martes, 20 de agosto de 2013

LUIS BRITTO DENUNCIA GOLPE JUDICIAL

Correo del Orinoco|18  Opinión Libre|Nº 1.415 |MARTES 20 DE AGOSTODE 2013| 
Aviso ante el recinto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica. (Foto: Luis Britto)

LUIS BRITTO DENUNCIA GOLPE JUDICIAL  
POR: Julio Escalona 
La denuncia de Luis Britto es tan grave, que después de leer su artículo, decidí sumarme a él: es posible una acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela por la irresponsabilidad de funcionarios venezolanos.  
Para el 10 de mayo de 2012, denuncia Luis, estaba lista la decisión de los poderes públicos venezolanos para retirarnos de dicha corte y quedar al margen del golpe judicial.  “¿Por qué no nos hemos retirado de la jurisdicción de esos  tribunales extranjeros que no reconocen nuestra independencia?”, pregunta Luis, y que desde 1999 “en 13 sentencias relativas a nuestro país lo condenó 12 veces”. Agrega que como el retiro de la CIDH tarda un año en hacerse efectivo “desde el pasado 10 de mayo de 2013 estuviéramos libres de esa pesadilla. Pero no: un Poder sin nombre ni rostro, el de la Gaveta Voraz, mantuvo inoperante esa decisiva y urgente decisión de los Poderes Soberanos de Venezuela hasta que, a instancias de artículo que publiqué el  12-8-2012, por fin fue enviada el 6 de septiembre de 2012, con 107 eternos días de retraso”. Entonces hasta el 6 de septiembre de 2013 estamos expuestos “a que se inicien procesos en contra nuestra”.  
Es un requisito de la CIDH, que para aceptar una demanda generada en cualquier país de la región, ella debe haber agotado las instancias nacionales, pero “también con inusitada premura el Tribunal Supremo de Justicia rechaza este 7 de agosto por extemporáneas las demandas interpuestas contra las elecciones del 14 de abril, justo a tiempo para que puedan ser apeladas ante la misma Corte Interamericana antes de que quedemos liberados de ella el 6 de septiembre. Vale decir, más tardó la Gaveta Voraz escondiendo el oficio que nos libertaría de la Corte Interamericana de la OEA, que el TSJ en redactar la sentencia que posibilita que las elecciones venezolanas, y el Presidente nombrado por el pueblo en ellas, queden sometidas a una Corte que siempre decide contra Venezuela”… “Gracias TSJ, por favor concedido”. 
 El daño causado es grave. ¿Quedará en la impunidad? Es una de las formas de la corrupción. 
 
julio.escalona99@yahoo.com  Nueva York / Estados Unidos




lunes, 19 de agosto de 2013

LUIS BRITTO GARCÍA: "TODOS LOS PRESIDENTES HAN TENIDO HABILITANTES"


Mairuska Parra
lunes 19 de agosto de 2013 06:20 AM
www.panorama.com.ve
Yesibeth Rincón / Maracaibo
El intelectual, historiador y doctor en Derecho de la UCV, Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, expone su punto de vista sobre la reforma a la Ley contra la corrupción, planteada por el presidente, Nicolás Maduro.

—¿Qué leyes tendrían que modificarse en la lucha contra la corrupción?
—Se podría hacer, y se está haciendo ya, mucho con las leyes que existen. Una lucha contra la corrupción podría abarcar todos los poderes (...). El Poder Legislativo podría hacer revisiones para ampliar las competencias de los órganos en un conjunto de leyes, entre otras, en la Ley orgánica de hacienda pública nacional, Ley orgánica de la Contraloría General de la República, Ley orgánica de la Procuraduría, Ley orgánica de la Fiscalía, Ley orgánica de la administración descentralizada, y además otras leyes referentes al orden financiero, presupuestario, para que se amplíen las competencias legales y dotar de mejores recursos a este conjunto de entes. Habría que habilitar al Poder Judicial, fortalecer la escuela de la judicatura y atribuirle poderes, competencias al sistema judicial para perseguir de manera más expedita la corrupción, sobre todo para impedir que a través de medidas cautelares los corruptos o delincuentes financieros salgan libres por formalismo jurídico.

—El Ejecutivo se ha puesto como prioridad esta materia, ¿qué se puede lograr desde allí?
—El Poder Ejecutivo debe ejercer un mayor control en sus dependencias por eso es muy importante la Ley de simplificación de trámites administrativos, que es una ley que ya existe y que sería beneficiosa su aplicación, porque generalmente cuando los trámites se complican aparecen los gestores y eso genera corrupción.

—Se han observado detenciones en el Seniat, Cadivi y el Saime, por hechos de corrupción...
—Eso es una muestra de que sí se están tomando medidas efectivas, eso me parece muy bueno.

—¿Pero en cuánto avanzará el Gobierno nacional en esta lucha anticorrupción?
—Yo espero que sea total, porque la corrupción es un flagelo muy grave que termina acabando con los gobiernos. La “cuarta República” se devoró a sí misma a través de la corrupción. Todo gobierno y administración debe cuidarse de ese final.

—Si existe un Consejo de Estado, ¿por qué llamar a una Habilitante?

—Porque un Consejo de Estado es un órgano consultivo, da opiniones sobre lo que el Presidente o Vicepresidente le consultan, opiniones no vinculantes. Para que esas opiniones se ejecuten hace falta una reforma legal que dé mayores poderes al Estado. Lo primero es aplicar las leyes que tenemos pero algunas de ellas son insuficientes.

—¿Qué papel tendría el Consejo de Estado en la Habilitante?

—No tengo poderes para hablar en nombre del Consejo, pero a petición del Presidente y Vicepresidente debe proponer medidas.

—¿Y era necesaria una Habilitante?
—Podría ser porque la situación es grave y aquí todos los presidentes que yo he conocido han tenido facultades extraordinarias, no veo por qué Maduro sea el único que no. Los debates parlamentarios pueden durar mucho tiempo sobre una ley.

—¿Qué se tiene que cambiar en la Ley anticorrupción?

—Yo diría que no es una sola ley sino un conjunto de leyes, habría que modificar también el Código Orgánico Procesal Penal, que da unas ventajas a los delincuentes enormes, y en el caso de los delincuentes contra el Fisco se deberían disminuir o eliminar. La Ley orgánica de la Procuraduría tiene la potestad de rescatar los bienes que hayan sido sustraídos a la República y esas facultades se deben ampliar. Hay que hacer un conjunto de reformas legislativas o englobarlas todas en un solo corpus que vendría a ser la Ley anticorrupción.

—¿Por qué cuando se pone la lupa en la corrupción en la oposición se centra en Primero Justicia?
—Porque es el partido más importante de oposición numéricamente y allí hay más tela donde cortar. No es que exista una política de hostigar a organizaciones opositoras porque hay una gran cantidad de funcionarios que han caído, están siendo enjuiciados y castigados.

—La oposición dice que es persecución política...

—Igualmente pueden decir que hay una persecución política contra los funcionarios del Gobierno que están presos. En este caso algunos señalados de PJ tienen pruebas que son demoledoras e incontestables.

—¿Qué opina de la pena máxima que plantea el Presidente?
—Eso lo tendría que decidir el Poder Legislativo que es el que impone, a través de la ley penal, las penas, eso implica una reforma a la Ley del Código Penal. La cuantía de esa pena sería por un hecho grave (...).

—Si no se logra la mayoría en la AN para la Habilitante, ¿qué otras vías habría?
—Se procede a través de la reforma puntual de las leyes, reformas que haría la Asamblea valiéndose de su mayoría, se dictaría una Ley anticorrupción, en muchos casos son reformas de artículos puntuales, no es que vayan a redactar la ley de principio a fin. (...) La oposición debería considerarlo porque ellos también acusan al Gobierno de corrupción y una ley como esa le convendría también a ellos. Es sospechosa una oposición que estuviera cuadrada con la corrupción.

domingo, 18 de agosto de 2013

¡ARRANCÓ EL GOLPE JUDICIAL EN VENEZUELA!


1
Hace tiempo denuncio que contra Venezuela está en marcha un golpe judicial como el que depuso al presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo. El 10 de enero de 2011 escribí que a instancias del terrorista Tor Halvorsen “La Corte Interamericana contradijo  la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las ganó”. Año y medio después esa profecía se hace realidad. El candidato  derrotado en las elecciones anuncia el 7 de agosto de 2013 que la oposición recurrirá ante  tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos para que éstos, y no el pueblo venezolano, decidan quién es el Presidente de Venezuela.
2
¿Por qué no nos hemos retirado de la jurisdicción de esos  tribunales extranjeros que no reconocen nuestra Independencia? ¿Quiénes son responsables de que la soberanía de Venezuela pueda ser todavía arrastrada ante órganos jurisdiccionales que, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a partir de 1999 en trece  sentencias relativas a nuestro país lo condenó doce veces? Hay que repetir que en forma unánime, los Poderes que ejercen la soberanía de Venezuela han manifestado la voluntad de la Nación de no someterse a esa suerte de tribunal de linchamiento. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003  sentenció que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros, tales como la CIDH, no son aplicables en Venezuela si contradicen la ConstituciónPlanteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores”. Y en sentencia N° 1942/2003 concluyó: “Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”(Subrayado en la sentencia). Y  en definitiva decide que procede denunciar la Convención Interamericana: “Igualmente con base en el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha ocurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo objeto de la presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta institucional y competencialmente en el aludido Tratado. Así se decide”.
3
El Presidente Hugo Chávez Frías sostuvo en  Consejo de Ministros de fecha 17 de septiembre de 2011, ante Evo Morales,  que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “no vale nada y forma parte del pasado”. Y el 10 de mayo de 2012 nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, que nos somete a tales organismos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial expresaron así la decisión unánime de Venezuela de recuperar la plenitud de su soberanía.
4
Entre esa decisión de los tres poderes y nuestra soberanía se interpuso un cuarto poder sombrío. Vimos que la denuncia de la Convención Americana por la Asamblea Nacional ocurrió el 10 de mayo de 2012. El retiro de la CIDH tarda un año en hacerse efectivo. De haberse comunicado la denuncia el mismo día que fue aprobada, desde el pasado 10 de mayo de 2013 estuviéramos libres de esa pesadilla. Pero no: un Poder sin nombre ni rostro, el de la Gaveta Voraz, mantuvo inoperante esa decisiva y urgente decisión de los Poderes Soberanos de Venezuela hasta que, a instancias de artículo que publiqué el  12-8-2012, por fin fue enviada el 6 de septiembre de 2012, con 107 eternos días de retraso. Gaveta mata poderes.
5
El efecto de tan providencial y estratégico  retardo es que hasta el 6 de septiembre de 2013 seguimos expuestos a que se inicien procesos en contra nuestra ante las prejuiciadas Comisión y Corte de Derechos Humanos de la OEA. En circunstancias normales, ello no hubiera significado mayor riesgo. De acuerdo con el artículo 46 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, “1.    Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.  Vale decir, se requiere que  el más alto tribunal nacional haya sentenciado el caso. Y una decisión del TSJ por lo regular toma tiempo. Cerca de seis años lleva sin decidir una causa sobre equipos incautados a RCTV. Según expresa  en el diario La Verdad del 27-4-2013, el  constitucionalista José Vicente Haro, “el camino de la impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año”. Cada vez que he litigado ante el TSJ, la decisión ha tardado un lapso similar o mayor. En circunstancias normales, el fallo se produciría mucho después de que hubiéramos escapado del poder de la Corte Interamericana.
6
Pero en Venezuela nada es normal. Así como fue anormalmente largo el retardo de 107 días en comunicar la denuncia de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos que nos somete a la CIDH, también con inusitada premura el Tribunal Supremo de Justicia rechaza este 7 de agosto por extemporáneas las demandas interpuestas contra las elecciones del 14 de abril, justo a tiempo para que puedan ser apeladas ante la misma Corte Interamericana antes de que quedemos liberados de ella el 6 de septiembre. Vale decir, más tardó la Gaveta Voraz escondiendo el oficio que nos libertaría de la Corte Interamericana de la OEA, que el TSJ en redactar la sentencia que posibilita que las elecciones venezolanas, y el Presidente nombrado por el pueblo en ellas, queden sometidas a una Corte que siempre decide contra Venezuela, y de la cual todos los Poderes han decidido retirarse. Gracias TSJ, por favor concedido.
7
¿Podría una sentencia de la Corte Interamericana anular nuestras elecciones? El artículo 1 de la Carta de la OEA dispone que los países adhieren a dicho ente para   “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. No podría  una Corte de la OEA acabar con la independencia y soberanía de países miembros, pero es justamente lo que ha intentado hacer durante una década al decidir 12 de 13 casos en contra de nuestro país. Una decisión de tal índole pretendería ilegitimar al Presidente, declarar a Venezuela Estado forajido y justificar golpes de Estado internos e invasiones externas. Así han empezado las intervenciones militares imperiales en las últimas décadas.
8
En defensa de Venezuela debemos empeñar todos los recursos legales y de información. No es posible que a la Agencia del Estado para los Derechos Humanos vuelvan a faltarle viáticos y pasajes para asistir a audiencias de comisiones o cortes internacionales porque alguna Gaveta Voraz los traga o los retrasa. Debemos convocar a todo el cuerpo diplomático acreditado en el país para explicar nuestra posición,  encomendar a nuestras misiones en el exterior divulgarla, y desarrollar campañas mediáticas sobre el particular. Debemos hacer frente común con los 18 países que han formulado duras y pertinentes críticas a la Comisión y a la Corte Interamericanas, y particularmente con los presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Debemos movilizar la diplomacia del Alba, de Unasur, del Mercosur y de la Celac en rechazo de una posible sentencia condenatoria. Estamos ante una batalla jurídica gravísima y de consecuencias incalculables. Debemos obrar en consecuencia, sin Gavetas Voraces dilatorias ni prisas inexplicables.
FOTO/TEXTO: LUIS BRITTO

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