VENEZUELA PERTENECE SÓLO A LOS VENEZOLANO

 

Luis Britto García

Se   endurece y recrudece la campaña mediática, política, estratégica y delictiva contra Venezuela y los venezolanos. No es novedad. Desde nuestra Guerra de Independencia sufrimos intervenciones. En El pensamiento del Libertador: Economía y Sociedad esbocé un catálogo de las primeras. Durante  la contienda contrabandearon armas para los realistas; sembraron de espías Nuestra América para controlar y sabotear los esfuerzos unitarios de la Gran Colombia; se opusieron abiertamente al Congreso Anfictiónico de Panamá. Por algo Bolívar consignó en 1819 que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.

         Citemos ahora las más notorias y recientes. Por ejemplo, la abierta participación estadounidense en el golpe del 11 de abril de 2002. La calificación de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” por Barack Obama en decreto del 6 de marzo de 2016. El  reconocimiento del delincuente Guaidó como Presidente autoelegido,  con el consiguiente pillaje de los bienes de la República  en el exterior. Fallidos intentos de magnicidio y de invasión por mercenarios. El  cúmulo de más de un millar de Medidas Coercitivas Unilaterales destinadas a plagar de miserias a los venezolanos con la esperanza de forzarlos a  deponer  las autoridades que eligieron.

Todas culminan en el  vandalismo  de cercar las aguas territoriales de Venezuela con acorazados, portaaviones, cazabombarderes y submarinos nucleares, aniquilar lanchas y  tripulantes desarmados y  abordar  tanqueros, pillar su carga de petróleo venezolano, y excusarlo el 19 de diciembre de 2025 eon el programa de Trump hacia  nuestro país: quedarse con “todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron”.

Postula el sicoanálisis que por el  mecanismo de “Proyección” atribuimos  a otros nuestras ambiciones ocultas. Decir que los venezolanos “robaron” a Trump “el petróleo, las tierras y los activos de Venezuela” es poner al descubierto capas profundas de la mente de un delincuente, cuyo único instinto es considerar suyo lo ajeno. Es aplicación   del proyecto National Security Strategy de noviembre de 2025, según el cual América Latina y el Caribe debe quedar reducida a sarta de colonias sin soberanía ni autodeterminación, sin el menor derecho con respecto a la metrópoli, obligadas a perseguir las organizaciones que  Estados Unidos considere ilegales, con políticas migratorias, propiedades de activos, recursos, cadenas de abastecimiento y locaciones claves a disposición de los intereses y deseos estadounidenses.

¿Habráse visto jamás tal prepotencia, apenas matizada con ignorancia? Aclaremos. Las tierras, activos y  riquezas de Venezuela pertenecen a quienes la habitamos desde tiempos inmemoriales. Para los pobladores originarios todo pertenecía a todos, hasta que los conquistadores impusieron  propiedad privada sobre la superficie de algunas tierras. La Corona, sin embargo, reservó para el Estado la propiedad del subsuelo y sus riquezas. Este régimen pasó automáticamente a la Patria naciente, como reconoce el  Libertador en decreto dado en Quito el 24 de octubre  de 1829, según el cual “las minas de cualquier clase pertenecen a la República”. 

Confirmar tal derecho requirió una Guerra de Independencia en la cual se sacrificó cerca de la tercera parte de la población. Es el  régimen que desde entonces repiten todas nuestras constituciones y buena parte de las de América Latina y el Caribe. Dicho sistema es diametralmente opuesto al anglosajón, que atribuye la propiedad del subsuelo al dueño de la superficie.

Tal derecho es reconocido, no sólo en las constituciones de cada Estado, sino también en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual reconoce: “El derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre su riqueza y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar de los pueblos del respectivo Estado”.

La explotación –y no la propiedad- de algunas riquezas minerales puede ser otorgada en concesión discrecionalmente por el Estado a particulares, sólo  por tiempo limitado, y bajo la condición de respetar el ordenamiento jurídico y cancelar los impuestos que éste sancione. Así, las concesiones para explotar  yacimientos petrolíferos fueron otorgadas por Juan Vicente Gómez a  testaferros, quienes las transfirieron a compañías extranjeras a cambio de jugosas comisiones. Las petroleras gozaron de tantas prebendas y exenciones tributarias que, según demostró el ministro de Hacienda Gumersindo Torress, hubiera sido más lucrativo regalarles el petróleo y cobrarles sólo los exonerados impuestos de importación.

Nuestra industria petrolera se construyó fundamentalmente con el trabajo de obreros venezolanos, cuyas condiciones y remuneraciones fueron en  las primeras décadas tan miserables que detonaron la histórica huelga de 1936.

En 1943, bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, la Ley de Hidrocarburos sistematizó el régimen de  concesiones petrolíferas y  dispuso que su duración no podía exceder de cuarenta años, cumplidos los cuales  revertirían sin costo alguno  a la Nación todos los equipos e infraestructuras  dedicadas a dicha explotación. La llamada Nacionalización Petrolera de Carlos Andrés Pérez en 1976 en realidad pagó a las empresas extranjeras espléndidas indemnizaciones por lo que debía regresar al patrimonio  nacional gratuitamente en 1983.

Como bien señala el experto petrolero Einstein Millán Arcia: “las trasnacionales fueron grotescamente compensadas y más bien nos deben dinero. Venezuela reconoció compensaciones pagando aproximadamente 1.100 millones de dólares de 1976 calculado según el valor neto de sus activos en libro a las compañías extranjeras Exxon, Creole, Gulf y otras. Cerca de la mitad de dicha suma fue cancelada en efectivo, mientras que la diferencia en bonos a cinco años con bajo interés. Aparte de las vulgares ganancias brutas; compensaciones por activos obsoletos con un inflado valor en libro, el estado-PDVSA, el estado también compensó a éstas mediante “contratos de aistencia técnica” por dos años renovables, incluidas tarifas leoninas del 1,7% sobre las ventas de petróleo. Además, se firmaron acuerdos generosos de comercialización que añadieron cientos de miles de millones más en los primeros años (…)”.

Dusde el inicio de la gran explotación petrolera en 1914, la conducta de las  compañías foráneas con respecto al país sólo puede ser caracterizada como ininterrumpido latrocinio fiscal y tributario. Hacia 1967  revisé los voluminosos expedientes de los reparos formulados a sus declaraciones de rentas. Entre infinidad de otros fraudes y triquiñuelas, restaban gastos que no eran normales ni necesarios para la producción de la renta,  declaraban como precio del petróleo exportado  el de su ficticia “venta” por céntimos a sus propias casas matrices, las cuales lo revendían afuera a las muy elevadas cotizaciones del mercado mundial. A pesar de que tal estafa fue  reprobada por sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia de la época, el gobierno de Lusinchi “transó” por  cantidad irrisoria lo que se nos debía por décadas de fraudes,  aunque  la transacción no es constitucionalmente posible en materia de interés público nacional.

Todas las flotas, amenazas y robos del mundo no pueden cambiar estas verdades. Quienes han robado “el petróleo, las tierras y los activos” de Venezuela no han sido los venezolanos, sino consorcios extranjeros dirigidos por magnates que  nunca han pisado nuestro territorio. Hoy intentan culminar  ese pillaje. Detengámoslo.

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO

TODOS CONTRA LOS PIRATAS

Luis Britto García

  

El 9 de diciembre de 2025 se añade otra infamia al casi inagotable cúmulo  de agresiones contra Venezuela. Unidades navales de Estados Unidos abordan violentamente, secuestran y roban en aguas internacionales un tanquero al cual las agencias noticiosas califican alternativamente como venezolano, iraní o ruso, con cargamento de casi dos millones de barriles de petróleo propiedad de nuestro país.

Con esta tropelía quedan al descubierto todas las coartadas según las cuales  el bloqueo naval estadounidense cerca de las aguas territoriales de Venezuela tenía por objeto detener la inmigración ilegal o un fantaseado tráfico de droga. La nave no se dirigía a la potencia norteña, sino a Cuba. Entre unas 80 embarcaciones interceptadas en el absurdo cerco, fue la única en no ser destruida con sus tripulantes al ser avistada. El  tanquero no transportaba sustancias ilícitas, sino el verdadero objeto del aparatoso bloqueo: petróleo. Luego del latrocinio, el presidente Trump declaró jubiloso que era el mayor cargamento que habían obtenido, y que eventualmente se quedaría con él.

Hemos advertido que Estados Unidos sólo tiene petróleo para unos seis años más. Su acto es el arrebatón desesperado de un delincuente que no puede subsistir sin energía fósil ajena.

¿Cómo calificar lo incalificable?      El delito tipifica  al delincuente. Vienen a la cabeza infinidad de rótulos: piratas. corsarios,  filibusteros, zee-rovers, pechelingues, privateers, corsarios, e incluso bucaneros y Hermanos de la Costa. Corsarios son quienes con naves privadas se apoderan de embarcaciones  enemigas de un Estado, autorizados por patentes  conferidas por éste. Filibusteros, tripulantes de pequeños filibotes o fly boats, independientes de toda autoridad territorial, anarquistas, igualitarios, fundadores de colonias democráticas en América del Norte y Madagascar.  Bucaneros, o Hermanos de la Costa, fueron comunidades de pobladores ilegales de las colonias españolas que sembraban tabaco y  ahumaban carne en parrillas o “boucans”. En cuanto al pirata propiamente dicho, el exhaustivo lexicógrafo inglés Samuel Johnson lo define en su Dictionary como "un ladrón del mar".

Puedo aportar algo al tema porque escribí tres libros sobre él, en tiempos felices ejerzo como submarinista y navegante deportivo,  y una noche memorable ayudé a Otrova Gomás a repeler con disparos de pistolas de señales un asalto pirático a su velero Lao.

La piratería, el segundo oficio más viejo del mundo, se sigue ejerciendo hasta nuestros días. El año 2023 se registraron 120 incidentes de esa índole. Para tipificar tales atrocidades, el artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 califica como  piratería: “a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: i) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado; b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente”

                                                    

Interpretemos tal disposición conforme a la lógica jurídica. Según su aparte a) constituyen piratería hechos “cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada”.  Lo cual llevaría a la contradictoria conclusión de que cualquier “acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación” en alta mar o en un lugar no sometido a ningún estado, no sería piratería si se comete desde  naves o aeronaves públicas o militares.

Pero el personal militar, sus armas, equipos y transportes terrestres, aéreos o navales tienen por finalidad esencial defender su propio país contra agresiones externas, pero no están autorizados a actuar fuera de su territorio ni en contravención de las leyes nacionales e internacionales, y menos cuando no existe declaración de guerra. Un soldado puede ejercer violencia en defensa de su patria, pero su condición de personal armado no lo autoriza para hurtar, estafar, robar, violar, secuestrar,  asesinar, incendiar, destruir  y en líneas generales quebrantar el ordenamiento jurídico sin ser declarado responsable y culpable por ello. Quien comete  violencias ilegales sin  que exista Estado de Guerra, responde por ellas independientemente de su condición militar o de que se sirva para  sus atropellos de naves o aeronaves públicas.

Por iguales causas, su  pillaje  no puede ni debe ser calificado como “incautación”, “decomiso” o  “confiscación”, ni jurídica ni comunicacionalmente. Se incauta, confisca o decomisa en ejecución de normas vigentes legítimamente aplicables. ¿Y cuál Ley, decreto, tratado o normativa atribuye competencia a Estados Unidos para abordar, usurpar, robar, pillar, saquear  y destruir todas las naves, cargamentos y tripulaciones de cualquier nacionalidad en aguas extraterritoriales en donde por consiguiente no tienen competencia  autoridades estadounidenses ni son obligatorias sus normas? ¿En función de qué tendría un solo país derecho a  convertir impunemente en botín o destruir todas las embarcaciones que naveguen en alta mar y atropellar, secuestrar o asesinar a sus tripulantes?

Insistimos en la calificación de tales hechos como “piratería” porque ell artículo 105 de la citada Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar  además dispone que “Todo Estado puede apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, un buque o aeronave pirata o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de piratería que esté en poder de piratas, y detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo”. Por tanto, tipificar jurídicamente ciertos crímenes horrendos como  piratería es conferir competencia para prevenirlos, perseguirlos  y sancionarlos a  todos los Estados de la tierra.

Si, por el contrario, se interpreta que cualquier país puede impunemente interceptar, capturar saquear o destruir embarcaciones o tripulaciones que naveguen en el Mar Libre, es decir, fuera de sus aguas territoriales, ello equivaldría al fin del comercio marítimo mundial. Habría que regresar al incosteable e impracticable sistema colonial de los siglos XVII y XVIII, de Flotas o convoyes de mercantes custodiados por escuadras de buques  de guerra desde y hacia puertos fortificados, todos actualmente vulnerables a la misilística moderna.

La piratería, crimen contra la humanidad, sólo puede ser erradicada por la totalidad del género humano.

            PD: LLEVAMOS DOS SEMANAS SIN CARGAR ESTE BLOG DEBIDO A  FALLAS EN EL SERVICIO DE INTERNET DE CANTV.                                                   

TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO