Luis Britto García
Controlar o no los precios, he allí el dilema.
No
controlarlos nos ha llevado a la
situación actual.
No es viable un sistema donde cualquier rufián incrementa sus ganancias un millón por ciento
sólo añadiendo ceros a las etiquetas de venta.
No es
funcional una economía donde la principal producción es de ceros a la derecha
de los precios.
Es
inaceptable que un oligopolio de doce empresarios irrespete tanto oferta como
demanda y regulaciones y condene a morir de hambre a treinta
millones de compatriotas.
La
indisciplinada emisión de precios inorgánicos, no justificados por ningún aumento
de calidad, de cantidad ni de costos sólo puede ser paliada emitiendo más
dinero, que a la postre será inútil frente a la inflación de precios
inorgánicos.
Saludamos
el anuncio del gobierno de pautar precios acordados para unos 25 productos básicos,
que quizá deberían ser más bien 250 o 2.500.
Celebramos que hayan sido detenidos algunos infractores del acuerdo de
precios: si la misma medida se hubiera adoptado hace cinco años, no estaríamos
como estamos.
Pero esos
productos y sus cotizaciones, como sucede desde hace cinco años, se desvanecerán si no se implanta un
mecanismo transparente que revele sus existencias, costos y
márgenes de ganancia en cada transacción comercial.
Para
ello es indispensable activar una propuesta como la del ingeniero Rafic Derjani
Bayeh, en el sentido de instaurar
un sistema digital universal, centralizado y transparente de
administración de costos y precios, que permita tanto a las empresas como a la
administración y al público determinar, en tiempo real, los activos
invertidos y los beneficios obtenidos en
cada transacción económica.
Para la instauración de tal sistema se
requeriría algo que el contrabando de extracción del signo monetario casi ha
impuesto en su totalidad: la universalización del dinero digital, cuyo
movimiento para cada transacción se registraría en una factura electrónica,
a efectos de que el SENIAT u otro organismo competente verifique
informáticamente si cumple con los precios máximos autorizados, como condición para que el intercambio se realice.
Especifica Rafic Derjani: “La propuesta
sugiere que sólo con la aprobación de la factura electrónica es
con lo que se logra ejecutar el intercambio; y NO se puede concretar
intercambio sin la factura electrónica”. Y añade que “Si los precios no están
acordes con los máximos establecidos, o si la mercancía para intercambiar no es
acorde con lo declarado en el inventario, la transacción se bloquea y
NO lograría ejecutarse”.
La propuesta deriva de la simple lógica.
En el mismo sentido, Carlos Lanz Rodríguez, en el grupo de tweets “Abran los
libros de contabilidad” del 23 de agosto de 2918, propone, puntualmente:
“3.1. Acceso a los registros contables para
establecer los costos en materia prima, maquinarias y equipos, salarios, cuota
de ganancia, etc.
3.2. Radiografía del tipo de tecnología y cuota de
explotación del trabajo
3.3. Caracterización del sistema de mercadeo y
distribución, carteles, mafias, posición de dominio.
3.4. Seguimiento de los precios de las mercancías en el
mercado, al por mayor, al detal y sus nexos con el bachaquerismo
3.5. Determinación del tipo de capital: ficticio,
especulativo, grado de centralización y concentración de la propiedad.”
En otras palabras, sin información no hay
control de precios, sin control de precios no hay salida de la inflación, y sin
salida de la inflación perderemos todos los logros del bolivarianismo y con
ellos el país.
El conjunto de verificaciones propuestas podría parecer muy
difícil durante el siglo pasado, pero en la actualidad la informática permite
efectuar en tiempo real comprobaciones igualmente complejas de consultas de saldos, transferencias de
cuentas, pasajes, consultas electorales,
trámites y pare usted de contar.
Un sistema parecido puede y debe
instaurarse para verificar de manera paralela y transparente el gasto público
en todas las ramas de la administración: central, estadal, municipal, de
institutos autónomos, fundaciones, empresas del Estado, comunas y todos los
entes o personas que manejen fondos, subvenciones o intereses públicos.
Tales mecanismos reflotarían la economía
haciendo imposibles corrupción,
evasión
fiscal, acaparamiento, sobreprecio, inflación, precios inorgánicos y ganancia
especulativa.
A menos que prefiramos seguir como vamos
para acabar peor de lo que estamos.
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