Luis Britto García
“Ya
no tengo más voz que la que tiene/ un hombre entre la noche, sacudido/ por una
pesadilla que va y viene”, escribe Aquiles Nazoa sobre la represión contra los
revolucionarios griegos. Contra pesadilla que va y viene, la voz debe alzarse
una y otra vez.
Se sabe que en Venezuela 97,5% de las divisas proviene de
las exportaciones del Estado, única entidad competente para ejercer la
industria petrolera; que el gran y casi
único negocio de la burguesía parasitaria es lograr que el Estado le aporte ese
ingreso, al extremo de que sólo entre 2003 y 2014 fueron transferidos 329.756 millones de dólares del
Tesoro Público a un sector privado cuyas exportaciones no aportan más del 2,5%
de las divisas que nos ingresan.
Para combatir esa situación, sancionó Chávez el DECRETO
CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS, el cual disponía restrictivamente cuáles órganos del
Estado podían vender divisas a los particulares, para qué finalidades, a qué
precio, con cuáles trámites, y las sanciones a ser aplicadas por infracción.
Esa restricción en el otorgamiento de divisas por el
Estado fue siempre considerada fundamental. “Ni un dólar más para los
golpistas”, precisó Chávez al sancionarla. “Si quitamos el control de cambios
nos tumban”, reiteró Aristóbulo Isturiz en 2016.
A pesar de haber sido violado con escandalosa frecuencia, este Decreto Ley evitó
la fuga de 422.669 millones de dólares entre 2003 y 2014 y posibilitó que hasta 2018
conserváramos unos 8.756 millones de dólares en las reservas, que
impedían que el país fuera declarado en “default” o quiebra.
Comprensiblemente, el candidato opositor Henry Falcón arranca su campaña
presidencial en enero de 2018 con una promesa central: la sustitución del bolívar
por el dólar como signo monetario de Venezuela.
Incomprensiblemente, en agosto del mismo año el gobierno
elimina el control de cambios, abriendo paso al programa de dolarización prometido por el
perdedor Henry Falcón, a pesar de que tal operación es imposible.
En primer lugar, el artículo 156 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela pauta que “es de la competencia del Poder
Nacional: 11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del
régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la
emisión y acuñación de moneda”. Y el artículo 318 pauta que: “La unidad
monetaria de la
República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”. Para imponer el dólar como unidad monetaria
habría que reformar la Constitución, y la Asamblea Nacional Constituyente no será
instrumento de esta rotunda pérdida de
soberanía.
Tampoco es posible que el
Estado adquiera los dólares necesarios para utilizarlos como moneda. La masa
monetaria de Venezuela era en 2013 de 1.188.000.000.000 de bolívares, un 44.82% del
Producto Bruto Interno. El PBI
para 2017 según el FMI sería de 215.307 millones de dólares; para obtener las
divisas equivalentes aproximativamente a un 44,82% de esa magnitud deberíamos
gastar la totalidad de nuestras reservas internacionales -que a mediados
de 2017 totalizaban 9.928 millones de dólares- y todavía encontrar otros 999.990 millones de dólares
en momentos en que el país confronta problemas de liquidez para satisfacer
compromisos internacionales y realizar importaciones indispensables.
Aparte del 97,5% de las divisas que produce la
explotación de recursos naturales por el Estado, sólo hay tres fuentes de
dólares en Venezuela: la del moderado ingreso por exportaciones del
empresariado, las remesas de los
familiares emigrados, y la legitimación de capitales provenientes de actividades
ilícitas.
Es imposible que el sector privado, el cual aporta apenas 2,50%
de las divisas que ingresan a Venezuela, ingrese la masa de divisas necesaria
para convertir el dólar en unidad monetaria. Dicho sector ha recibido del sector público unos 700.000
millones de dólares a partir de 1976, cuando se nacionalizó la industria
petrolera, y en el mismo lapso ha
disminuido su inversión en 63%, estimada de acuerdo con la formación bruta de
capital fijo con respecto al PIB. La inmensa mayoría de esos dólares han sido
exportados por sus beneficiarios, los cuales ni los regresan ni los regresarán
al país que se los aportó.
Muchísimo menos factible es que las divisas necesarias
para dolarizar la economía lleguen por vía de las remesas. Según el Banco
Mundial, en 2017 los venezolanos recibieron 289 millones de dólares en remesas
desde Estados Unidos, suma que no alcanza al millón diario, apenas el 0,04% del
total de remesas estadounidenses de ese año, e insignificante comparada con lo
que recibe Colombia con 5.535 millones
de dólares (0,9% del total), Perú con 2,974 millones de dólares (0,49%),
Ecuador con 2.719 millones de dólares (0,45%), Brasil con 2.660 millones de
dólares (0,45%).
Descartadas las anteriores
fuentes de captación de divisas, sólo queda una sobre la cual es mejor no
pensar y muchísimo menos no actuar: la legitimación de capitales proveniente de
actividades ilícitas.
Capitales de origen ilegal se
aplican a finalidades ilegítimas. En un país vecino compraron el aparato del
Estado hasta sumergirlo en la parapolítica.
En el nuestro no sólo instalarían y fortalecerían redes delincuenciales: tratarían
de dominar con ellas el sector público y el privado y finalmente adquirir las
empresas estatales que explotan los recursos naturales, principal fuente de
ingresos de Venezuela.
A pesar de la señalada
imposibilidad de adoptar el dólar como signo monetario, todo el que puede
abusar de una posición de poder o de una escasez exige el pago en divisas.
Cada moneda marca fronteras entre una clase social y
hasta un país distintos. El abismo entre el trabajo que se remunera con un
bolívar que cada vez vale menos y bienes
que se adquieren con un dólar que nadie consigue puede tragarse al país.
Hasta ahora Venezuela presentó el menor índice de desigualdad
social de América Latina. Pero no hay igualdad en un país dividido entre una
moneda a la que tiene acceso sólo una minoría y otra con la que la mayoría no
puede comprar nada.
Las soluciones son y serán las mismas: contra la
hiperinflación, volver a poner en vigencia la Ley
Orgánica de Precios Justos de 23 de enero de 2014 y aplicarla esta vez con
órganos eficaces e implacables, y defender el carácter de unidad monetaria
única del bolívar respaldándolo directamente con nuestros valiosos recursos naturales.
Desdichado el país que estando en guerra se
deja imponer la moneda por el enemigo.
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Chalbaud GUIÓN: Luis
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