Luis Britto García
Entre
abogados te veas, reza la maldición gitana. Entre lawfares
te mueras, sentencian los imperios. Término acuñado en la Universidad de
Harvard, alude a demandas temerarias de
fundamento legal escaso o inexistente, con fines esencialmente políticos y
económicos, acompañadas de presiones
sobre los tribunales y campañas mediáticas para influir en sus
decisiones y legitimarlas ante el público.
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Tan antiguo
es el lawfare como la misma ley. Recordemos
la farsa judicial contra Jesús. Éste
expulsa a los mercaderes del templo; los fariseos lo acusan; Pilatos lo
absuelve: los fariseos lo condenan en su propio sanedrín, y lo reenvían a
Pilatos, el único que podía ejecutar sentencias de muerte. El agua con la que
se lava las manos bautiza a la religión
más difundida del mundo. El lawfare
que condena absuelve ante la Historia.
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Pasemos por
alto el cónclave francés que condena a la hoguera a Juana de Arco por pelear
contra invasores ingleses, el jurado inglés que decapita a Santo Tomás Moro por
no aprobar el divorcio de Enrique VIII. Cualquiera puede interponer demandas.
El Lawfare requiere que en favor de ellas se muevan poderosos intereses
económicos y políticos, capaces de influir en el sistema judicial. El
presidente Richard Nixon es impeached
(enjuiciado) en Estados Unidos por intento de
espiar una Convención Demócrata. Las evidencias son providencialmente
suministradas por un misterioso informante telefónico, “Garganta Profunda”,
quien a la postre resulta ser agente de la CIA. ¿Quién puede creer que un
político que se había hecho inmensamente rico en el poder fuera depuesto por
intento de espionaje, en un país donde dicha actividad es un deporte nacional y
los equipos para ello se venden en todas las tiendas de electrónicos? Nixon
había terminado con la guerra de
Vietnam, el gran negocio del Complejo Militar Industrial que domina Estados
Unidos. El aparente legalismo disimula siempre un motivo más poderoso oculto. Recientemente
cuerpos de seguridad allanan la residencia del ex presidente Donald Trump en
Mar a Lago y decomisan documentos
presuntamente relativos a la seguridad
nacional que el mandatario se habría llevado consigo. Fuera de toda lógica es
creer que un patriotero y xenófobo como Trump pudiera usar documentos en contra
del país que lo había elegido. Detrás del puntilloso allanamiento está el
interés del globalista partido Demócrata de evitar que el intemperante
billonario se lance de candidato para las próximas elecciones. La brújula del lawfare apunta hacia el poder: su aguja
es dedo que acusa.
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A falta de
leyes, el lawfare las inventa. En
Nuremberg fueron justificadamente
condenados en 1945 los jerarcas nazis en virtud de leyes “retroactivas”
sancionadas después de cometidos los crímenes. No fue juzgado ninguno de los
aliados que convirtieron en piras funerarias con cien mil víctimas por
bombardeo ciudades sin objetivos militares como Hamburgo, Dresden, Bremen, Tokio,
Hiroshima, Nagasaki, y después Hanoi. “De haber perdido, hubiéramos sido
condenados como criminales de guerra”, confesó Robert Mc Namara. Lawfare sólo condena derrotados.
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Cimiento
del lawfare es la pretensión de que
las leyes de Estados Unidos son aplicables extraterritorialmente en todos los
países del mundo a ciudadanos extranjeros no obligados por ellas, y por actos cumplidos fuera del territorio y jurisdicción
estadounidenses. En virtud de ella se secuestra
en Londres al australiano Julian Assange, se asesina en Irak al general iraní
Soleimaní, se ofrece recompensa en Washington a quien ultime al Presidente Maduro, se secuestra en Cabo Verde al
diplomático venezolano Alex Saab, se confisca en Argentina un avión venezolano
de Emtrasur con el pretexto de que
algunos de sus tripulantes son iraníes, se perpetran crímenes de lesa humanidad
similares. A su vez, pretenden los yankis ser inmunes a las leyes de los países
donde operan: el Imperio atribuye la falsa condición de diplomáticos a sus soldados que ocupan Colombia, para hacerlos
invulnerables ante las leyes locales. Autoridades de Washington tocan las
puertas de Miraflores para exigir “incondicionalmente”, es decir, sin admitir
la legitimidad de nuestro Presidente electo ni retirar medidas coercitivas, la
liberación de uno de sus mercenarios pillado en la disparatada invasión de
Silvercorp.
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Mientras más nobles las normas, más infame el uso que les da el lawfare. En lugar de garantizar los Derechos Humanos, Estados
Unidos soborna magistrados y ONG´s para acusar a sus adversarios y llevarlos
como reos a la Corte Penal de la Haya, la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 0rganismos a
los cuales por cierto no está sometido Estados Unidos.
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Así como
hay penas y demandas por mala praxis médica, debía haberlas por la mala praxis
del lawfare. No es posible que jueces
no elegidos democráticamente destituyan a
Presidentes electos por las mayorías como Fernando Lugo o Lula con
acusaciones de las cuales a la postre resultan
inocentes, que depongan a Dilma
Roussef por la contravención menor de
dedicar fondos de una partida
presupuestaria para los fines de otra, que se hostigue a Rafael Correa, a Cristina Fernández de
Kirchner y a Pedro Castillo con diluvios de demandas temerarias para truncar
sus carreras políticas. La democracia debe entrar al Poder Judicial.
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Finalidad
última del lawfare es el pillaje de los bienes de los Estados en el exterior, a
pesar de que la Convención de
las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes de 17 de enero de 2005 lo prohíbe, porque se presumen destinados a fines de interés
público. Las potencias que destruyeron Libia y lincharon a Muammar Kadafi se
apoderaron de 250.000.000 millones de dólares de reservas de dicho país, de las
cuales no se ha sabido más nada.
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Instrumento
favorito del latrocinio es reconocer a algún fantoche elegido por nadie como
mandatario de un país rico, y hacerse transferir por él los bienes públicos.
Jeannine Añez iba a entregar el litio de Bolivia. Valiéndose de un
Autoproclamado, el Bank of England
pilló 31 toneladas de oro venezolano,
Estados Unidos robó las refinerías
venezolanas de Citgo, y Colombia la de Monómeros. Rafael Ramírez parecería
haberse lucrado con 4.500 millones de dólares de PDVSA. El Centro Internacional
de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones (CIADI), organismo del Banco
Mundial del cual nos retiró Chávez, acaba de condenar a Venezuela a pagar 875.000 millones de dólares a Conoco Phillips.
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Estos
demoledores golpes no hubieran podido darse sin
complicidad interna. La Asamblea Nacional ha ratificado tres decenas de
Infames Tratados contra la Doble Tributación, que inconstitucionalmente someten
los litigios sobre materias de orden
público nacional a tribunales extranjeros. Desde entonces menudean normas y pactos en tal
sentido. Con el amigo
Fermín Toro Jiménez entablé demanda contra esta abdicación de la soberanía: la
magistrada Luisa Estela Morales de Lamuño la rechazó en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de junio de 2009 que reza: “esta
Sala comparte el criterio que asentó la Sala Político Administrativa de la
extinta Corte Suprema de Justicia (..) en relación con el artículo 127 de la
Constitución de 1961, conforme a la cual (..) la redacción (..) no deja la
menor duda de que el constituyente (..) se acogió al sistema de inmunidad
relativa que ya había establecido la constitución de 1947 “. Inmunidad “relativa”
equivale a soberanía relativa, pues la inmunidad de jurisdicción es
irrenunciable principio de nuestra soberanía consagrado en el artículo 1 de
nuestra Carta Magna.
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Parlamentarios
que sancionan leyes que inconstitucionalmente someten a sus países a tribunales
extranjeros, jueces que pretenden legitimarlas y administradores que contratan
y colocan esos bienes en posesión del adversario, entre todos tejen la soga con
la cual nos ahorcan los imperios.
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