domingo, 6 de octubre de 2013

LAS TAREAS REVOLUCIONARIAS DE LA ULTRADERECHA


    Hace una década escribí que en su desesperación por recuperar un poder que no supo merecer ni conservar, la ultraderecha es el motor fundamental de los avances revolucionarios.
      Con  ilimitada voracidad, la reacción impuso en América Latina y el Caribe Paquetes del Fondo Monetario, contra los cuales se rebelaron movimientos sociales que instauraron gobiernos progresistas, los que  controlaron  las empresas explotadoras de recursos naturales
      La ultraderecha patronal de Fedecámaras implicó al sector reaccionario del ejército en un golpe de Estado cuyo fracaso permitió el saneamiento de la oficialidad.
      La reacción impulsó asimismo a la Nómina Mayor de Petróleos de Venezuela a sabotearla y abandonar el trabajo por tres meses, logrando así  entregar la empresa a los progresistas.
      La reacción usó y abusó de tal forma de unos medios convertidos en actores políticos, que forzó al campo revolucionario a empezar a controlarlos mediante la Ley Resorte, y a crear un significativo sector de medios de servicio público, comunitarios y alternativos.
      La sumisión de la ultraderecha a Cortes de Arbitraje Internacional tales como el CIADI que siempre favorecen a las transnacionales y condenan a los países en desarrollo forzó a Venezuela a retirarse de esas trampas cazabobos.
     A fuerza de abusar de demandas temerarias ante la prejuiciada Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la reacción también logró  que Venezuela se retirara de ese tribunal de linchamiento. 
     Derrotada en lo político; desorientada en lo social, inexpresiva en el cultural, la ultraderecha se empecina en forzar  los cambios revolucionarios mediante la Guerra Económica.
      Por ejemplo, al estafar al Estado desfalcándole más de 20.000 millones de dólares al cambio preferencial, que sólo se aplicaron en importaciones ficticias, la reacción posibilita que el Estado repare el tambor rasgado de las reservas internacionales resarciéndose mediante la expropiación masiva de los chivos  que monopolizan las importaciones.
      Si, según señala Manuel Sutherland, el sector estatal genera el 97% de las divisas que ingresan, y el sector privado  sólo exporta para ingresar un magro 3% de ellas, la Guerra Económica del sector privado contra el gobierno podría forzar a éste a no seguir transfiriéndole magnitudes como  los 317.092 millones de dólares preferenciales  traspasados entre 2003 y 2012.
     Al inventar estafas y triquiñuelas para obtener cupos de divisas que no se destinan a la finalidad prefijada, la reacción ha sentado las bases para que se diseñen mecanismos de control efectivo sobre las remesas para familiares imaginarios en el extranjero, sobre los raspacupos que cobran para viajes fantasmas, sobre los espectáculos musicales rumbosos que obtienen fortunas para cubrir gastos inexistentes.
     Al lograr del Estado  transferencias anuales  que rondan los 43.000 millones de dólares  preferenciales y provocar de tal manera un déficit fiscal que desencadenó  devaluación, especulación y desabastecimiento estratégico, la ultraderecha fuerza una Reforma Tributaria que imponga al gran capital tasas por encima del moderado  límite del 34% del ISRL.
         Al morder la mano que la alimenta con dólares preferenciales, la reacción está empeñada en que el Estado dedique esas magnitudes a fomentar industrias productivas internas para el consumo básico.
         Al convertir las importaciones fraudulentas en el mecanismo fundamental para exaccionar del Tesoro  las divisas que no puede producir mediante las exportaciones, la derecha pavimenta el camino para que el Estado asuma directamente la gestión de las importaciones.
        La ultraderecha transnacional, que en virtud de  los Tratados contra la Doble Tributación se enriquece en Venezuela sin prácticamente tributar, gracias a su Guerra Económica puede lograr que denunciemos esos tratados y la obliguemos a pagar impuestos como todo el mundo.
         La Guerra Económica de desangramiento por contrabando de extracción de gasolina y de alimentos subsidiados no  deja al Estado más opción que controlar eficazmente la frontera y de paso desarticular la infiltración paramilitar que suplanta  al  hampa criolla, domina gran parte de la economía informal, compra empresas de transporte y políticos y asesina dirigentes sociales. 
Con el atentado contra Eduardo Samán, director del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), la ultraderecha culmina su  tarea de advertir a las fuerzas progresistas que si no la vencen serán exterminadas.   
 (FOTO/TEXTO: LUIS BRITTO)

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