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En un relato de Gabriel García Márquez figura una pensión que en
lugar de excusados ofrece máscaras para que sus clientes hagan sus necesidades
en plena calle. Oculta el rostro quien se averguenza de sus acciones ¿Qué
esconde el terrorismo encapuchado en Venezuela?
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Una conjura de los medios nacionales e internacionales pretende presentar a los
terroristas como “estudiantes” y “pacíficos”. Las cifras dicen otra cosa. A
principios de mayo, la
Fiscal Luisa Ortega Díaz revela que desde el 12 de febrero
fueron detenidas unas 800 personas, la
mayoría de ellas sólo retenidas para evitar que continuaran con los actos
violentos y liberadas a las pocas horas, de las cuales unas 174 quedaron en
definitiva privadas de libertad mientras avanzaban las averiguaciones. De estos
detenidos, apenas 12 eran estudiantes, menos del 7%. También a principios de mayo las
autoridades allanan varios campamentos establecidos en la vía pública para
mantener focos de perturbación permanentes, y detienen 243 personas. No
más de un 20% de ellas eran estudiantes.
El cuerpo de vigilantes de la Universidad
Central
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El
ministro de Interior y Justicia declara que entre los detenidos figuran 58 extranjeros. De ellos 21 son comprobadamente
paramilitares colombianos, otros tienen órdenes de captura en Interpol, otros
son terroristas buscados en el Medio Oriente: algunos estaban en posesión de arsenales de armas y sustancias
incendiarias, muchos tienen prontuarios de narcotráfico o terrorismo
internacional. Es el método largamente probado en Nicaragua, Líbano, Libia,
Siria, en tantos otros sitios: inundar de mercenarios extranjeros armados países
pacíficos, para legitimar destructivas intervenciones externas ¿No hay venezolanos para hacer oposición política?
¿De triunfar estos forasteros, ejercerán sus pacíficas profesiones desde el
poder?
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Basándonos en análisis de noticias de medios de comunicación, e
informes de la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz , Provea, Amnistía
Internacional, Red de colectivos La Araña Feminista ,
del Centro para la Paz y
los Derechos Humanos de la
UCV , del diario web Aporrea, del informe escrito por el
periodista Luigino Bracci el 15 de abril
de 2014 y de compendios realizados por el comunicador Modesto Emilio Guerrero,
llegamos a un conteo todavía provisional de víctimas fatales entre el 12 de febrero
y mediados de abril.
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Tras la capucha, mienten los medios
internacionales y nacionales, se ocultan seres “pacíficos”. La violencia que
desencadenan
desde el 12 de febrero arroja un saldo
de 42 muertos. Éstos se pueden separar en las categorías siguientes: 1) 20
víctimas fatales bolivarianas, que comprenden: 9 militantes del PSUV y
agrupaciones sociales afines, 10 miembros de cuerpos de seguridad pública del Estado (GNB,
PNB y el SEBIN) y 1 fiscal del Ministerio Público. 2) 15 ciudadanos cuya filiación
política no se conoce, víctimas de diversos episodios de violencia 3) el resto
de víctimas fatales se podrían adscribir a la oposición, de los cuales sólo 8
fallecieron por actos imputables a las autoridades, y 7 fueron víctimas de
incidentes o peleas debidas a sus cortes
viales, o de sus propios actos: uno
murió al accionar un mortero improvisado, otro se electrocutó al reponer un
obstáculo para una barricada, un tercero
cayó desde la azotea de su propia casa. No incluimos en este listado asesinatos
horrendos cometidos contra bolivarianos o contra personas notables con
presumible intención terrorista, pero en relación con los cuales no hay todavía
pruebas definitivas.
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Es significativa la desproporción. De las 42 víctimas
fatales unas 20, casi la mitad,
pertenecen al bolivarianismo, entre
ellas 11 funcionarios que cumplían con su deber; y otras 15 no tienen filiación
política conocida pero fallecen por causa de la violencia opositora. En la
oposición habría unas 15 víctimas fatales, cerca de la tercera parte del
total, pero sólo 8 debidas en forma directa a actos de las autoridades, menos
de la sexta parte de las fatalidades. Todos
estarían hoy vivos de no haber elegido la oposición el camino de derrocar por
la violencia al gobierno legítimamente electo.
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Ello desvirtúa la idea de que la violencia homicida pueda
deberse a “estudiantes”, “desarmados” y mucho menos “pacíficos”. Parte
considerable de las víctimas entre los bolivarianos perecieron por disparos en
la cabeza, a veces realizados desde larga distancia. Una estudiante opositora
falleció de un tiro en la nuca, obviamente asestado desde las propias filas de
la manifestación con la que marchaba. Una artesana y una joven embarazada
fueron abatidas con disparos de armas largas. No son tácticas de estudiantes,
desarmados y menos pacíficos. Tampoco lo son el incendio y destrucción de cerca
de un centenar de unidades de transporte colectivo, de varias centrales eléctricas,
ni el incendio de universidades,
bibliotecas y de dependencias públicas,
una de ellas con 89 niños de un preescolar adentro. No, una primera mirada
debajo de la capucha revela una delincuencia terrorista, profesional, en buena
parte foránea y mercenaria.
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La incidencia de muertes sigue como una sombra al dominio
político derechista. Señala Emilio Guerrero que el 52% de las víctimas cayó en la Capital , que de 12
víctimas en ella, 9 perecieron en las urbanizaciones del Este donde los
alcaldes opositores y sus policías protegen a los terroristas; que en Mérida
murieron 4 y en San Cristóbal 6. Hay otras 3 víctimas en Aragua, en barrios
controlados por Voluntad Popular y 2 en Maracaibo, cuya alcaldía es opositora.
Es mentira que se trate de una insurrección nacional: sus víctimas caen en un
escaso número de urbanizaciones capitalinas de privilegiados
con autoridades y policías opositoras cómplices de los victimarios, y en
los estados cercanos a la frontera, en donde han sido detenidos paramilitares y
sicarios.
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Ninguna proclama, ningún manifiesto, ningún plan de gobierno ha
sido esgrimido como excusa para esta hecatombe, salvo la propuesta de que quien
gana las elecciones no debe gobernar. Ocultamos nuestros propósitos cuando son
más inconfesables que nuestros actos.
Una masiva campaña de destrozos y asesinatos no se mantiene durante más
de tres meses sin complicidades ni financiamiento. Numerosos detenidos han
confesado que recibían pagos de mil bolívares por día, y de tres mil si
participaban con motocicletas ¿Levantamos un poco más la capucha terrorista?
Tras ella atisban la CIA ,
la USAID y la NED , las mil y una ONGs creadas
para distribuir sus fondos y los de los empresarios para pagar mercenarios, los
partidos opositores que no han condenado el terrorismo, la Fundación Internacionalismo para la Democracia , de
Alvaro Uribe Vélez, el Paquete Neoliberal que privatizará PDVSA y la educación,
la salud y la seguridad social y traerá de regreso los niveles de pobreza de
70% del siglo pasado. Te conozco,
mascarita. No me trates de engañar.
(TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO)
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