por “roles” que requerirán arduo entrenamiento, para el cual parecen dispuestos menos de la mitad de los empleados.

Refiriéndose sólo a América Latina y el Caribe, la OIT señala que en dicha área están expuestos al desplazamiento informático 250.492.000 empleos: el 43% de los existentes.

(https://www.ilo.org/resource/other/employment-exposure-generative-artifical-intelligence-latin-america-and caribean).

Trabajo a distancia

Tanto la progresiva automatización como el confinamiento hogareño impuesto por la pandemia de Covid trajeron a la atención pública el tema del Trabajo a Distancia, es decir, fuera de la sede laboral o desde el hogar. Tal  práctica ha existido siempre: numerosos trabajadores cumplen una fase laboral en sus casas (pongamos por caso, coser prendas de ropa) lo cual libera al empresario de gasto de local y a veces de invertir en equipos, y borra para quien labora los límites del calendario y la jornada de trabajo.

La progresiva informatización se presta para la adopción de esta técnica. Cerca  del 70% del PIB global es producido por el Sector Terciario de  información, educación, administración, finanza, publicidad, investigación. Su  actividad principal es el manejo e interpretación de la información, tarea que puede ser desempeñada a distancia. De hecho, en las instituciones que todavía exigen presencia física del empleado, la inmensa mayoría de la labor se cumple y es transmitida y preservada por medios informáticos.

La  masiva  implantación del trabajo a distancia reportaría beneficios significativos. Haría innecesaria la cotidiana migración de millones de trabajadores en vehículos devoradores de energía desde la periferia al centro de las ciudades; liberaría en ellas para otros usos edificaciones que sólo se emplean los cinco días semanales y las ocho horas diarias de la jornada laboral; ahorraría al trabajador casi cuatro horas al día de traslación entre su residencia y la sede del trabajo.

Derecho a la desconexión digital

Por otra parte, el trabajo a distancia obliga a quien labora a la adquisición, mantenimiento y renovación de su equipo informático, así como el entrenamiento y adaptación a las nuevas destrezas que su manejo requiera. El estilo “no presencial” puede extender el cumplimiento de un horario determinado a la exigencia abusiva de una disponibilidad del empleado las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.

Contra esta situación se ha planteado el derecho a “la desconexión digital”: a no ser requerido para consultas o tareas mediante medios informáticos fuera de los días y horas laborales. Normas en tal sentido se han aprobado en países europeos como España, Bélgica, Francia y Portugal, y latinoamericanos, como Argentina, Colombia y Chile ( https://www.derysoc.com/el-derecho-a-la-desconexion-digital-en-el-ambito-laboral/).  Fuera de ellos, pende sobre el trabajador a distancia la amenaza de una jornada laboral perpetua.

Los avances laborales

Durante los siglos XIX y XX la persistente lucha de los asalariados fue ganando mejoras en la retribución de su fuerza creadora.  La mayoría de dichos avances fueron introducidos por la Unión Soviética a partir de  1918:  derecho a vacaciones, primero de quince días y luego de un mes, pleno  empleo, seguridad social y  jubilación digna a los 55 años para las mujeres y a los 60 para los hombres (https://archivo.juventudes.org/nikolai-efimov/5-diferencias-entre-el-sistema-sovi%C3%A9tico-de-pensiones-y-el-sistema-capitalista). También,  la igualdad de oportunidades y de remuneración  de las mujeres, y desde 1917 una licencia por maternidad que a la larga se extendió  por tres años (https://sputniknews.lat › Noticias).

Migrantes sin derechos laborales

El capital, por su parte, se fijó como meta no reconocer tales avances, y anularlos en infinidad de formas una vez concedidos. Requeriría una Enciclopedia reseñar tantas argucias, que van desde la corrupción  de los sindicatos hasta la Guerra Civil y el golpe de Estado. Nos limitaremos a señalar dos: la explotación del trabajo de los migrantes, y la suspensión de todas las leyes y  derechos laborales en las llamadas maquilas, o  Zonas Económicas Especiales. En ambas la finalidad primordial del capital es la misma: pagar salarios por debajo del nivel de subsistencia del trabajador.

Como resultado de sus propias aventuras imperiales, que desarticulan y arruinan países, o del mejor nivel de vida ganado con ellas, los países hegemónicos atraen migrantes que buscan seguridad y trabajo. Frente a estas masas laborales el país hegemónico desarrolla una política contradictoria: los restringe, limita, sataniza e ilegaliza con infinidad de normas y prácticas que hacen precaria su condición en el país de ingreso, y al mismo tiempo aprovecha esta precariedad para hacerlos trabajar por salarios ínfimos sin reclamar derechos sociales, laborales ni humanos.  La agricultura y buena parte de la industria de Estados Unidos se mantiene así; lo mismo ocurre en numerosos países europeos. Amenaza el Presidente electo  Donald Trump   con deportar 11 millones de migrantes “ilegales” para resolver la falta  de empleos en su país. La población de Estados Unidos para 2024 es de  335.893.238 habitantes. Es más que obvio que 11 millones de personas no pueden privar de sus empleos a tal gigante demográfico. Pero la culpabilización masiva del migrante posibilita la masiva negación de sus derechos en todo el planeta.

Zonas especiales sin derechos laborales

Un refinamiento de esta explotación consiste en el aprovechamiento de los recursos y de la mano de obra de los países menos desarrollados en sus lugares de origen a través de las llamadas Maquilas, o Zonas Económicas Especiales.

Mediante métodos inexplicables los capitalistas obtienen de los gobiernos locales concesiones inconcebibles: entrega de territorios con recursos productivos en las cuales no tienen que pagar impuestos ni respetar a los trabajadores nativos derechos laborales, sociales ni sindicales. En algunos países, como en Venezuela, se ofrece a los empresarios extranjeros a costa de la Nación el aporte gratuito de las infraestructuras que éstos requieran e incluso ¡el capital a ser invertido! Así, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales pauta en su Artículo 36: La actividad económica que se desarrolle en las Zonas Económicas Especiales, sin perjuicio de garantizar la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, se regirá por un sistema de libre convertibilidad, así como por planes de financiamiento ofrecidos por instituciones bancarias especializadas para el desarrollo de la economía real y productiva, de conformidad con las normas que dicte el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. 

Informa Oxfam que en el mundo unos 27 millones de personas trabajan en 200 de estas zonas excluidas del cumplimiento de la constitución y las leyes nacionales, con salarios por debajo del nivel de subsistencia (https://www.lamarea.com/2015/04/13/27-millones-de-personas-son-victimas-de-explotacion-laboral-en-las-maquilas/).

 Es el retroceso al más sórdido  estatuto colonial, pero sin necesidad de conquistar por la fuerza territorio ni riquezas, que son entregados gratuitamente por quienes deberían custodiarlas. La mera artimaña de usar el adjetivo de “Especiales” pretende otorgar  inconstitucionalmente al patrono extranjero la entrega de los recursos, la inmunidad contra los impuestos locales y la ausencia de deberes hacia sus trabajadores. No debe extrañar que esta hiperexplotación sin precedentes haya determinado la tercerización de capitales hacia el Tercer Mundo, eliminando de paso  puestos de trabajo en las naciones hegemónicas. Con idéntica falta de escrúpulos y de respeto a la Constitución y las leyes se podría decretar Zonas “Especiales” donde no rigieran el Código Penal ni los Derechos Humanos, y muchas de tales abominaciones se han instalado de hecho en las periferias de las maquilas.

Al igual que los arcaicos soberanos de Derecho Divino, el Gran Capital ha logrado la inmunidad ante los impuestos y ante las leyes que protegen a la clase que produce toda su riqueza, la de los Trabajadores. Hasta nuevo aviso, todos somos migrantes ilegales sin derechos en una gran Maquila que, de no ser detenida,  devorará  el planeta.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO.

 

PANDORA PAPERS Y PARAÍSOS FISCALES

Luis Britto García

Según Ferdinand Lundberg, para determinar cuál es la clase dominante en un país basta ver cuál es la que está exenta de la tributación. El neoliberalismo ha  perfeccionado una trama de corruptelas, acomodos y  trampas para que los capitalistas resulten virtualmente inmunes a los impuestos.

Con la globalización, el capital trasnacional ha encontrado su presa predilecta en el Tercer Mundo. La abundancia de recursos naturales, de mano de obra subpagada y sin derechos laborales en las maquilas o Zonas Económicas Especiales y las autoridades complacientes se dan la mano para llevar la explotación al paroxismo del capitalismo salvaje.

Instrumentos del latrocinio como los Infames Tratados contra la Doble Tributación disponen que las empresas extranjeras no paguen impuestos en el país donde operan y obtienen sus beneficios, sino en la metrópoli donde está situada su casa matriz.

Gracias a estos instrumentos del bandolerismo, nuestros países aportan sus recursos naturales, sus servicios públicos, sus sistemas de protección de la propiedad, sus trabajadores educados, mantenidos en buena salud y pensionados, sin que los inversionistas extranjeros aporten un centavo en impuestos para colaborar con esos gastos indispensables para la producción.

Pero el capital transnacional tampoco paga impuestos en sus países de origen: coloca sus ganancias en cuentas secretas en  Paraísos Fiscales donde ni cancela tributos ni rinde cuentas a nadie.

A los gobiernos de los países hegemónicos les parece muy bueno que sus empresarios exploten a los países del Tercer Mundo sin aportarles un céntimo en tributos,  pero no soportan que también eludan pagárselos a ellos.

 Para repatriar los capitales desgaritados en Paraísos Fiscales,  a principios de siglo Estados Unidos recurrió a la oferta inmoral e ilegal de una amnistía tributaria a cambio de un insignificante tributo del 5%, pero muy pocos se acogieron a ella. Optó también por ofrecerles Paraísos Fiscales en su  propio territorio, pero  los capitales estadounidenses no confían en Estados Unidos.

Así las cosas, pasó del soborno a la amenaza: destapar parte del  latrocinio que las trasnacionales perpetran contra el Tercer Mundo, para forzarlas a acogerse a los bancos de sus países de origen. Esta es la fuente de los Panamá Papers,  Pandora Papers y de cuántos Papers estén por venir.

 

En el mundo de complicidades que vivimos, hay que examinar la fuente de toda milagrosa información, sobre todo si es selectiva. Un agente de la CIA fue la “Garganta Profunda” de las revelaciones que condenaron a Nixon; otro equipo de la  CIA  sustrajo de la oficina Mossack-Fonseca los documentos de los Panamá Papers. En éstos, y en los Pandora Papers, realiza la investigación el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (CIPI) financiado por la USAID, Rockefeller y el George Soros de las “Revoluciones de Colores”.

Quien paga el mariachi elige la canción. Ello explica, según  Julio Yao, que el CIPI “jamás ha criticado a EUA, a sus aliados anglosajones ni a sus paraísos fiscales”. Y que  Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia, apunte que en las revelaciones de Pandora “falta la laguna fiscal  offshore  más grande del mundo”, vale decir, la protegida por Estados Unidos.

            En cambio, la paliza de revelaciones hasta ahora diluvia  sobre América Latina y el Caribe. Así, titula El País: “Los ¨Papeles de Pandora¨ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales” (https://bit.ly/3mz52E6). De seguidas señala a Sebastián Piñera, al dominicano Luis Abinader, al ecuatoriano Guillermo Lasso, a 90 influyentes políticos, congregaciones religiosas, artistas, multimillonarios y al Director de un banco central.

En  sus comentarios, agrega El País que “Tener una cuenta en un paraíso fiscal no es ilegal, pero debería serlo. Su existencia muestra cómo billonarios y políticos han creado un sistema legal a modo de sus intereses” (https://bit.ly/3Fwvw1o). Las alarmantes revelaciones no son entonces más que conmovedora oportunidad  para ejercer la resignación.

No es necesario que una nueva investigación del CIPI descubra cómo llegaron tales magnitudes a semejantes cuevas de Alí Babá. Puedo ofrecer algunas claves.

Cada vez que uno de nuestros países suscribe un Infame Tratado contra la Doble Tributación (y Venezuela ya ha firmado unas tres decenas) sustrae el monto de impuestos indispensables para atender a las necesidades de sus ciudadanos, y los arroja a los Paraísos Fiscales.

            Cada vez que nuestros legisladores alzan jubilosamente la mano para sancionar normas que permiten exonerar a trasnacionales del pago de Impuestos sobre la Renta, de Importación o de Exportación,  arrebatan el monto de esos impuestos al pueblo necesitado que los eligió, para repletar con esos dineros los Paraísos Fiscales.

 

        Cada vez que nuestras autoridades suscriben contratos con inconstitucionales cláusulas que anulan el imperio de nuestras leyes y nuestros tribunales y obligan a someter las controversias sobre cuestiones de orden público interno a órganos extranjeros como el CIADI, que siempre resuelven a favor de las transnacionales, están arrebatando a los compatriotas que votaron medicinas, alimentos, recursos, para obsequiárselos a los Paraísos Fiscales.

        Cada vez que nuestros administradores o legisladores celebran o permiten suscribir inconstitucionales contratos de estabilidad tributaria, por los cuales se pacta privadamente con las transnacionales que no se les aumentarán los tributos, se clausura el ingreso al  Tesoro de sumas indispensables para satisfacer perentorias necesidades de los electores nacionales, y se ofrendan esas cantidades a los Paraísos Fiscales.

          Cada vez que se elude crear sistemas integrales de control previo, concomitante y posterior del manejo de los fondos públicos por  la administración central, estadal, descentralizada, autónoma, y fundaciones y empresas del Estado, se abren boquetes para que por ellos indispensables recursos no cubran las necesidades internas y en cambio repleten los pozos sin fondo de los Paraísos Fiscales.

          Cada vez que los bienes o los servicios públidos de nuestros países son privatizados a precios irrisorios aue garantizan obscenos beneficios a los compradores, las ganancias van en línea recta a los Paraísos Fiscales.  

          Esos fondos exaccionados, exonerados, distraídos, malversados, robados, estafados, timados están allí, porque funcionarios que debían cuidarlos permitieron que en vez de cubrir perentorias necesidades de sus compatriotas terminaran abismándose en los agujeros negros de los Paraísos Fiscales.

         ¿Será que los Paraísos Fiscales le darán a legisladores, administradores, jueces, el voto que necesitan para continuar en sus funciones?

         Me atrevo también a señalar el remedio contra este continuado latrocinio. El 8  de octubre de 2021, un grupo de 136 países de la ONU acordó con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo estipular una tasa mínima de 15% de impuesto para las ganancias de las transnacionales, que estas deben pagar donde operen y generen beneficios, y no donde estén situadas sus casas matrices.

       Legisladores, administradores, jueces, deben elegir entre cobrar de acuerdo con el principio universal de territorialidad  los impuestos indispensables para cubrir las necesidades de sus pueblos, o  seguir atiborrando a los vergonzosos pozos sin fondo de los Paraísos Fiscales con la catarata de impuestos debidos a nuestros países y jamás  pagados,

ILUSTRACIÓN: ANDREA BRITTO MORENO.

 

COLOMBIA BAJO LA REPRESIÓN

 LUIS BRITTO GARCÍA 

                 Que tanto es el dolor por mis hermanos

                 Cuya carne armoniosa y  sacrosanta

                  Negócianse el sajón y los gusanos

         AQUILES NAZOA: Grecia bajo la represión.

 

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Qué decir de Colombia, parte del sueño de nuestro Libertador, del sueño  de Nuestra América. Del genocidio y el despojo contra los pueblos originarios surgieron oligarquías terratenientes orientadas siempre hacia el comercio desigual con el exterior y nunca hacia el desarrollo interno. El país vecino era  el eslabón central del plan geopolítico de Bolívar, que reunía la Capitanía General de Venezuela, Quito y el Virreinato de la Nueva Granada en un gran país al cual llamó, a secas, Colombia. Este formidable bloque guardaba en el Istmo de Panamá el potencial de una vía que podía unir los océanos Atlántico y Pacífico y por consiguiente dominar el comercio del mundo. El Libertador menciona el proyecto del canal en varios de sus documentos claves, y nombra una comisión para cumplirlo. Las oligarquías locales secesionaron el inmenso bloque;  la neogranadina dejó que Estados Unidos la despojara del Istmo. Se decía que Colombia era el país más rico de América Latina, porque tenía a Panamá: al separarse ésta, no fueron ricas ni Panamá ni Colombia.

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Actualmente, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad social de América Latina, la región más desigual del mundo. El  42,5% de los colombianos, 21 millones, vive en pobreza general, y 4,7 millones de ellos, el 15,1%, en pobreza extrema; 14,2% están desempleados, 47% subempleados, y 54% de los hogares padecen inseguridad alimentaria. La tasa de analfabetismo para 2017 es de 5,4: gran parte de la educación superior exige costosas y a veces inaccesibles matrículas. El número de emigrantes crece acompasadamente; para 2020 la ONU registra 2.859.032 emigrantes, un 5,7% de la población. Informa  Wikipedia que más de seis millones de colombianos, uno de cada diez, viven fuera del país. Según el Presidente Nicolás Maduro, no menos de 5,6 millones han ingresado en los últimos años a Venezuela.
 

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La extrema concentración en pocas manos de la tierra generó  una docena de guerras civiles, la más prolongada y cruenta de las cuales arrancó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y la destrucción del centro de Bogotá en 1948. Con intermitencias, la contienda se arrastra hasta nuestros días, con resultados atroces que BBC Mundo totaliza en 220.000 asesinados, 25.000 desaparecidos y 30.000 secuestrados. A esta contabilidad macabra el informe Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y  Desigualdad, añade 5,7 millones de desplazados. Con el pretexto de que en una zona se desarrollan actividades militares, las autoridades expulsan a todos sus habitantes y los arrojan a  la indigencia en los caminos o  las márgenes de las ciudades. Las tierras así despobladas son  transferidas a oligarcas locales o  transnacionales agrícolas. Fue el método aplicado en Indonesia después de la masacre de más de medio millón de izquierdistas en 1965. El latifundio aniquila al campesinado.  

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En la más prolongada de las guerras de liberación nacional que conocemos, por no ceder un ápice a su pueblo la oligarquía  cede todo al hampa y a Estados Unidos. A mediados del pasado siglo, envía contingentes de su ejército a pelear en la Guerra de Corea en apoyo de los yankis.  En cumplimiento del  Plan Colombia,  entrega la soberanía al permitir la instalación de oficinas de la Drug Enforcement Administration y la ocupación por  siete bases militares estadounidenses, cuyos efectivos se pretenden inmunes a  leyes y tribunales locales. De hecho, todo aeropuerto colombiano es una base militar donde  aviones de guerra de Estados Unidos se guarecen, reparan, pertrechan  y reponen combustible. El país deviene incongruente socio de la europea  Organización del Tratado del Atlántico Norte. Para protegerse de la insurgencia, la oligarquía gasta lo que jamás hubiera cedido al pueblo. El ejército nacional crece hasta los 223.150 efectivos; el gasto militar hasta ocupar para 2019 el 3,15% de su PIB. Al mismo ritmo  se incrementan las denuncias de violaciones de derechos humanos­: la masacre de Jamundi en 2006,  el asesinato de diez mil personas  presentadas  como falsos positivos… En fin, la agresión se vuelca contra los países vecinos progresistas: la invasión de Ecuador en 2008, el intento de asesinato de Hugo Chávez Frías en 2004, el de Nicolás Maduro en 2019, la invasión mercenaria de Silvercorp en 2020 y la intrusión en Apure en 2021.  Colombia deviene brazo armado latinoamericano de la misma potencia que le arrebató Panamá.

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A pesar de su desmesurado crecimiento, el ejército  no se da abasto para contener la insurgencia. La oligarquía  crea infinidad de  bandas criminales privadas, los paramilitares, que oficialmente no existen y se encargan de las acciones que  los cuerpos armados no pueden cometer: eliminación de líderes sociales molestos,  exterminio de civiles inermes, desapariciones, torturas, descuartizamientos. Bajo este brazo armado prospera el negocio predilecto de la oligarquía: el cultivo, refinamiento y tráfico de  cocaína, de la cual es Colombia primer productor mundial, con  951 toneladas en 2019. Con tal financiamiento el paramilitarismo penetra todas las tramas sociales, impone alcaldes, congresistas, presidentes, la lúgubre trama conocida como parapolítica.

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El torrente de dinero de la droga y del contrabando de extracción no le basta a la oligarquía. Neoliberal consecuente,  otorga exoneraciones y exenciones al gran capital mientras carga  todo el peso de un reajuste financiero  sobre los económicamente débiles: intenta recaudar 6.800 millones de dólares con un aumento desproporcionado hasta 19%  del  recesivo Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores. Es la gota que rebosa el vaso. El pueblo responde desde el 28 de abril con un paro nacional, con epicentro  en Cali. 

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La oligarquía y su gobierno han respondido con una represión brutal que hasta el 7 de mayo acumula cifras  de 1.728 episodios de violencia policial,  900 detenciones arbitrarias, 234 casos de violencia física, 11 de violencia sexual, 26 de heridas en los ojos. Para el 10 de mayo ya se reportan 50 asesinatos y más de 500 desaparecidos. Toda rebelión surte efectos tarde o temprano. A cada neoliberal le llega su sábado.  

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO