domingo, 21 de julio de 2019

BACHELET: CON LA VARA QUE MIDAS


Luis Britto García 

1
Con la vara que midas, serás medido, dice el Evangelio. Prevalece en ciertos comunicadores y  supuestos defensores de Derechos Humanos la idea de que pueden hacer lo que se les antoje.  Quienes exigen de otros el cumplimiento de normas deben ajustarse a las que rigen su propio desempeño.  Naciones Unidas aprobó en su primera sesión de 18 de junio de 2007 un “Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de Derechos Humanos”. Por ser obligatorio para éstos, con mayor razón debe serlo para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

2
Dispone el artículo 13 de dicho Código que “Los titulares de mandatos deberán: a)Tener presente la necesidad de que sus opiniones políticas personales no vayan en desmedro del cumplimiento de su misión y basar sus conclusiones y recomendaciones en evaluaciones objetivas de la situación de los derechos humanos”.  Pero ya  en el aparte 12 de un informe de 82, antes de exponer los hechos la ACNUDH expide su veredicto:  El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un  nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el  transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”. Igualmente sentencia en el aparte 15: “Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas  y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y  distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”. Según ACNUDH, todos y cada uno de  los problemas del país serían imputables al gobierno: ninguno a acciones de  poderes imperiales, de sus cómplices, de empresarios o de la oposición. Para nada se tiene en cuenta la advertencia del aparte 44 del previo Informe de Alfredo de Zayas: “Resulta fundamental estudiar las causas de la crisis, incluyendo los factores  que no han sido tenidos en cuenta, a saber, las sanciones, el sabotaje, el acaparamiento, las  actividades del mercado negro, la inflación inducida, el contrabando de alimentos y   medicinas.” Primero la sentencia, luego el juicio, dice la Reina de Corazones en Alicia en el país de las Maravillas. 
3
Afirma ACNUDH en la sección 14 que “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como  mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”.  No se acompañan pruebas ni fuentes. Si tenemos en cuenta que  82 % de las alegadas entrevistas fueron realizadas en el exterior, de ser veraces se estarían refiriendo a otros países. La afirmación de que  las mujeres deben dedicar “un promedio de  10 horas al día a hacer filas para obtener comida” carece de lógica, ya que de ocupar tanto tiempo en ello, ni encargadas ni jefas de familia podrían trabajar ni dedicarse al cuidado del hogar.  Comentario aparte merecen las “fuentes locales” –como siempre, no identificadas ni cuantificadas- que habrían reportado “casos” de mujeres “forzadas a intercambiar comida por sexo”. Con la misma ausencia de pruebas  se podría afirmar que los proveedores de estas noticias sensacionalistas  las intercambiaban por sexo. 

4

Según Mark Twain, el Diablo puede leer la Biblia, Bachelet también puede mentir con estadísticas citando en su aparte 15, que la FAO registra 3,7 millones de venezolanos desnutridos para 2015-2018. Pero omite citar que,  según la misma fuente, para 2000-2002, en un país que apenas salía del bipartidismo y de unos 20 millones de habitantes, la cifra era de 4,1 millones de personas desnutridas, y que para 2010-2011,  descendió a 1,1 millones: vale decir, en una década, el gobierno bolivariano  redujo en  tres cuartas partes la cantidad de desnutridos. Menos cita  Bachelet que entre 2013 y 2015, años en que se desata la ofensiva contra Venezuela, la cifra aumenta hasta 2,4, y que acompañando la intensidad de la agresión, se llega sólo en 2018 a la citada  cifra de 3,7 millones de desnutridos.  Y ya que Bachelet cita estadísticas de la FAO, extraña que pase por alto  el Índice de Inseguridad Alimentaria Grave que la misma fuente arroja para Chile: de 3,9 para 2014-2016, y Pergamino horizontal: 1de 4,4 para 2017, durante su segunda presidencia en ese país. No se explica cómo una defensora de los Derechos Humanos  denuncia a otros países por supuesto incumplimiento de lo que ella no hizo cumplir cuando gobernaba en el suyo. Según dice el Evangelio, cuando el fariseo denuncia la paja en el ojo ajeno, es porque no ve la viga en el propio.  

5
Ochenta y dos artículos como el presente requeriría comentar los 82 apartes del informe de Bachelet. Una consideración final. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vino invitada por nuestras autoridades. Ninguna norma de la ONU la facultaba para visitar por decisión propia a nuestro país, ni nos obligaba a recibirla. Fuimos nosotros quienes, conociendo que representa a un organismo internacional fuertemente influido por  potencias enemigas de Venezuela, y teniendo en cuenta su carrera política conservadora, la convocamos a pesar de la alta probabilidad de que presentaría un informe negativo. Una vez más se  manifiesta la nefasta tendencia de algunos funcionarios a ignorar sin necesidad la soberanía de nuestro país y someterla a organismos extranjeros para que nos acusen,  juzguen y  condenen. Por otra parte, proyecta la ACNUDH dejarnos instalada una Oficina Permanente, a cargo de persona vinculada a Diego Arria y contumaz  redactora de Informes denigratorios contra Venezuela.   Mientras sigamos entregándonos a poderes foráneos,  seguirán destruyéndonos.

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domingo, 14 de julio de 2019

BACHELET: DERECHOS HUMANOS COMO FAKE NEWS


Luis Britto García


1
No hay causa más noble que la de los Derechos Humanos, ni hipocresía más ruin que utilizarlos para propósitos opuestos a aquellos para los cuales fueron reconocidos. 

2
Los Imperios nunca suscriben tratados que los sometan a  tribunales competentes sobre Derechos Humanos. Las Cortes o instituciones que dicen defenderlos no tienen reparos en formular condenas infundadas para culpabilizar a las víctimas de los imperios. Un informe de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) Navy Pali en el cual se acusaba falsamente de violación de Derechos Humanos a  Muhammar Khadafi sirvió de pretexto para el linchamiento del mandatario, el bombardeo sistemático de Libia por fuerzas de la OTAN y su saqueo y desmembración por fuerzas mercenarias que desde 2011 destruyen el país en  guerra civil interminable. 

3
Un documento vale por su coherencia con otros  del mismo ente.  El 16 de marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó, es decir aprobó,  el  resultado del Examen Periódico Universal sobre Venezuela. Entre noviembre y diciembre de 2017 Alfredo de Zayas, Experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, nos visitó y concluyó que “la guerra económica no comenzó con las sanciones de 2015, sino con la llegada de Hugo Chávez al poder hace veinte años”.  El informe de Bachelet intenta desautorizar ambos documentos arrojando toda la responsabilidad de la crisis sobre el gobierno bolivariano a partir de 2018: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el  transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”. 

4

Un informe tiene el mismo valor que sus fuentes. El  de ACNUDH sobre Venezuela  sostiene que la Alta Comisionada se reunió con “muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea  Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo”. En este conteo son mencionados sólo veintiún representantes del gobierno legítimo. Mientras  que entre los opositores son luego mencionados más de mil (en su mayor parte sin especificación de nombres ni de cantidades): el presidente elegido por nadie; los diputados de la oposición, “representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos,  aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la  Organización de las Naciones Unidas en el país”. Además de ello, la Comisionada habría realizado “558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes”.

5


Un Informe tiene el mismo valor que sus datos. De los 558 testimonios, confiesa el informe disimuladamente en nota al pie de página que “460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”. Vale decir, la mayoría tuvieron lugar fuera del país, con personas que por  ausentes no tienen conocimiento real y actual de lo que en él acontece y presumiblemente adversan al gobierno legítimo. Ello evidencia que el informe de Bachelet fue redactado o por lo menos documentado de manera previa a su visita, a partir de fuentes con igual  desconocimiento de la realidad del país al cual todavía no había visitado.

6

Un informe vale lo mismo que su imparcialidad. A pesar de la voluntaria omisión de precisiones, cifras y menciones, por propia confesión trasciende entonces que el de ACNUDH habría sido redactado, por un lado, a partir de la consulta a 21 representantes del gobierno legítimo, y por el otro mediante la consulta a más de un millar de personas o instituciones adversas a él, en su mayoría   sin contacto directo con la realidad del país sobre el cual declaran. Esta impresionante desproporción de casi cincuenta a una de fuentes en su mayoría anónimas y ausentes del país descarta cualquier pretensión de objetividad o veracidad. Como bien apunta Alfredo de Zayas: “El principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars:Todas las partes deben ser escuchadas”. Pero no en proporción de veinte a una.

7
Una denuncia vale lo mismo que quien la formula. Añade el informe que “garantizó confidencialidad” a los entrevistados, “para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron  su temor a represalias”. Tal argumento no es válido. Si la mayoría de los denunciantes estaban fuera del país, también lo  estaban fuera del alcance de sus autoridades. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no opera cuerpos represivos fuera de sus fronteras. Y la acción de éstos dentro de la frontera tampoco es contundente: una de las pocas fuentes cuya identidad se menciona es la de un autoproclamado que pretende usurpar las funciones del Presidente electo, a cuyo efecto engañó efectivos del ejército para que dispararan e hirieran gravemente a otros efectivos, y que a pesar de ello anda en libertad sin sufrir consecuencia alguna de sus delitos. La mención del ACNUDH sólo significa que “muchas de estas” denuncias (de hecho la casi totalidad)  son anónimas, y por tanto sin efectos. Es principio universal el derecho del acusado de conocer los hechos que se le imputan, incluyendo la identidad de su acusador.  Ninguna declaración de testigo procede sin su identificación con nombres, apellidos y domicilio, salvo en casos muy limitados de juicios especiales en los cuales una legislación previa dispense explícitamente tales requisitos.  A denuncia anónima, efectos nulos.

8
El  Informe examinado por  tanto no es más que  colección de opiniones de informantes anónimos prejuiciosamente seleccionados por adversar al gobierno legítimo. Ni una sola de sus conclusiones invalida la del informe de Alfredo de Zayas en 2018: Algunos países prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa de que el país se sumerja en una crisis humanitaria para justificar la intervención militar”.

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