LA CUMBRE DE LA TIERRA RIO+20

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¿Qué pasó con la naturaleza? Se suponía que era lo natural, lo no tocado ni transformado por el hombre. Al parecer la hemos cambiado tanto, que debemos manipularla para que vuelva a ser lo que era. Aunque lo logremos, ya nunca volverá a ser natural ¿Cómo ha ocurrido este cambio? ¿Podremos revertirlo? ¿O revertirlo sin cambiarnos?


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Al parecer, la naturaleza no fue percibida como tal mientras era natural. Para las civilizaciones del Antiguo Oriente, consistía en una trama de relaciones estables de las cuales el hombre era apenas una parte. Para la tradición grecorromana, se convirtió en habitáculo de deidades hostiles que había que aplacar desde el recinto seguro de la ciudad. Para la Ilustración, la naturaleza era lo agreste: la toleraba sometida a la clausurada disciplina del jardín. Para el positivismo seguía siendo la sede hostil del Salvajismo, a destruir y superar mediante la Barbarie y la Civilización. Apenas el romanticismo valoró lo natural como reacción contra la Revolución Industrial.


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Pues la “Naturaleza”, desde el punto de vista de la economía, había pasado a ser conceptualizada como una de las tres fuerzas productivas, junto al Trabajo y el Capital. Un modo de producción es una organización de esas fuerzas que se mantiene relativamente estable mediante una superestructura ideológica. A tal modo de producción, tal cultura, pero también tal ecologia. El capitalismo presupone como paradigma la competencia y ésta exige la mayor aplicación posible de fuerzas productivas en el más corto plazo para el mayor beneficio. Librado a sí mismo, cumplirá la mayor devastación de recursos, la mayor explotación de la fuerza de trabajo y la mayor aplicación de las herramientas productivas. Curiosamente, el marxismo no alteró significativamente este paradigma. Postuló que todos los pueblos deberían acelerar su desarrollo capitalista según el modelo europeo hasta formar una clase obrera que tomara el poder mediante la revolución.


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Todas las formas culturales de la superestructura, ciencia, derecho, política, religión, estética contribuyen en forma más o menos unánime a imponer estos principios. El colonialismo y luego el imperialismo los expanden por todos los ámbitos del planeta. La circunvalación del globo evidencia que éste es limitado, y desencadena las guerras imperiales por su reparto. A tal modo de producción, tal ideología. Uno de los instrumentos del capitalismo es la contabilidad, inventada por Fra Lucca Paccioli a fines del siglo XV. El Capital reduce a todo a cifra y no tarda en cuantificar las restantes fuerzas productivas. Por el Trabajo no hay que preocuparse: Thomas Roberto Malthus postula que la población tiende a crecer en progresión geométrica y Adam Smith que su remuneración será reducida al mínimo mediante la ley de la oferta y la demanda. También aventuró Malthus que los recursos sólo crecen en proporción aritmética. Poco después Darwin formula su teoría de la selección natural que determina la supervivencia del más apto. El mundo sería, entonces, un juego suma cero cerrado donde la ganancia del Capital equivale a la inmolación del Trabajo y de la Naturaleza. El desarrollo de estos postulados culmina en catástrofe.


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Un sistema que se pretende global termina por formular teorías totalizantes. Ernst Haeckel acuña en 1866 el término Ecología para estudiar las relaciones entre los seres vivos; a principios del siglo XX Ludwig von Bertalanffy sistematiza La Teoría General de los Sistemas, la cual verifica que todos los componentes de un sistema interactúan e influyen entre sí. En 1972 William Behrens, Donella Meadows, Dennis Meadows y Jorge Randers sostienen en The Limits to Growth que la mayoría de los recursos estarán agotados a mediados del siglo XXI; en 2010, Norgard Peet y Ragnarsdóttir consideran que “su enfoque sigue siendo útil y sus conclusiones sorprendentemente válidas”. El juego está cerrado.


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Si hay que limitar el crecimiento y el desarrollo, el imperialismo ya sabe a quién limitar: a la población y los sistemas económicos del tercer Mundo. Así como destruyó la revolución contracultural de los años sesenta apropiándose de sus símbolos e invirtiéndoles el significado, también amenaza destruir el movimiento ecológico confiscándole sus consignas. Quien debe sacrificarse es la víctima. Un Imperialismo Verde y un Ecologismo Neoliberal pretenden arrebatar a los países en desarrollo sus recursos naturales transfiriéndolos, del control mas o menos democrático de los Estados Nación, a transnacionales, ONGs o minorías étnicas. La privatización de la naturaleza es el prólogo de la privatización de la humanidad. Sobre estos temas se debatirá en la Cumbre de la Tierra Río+20. De su solución depende si habrá más cumbres, y más humanidad.

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EL NORTE ES UNA QUIMERA

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Llamativos datos sobre nuestra emigración proponen tanto la tesis ¿Formado para exportar? presentada por Claudia Vargas en 2011 en la Universidad Central de Venezuela, como un estudio previo de Iván de la Vega, comentados en reportajes de Liset Boon y Carlos Subero en Últimas Noticias del 13-5-2012. De la Vega estima que 1.200.000 venezolanos vivirían en el exterior. Los principales destinos serían Estados Unidos, con 260.000 emigrados, España, con 200.000, Italia, con 150.000, Portugal con 100.000, Francia con 30.000. El redondeo de las cifras evidencia su carácter aproximativo o exagerado; el Estimado de Migración del Banco Mundial de 2010 sólo registra 521.620 emigrantes criollos: apenas la mitad.


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Situemos estas cifras reales o infladas en perspectiva. En el mundo hay 191 millones de emigrantes. Unos 25 millones de personas han dejado su país de origen en América Latina y el Caribe en el primer quinquenio del siglo XXI. Estados Unidos aloja 40 millones de hispanos. Venezuela no está ni de lejos en las estadísticas del Banco Mundial de los 10 países con mayor proporción de emigrantes ni entre los diez principales corredores migratorios para 2005, que encabeza el neoliberal México. Venezuela acoge no menos de cuatro millones y medio de colombianos y quizá otro tanto de inmigrantes latinoamericanos. Nuestro país sigue siendo polo de atracción antes que de fuga.


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Nuestros emigrantes son jóvenes: el Homeland Security Department de USA revela que 21,68 % de los venezolanos que ingresan allí son menores de 18 años; 12,07% tienen entre 18 y 24; 21,51% entre 25 y 34; 20,93 entre 35 y 44. Claudia Vargas registra en encuesta con 153 estudiantes que 58% se iría por la inseguridad. No la evadirán en EEUU o Canadá, donde estudiantes de secundaria ametrallan a sus condiscípulos por diversión.


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¿A qué tierras de promisión emigran? Dejan una Venezuela que para 2011 tuvo un 4.00 de crecimiento del Producto Interno Bruto, por Estados Unidos, donde sólo creció el 1,3, España, donde apenas se elevó a 0,9, Italia, con 0,7, Francia, con 0,3; Portugal, con un decrecimiento de -1.7. Se van de una Venezuela donde la deuda pública es el 23,6 % del PIB, para pagar la de Estados Unidos, de 102% del PIB, la de España, donde llega al 67%, la de Italia, del 121%, la de Francia, del 87%, la de Portugal, del 106%. Dejan una Venezuela donde el déficit fiscal no sobrepasa el -2,6 del PIB, por unos Estados Unidos, donde se hunde al -9.6 y una España que se abisma en el -8.0 (FMI, WEO octubre 2011). Mucho tendrán que trabajar para colmar deudas y déficits contraídos por otros.


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El venezolano acoge cordialmente y sin prejuicios a todos. No recibe igual trato donde emigra. Allí somos “sudacas”. Solicitar visa para Estados Unidos o Canadá es ser tratado como sospechoso de un crimen. Contra los inmigrantes erige el primero Muros de la Vergüenza y leyes antimigratorias. Para muestra, la que firma el gobernador de Alabama, Robert Bentley el 18 de mayo de 2012, que autoriza a las autoridades locales a detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y penaliza a quienes transporten a una persona indocumentada, obliga a los empresarios a utilizar el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y establece que estos podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados, y exige a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados. Europa promueve una Ley Retorno para expulsar compulsivamente a los fuereños. En España se deporta incluso a hijos y nietos de españoles, para que no engrosen su 25% de desempleo. Cuando la ilegalidad se convierte en regla, el inmigrante no puede residir, trabajar ni estudiar legalmente: sólo puede mantener la economía del país que lo discrimina aceptando trabajos y remuneraciones que nadie quiere.


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Los flujos migratorios de los países en desarrollo a los desarrollados revisten otro trágico aspecto. A veces los primeros, con inmensos sacrificios, educan a sus masas y forman profesionales, pero sus economías no se diversifican lo suficiente como para asegurarle inserción a los graduados, ni sus sistemas se reforman para facilitar la movilidad social en sus cerrados sistemas clasistas. Los trabajadores intelectuales entran en disonancia de status, con capacidades y aspiraciones elevadas y perspectivas nulas. Algunos intentan modificar las sociedades y son reprimidos y exiliados; otros eligen la emigración económica. Estos procesos están en la raíz de las masivas migraciones del Cono Sur durante el último tercio del siglo XX. Para marzo de 1987, denuncié en Profetariado, una pequeña revista alternativa, que en Venezuela, de una fuerza laboral de 5.827.650, el 28% estaba desocupado, y que de 509.802 egresados de Educación Superior, 23% estaban igualmente cesantes. En el mismo artículo “Crónica de una bomba anunciada” sugerí que ello anunciaba una inminente explosión social. Pocos meses faltaban para el Meridazo, y menos de dos años para el Caracazo.


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Para 1999 afirmaba el vicepresidente del Consejo de Estado cubano Carlos Lage: “Un millón de científicos y profesionales formados en América Latina a un costo de unos 30 mil millones de dólares, viven hoy en los países desarrollados y por sus innovaciones y aportes científicos debemos pagar o prescindir de ellos. No es justo que exista un libre flujo de mercancías mientras son crecientes los obstáculos al libre movimiento de la fuerza de trabajo y surgen nuevas barreras no arancelarias en los países ricos”. La inserción de los investigadores e intelectuales es un problema de Estado. La mayoría de nuestros jóvenes emigrantes han sido formados gratuitamente por el Estado venezolano con facilidades educativas que sus hijos no encontrarán en el exterior. Gran parte de los Indignados del mundo son diplomados que no encuentran plaza ni de jornaleros. El Norte es una quimera: la Indignación, una realidad.


(FOTO/TEXTO: Luis Britto)


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LA INVASIÓN PARAMILITAR

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La invasión de los paramilitares en mayo de 2004 por la finca Daktari en las afueras de Caracas no es una intrusión externa, sin conexiones con la vida nacional. Empresarios, medios de comunicación privados, oposición política y oficiales conspiradores cómplices operaron como Quinta Columna que financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.
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La invasión de los paramilitares era la salida desesperada de una oposición que sabía que iba a perder una consulta electoral. Fracasados el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, convocaron los opositores un referendo revocatorio que las encuestas mostraban como un seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público suspendería la temida derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión sobre el gobierno, abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.
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La invasión de los paramilitares estaba planeada como detonador de acciones más complejas. El magnicidio del Presidente o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una cortina de humo mediática destinada a confundir al pueblo y a legitimar un nuevo pronunciamiento golpista, posiblemente acompañado de intervención extranjera.
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La invasión de los paramilitares fue sólo uno de los episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el dominio sobre los recursos naturales y la mano de obra de América Latina mediante un corredor estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a México y América Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases estadounidenses, que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico, como país halcón contra los planes de integración y revolución latinoamericana. Para ello es indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La Paz con Colombia señalo que la Hermana República mantenía 459.687 efectivos en su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos 22.000 millones de dólares en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas, Minci, 2010). En artículo del 11 de mayo de 2012 en Aporrea, señala José Gregorio Piña que “en el quinquenio 2006-2010 los gastos militares de Venezuela fueron el 10,7% del total de países de la UNASUR, mientras que los de Colombia en el mismo lapso fueron el 17% de ese total; es decir, que Colombia gasto 59% más que Venezuela; no es la resta entre ambos porcentajes, sino la proporción entre ambos porcentajes. En términos de los respectivos PIB, Colombia gastó 174% más que Venezuela, es decir, casi el triple”.
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La invasión de los paramilitares fue el prólogo de la aplicación de ese poderío armamentista en acciones de mayor magnitud, como la agresión de Colombia contra Ecuador con apoyo y dirección de Estados Unidos en 2008, y las operaciones de espionaje e intervención planeadas por el presidente Uribe contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada Operación Orión, que el ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea Nacional en 2011.
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La invasión de los paramilitares es silenciosa. En su país de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni admite la extensión de sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios privados ocultó su presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena nacional reveló su existencia, la disimularla alegando que se trataría de un montaje noticioso. Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado olvido.
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La invasión de los paramilitares prosigue. La delatan la multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y alcabalas en estados fronterizos dominados por la oposición. La progresión de señalamientos de su presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la Guayana Esequiba. El crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de víctimas entre los dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas urbanos. La multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de ensañamiento y detalles macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar el pavor en la población y sugerir que las autoridades son incapaces de contenerlos. La progresiva suplantación de nuestra hampa artesanal por una delincuencia organizada con disciplina, armamento y financiamiento militar. La proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y paramilitares: bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El Tiempo.com, 2 -6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo Collussi: “En una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control de muchos sectores aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener lugares seguros para actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio nacional controla el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso es un negocio muy grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a partir de los datos que han ido saliendo a luz recientemente, que controla también el contrabando de alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el contrabando de la gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para contrabandear cualquier otra cosa, alimentos para el caso. Y con eso, justamente, se ve el perfil desestabilizador que habría en ese contrabando: se provoca el desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela. De hecho, en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte del acopio de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual desabastecimiento de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones, manejándose con un criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros fenómenos del paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como por ejemplo la colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables de las muertes de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando aparece la Ley de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque simplemente se los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al respecto. Se sabe de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, aunque todavía no estén actuando como formaciones armadas tal como hacen en Colombia. De momento los asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en grupos pequeños, de dos o tres personas. No son las masacres enormes como habitualmente hacen en Colombia (Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada militar”, 22-2-2008).
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La invasión de los paramilitares prefigura lo que sería un gobierno de la oposición que los importó. Incapaz de acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de fuerza como en abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos. Para sostenerse recurriría a los más brutales expedientes de la cultura de la muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo. Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía, una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego, prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio. Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de traficantes. Mandadero de poderes mayores, el paramilitarismo abriría la puerta a las bases militares extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La resistencia popular iniciaría una guerra de liberación que sólo concluiría con la victoria.
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La invasión de los paramilitares no es tema para el recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta.


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Luis Britto García



TODA DENUNCIA DEBE INVESTIGARSE


Entrevista con Fernando Olivares Méndez


La Razón, 13 de mayo 2012


-A una oposición que lleva todas las de perder sí le convendrían hechos violentos que suspendieran las elecciones


-La tesis inconstitucional del “gobierno de transición” fue promovida por los opositores durante los diez meses anteriores al golpe de abril de 2002, y fracasó


El conflicto venezolano es más complicado y difícil de que lo aparenta; las pasiones están desatadas y enrarecen el panorama. Dos visiones de país se enfrentan en esta dura batalla política electoral con vista a las elecciones de octubre con el fin, unos de permanecer en el poder, los otros, de no permitirlo. El problema


se ha hecho más complejo con las denuncias de los ex magistrados Eladio Aponte Aponte y de Luis Velásquez Alvaray, la cada vez más implacable posición de los sectores que adversan al gobierno, y las réplicas del oficialismo que involucran a los opositores en presuntos planes desestabilizadores, terroristas, y hasta en golpe de Estado. Los hechos se suceden con rapiez inusitada, con unos protagonistas enfrascados un una lucha, incluso personal, de tal intesidad, que las proyecciones no son nada alentadoras. En esta oportunidad, La Razón entrevista al escritor, historiador, profesor universitario, analista político y abogado Luis Britto García, quien en extensa entrevista expone sus criterios sobre la realidad el país. Este intelectual venezolanotiene un cúmulo de otrs literarias editadas, ha sido galardonado con varios premios por su obra e investigaciones sobre diversos temas del aconctecer nacional e internacional. En la actualidad es partidario de las políticas del Presidente Hugo Chávez y forma parte del Consejo de Estado recientemente conformado por instrucciones del Jefe de Estado.


La ONG Provea ha señalado que en lugar de seguir el mal ejemplo de Estados Unidos y Canadá, que desconocen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe seguir el buen ejemplo de Argentina y Uruguay que han fortalecido a la CIDH, a pesar de ser países con muchos casos en ese organismo. ¿Qué opina usted al respecto?


-Los buenos ejemplos nunca los han puesto Estados Unidos ni Canadá, debemos ponerlos nosotros.


Diversos activistas de los derechos humanos sostienen que durante los sucesos del mes de abril de 20012, la Comisión CIDH adoptó medidas cautelares a favor de dirigentes del “chavismo”, entre ellos Tareck William Saab. ¿Esto es cierto?


-Esos activistas ignoran que la Minga de los movimientos sociales de Colombia solicitó expresamente al presidente de la CIDH Santiago Cantón que expidiera una medida cautelar a favor del presidente electo Hugo Chávez Frías, secuestrado por la dictadura, y Santiago Cantón no hizo nada, salvo reconocer como “Ilustrada” a la dictadura de Carmona y honrar como “Excelentísimo” a su canciller, José Rodríguez Iturbe. Tampoco hizo nada para proteger a Rafael Correa, secuestrado y balaceado por golpistas, ni a favor de Zelaya. A Tarek lo soltaron antes de que llegara ninguna meida de la CIDH ¿Para qué sirve una supuesta organización de Derechos Humanos que no defiende a presidentes democráticos legítimos secuestrados por fascistas? ¿Para atender las denuncias de Orlando Bosch y de Posada Carriles, que estuvieron entre las seis acogidas por ese organismo durante la Cuarta República?


¿Qué aspectos positivos le reconoce usted al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?


-Que inspira tan poca confianza, que ni siquiera Estados Unidos, que lo financia, se ha atrevido a someterse a él.


¿Para salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela solo debe denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos?


-Según la propia Convención, basta con eso. Por cierto, ya la Asamblea Nacional aprobó ese retiro, por amplísima mayoría. A partir de la denuncia, corre un lapso de un año durante el cual siguen su curso los procedimientos interpuestos.


¿Qué semejanzas encuentra usted entre la decisión de Alberto Fujimori de retirarse de la Comisión IDH, en 2002, y la posición, en el mismo sentido, de Hugo Chávez, en el año 2012?


-Ninguna. Fujimori era un japonés que llegó a ser Presidente de Perú y durante su mandato cometió uno de los más espantosos genocidios registrados en la Historia de la Humanidad. Hugo Chávez Frías no es culpable de violación de Derechos Humanos, ni de delitos de lesa humanidad.


¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue diligente en los casos de “La Masacre de El Amparo” y “El Caracazo”?


-La masacre de El Amparo ocurrió en Agosto de 1988. En octubre de 1993, la CIDH recomendó que se investigara y que se indemnizara a las víctimas. El gobierno bolivariano por su cuenta admitió la responsabilidad y dispuso la indemnización a las víctimas. El Caracazo ocurrió en febrero de 1989, a instancias de Cofavic la Comisión instauró una demanda ante la Corte Interamericana en 1991, y ésta no decidió nada en ocho años, esperó hasta que empezara el gobierno bolivariano para exigir indemnizar a deudos de 37 víctimas. El gobierno bolivariano no sólo admitió la responsabilidad, sino que extendió la indemnización a las demás víctimas. Como que más eficaz ha sido el gobierno bolivariano que la Comisión.
¿El Estado venezolano, en la presente administración, ha sido diligente en el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?


-Sí. Pero nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha dejado en claro en varias sentencias que esas decisiones no serían aplicables si violan el orden público interno o la Constitución, norma suprema que además ha sido refrendada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano.

¿Sabía usted que en el caso de la “Masacre de El Amparo” figuran el capitán de fragata Ramón Rodríguez Chacín y el coronel Enrique Vivas Quintero, ex ministro de Relaciones Interiores del actual gobierno y ex diputado al Parlamento Latinoamericano por el MVR, respectivamente?


-Verdaderamente, tanto el gobierno de Lusinchi como los medios de comunicación de la época mantuvieron el más absoluto secreto sobre los responsables de la masacre de El Amparo, y de tantas otras. Durante la Cuarta República gobiernos y medios de comunicación tendieron el más impenetrable manto de secreto sobre las violaciones de los Derechos Humanos, y por ello fue sancionada recientemente una Ley contra el Olvido que permitirá su investigación.


¿Cómo podría explicarse que las autoridades competentes no han procedido a investigar al general y actual diputado del PSUV, Roger Cordero Lara, uno de los pilotos de los aviones “Bronco” de la Fuerza Aérea Venezolana, que ocasionaron la “Masacre de Cantaura”, ocurrida el 4 de Octubre de 1982?


-No me lo explico, ni tampoco que los partidos que hoy integran la oposición venezolana no iniciaran tales investigaciones entre 1982 y 1998.

¿Cree usted, como miembro del Consejo de Estado, que Venezuela podría ser considerado como un “Estado fallido” por el hecho de no continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si ello sucediera ¿cómo quedaría nuestro país ante la comunidad internacional?


-En la misma situación que Estados Unidos y Canadá, que nunca han estado bajo la jurisdicción de la Comisión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Corte Internacional Penal de La Haya. Si tú opinas que por eso Estados Unidos y Canadá son “Estados fallidos”, respeto tu opinión. Yo creo más bien que al no someter su soberanía a una Comisión extranjera prejuiciada e inútil, Venezuela será considerado como un Estado soberano y respetado como tal.


¿Qué opina del hecho que Estados Unidos no es signatario de la CIDH y critica que nuestro país decidió no pertenecer a esa entidad?


-Todo Imperio pretende juzgar a todo el mundo y no ser juzgado por nadie.


¿Desde la óptica revolucionaria y como simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, que crítica y que autocrítica hace usted al Poder Judicial venezolano?


-Es un poder falible, como toda institución humana. Es el poder de un sistema mixto, obligado a aplicar un sistema legal generado durante el capitalismo a una transición hacia el socialismo. En él debaten fundamentalmente los intereses de la propiedad privada quienes tienen medios para litigar, mientras nace otro Derecho, orientado hacia los derechos de la sociedad y accesible a todos.


¿No privaron los criterios establecidos en la Constitución Nacional, en la selección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?¿Hay en ese organismo mucha incapacidad y poca probidad?


-La mitad de los magistrados que emitieron la sentencia según la cual en abril de 2002 no hubo golpe de Estado, sino “vacío de poder”, al parecer no reunían los requisitos para ocupar su cargo. Desde entonces ha habido una renovación de magistrados en todo el sistema, pero sería enteramente injusto juzgarlo o condenarlo en bloque.


-El ex magistrado Jorge Rosell, uno de los cuatro jueces que salvó su voto en el “affaire” Micabú-Luis Miquilena, en el año 2000, ha señalado que la presión a los magistrados por parte del Ejecutivo Nacional y la falta de independencia del Poder Judicial, en la actual administración, comenzó a partir de la absolución de Miquilena en esa oportunidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?


-No sé cómo se puede alegar falta de independencia en un Poder Judicial que sentencia que en 2002 no hubo golpe de Estado sino vacío de poder, y que en innumerables oportunidades se ha pronunciado contra los criterios y pareceres del Ejecutivo. Un ejemplo entre otros muchos, cuando el Gobierno dispuso una rebaja general de sueldos en la administración, y los magistrados del TSJ se compensaron otorgándose bonos. Ningún Poder falto de independencia haría eso.


-¿Después de trece años de revolución estamos ahora peor que antes en materia judicial y en materia carcelaria?


-Indudablemente mejor. Recordemos que durante el gobierno de Caldera se apresaba sin auto de detención a todos los habitantes de barrios completos para verificar si tenían antecedentes penales, y que la única reforma carcelaria consistió en dinamitar el Retén de Catia, para recordarle al público que el gobierno tenía el poder de pulverizar cualquier barrio que le causara problemas.


-¿Cómo miembro del Consejo de Estado, qué consejo daría en materia judicial y carcelaria?


-En materia judicial, respetar los requisitos legales para la designación de los jueces y sancionarlos cuando ellos mismos contravengan la ley. En materia carcelaria, ampliar las instalaciones, aumentar el personal y reconocer que se trata de un problema complejo que requiere la mayor atención, y que no se resuelve sólo con infraestructura de prisiones, sino con medidas de lucha contra la pobreza, la cual se ha reducido dramáticamente durante la última década.


-Desde la oposición se asegura que la conformación del Consejo de Estado significaría que el “gobierno prepara una suerte de transición”, ante la presunta no participación del Presidente Chávez en las elecciones de Octubre. ¿Qué opina?


-La tesis inconstitucional del “gobierno de transición” fue promovida por los opositores durante los diez meses anteriores al golpe de abril del 2002, y fracasó. El orden de sucesión presidencial en caso de falta del titular está claramente previsto en la Constitución, y fue el que el Fiscal Isaías Rodríguez le leyó a la oposición cuando intentaron imponer un gobierno de transición encabezado por el dictador Carmona Estanga.


-Según las normas establecidas el Consejo de Estado es un órgano al que el Presidente consultaría sobre temas de extrema importancia, paralelamente, el Presidente Chávez ha anunciado la constitución de un “Comando Antigolpe”. ¿Significa ello que el gobierno conoce de situaciones o hechos muy graves que estarían amenazando la estabilidad del país?


-El Presidente y otras autoridades han denunciado la posibilidad de que la oposición recurra una vez más a perturbaciones violentas del orden público, como las que reiteradamente ha intentado en el pasado. Deben conocer en efecto de situaciones o hechos muy graves, que no exponen prematuramente para no frustrar el curso de las averiguaciones.


-¿Estamos ante un gobierno de claro corte militarista?


-¡Por favor! ¿Acaso puede ser militarista un gobierno al cual le dan un golpe de Estado, le secuestran al Presidente, intentan destruir la principal industria del país, y su reacción es decretar una amnistía para todos los involucrados? ¿Es militarista un gobierno al cual critican de la manera más libre y en todos los tonos los medios de comunicación? Militarista es la oposición, que lleva una década predicando e intentando el golpe de Estado, que llegó al poder en hombros de oficiales renegados, que en pocas horas derogó la Constitución y destituyó a todos los funcionarios de elección popular, mantuvo un teletón golpista en la Plaza Altamira y se la pasa conspirando.


-¿Deberían investigarse las reiteradas denuncias contra altos jerarcas militares, presuntamente involucrados en carteles del narcotráfico?


-Toda denuncia debe investigarse, si parece tener elementos fundados. También debería investigarse a la DEA, por el hecho de que desde que se la expulsó del país, se han triplicado los decomisos de droga.


-El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray ha ratificado que su compañero del Consejo de Estado, José Vicente Rangel, sigue siendo el jefe de la tristemente célebre “Banda Los Enanos” que opera en el Poder Judicial venezolano. ¿Considera que las autoridades deben investigar esta denuncia o es que en la revolución también hay intocables?


-No hay que creer en cojera de perro, lágrimas de cocodrilo ni acusaciones de prófugo. Si Velásquez Alvaray tenía tantos señalamientos contra el Poder Judicial ¿por qué siguió en él, haciéndose supuestamente cómplice? Si juzgó a tantos compatriotas ¿por qué huye al ser acusado? ¿O es que en la contrarrevolución sólo hay intocables?


-Recientemente, el presidente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció que el gobierno prepara hechos violentos con el fin que no se realicen las elecciones presidenciales, y con el objetivo que la FAN tome el poder. ¿Qué tiene que decir al respecto?


-No veo por qué le podría convenir impedir elecciones a un gobierno que lleva una mayoría aplastante en todas las encuestas. Por el contrario, a una oposición que lleva todas las de perder sí le convendrían hechos violentos que suspendieran las elecciones, como pretexto para un nuevo golpe de Estado o una nueva invasión de paramilitares, como la que fraguaron en 2004 en vísperas de un referendo en el cual llevaban también todas las de perder.


-¿Tomando en cuenta que la oposición, a la luz de los recientes resultados electorales, representa la mitad del país, no cree usted que ese sector del país debió estar representado de alguna manera en el Consejo de Estado? ¿Es, por tanto, excluyente y sectario, ese organismo?


-No se puede tomar nada en cuenta si no se saben sacar cuentas. Según la última Encuesta IVAD, Chávez tiene un 78% de aprobación en marzo, y obtendría hoy 56,5% de los votos contra 26,6% para la oposición que apoya a Capriles. Esa oposición está representada más que adecuadamente en los cargos de elección popular, con marcada minoría en la Asamblea Nacional y en el conjunto de los gobiernos regionales. La oposición puede ser designada para cargos no electivos en función de coaliciones con las fuerzas de gobierno, y que yo sepa no existe ningún acuerdo de la oposición con el gobierno en este sentido.


-Hasta el momento otros países latinoamericanos cercanos al gobierno, tales como Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, entre otros, no se han pronunciado en el sentido de acompañar a Venezuela con su salida de la CIDH, ¿cuál es su lectura al respecto?


-Esos pronunciamientos no se hacen en dos días, pero son de esperar. En diciembre de 2011 un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana”, integrado por representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú, hace fuertes críticas a la Comisión, y la instó a reformar sus procedimientos. El ejemplo de Venezuela podría ser seguido por más países.


-Se ha dicho que al estar Venezuela fuera de la CIDH dejaría en la indefensión a ciudadanos fuera del país que consideren que sus derechos humanos están siendo violados ¿a qué organismos internacionales acudirían esos ciudadanos?


-Pues si son ciudadanos venezolanos y reconocen la soberanía de Venezuela, deberían acudir a los tribunales venezolanos.


-¿Podría ser imparcial una hipotética Comisión de Derechos

Humanos de los países del “Alba”, si de antemano se conoce el sesgo ideológico y político de ese organismo?


-¿Podría ser imparcial una Comisión de Derechos Humanos de la OEA, si de antemano se conoce el sesgo ideológico y político de ese organismo, y el hecho de que Estados Unidos le aporta más de la mitad de su presupuesto?


-¿Mantendrá usted una actitud crítica y vigilante en el Consejo de Estado o se plegará ciegamente al poder establecido?


-Ni antes ni ahora me he plegado ciegamente a ningún poder establecido, y la prueba son las demandas que he introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia contra tratados y actos de gobierno, y mis campañas contra leyes votadas por la Asamblea Nacional, como la que permitía privatizar ríos, lagos y lagunas.


-¿Cómo analiza el caso del ex magistrado Aponte Aponte quien ha hecho denuncias muy graves sobre narcotráfico y manejos políticos de la justicia en Venezuela?


-Bueno, esas denuncias incriminan al propio Aponte Aponte, y seguramente son un recurso para comprar el asilo, la inmunidad y la impunidad en Estados Unidos, donde toda denuncia contra Venezuela se paga a precio de oro o de impunidad.


-Desde la oposición se ha dicho que en Venezuela existe un “narco Estado” ¿qué responde ante esa grave acusación?


-Cada narco juzga por su condición. Deberían preocuparse por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas de todo el mundo.


- ¿Hay presos políticos en Venezuela?


-No. En Venezuela hay ciudadanos presos por las contravenciones previstas en las leyes penales y juzgados por los tribunales, con todos sus derechos a la defensa respetados.


-¿Recibió usted becas, premios, reconocimientos y algunos otros beneficios en la llamada “Cuarta República” o los rechazó?


-No tuve becas ni beneficios durante la Cuarta República, ni tampoco ahora. Viví de una cátedra universitaria ganada en concurso de oposición cuyo jurado fue presidido por Manuel García Pelayo. Durante la Cuarta República recibí algunos premios literarios menores, con remuneración monetaria insignificante o sin ella, después de que ya había obtenido los galardones más acreditados en el exterior. He podido crear toda mi obra de 68 títulos trabajando en otra cosa para mantenerme. Una vez Gustavo Tarre Murzi me ofreció una asignación de varios miles de dólares para que pudiera dedicarme a escribir, que rechacé, no porque sea malo que el Estado ayude al creador, sino porque estoy acostumbrado a vivir de mi trabajo.


-¿Aunque se sabe que el cargo de miembro del Consejo de Estado no es remunerado, ya le ofrecieron a usted vehículo asignado, chofer, escoltas, celulares, etc, o está dispuesto a renunciar a esos símbolos externos del poder?


-Ni lo uno, ni lo otro, ni todo lo contrario. Soy un ciudadano de a pie, no uso celular ni voy armado.


-¿Qué opina de la incorporación al Consejo de Estado del escritor Earle Herrera, su compañero de muchos años en la actividad cultural venezolana? ¿Ambos representarán la cuota del humor y la cultura que tanto le hace falta al país?


-Me alegra mucho; tenemos una comunidad de ideales en la que no necesariamente hay unanimidad. En Venezuela hay muchísimo humor, porque según las encuestas somos el quinto país más feliz del mundo, y ahora que uno de cada tres venezolanos estudia y la mitad de los venezolanos leen libros y somos el tercer país lector de América Latina, evidentemente hay cada vez más cultura para todos.

TODO LO QUE USTED QUERÍA SABER SOBRE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA OEA / Pero no se atrevía a preguntar

-¿Qué son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, ente con sede en Washington dedicado fundamentalmente a validar las políticas de Estados Unidos, el cual paga la más de la mitad de su presupuesto.

¿La Comisión y la Corte Interamericana de la OEA defienden los Derechos Humanos?

-Sólo si los viola un Estado. Si los violan un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.

¿La Comisión Interamericana es imparcial?

-Ni remotamente. Durante las décadas horribles de la Cuarta República, cuando había masacres, campos de concentración, torturas, miles de desaparecidos y suspensiones de garantías que duraban años, la Comisión procesó sólo seis denuncias, una de ellas interpuesta por el terrorista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada Capriles. Durante la década del gobierno bolivariano, cuando todas esas prácticas desaparecieron, la Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.

¿La Comisión y la Corte son eficaces?

-Sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara.

¿La Comisión Interamericana acoge denuncias válidas?

-En su Informe de 2011 para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio Estatuto le prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos, que su Estatuto exige para admitir denuncias. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Incluso objeta proyectos de leyes, cuya sanción depende de la Asamblea Nacional, y no de una oficina en Washington.

¿La Comisión está prejuiciada contra Venezuela?

-En el citado Informe nos colocan junto a Colombia, Honduras y Haití, como países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. Asimilarnos a países ocupados por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en guerra civil es una torpe injuria.

¿Quién paga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana?

La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Estados Unidos aporta anualmente unos $44,2 millones, más de la mitad del presupuesto de aquella. El National Endowment for Democracy (NED) sufraga con cantidades todavía no precisadas pero que deben ser sustanciales una miríada de ONGs que fraguan incontables acusaciones contra Venezuela. Esos jugosos estipendios podrían verse reducidos a iniciativa del congresista Connie Mack, de Florida, para quien “La OEA es una organización en América Latina que ha fracasado” (AFP, 3-5-2012). Por la plata baila el perro, y por el dólar acosa a Venezuela la Comisión Interamericana.

¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada por organismos que no reconocen su soberanía?

-Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución establece que “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República (…) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Así como puede celebrarlos, puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha norma pauta que “Corresponde a la Asamblea Nacional: (…) 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. Así como aprueba su celebración, puede aprobar su denuncia.
¿Sólo Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana?
En el Informe del "Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana", de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es desdeñable que tantos y tan importantes países ordenen a un organismo que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe.

-¿Si nos salimos de la Comisión y de la Corte quedaremos aislados?

-Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.
FOTO/TEXTO: Luis Britto
Libros de Luis Britto en Internet:

Rajatabla: http://www.monteavila.gob.ve/

Dictadura mediática en Venezuela: http://www.minci.gob.ve/

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HAY PLANES CONSPIRATIVOS CONTRA LA REPÚBLICA: Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado

PANORAMA/ Miércoles 02 de mayo de 2012 11:26 AM
Yesibeth Rincón / Maracaibo

Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, señaló que hay una “conspiración de alto nivel” contra el país.
El historiador y académico Luis Britto García considera “un honor” que un “ciudadano de a pie”, como se describe a sí mismo, integre el Consejo de Estado, instancia con funciones consultivas que tendrá el Ejecutivo y sobre el que existía una mora constitucional de más de 12 años.

Britto, doctor en derecho, evaluará, como primera tarea, junto con el Presidente, el vicepresidente y el periodista José Vicente Rangel, la salida de Venezuela de la Cidh. Ayer, conversó, vía telefónica con PANORAMA, sobre esta instancia.

— ¿Cuáles son las tareas que va a tener el Consejo de Estado?

— El Consejo de Estado es un órgano previsto en la Constitución, no se tiene que confundir con el Consejo Federal de Gobierno. Es una instancia consultiva integrada por el Presidente y vicepresidente, pero además tiene un miembro designado por el TSJ, otro por la AN y los otros nombrados por el Presidente. Sus funciones son consultivas, preparar informes sobre los casos que le consulten los poderes públicos, en especial el Ejecutivo; diseñar sugerencias sobre políticas. No tomaremos decisiones, vamos a recomendar o señalar determinados cursos de acción al Ejecutivo y él decidirá si se acoge a los señalamientos.

— ¿Cuándo tendrán la primera reunión con el vicepresidente?

— Todavía no lo sé, porque éste es un órgano nuevo, que estaba en la Constitución pero no se había habilitado. No sé cuándo comenzará a funcionar ni con cuánta periodicidad, eso lo decidirán el Presidente y el vicepresidente. Es más, sus funciones son ad honorem.

— ¿Por qué cree que este consejo no se había creado antes?

— No lo sé, todavía hay muchos mandatos de la Constitución que se vienen a articular con mucho retraso. Muy fundamental era la Policía Nacional y sin embargo eso vino a crearse como una década después. Creo que también es el caso de este órgano, me parece muy bien que se haya decidido ponerlo a funcionar y para mi es un honor.
— El Presidente habló de un plan conspirativo y de desestabilización, ¿es por eso que se pone a funcionar esta instancia?
— No necesariamente. Hay planes conspirativos de gran magnitud instaurados contra la República, por ejemplo, un posible golpe judicial a través de cortes internacionales. Eso es una conspiración de alto nivel que en este momento se está ejecutando contra Venezuela y justamente dentro de la primera petición que le hace el Presidente a este organismo está cómo salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, que está avanzando este tipo de iniciativas contra el país.

— ¿Y qué significa para el país salir de la Cidh y de la Corte IDH?
— Esa decisión tendría que ser decidida por una mayoría de la Asamblea Nacional porque el Parlamento ratificó el Tratado por el que nos sometimos a eso y la Asamblea debería también hacer lo que se llama la denuncia del Tratado. Una vez que sea denunciado van a seguir las causas en curso, pero únicamente por el lapso de un año, lo que no se podrá es introducir nuevas causas contra Venezuela. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que nos saliéramos? EE UU nunca ha pertenecido o ha estado bajo la jurisdicción de la Corte o de la Cidh y no le ha sucedido nada. Canadá tampoco ha suscrito un acuerdo que lo someta a estos organismos y no le ha pasado nada.
— ¿Salir de la Cidh implicaría salir de la Corte y además de la OEA?
— De la OEA no necesariamente. Esos son organismos jurisdiccionales. EE UU está en la OEA y no se somete a la Cidh ni a la Corte. Seguiríamos en la OEA, aunque es un organismo cada vez más desacreditado por sus mismas políticas de destrucción contra los países no afectos a Estados Unidos. En la Cumbre de Cartagena hubo una cantidad de países que no asistieron, algunos por ser discriminados por ese sistema, como Cuba; y otros por solidaridad.
— Usted dijo que esa Corte está prejuiciada contra Venezuela, ¿de qué manera?
— La Corte en las actuaciones que ha tenido ha demostrado un extraordinario prejuicio contra nuestro país. Durante todas las violaciones de derechos humanos de la cuarta república apenas procesaron seis denuncias y actualmente tiene en curso 66 denuncias contra Venezuela, eso es absolutamente desproporcional. Por otro lado, admiten denuncias sin tener precisado el nombre de las supuestas víctimas, basadas en rumores y notas de prensa; denuncias sobre las cuales no se ha pronunciado la jurisdicción interna venezolana. Para evitar que haya fallos contradictorios en una corte internacional tienes que esperar a que el país tenga una sentencia firme y definitiva, pero no, ellos se ponen a admitir denuncias sobre casos que la justicia venezolana no ha resuelto, creando contradicciones. Por lo tanto, tenemos que salir de ese organismo que no reconoce la soberanía de Venezuela.

— ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ahora?
— Se eleva la solicitud a la AN, el Parlamento la considerará y si lo cree pertinente sancionará el Tratado.

— ¿Se votaría por mayoría absoluta o simple?

— Sería simple porque así como no se exige una mayoría absoluta para la ratificación del Tratado tampoco se debe pedir esa mayoría para separarnos de la instancia.

NOTICIA
En la Gaceta Oficial número 39.912 del lunes 30 de abril que circula el día este miércoles, se designa como integrantes principales del Consejo de Estado a José Vicente Rangel, Roy Chaderton, Germán Mundaraín, Carlos Rafael Giacopini y Luis Britto García.

Como miembros suplentes del Consejo figuran Imelda Rincón, Soraya E Achkar, Miguel Ángel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Rafael Martínez Barrios.

El pasado 30 de abril, el primer Mandatario Nacional encomendó al vicepresidente Elías Jaua “presidir el Consejo de Estado. Me corresponde a mi hacer algunas designaciones, he pedido al doctor Rangel que se incorpore, he pedido al doctor Britto García que se incorpore”.

El Consejo de Estado, establecido en el artículo 251 de la Constitución de 1999, “es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional” encargado de estudiar “asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión“.

RETIRARNOS DE INMEDIATO DE LA TRISTEMENTE CÉLEBRE COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

HUGO CHÁVEZ FRÍAS, "ALÓ PRESIDENTE" DEL 30 DE ABRIL DE 2012.

Quería hacer estos comentarios, por cierto de la misma forma antes de darle el Pase a María  Cristina, antes que continuen en el Acto de Condecoraciones, quiero, felicitar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, sin excepción, ensu Día, y especiaalmente, a quienes están recibiendo los merecidos reconocimientos, y condecoraciones el día de hoy.
Pero quería referirme también a esto, y darles algunas reflexiones.
Otro venezolano que siempre está insistiendo en este tema, el Dr. Luis Britto García. Y ayer estaba yo leyendo esta columna, "Entre Jueces te veas".
Recomiendo su lectura. En verdad, dice por ejemplo Britto García, será entonces una casual casualidad que en denuncia ante la Corte Penal Internacional, de La Haya, el 21 de noviembre de 2011, algún venezolano repita lo siguiente, " en especial el Poder Judicial está de rodillas ante el Jefe del Estado y del Gobierno, tal y como lo certifican reconocidas organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos ".

Esa es una de las consejas que sigue recorriendo el Mundo, que aquí no hay autonomía de Poderes. Que aquí no hay Poder Judicial.

Luego, se refiere al caso de este exmagistrado, que se fue, se fugó del país, de la Justicia, y ahora está protegido por el Gobierno de los Estados Unidos.

Bien, luego dice Britto, para terminar. “Son confesiones que acarrearían largas condenas en un juzgado venezolano. En un tribunal estadounidense o internacional, donde los testimonios se compran como acciones bursátiles, serán premiadas con inmunidad, impunidad y no extradición”. Y entonces, termina haciéndose las siguientes preguntas... “¿Qué hacemos sometidos a Cortes a las cuales no se somete Estados Unidos y que sólo estiman acciones Imperiales ? ¿ Y qué hacemos confiriendo poder sistemáticamente a apátridas, delincuentes y trásfugas sin ideología, obra ni trayectoria ? La culpa no la tiene el juez sino quien le da el garrote”. Termina diciendo Luis Britto García. Y él se refiere en distintos artículos, a la tristemente célebre, entre otras, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco, por fin, aprobamos la Ley, del Consejo de Estado, y corresponde al Vicepresidente Ejecutivo, como manda la Constitución, presidir al Consejo de Estado. Me corresponde a mí a hacer algunas designaciones. He pedido al Dr. Rangel, por ejemplo, que se incorpore al Consejo de Estado. He pedido al Dr. Britto García que se incorpore al Consejo de Estado.

¡No sé todavía si ellos se van a incorporar! Mis recomendaciones, ¡ Sí, José Vicente Rangel, te incorporas al Consejo de Estado! Bien. (Aplauden aplauden aplauden).

Además, de los miembros que señala, de manera directa y explícita la Constitución Nacional, la Asamblea nacional debe designar miembros, el Tribunal Supremo de Justicia, los Gobernadores en colectivo. Ahora, yo pido, al Señor Vicepresidente que aceleremos la instalación de este Consejo de Estado, y como Jefe del Estado, lo primero que le voy a pedir a este Consejo de Estado, es el estudio, repito, acelerado, Señor Canciller, y la recomendación al Jefe del Estado, para retirarnos de inmediato, de la tristemente célebre Comisión Interamericana, de Derechos Humanos.

(Aplauden aplauden aplauden) ¡ Ya basta ! (Aplauden) ¡ Ya basta ! (Aplauden).

¿ Hasta cuándo nosotros vamos a estar, con esa espada de Damocles ?

¡Como Britto García lo ha explicado muy bien!

El primer pais que desconoce esa Comisión Interamericana, son los Estados Unidos! Y que en verdad funciona en Washington, y es un mecanismo que usan los Estados Unidos, contra nosotros. ¡Hace rato ya que hemos debido irnos de esa Comisión ! Por eso es que le pido al Consejo de Estado que se instale, mientras más pronto mejor, digo en los proximos días, no digo semanas, y que me de una recomendaión bien sustentada, y un documento para la Historia, y además, además, que enviemos ese documento a los Gobiernos del mundo! ¡Primero, alos de este Continente, a todos los Gobiernos. de la CELAC, del ALBA, de UNASUR! ¡Exponiendo nuestras razones, porque bastantes razones tenemos, bastantes, y desde hace mucho tiempo!

¡Hay que recordar el 2002 ! El 12 de Abril, exactamente, yo prisionero, un poco de personas se dirige a esa Comisión, pidiendo que se resguarden mis Derechos, etc., etc. Y la Comisión lo que hace es responderle al Excelentísimo Gobierno de Carmona! Por alló está el documento! ¡Lo dejaron por aquí! ¡Cuando se fueron corriendo, para allá, y aquí dejaron papeles, el whiskie y la champagne, y la banda de Carmona, que la dejaron ahí! Creo que se la llevaron, y la quemaron con un Judas, por ahí, en la Semana Santa del 2002. Entonces, dejo en manos del Canciller y del Vicepresidente esta solicitud. ¡Nosotros tenemos que seguir reivindicando y construyendo, la plena Independencia nacional! ¡ Somos Independientes ! (Aplauden aplauden)
¡Venezuela es un pais Independiente ! (Aplauden, aplauden, aplauden, aplauden).
Bien. Yo debo retornar hoy a La Habana. He enviado la solicitud a la Asamblea Nacional, y espero que sea aprobada en las próximas horas. Para retornar en las próximas horas a La Habana, ya estamos como en la recta final, del tratamiento correspondiente de radioterapia, como les dije hace un rato, pues, no son días fáciles éstos, pero guerreros somos para enfrentar la adversidad. Y con la fe en Dios y en Cristo redentor, y con ese amor inmenso del pueblo venezolano, y con esta voluntad de luchar, de vivir, de vencer, nosotros saldremos adelante ¡Saldremos adelante! ¡Viviremos y Venceremos!

ENTRE JUECES TE VEAS

1
No hay comedia sin guión. Es raro el improvisador genial; el mediocre no pasa del apuntador y el teleprompter. En el sainete que la oposición monta en las cortes internacionales para condenar a Venezuela los guiones están escritos, con todo y trampas. Así, el 25 de septiembre de 2009, violando el artículo 46. a. de la Convención Americana (que le prohíbe conocer de casos que no hayan sido resueltos por los tribunales internos) la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acoge una denuncia de Allan Brewer Carías. Para excusar esta grosera infracción de su propio estatuto, la Comisión recomienda a Venezuela “1.Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial, reformando a fin de fortalecer los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales, con el objeto de garantizar la protección judicial establecida en la Convención”. O sea, el poder judicial venezolano no sería independiente, y la Comisión y la Corte Interamericana deberían suplantarlo.


2

¿Será entonces una casual casualidad que en denuncia ante la Corte Penal Internacional de la Haya el 21 de noviembre de 2011, Diego Arria repita: “En especial, el Poder Judicial está de rodillas ante el Jefe del Estado y del Gobierno tal y como lo certifican reconocidas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos”? Siguiendo el guión mal aprendido, afirma en esa fecha a Roberto Giusti que “Incluso la Sala Penal de la Corte del TSJ ha elaborado legislación (sic) según la cual hasta el tráfico de drogas se considera delito de lesa humanidad”. Diego Arria, abogado y “gente pensante”, debe saber que un Tribunal Supremo de Justicia no elabora “legislación”, sino sentencias. Algún bachiller repitiente de la Facultad de Derecho redacta los alegatos de la oposición; precandidatos y cortes internacionales los repiten sin reflexionar.


3

Por eso tampoco suena a mera coincidencia que Eladio Aponte Aponte, juez fugado de Venezuela para evitar ser enjuiciado, repita en abril para la televisora estadounidense SOITV: “El poder judicial da la autonomía que no hay, o sea como un poder independiente. Eso es una falacia”. E interrogado sobre la independencia de los poderes en Venezuela, memoriza: “Yo creo que no hay tanta independencia”. Sus declaraciones vienen como anillo al dedo para organismos internacionales que sostienen que nuestros tribunales no son autónomos y ellos deben redactarles las sentencias.


4

Una declaración vale tanto como el testigo que la formula, y Aponte Aponte vale menos que nada. Juez, huye del país “para despejarme”, o sea, para no ser juzgado. Reconoce que expidió al narcotraficante Walid Makled un carnet de fiscal militar. Admite que como presidente de la Sala Penal del TSJ manipulaba decisiones “…si había dinero por ese lado. Lo que pasa es que a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba”. Preguntado si apoyó la remoción de jueces que no consentían en ello, contesta: “Sí lo apoyé”. Interrogado si favoreció al narcotráfico, confiesa “Solamente en un caso que me acuerdo ahorita”. Afirma que el director de la Oficina Nacional Antidroga apoya el tráfico, pero la evidencia “Ahorita no la tengo”. Y amenaza que escribirá “mis memorias”.


5

Son confesiones que acarrearían larga condena en un juzgado venezolano. En un tribunal estadounidense o internacional, donde los testimonios se compran como acciones bursátiles, serán premiadas con inmunidad, impunidad y no extradición ¿Qué hacemos sometidos a Cortes a las cuales no se somete Estados Unidos, y que sólo legitiman acciones imperiales? ¿Y qué hacemos confiriendo poder sistemáticamente a apátridas, delincuentes y tránsfugas, sin ideología, obra ni trayectoria? La culpa no la tiene el juez, sino quien le da el garrote.


Libros de Luis Britto en Internet:

Rajatabla: http://www.monteavila.gob.ve/

Dictadura mediática en Venezuela: http://www.minci.gob.ve/

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