La
verdad sobre la inseguridad
La manifestación
que intentó destruir el edificio de la Fiscalía el 12 de febrero con saldo de dos muertos,
seis decenas de heridos y cinco vehículos incendiados decía protestar contra la inseguridad.
Las cifras
sobre la inseguridad en Venezuela vienen de una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de
Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010) realizada
por el INE, que entre otras
inconsistencias “percibió” que ese año 21.132
homicidios habrían causado sólo 19.113 víctimas, y nos asignó una
exorbitante tasa de 75,08 homicidios por 100.000 habitantes.
Pero basándose en el conteo real y objetivo de cuerpos del delito, el ministro del Poder Popular para Interior y
Justicia Rodríguez Torres declara el 28
de diciembre de 2013 que la tasa real de homicidios para ese año es
de 39 por cada cien mil habitantes,
casi la mitad de la “percibida” por encuestas (AFP).
La
divulgación de estas cifras desmontaría por sí sola la campaña de pánico fraguada
por medios de comunicación y ONGs, según
las cuales la tasa de homicidios en nuestro país sería “más del doble de la de Colombia y más de cuatro
veces la de Irak” (Crisis Group
N°38, 17 de agosto 2011).
Pero por una u otra razón los medios de servicio público no han divulgado la
verdad con el énfasis suficiente.
Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de
una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar
violencias “contra la inseguridad” destinadas en realidad a derrocar por el
terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las últimas
elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de diez puntos y
medio del total de los votos sobre la oposición.
Terrorismo contra democracia
Todos los que han seguido las agresiones violentas
en Venezuela habrán advertido las siguientes características:
-Se focalizan primero en 19, luego en 9 y finalmente en 6 y
en 2 municipios de clase media o media alta,
gobernados por alcaldes opositores, algunos en estados fronterizos.
-Los alcaldes opositores y
sus policías municipales fomentan y protegen las violencias, al punto de que agentes
de la Policía
de Chacao asesinan a una agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia que
detiene a uno de los violentos, y se hace necesario que el Tribunal Supremo de
Justicia, respondiendo a demandas de sus vecinos, inste a las alcaldías a abrir las vías
bloqueadas.
-Los participantes se
presentan ante los medios como jóvenes estudiantes, pero luego son suplantados
por adultos, encapuchados y marginales, al extremo de que de 1.529 detenidos en
un mes de violencias, (la inmensa mayoría liberados a las pocas horas) sólo un
tercio son estudiantes.
-En lugar de manifestar
pacíficamente, los violentos cortan las vías en las alcaldías opositoras,
impiden por la fuerza el paso a los vecinos y los secuestran en sus hogares,
los asfixian quemando basura y
destruyen árboles, señalizaciones, edificios
públicos, instalaciones eléctricas y telefónicas, transportes colectivos y de
alimentos.
-Los terroristas recurren a
la amenaza, la agresión física y al asesinato con disparos en la cabeza y tiros
por la espalda y trampas contra personas, para finalmente progresar hacia el
saqueo y el cobro de peaje.
-Los terroristas utilizan
armas de fuego con mirillas láser, son seguidos por “sombras” que recogen los
casquillos para evitar la identificación de las armas, y esgrimen artefactos
para destruir neumáticos, bombas de fragmentación y trampas contra personas.
-Se pertrechan regularmente de
dinero, alimentos, ropas, capuchas, sustancias incendiarias y armas en centros
de acopio cercanos a los disturbios, algunos de los cuales han sido allanados
en jurisdicción de las alcaldías opositoras.
-Las arremetidas terroristas
recurren durante cuatro semanas, período inusual para manifestaciones
espontáneas, que por el contrario evidencia una coordinación, organización,
entrenamiento y financiamiento de largo
alcance.
-Las acciones terroristas no
tienen una finalidad en sí mismas, sino la
de simular para los medios un escenario
de supuesta “guerra civil” en 6 y finalmente 2 de los 335 municipios de
Venezuela.
Las mencionadas son
prácticas, tácticas o logísticas que no presentan ni la más remota semejanza
con las de un movimiento estudiantil o juvenil.
Mucho
menos había contado ningún movimiento “juvenil”
del mundo con el sospechoso y automático respaldo de la Sociedad Interamericana
de Prensa, la cual dedica en todos sus diarios afiliados una página diaria a
denigrar de Venezuela; ni de la inmensa mayoría de los medios privados, que
exaltan los delitos de los opositores mientras ocultan las masivas y
contundentes manifestaciones por la paz de las mayorías bolivarianas.
Y en
ningún caso movimientos estudiantiles o juveniles aceptarían ni gozarían del
apoyo del ex presidente colombiano
Uribe, quien trata de recoger un millón de firmas contra nosotros; del
presidente de la OEA,
el cual intentó enviar una comisión investigadora al país, del Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la ONU
quien pide a Venezuela que enjuicie a
los responsables de ataques contra manifestantes antigubernamentales (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-pide-a-venezuela-enjuiciar-la-muerte-de-manife.aspx#ixzz2tX88l5ZO), del Secretario
de Estado de estadounidense, y de la Cámara
de Representantes de ese país, la cual deplora “la inexcusable violencia
perpetrada contra líderes opositores y manifestantes en Venezuela".
Ni uno solo de tales
organismos y políticos se han movilizado
jamás a favor de jóvenes ni estudiantes: siempre lo han hecho a favor de intervenciones imperiales atroces contra
gobiernos democráticos o nacionalistas.
Mediante la perpetración de actos violentos,
terroristas encapuchados sólo intentan justificar un golpe de Estado, una intervención
extranjera, o el establecimiento de un “territorio liberado” que legitime una
secesión de los ricos estados fronterizos.
Terrorismo
de alquiler
Hace una década alerto contra una infiltración
paramilitar que suplanta al hampa
criolla, domina comercio informal y contrabando de extracción, impone alcabalas, cobra vacunas, trafica personas
y estupefacientes, legitima capitales, regenta bingos y casinos, compra empresas
de transporte y de producción, asesina sindicalistas agrarios y urbanos, y que podría impedir la movilización popular (La
paz con Colombia. Caracas, Ministerio de Comunicación e Información,
2008). He reiterado la advertencia en libros como La cuestión colombo-venezolana, en colaboración
con Iraida Vargas, Mario Sanoja, Eva Golinger, Miguel Ángel Pérez Pirela y
Sergio Rodriguez, con prólogo de Piedad Córdoba, Caracas, Editorial Ipasme, 2012, y La invasión paramilitar.
Operación Daktari, en colaboración con Miguel Ángel Pérez Pirela,
Caracas, Correo del Orinoco, 2012.
Estamos ante la materialización de estas
advertencias. Una red de agentes de perturbación focalizados en las principales
alcaldías opositoras no podría sostenerse durante casi un mes sin apoyo de una
compleja red terrorista. Lo advierte
también en inteligente artículo Julio Escalona:
4) El capital financiero transnacional se ha
ido asociando al narcotráfico, tráfico de armas, de personas, lavado de dinero,
comercio de esclavos, etc. Es probable que en lo descrito se pueda estar
dando un vínculo entre sectores financieros asociados a la oposición de extrema
derecha, precisamente, con el crimen transnacional y los problemas de seguridad
que azotan a la sociedad venezolana y a otras de nuestro continente
latinocaribeño. Esa asociación es otra de las fortalezas de la derecha fascista
que se mueve en Venezuela.
Por esas y otras vías el capital financiero se
relaciona con la formación de grandes ejércitos privados y en general a la
privatización de la guerra. Esos ejércitos privados han participado en las
guerras de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Colombia; en la desestabilización de
gobiernos, invasiones, sicariato, atentados, sabotaje... Son ejércitos de
mercenarios, que eufemísticamente son llamamos “contratistas civiles”.
El microtráfico de
drogas es una variante del crimen transnacional, que como ya señalé se
relaciona con la formación de pandillas, con los enfrentamientos entre ellas,
la generalización de atracos, secuestros exprés, el sicariato y las más
diversas formas de criminalidad. Esta es una de las raíces de los problemas de
seguridad en Venezuela, México, Colombia, EEUU... Por supuesto, la seguridad
tiene raíces internas (aun cuando hoy día es muy difícil definir la frontera
entre lo “interno” y lo “externo”); pero las redes del crimen transnacional se
van extendiendo por los intersticios de la sociedad venezolana. No es una
simple amenaza circunstancial. Tiene una tremenda significación estratégica
como grave amenaza a la seguridad del Estado, a la estabilidad de las
instituciones y para la paz y la vida cotidiana de nuestra sociedad, para la
economía, para la salud, etc. Es un componente esencial de la estrategia de
desestabilización permanente.
5) Han aprendido de la política “social” basada en la
dádiva y el terror impulsada por Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán, inspirada
en la más antigua tradición mafiosa.
Apoyándose en el
estímulo a los intereses individuales y a métodos ilegales, orientados a
socavar al Estado y las relaciones de solidaridad, los grupos
narco-paramilitares han venido perfilando algo así como una política “social”
mafiosa.
Un aspecto es la
política de “microcréditos”, que en su desenvolvimiento puede vincularse con el
microtráfico de drogas, que llegado el caso puede suministrar fondos para
cancelar los créditos recibidos. Es una múltiple subordinación.
Usando los fondos
acumulados a través de acciones delictivas van distribuyendo “créditos” entre
la población pobre con diversos fines (consumo, microempresas, pequeños
negocios, problemas familiares...), pero con el claro propósito de construir
redes de poder e ir suplantando al Estado venezolano. Con los microcréditos,
combinados con la extorsión, el chantaje y el miedo, han ido echando las bases
de una política “social” en correspondencia, como ya dije, con la más antigua
tradición mafiosa (“La estrategia imperial de ingobernabilidad permanente
contra el gobierno bolivariano”, 05-03-2014).
El
fenómeno también ha llamado la atención de Raúl Zibechi, en su penetrante artículo
“Derechas con look de izquierda”:
En todo caso, las derechas han sido capaces de crear
un dispositivo “popular”, como el que describe Rafael Poch, para desestabilizar
gobiernos populares, dando la impresión de que estamos ante movilizaciones
legítimas que terminan derribando gobiernos ilegítimos, aunque estos hayan sido
elegidos y mantengan el apoyo de sectores importantes de la población. En este
punto, la confusión es un arte tan decisivo, como el arte de la insurrección
que otrora dominaron los revolucionarios (Alai-América Latina, 7-3-2014).
Debemos
afrontarlo: así como las aspiraciones imperiales de dominar nuestra industria
de los hidrocarburos y la presencia paramilitar son constantes con las que habrá
que lidiar a largo plazo, también debemos prever una prolongada alianza
entre ambos factores para desatar una escalada de violencia política, que
se está sumando a la ya excesiva violencia del hampa común.
La
aparición de esta nueva violencia terrorista de origen político y con
conexiones internacionales obliga a considerar el problema de la seguridad a la
vez desde el punto de vista geográfico, social, económico, político,
estratégico, cultural e internacional, mediante la coordinación de todos los
órganos de los poderes públicos y todas las fuerzas sociales para la adopción
de medidas a la altura de la gravedad de la situación.
No
termina de comprender la ultraderecha venezolana las dimensiones del monstruo
que está animando para la persecución de sus intereses mezquinos.
En la
inauguración de la Conferencia
Permanente por la
Paz convocada por el presidente Maduro, alertó José Vicente
Rangel contra la instauración en Venezuela de una “cultura de la muerte”.
O la
desactivamos, o nos desactiva a todos.
(TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO)
CONSULTE TAMBIÉN:
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Rajatabla: www.monteavila.gob.ve
La invasión paramilitar: Operación Daktari: www.minci.gob.ve
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