Luis Britto García
No hubo
derrota popular más dura que el 27 de febrero de 1989. Al rebelarse contra el Paquete Económico del Fondo
Monetario Internacional, millares fueron asesinados en las calles, sin que izquierda ni oficialidad patriótica pudieran
coordinar esfuerzos para defenderlos.
Casi tan
grave como la precedente fue la derrota del 4 de febrero de 1992. Ni masas ni izquierda lograron organizar movilizaciones en
su apoyo; decenas de militares patrióticos perdieron vidas o carreras; el triunfo de la derecha
parecía definitivo.
Por ahora.
No nos
engañemos. La disputa por el poder político en Venezuela es sólo un medio para
el control de la quinta parte de los hidrocarburos del planeta.
En esa lucha la oposición acaba de obtener
112 de 167 escaños en la Asamblea Nacional. Tres de ellos corresponden a
representantes indígenas, a quienes el bolivarianismo concedió más derechos que
cualquier otro gobierno. Son más de las 2/3 y las 3/5 partes que la
Constitución exige para medidas de gravedad extrema. No corresponden a un
crecimiento de la derecha, que en la elección presidencial de 2013 obtuvo 7.363.980 sufragios y ahora junta 7.707.322, apenas un
4,22% más. Se trata de una abstención del voto bolivariano ante la inacción del
gobierno contra corruptos, acaparadores
y especuladores.
En Los cuentos del Arañero narra
Hugo Rafael Chávez que Fidel le dijo: “Mira, una conclusión que he
sacado, tú dijiste en el discurso...”. Y peló por el discurso, el discurso mío
lo tenía completico, y un resumen, y analizado por su propia letra, notas y
números. Me dijo: “Tú dijiste en tu discurso una frase, una cifra, que hace
diez años había en Venezuela seiscientos mil estudiantes universitarios, hoy hay
dos millones cuatrocientos mil”. Eso es cierto, un crecimiento de cuatrocientos
por ciento. Pero él tenía una lista larga de avances en educación, de salud,
todo lo que hemos logrado, los avances sociales en estos diez años. Y me dijo: “He sacado una conclusión,
Chávez. Ninguna Revolución que yo conozca, ni la cubana, logró tanto por su
pueblo en lo social, sobre todo en tan poco tiempo como la Revolución
Bolivariana”. ¿Saben cuál es la segunda? Así me lo dijo: “He concluido que
ustedes no quieren sacarle provecho político a estos avances sociales”.
Como en
tantas otras cosas, Fidel tenía razón. En Venezuela arrastramos una tremenda
carencia de formación ideológica. No ha habido experiencias consistentes de
escuelas de formación de cuadros. Se ha entregado al pueblo todo: atención
médica gratuita, alimentos, medicinas y
combustible subsidiados y 900.000 viviendas equipadas en los últimos años, 350.000
pensiones, millares de taxis nuevos, computadoras para los cursantes de
educación Primaria y tablets para los estudiantes de Educación Superior, la
cual es casi toda gratuita. Por falta de una campaña educativa, una parte del
pueblo ha llegado a creer que todo eso cae del cielo, que no presupone un arduo
trabajo ni hay que defenderlo, que podrá superarlo el primer demagogo
neoliberal que cambie promesas por votos.
A la
abstención del gobierno de combatir corruptos, especuladores y acaparadores
correspondió la abstención del pueblo de votar.
Pero la
ultraderecha trabaja incesantemente con sus errores a favor de la izquierda.
Falta un año para las elecciones de gobernadores y Asambleas Legislativas de los estados.
Durante ese año escaso la derecha
proseguirá su ininterrumpida acción de 17 años para la destrucción del poder
bolivariano. Alegará que la derrota de los bolivarianos es plebiscito que debe
obligar a la renuncia del Presidente; convocará contra éste un referendo
revocatorio; destituirá vicepresidentes y ministros mediante votos de censura;
negará la sanción para la Ley de Presupuesto y créditos adicionales; derogará
la Ley habilitante y todas las que
consagren beneficios sociales; negará la autorización para celebrar contratos
de interés nacional; negará permiso para designar a los jefes de las misiones
diplomáticas permanentes. Nombrará nuevos miembros del TSJ, nuevos
rectores del CNE y nuevos fiscal general, contralor y defensor del pueblo, en
cuanto venza el período de los actuales titulares o éstos sean destituidos con
cualquier pretexto. Legislará la restitución a sus cargos con salarios caídos
de la Nómina Mayor de PDVSA que intentó destruir la empresa. Dispondrá la
reprivatización de todas las empresas estratégicas nacionalizadas. Intentará
destituir al Presidente con recursos que no detallamos para no darle ideas.
Pero en el
año que falta para las elecciones de gobernadores y Asambleas Legislativas
estadales, la derecha puede ahuyentar
todos los votos que ha obtenido con engaño aplicando de nuevo las medidas
neoliberales que le quitaron el poder y que no puede dejar de aplicar.
Continuará subiendo los precios hasta hacerlos incosteables, acaparando,
desapareciendo bienes, especulando. Oportunas leyes anularán las prestaciones
sociales de los trabajadores, consagrarán los despidos a capricho del patrón y restablecerán los créditos indexados, con
intereses sobre los intereses. Otras normas liberarán precios, alquileres, y tasas de interés, aniquilarán
progresivamente la educación gratuita, eliminaran subsidios, dispondrán el fin
de las Misiones y reformularán el Presupuesto para reducir en más de la mitad
el 61% del egreso público que hoy se dedica a inversión social.
Leyes de amnistía devolverán la libertad a terroristas, corruptos, sicarios, delincuentes
bancarios y paramilitares. La parapolítica impune pasará a ocupar un sitio
normal en el cuadro institucional, lista para crear el cuadro de confrontación
violenta que sirva de pretexto para una intervención foránea.
La falta de
sanción para corruptos, especuladores y contrabandistas de extracción puede así
acarrear la pérdida de Venezuela y la de América Latina ¡Qué cara, qué
incomparablemente costosa nos está saliendo la impunidad de esos compañeritos!
Antes que preguntarnos qué planea la derecha, resolvamos qué deben
hacer las fuerzas progresistas. Primero
que todo: ejercer el derecho de veto presidencial contra leyes que destruyan
derechos sociales o instituciones indispensables para la soberanía. Segundo:
terminar con la impunidad de corruptos,
acaparadores, especuladores y contrabandistas de extracción, sancionándolos en
forma ejemplar e implacable, para probar al electorado que se abstuvo que no
hay complicidad entre esos delincuentes
y el gobierno. Tercero, reformar el aparato comunicacional que está en su poder
para explicar de manera eficaz al pueblo el verdadero sentido y las ventajas
del socialismo, y hacerle patente lo que el neoliberalismo le arrebatará.
Cuarto, poner en pie de lucha movimientos sociales, sindicatos y otras
organizaciones contra la venidera arremetida neoliberal, que se traducirá en
despidos masivos, retiro de derechos laborales y de pensiones. Quinto, hacer valer
la disposición constitucional que pauta que las conquistas sociales son
irreversibles. Sexto, extremar las medidas policiales y de seguridad contra el
paramilitarismo, que ya se perfila como el brazo armado del neoliberalismo.
Séptimo, iniciar una profunda reestructuración del Partido Socialista Unido de
Venezuela y de otras organizaciones del Polo Patriótico, para corregir fallas,
ineficiencias, burocratismos y usos ventajistas del poder. Octavo, desechar
radicalmente la idea de pactos o componendas “pragmáticas” con el empresariado
y la derecha, en vista de los resultados
catastróficos de la convivencia hasta
ahora aplicada. Noveno, reforzar la formación ideológica de los militantes, y
la del pueblo en general. Décimo: predicar con el más convincente de los argumentos: el
ejemplo.
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