INVASIÓN Y RESISTENCIA

         Luis Britto García 

Somos  víctimas de una agresión alevosa,  sanguinaria y no provocada. Sin previa declaratoria de hostilidades, con armamento tecnológicamente superior,  masacraron a  centenares de compatriotas en su mayoría no combatientes. Mientras no se firme un Tratado de Paz digno, estamos en guerra:  ejército y autoridades de Estados Unidos son enemigos, y como tales deben ser tratados.

Analicemos el estado del conflicto. Tras un cuarto de siglo de  agresiones y sabotajes,  la única ventaja obtenida por el adversario es el secuestro bajo falsos pretextos del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa  y diputada Cilia Flores.

Estados Unidos no domina un centímetro cuadrado del territorio nacional. Ni un  soldado estadounidense ocupa nuestro suelo. No han instalado bases militares ni naves, aeronaves o equipos militares en nuestro país. El único  poder que maneja es el mismo que antes de su  atentado: la amenaza.

Consideremos  si esta amenaza basta para lograr los objetivos declarados repetidas veces por el mandatario estadounidense. “Yo gobernaré  Venezuela (…) Yo manejaré  su petróleo, reservando una parte para nosotros y otra para ellos, hasta que realicen un transición sensata y juiciosa”.

Examinemos  la  verdadera motivación del conflicto:  los hidrocarburos de los cuales Venezuela posee las reservas más grandes del mundo. En texto  anterior señalé que la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca con ejecutivos de 17 petroleras estadounidenses puso en evidencia su imposibilidad. Ninguna de las compañías formuló ni una sola oferta para participar en la rebatiña, por dos motivos: no había seguridad jurídica para las inversiones, y el objeto de éstas, los principales yacimientos,  había sido contratados en un 45%  por Venezuela con la petrolera Roszarubeznefth, filial de la estatal rusa Rosnef, en contratos que el propio Trump reconoció como “legítimos, y que serían cumplidos”. En consecuencia, según declaró el representante de la Exxon, Venezuela sería “uninvestable”, no apta para recibir inversiones (Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable': https://www.bbc.com/news/articles/c205dx61x76o)

Si para saquearnos necesitan seguridad, sabemos lo que debemos darles.

El economista marxista Richard Wolff divulga transcripción de conversación telefónica del día anterior en la cual Trump suplicaba a Putin dar parte de los yacimientos venezolanos a empresas estadounidenses. El mandatario ruso habría contestado: “Nosotros invertimos mientras ustedes abandonaron; tomamos los riesgos mientras ustedes imponían sanciones, ahora quieren que compartamos las ganancias. Esto no es negocio, es caridad. Y Rusia no hace caridad a Estados Unidos” (https://www.youtube.com/watch?v=Rv8MimeqaPI.)

Por tanto, el principal y verdadero objetivo del conflicto está perdido para Estados Unidos, pues ha sido legítimamente adjudicado por lapsos de 15 años a empresas de Rusia,  potencia nuclear que desarrolló una “flota fantasma” de 1.200 naves para eludir bloqueos y puertos afectos a los estadounidenses. Aparte de que la rehabilitación de las explotaciones requeriría inversiones multimillonarias y prolongados lapsos de puesta en marcha (Piers Morgan Latino: https://www.youtube.com/watch?v=2rSG54FGOc8).

En fin, las afirmaciones de Trump en el sentido de que “yo manejaré su petróleo”, y “ustedes están negociando conmigo, no con Venezuela” están siendo cuestionadas por las mismas autoridades estadounidenses. A fines de enero el gobierno de la potencia norteña  devolvió a Venezuela el tanquero secuestrado MT Sofía, de bandera panameña, y 300 millones de dólares por la carga de 500 millones que éste transportaba. Los 200 millones restantes no fueron devueltos a   Venezuela ni ingresados al Tesoro de Estados Unidos: fueron depositados por los ladrones en cuentas en Qatar, lo cual motivó una interpelación a Marco Rubio sobre el manejo de dichos fondos (Nacho Rodríguez: FALLÓ INVASIÓN! DEVUELVE PETRÓLEO A VZLA. PAGA 300 MDD A DELCY. TRUMP NO AGUANTÓ https://www.youtube.com/watch?v=cszSUuIZanA). El botín, hasta ahora, no ha ingresado a la potencia que financió la agresión armada.

Para Estados Unidos, Venezuela ha devenido un cascarón vacío, un objetivo económico inalcanzable por el cual no valdría la pena continuar el inútil y costosísimo bloqueo,  ni enfrentar un conflicto nuclear con sus competidoras económicas en el área. Analicemos el otro objetivo, el “yo gobierno Venezuela” enunciado por el jactancioso mandatario. Ningún título, ni jurídico, ni constitucional, ningún tratado confiere al mandatario estadounidense ni un ápice de competencia para ejercer poderes públicos en nuestro país.

Tampoco sería factible su ejercicio por la mera fuerza o la intimidación. Obligaciones impuestas por  extorsión o violencia no son vinculantes. El poder efectivo sobre un Estado de la talla de Venezuela depende de una compleja agregación de factores geográficos, sociales, económicos, jurídicos, políticos, diplomáticos y culturales en estrecha correlación que no es favorable a la potencia del Norte.

Preguntémonos cuántos efectivos debería destinar Estados Unidos para dominar efectivamente nuestro extenso y accidentado territorio de 916.445 kilómetros cuadrados.  Las FANB cuentan con unos 63.000 efectivos,  y aun así, como dijo alguna vez Chávez, hay zonas donde la presencia del Estado es débil. Añadamos que los invasores deberían incurrir en gastos incalculables para enfrentar geografía, clima, enfermedades y población local desconocidos o adversos.  

La opción clásica para los imperios ocupantes es mandar a través  de un gobierno local colaboracionista, manejado por complicidades o amenazas. Difícil sería la escenificación de tal patraña, así como el destino de sus protagonistas. En octubre de 2025, según consulta de Hinterlaces, 83% de los encuestados afirmó que estaría dispuesto a enfrentar una invasión militar extranjera. Solo 6% dijo que no lo haría, y 11% prefirió no responder. Un 89% consideró que el verdadero objetivo de una eventual intervención sería derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo. (https://extranewsmundo.com/encuesta-hinterlaces-83-de-los-venezolanos-afirma-que-estaria-dispuesto-a-enfrentar-una-invasion-militar-extranjera/I. Un irrisorio 6% es el capital político con el cual contaría un gobierno colaboracionista, y ello con reservas, pues “no estar dispuesto a enfrentar” una invasión no equivale a ayudarla.

La amenaza que todavía se cierne sobre nosotros se  apoya en el mayor gasto militar del planeta en armas de elevado poder  destructivo y complejidad tecnológica. Pero históricamente el aparente poderío estratégico ha sido derrotado  por pueblos con armamentos escasos e inferior tecnología. Para 1945 la tercera parte de la población mundial, unos 750 millones de personas, vivía bajo regímenes coloniales. Los imperios que mantenían tal situación eran más fuertes militarmente, más avanzados tecnológicamente y más desarrollados que sus colonias.

Pero el precio estratégico, económico y político de mantenerlas subordinadas se hizo cada vez más incosteable, y desde entonces  80 países han obtenido su independencia. Algunos tras prolongada resistencia contra armamentos superiores, como la India, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Argelia, Irak, Afganistán. Nunca tecnologías de la muerte vencerán la complejidad y fecundidad de la vida.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO

  

 

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SUBASTAN A VENEZUELA EN LA CASA BLANCA

 Luis Britto García

 

Decía Voltaire que  “en la guerra de lo que se trata ante todo es del robo”.  Ello resulta evidente a medida que los hampones asaltantes de Venezuela  abandonan las  coartadas de su asesinato en masa. En primer lugar, la de la lucha contra la droga. No cabe en cabeza alguna que el mayor consumidor de estupefacientes del mundo trate de arreglar en otros países el problema que no puede o no quiere resolver en el suyo. Venezuela no figura como país productor o traficante de sustancias ilícitas en el Informe Mundial sobre las Drogas de UNODC, en el del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, ni en ninguno de los informes autorizados sobre el tema. El Departamento de Justicia reformuló la acusación contra el secuestrado Presidente  Maduro retirando toda alusión al  “Cartel de los Soles”, en clara admisión de que éste  es una invención sin fundamento (https://misionverdad.com/venezuela/eeuu-deshecha-su-propia-creacion-el-cartel-de-los-soles).

Tampoco se invoca el pretexto de que masacrar venezolanos inermes sea forma de imponerles unas “autoridades legítimas” por las cuales  nunca votaron. Ni una vez ha mencionado el capo invasor al anodino candidato González Urrutia; tampoco contestaba las llamadas de María Machado, a la cual descalificó como “falta del apoyo y el respeto necesarios”, y  sólo  recibió a escondidas cuando ésta incurrió en el frenesí  adulatorio de intentar transferirle el Premio Nobel a cambio de que le transfiriera un país.

En aras de tales falacias el gobierno de Estados Unidos durante un cuarto de siglo ha gastado sumas incalculables para destruir la economía, la sociedad, la población y el gobierno de Venezuela. Con  datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)    y de la Oficina de Prespuesto del Congreso (CBO), la IA de X estimó el gasto del último bloqueo en 2.000 millones de dólares cada 90 días. Mientras que Copilot, de Microsoft le calcula un costo de 22.000 millones, sin contar imprevistos. Todavía no hay datos sobre el gasto que requirió la invasión del 3 de enero (https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2025/09/12/los-millonarios-gastos-de-eeuu-para-un-cambio-de-regimen-en-venezuela/).

Tampoco disponemos de una contabilidad precisa del monto de los daños causados por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela durante un cuarto de siglo entre intentos de  golpe de Estado, paros inducidos con fines políticos,  tentativas de  magnicidio, financiamiento de oleadas terroristas, robos de activos en el exterior, sabotajes, fallidas invasiones de mercenarios, medidas coercitivas unilaterales, robos de  naves y aeronaves, retaliaciones para todo el que comerciara con nosotros, congelación de fondos en el exterior, secuestro de agentes diplomáticos, obstrucción del acceso a medicinas y tratamientos clínicos, bloqueo de todo intercambio económico con el resto del mundo, asesinato de pescadores y destrucción de vidas y activos en un bombardeo sin previa declaración de guerra.  

       Así llegamos a la hora de la verdad. El 9 de enero de 2026, con  manos todavía tintas en sangre, se reunieron en la Casa Blanca hampones  de 17 petroleras estadounidenses para la grata tarea de  repartirse el botín. Ninguna pagó el exorbitante costo de la invasión: lo asumió el gobierno de Estados Unidos, vale decir, el acosado contribuyente. Ni  un solo venezolano, ni María Machado, ni un servidor, fuimos invitados a la rebatiña  de nuestro país.

Las reglas de la subasta eran claras. Trump afirmó que su administración decidiría cuáles firmas podrán participar. “Ustedes están negociando conmigo. No están negociando con Venezuela en absoluto. No queremos que ustedes negocien con Venezuela” (Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable': https://www.bbc.com/news/articles/c205dx61x76o).  El precio de una nación en la grotesca subasta era de 100 billones (En inglés un billion es mil millones). De golpe, y sin el menor título legítimo, Trump pretendía atribuirse personalmente el gobierno y la riqueza mineral de todo un país ajeno.

Este arrebato tuvo su merecida respuesta: ninguna. Ni una sola de las empresas formuló una  oferta. El jefe ejecutivo de la Exxon, Darren Woods, planteó que para reingresar “necesitaríamos muy significativos cambios de lo que hemos visto históricamente y de la situación actual”. Vale decir, remodelar el país al gusto de los posibles saqueadores, pues actualmente sería “uninvestable”, no apto para invertir.

       Se planteaba así  el delicado tema de la “seguridad” de las inversiones, sobre el cual escribió Carlos Marx en 1875: 

«El capital, dice un redactor de la Quarterly Review, huye de la violencia y la refriega y es de condición tímida. Esto es muy cierto pero no es toda la verdad. El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear dondequiera; 20%, y se pondrá impulsivo; 50%, y llegará positivamente a la temeridad por 100% pisoteará todas las leyes humanas; por 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo de que lo ahorquen. Cuando la turbulencia y la refriega producen ganancias, el capital alentará una y otra. Lo prueban el contrabando y la trata de esclavos» (…) (El Capital, Tomo I, volumen 3 páginas 950 y 951).

       El momento culminante estaba sin embargo por llegar. Un inoportuno de los que nunca faltan  reveló que la drástica ofensiva de sanciones estadounidenses había impulsado a Venezuela a celebrar contratos con una filial de la petrolera estatal rusa Rosnef por cerca del 45% de los mejores yacimientos de energía fósil del país. De resto sólo quedaban campos en vías de agotamiento o de difícil o muy costosa recuperación. El honesto Trump había  tratado de venderles a sus cómplices concesiones ya adjudicadas a terceros. “Esos contratos existen, y serán respetados”, terminó por confesar el embaucador, quien sabe que  se puede aniquilar países ricos en minerales estratégicos, pero no desconocer compromisos contraídos con potencias nucleares  (Piers Morgan Latino: https://www.youtube.com/watch?v=2rSG54FGOc8). Los astutos saqueadores quedaron con un palmo de narices.

No sé qué decir del postulado según el cual  un vendepatria es honorable siempre y cuando venda la patria ajena. Mi América del Norte es Tom Payne, Walt Withman,  Poe, Mark Twain, Herman Melville, Winsor MCay,  0rson Welles, Hemingway, George Gershwin, Janis Joplin, Richard Feynman, Thomas Pynchon. A ninguno de ellos lo imagino despedazando su país o el de otros para subastar los despojos. Intento imaginar cómo se podría convertir  mi tierra natal en “investable”. No me sale. Mejor dicho: no me da la gana. Lo mismo  ocurre a todos y cada uno de los compatriotas con quienes he hablado desde el 3 de enero de 2026.

TEXTO/ FOTOS.LUIS BRITTO.

INVASIÓN Y CONSTITUCIÓN

Luis Britto García

Traidores, agentes de potencias foráneas y sicarios con equipos informáticos superiores y armas sofisticadas interfieren las comunicaciones, asesinan decenas de compatriotas, secuestran al Presidente electo, lo difaman, preparan la transición repartiéndose el país a puertas cerradas. El botín no está nada mal: son las reservas de energía fósil más grandes del planeta robadas sin pedir la opinión de su propietario, el pueblo soberano.

Una avalancha humana interrumpe el pillaje y repone a las autoridades legítimas. Blande ante las cámaras su arma secreta: un librito azul llamado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos, desde luego, del 13 de abril de 2002. Dicha  Ley Fundamental sigue vigente. Consultémosla.

Cabe la duda de si un mandatario extranjero, que ni siquiera habla nuestro idioma, puede disponer de Venezuela y dictarle políticas a sus autoridades. Al respecto el texto Constitucional dispone: “Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminacin nacional. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

        La Constitución aclara a quién pertenecen las riquezas minerales que algún mandatario extranjero considera que le hemos “robado” y de las cuales él “se hará cargo” hasta que le parezca oportuno: “Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.”

        Preguntémonos si el asesinato sin previa declaratoria de guerra de cerca de un centenar de pescadores  inermes y de otro centenar de hermanos es credencial para que pueblo o autoridades colaboren con los invasores en la destrucción de la República. Al respecto nuestra Constitución dispone: “Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

        El mandatario foráneo que ordenó esa serie de asesinatos masivos declara que el petróleo venezolano “le pertenece”, y ´se “hará cargo de él”, como si el secuestro de un funcionario lo hiciera propietario de bienes que sólo pertenecen a la República, es decir, al pueblo venezolano. A este respecto nuestra Constitución estatuye: “Artículo.156.-Es de la competencia del Poder Público Nacional: 16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido (…)”.  Y para mayor abundamiento: “Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios  bienes de interés público y de carácter estratégico. (…)”..

        Si mandatarios y capitales extranjeros rapiñan tales bienes para su exclusiva ventaja personal, por falta de recursos devendrán inaplicables los derechos sociales, económicos, educativos, asistenciales  y culturales que la Constitución reconoce a los venezolanos.

        ¿Será que el bombardeo, la masacre y la violación de nuestro territorio otorga competencia al criminal para imponer medidas contrarias a nuestras leyes y a la Constitución? Al respecto pauta la Ley Fundamental: “Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

          ¿Debemos tolerar la usurpación? Nuestra inviolable Ley Fundamental nos contesta: “Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación. (…) Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.  En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

        Hemos sido víctimas de una agresión bélica. Hasta que no se suscriba un Tratado de Paz, no hay relaciones diplomáticas ni se puede pactar acuerdos de ninguna índole con el agresor.

        Dicha invasión no fue autorizada por el Senado  de Estados Unidos, el cual la rechazó por mayoría de 52 contra 47. En dicho país,  60% de encuestados rechazaban el empleo de fuerza militar para invadir  Venezuela, sólo 43% la apoyaban. A fines del año pasado,  94% de los venezolanos se pronunciaban contra una posible intervención militar. 

         El único efecto jurídico de la repudiable y repudiada invasión, además de la destrucción de vidas y bienes, es el ilegítimo secuestro del Primer Mandatario, la hecatombe de más de dos centenares de compatriotas, y la responsabilidad civil y penal que de tales delitos se deriva. El crimen no engendra derechos, sino castigo.

        La Suprema Corte de Estados Unidos acaba de retirar  al Presidente gringo el estatuto de inmunidad por actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Ello abre paso a su enjuiciamiento por el Tribunal Supremo por 34 delitos graves, y a su destitución por ellos. El mandatario ha incitado al motín contra  las autoridades estadounidenses diciendo que tal decisión es “el comienzo de una guerra civil”.    En realidad, es el inicio  de la anulación de todos los actos de agresión ilegal e inconstitucionalmente perpetrados por el delincuente contra Venezuela. Culminar esa meta en el orden interno es  nuestra tarea, nuestro  derecho,  nuestro deber.

  TEXTO/FOTOS:LUIS BRITTO

SECUESTRO DE UN PRESIDENTE

 

Luis Britto García

Hay actos que dejan atónita a la opinión mundial por su avilantez, su ilegitimidad, su intrínseca brutalidad.  Reiteramos que el ilegal bloqueo y las  ejecuciones extrajudiciales contra pescadores violan los artículos 1 y 2 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas; el Estatuto de Roma sobre Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Con mayor razón las viola el rapto de un Presidente y el asesinato a mansalva de venezolanos en su propio territorio.. 

El secuestro es acto de ilegítima  privación de libertad tipificado  como punible en todas las legislaciones del mundo. El perpetrarlo contra un alto funcionario no lo excusa. lo agrava, así como la ejecución del magnicidio agrava el delito de homicidio.

Tras cometer tal crimen contrario a las leyes de Venezuela, a las de la comunidad internacional y a las de su propio país, el Presidente Trump declaró, que “ahora manejaremos Venezuela”. En su primer mandato afirmó que había que apoderarse del petróleo venezolano, pues era valioso “oro líquido”. En  el segundo, postuló que le pertenecían “la tierra, el petróleo y los recursos de Venezuela”. Son elucubraciones de delincuente, cuyo único propósito es adueñarse de los haberes de su víctima. Nada más equivocado desde la perspectiva legal, política y práctica.

Añadamos que  la perspectiva de saquear el “oro líquido” parece haber enmudecido los demás pretextos para agredir a nuestro país. Nadie sataniza como “invasión” el modesto flujo de migrantes venezolanos hacia el Norte. Nadie invoca al imaginario “Cartel de los Soles”; la propia Agencia Central de Inteligencia reconoce que tal organización “no existe”. Por ninguna parte aparecen pruebas de supuestos cultivos, laboratorios o embarques de drogas que en realidad se mueven por el Pacífico; mucho menos de fentanilo, que contrabandean otros países. Nadie proclama  como “Presidente legítimo” al anodino González Urrutia; Trump no  recibe a la señora Machado ni le contesta el teléfono aunque ésta le prometa transferirle el Premio Nobel de la Paz; ante los medios declara que  ella “no tiene apoyo” ni         “capacidad”. Confesión irrecusable de que absolutamente nadie cree que hubieran ganado jamás elección alguna.

Parece que lo único de que se puede acusar a Nicolás Maduro es de presidir un país rico en hidrocarburos. Pero las leyes de Estados Unidos no son aplicables a un ciudadano venezolano por actos efectuados en Venezuela. Las normas estadounidenses  son sólo aplicables en su propio  territorio, y sus autoridades no tienen competencia ni jurisdicción para actuar fuera de sus límites. Tales leyes tampoco justifican la violación del territorio del Estado soberano de Venezuela, ni el asesinato en él de arriba  de un centenar de víctimas inermes o que ejercían su derecho a la legítima defensa, ni el bombardeo, incendio y destrucción de infraestructuras e instalaciones.

Los estadounidenses sólo  pueden  tomar prisioneros fuera de su territorio en estado de guerra, y es público y notorio que durante el secuestro del Presidente Nicolás Maduro no existía guerra legítimamente declarada entre Venezuela y Estados Unidos, sino ilegal destrucción por  fuerzas estadounidenses  de lanchas pesqueras y sus tripulantes, y robo de nuestro petróleo trasladado en diversos tanqueros.

Añadamos que, según la Convención de Viena, los presidentes de Estados soberanos gozan de inmunidad diplomática durante el ejercicio de sus funciones.

El secuestro implica responsabilidad penal para sus perpetradores, pero no para sus víctimas, pues el delito no crea derechos para el delincuente. El ilegítimo secuestro de un Presidente no legitima a sus perpetradores para “manejar el país” de la víctima, Ni las leyes de Venezuela, ni las de Estados Unidos, atribuyen ningún tipo de derechos a los secuestradores sobre sus víctimas ni sobre el patrimonio privado o público que éstas administren.

El ilegítimo secuestro violento de un Presidente por efectivos armados de otro país, que ni siquiera fueron autorizados para ello por el

Congreso de éste, no debe  ser considerado más que como falta temporal del funcionario, ya que el mismo está vivo y existe la posibilidad de que sea reintegrado a sus funciones, a cuyos efectos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:

Artículo 234. ° Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.

Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta

Añadamos una reflexión pertinente. ¿Qué futuro aguarda a la comunidad internacional si se acepta que pueden y deben ser secuestrados todos los mandatarios que no agraden al Presidente de una sola potencia?

Una cosa es aniquilar pescadores inermes o secuestrar ciudadanos, y otra obtener el consentimiento de más de treinta millones de compatriotas.

De lo único que los criminales han  logrado apoderarse es de la persona física del Presidente, quien ya ha sido sustituido de manera constitucional y temporal por la Presidenta encargada.

Los poderes públicos, las riquezas, el territorio y la población de la República Bolivariana de Venezuela siguen perteneciendo única y exclusivamente a los venezolanos, y no a forajidos foráneos sin otra motivación que apoderarse de lo que no les pertenece.

Por tanto, ningún poder extranjero determina el contenido de nuestras leyes,  los actos de ejecución de ellas, ni las sentencias que resuelven las dudas sobre su correcta aplicación, ni en el ejercicio del sufragio ni en los actos de control sobre dichos poderes ejercido por el Poder Moral. Ni una sola de las decisiones de nuestros Poderes Públicos es dictada, ni puede serlo, por delincuentes de otras nacionalidades.

        Ni un palmo de territorio de la República Bolivariana de Venezuela  está ocupado por un invasor extranjero. Ni un metro de su territorio está actualmente fuera del control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tampoco hay bases militares manejadas por efectivos foráneos. Nuestras leyes se aplican de manera uniforme a lo largo de nuestra extensión territorial. Tampoco está nuestro territorio fragmentado en zonas en las cuales tengan potencias foráneas distintos grados de privilegio o de autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Richard Wolff denunció que a mediados de diciembre ya existía un plan para fragmentar las zonas ricas en minerales de Venezuela entre varios consorcios extranjeros propietarios de sus recursos, y dejar el resto a un gobierno sin ingresos ni medios para el gasto social.

        Pero las riquezas y derechos que nuestra Constitución atribuye a la República siguen perteneciendo a ésta, así como las  empresas cuya propiedad exclusiva la Ley Fundamental otorga  a la Nación.

        Cualquier intento de invalidar estos principios sería nulo de toda nulidad; constituiría sólo tentativa  de violación de  nuestra soberanía y aniquilación de nuestra República, y todos los venezolanos y venezolanas estamos revestidos en consecuencia del deber y el derecho de resistirlo por todas las vías, según lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia

Sólo  merece Patria quien la defiende.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO

PD: PEDIMOS EXCUSAS A NUESTROS LECTORES POR ALGUNAS IRREGULARIDADES EN LA APARICIÓN DE ESTAS PÁGINAS, CAUSADAS POR LA INOPERATIVIDAD DE LA INTERNET DE CANTV DESDE NOVIEMBRE PASADO. ESPERAMOS QUE DESDE AHORA FUNCIONE EFICAZMENTE.