Las noticias sobre Venezuela han dejado de aparecer en los medios venezolanos. Para enterarnos del destino y administración de los recursos que nos pertenecen debemos recurrir a fuentes internacionales.
Así, tras larga pesquisa en internet, descubrimos información del Financial
Times según la cual desde enero hasta comienzos de julio de 2026, Estados Unidos ha ingresado 13 billones de
dólares procedentes del petróleo venezolano (para los anglosajones un billion es mil millones).
(The US has
$13bn in Venezuelan oil money. Where is it? https://www.ft.com/content/0e562e03-106e-4729-83d7-675c27eb8c4d?syn-25a6b1a6=1).
Para la referida información, el Financial Times habría utilizado datos acopiados por KPLER, firma que ejerce la vigilancia satelital sobre los cargamentos de petróleo que circulan por los océanos, y particularmente los extraídos de Venezuela a partir del secuestro del Presidente Nicolás Maduro. KPLER calculó el valor monetario de ellos según estimaciones de precios procedentes de Argus Media.
A fin de comprender la magnitud del
gigantesco latrocinio infligido a nuestro país, debemos recordar que la suma
del Presupuesto de la Nación venezolano asignada para el Gasto Público durante
el año 2026 equivale a 19.948 millones
de dólares. En sólo seis meses Estados
Unidos nos habría despojado de 13.000 millones de dólares; a fin de año, de
seguir al mismo ritmo, el latrocinio alcanzaría unos 26.000 millones de dólares,
unos 6.000 millones más que lo previsto
para todas nuestras erogaciones públicas durante todo un año.
Ninguna norma venezolana de
ninguna índole, ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria, ningún tratado
internacional válido autoriza este inconcebible latrocinio contra nuestro país
y nuestro pueblo. Todos aquellos que colaboren en él incurren en
responsabilidad civil, penal y administrativa y son personalmente responsables
de su reparación.
Sobre los inicios de este
monumental expolio escribí el 27 de febrero del este año el estudio “¿A quién
pertenecen los recursos naturales de Venezuela?”, cuya publicación fue
rechazada por la prensa local. Una página
web creada por el gobierno apenas informa
que de tales fondos, represados en una partida del Tesoro de Estados
Unidos, habrían sido transferidos a nuestro país en marzo apenas unos 300 millones de dólares. De acuerdo con
informaciones del funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak, unos
3.000 millones de dólares procedentes de la venta del petróleo venezolano
habrían sido reintegrados a Venezuela, pero tales afirmaciones carecen de
fuentes verificables.
Acerca del paradero de los
restantes 12.700 millones de dólares no hay informes, ni por parte de los
estadounidenses ni de nuestra administración ni de nadie. Nada se sabe tampoco
de los movimientos de una partida secreta en Qatar con fondos pertenecientes a
Venezuela manejada discrecionalmente por el Presidente y el Secretario de
Estado de la potencia invasora.
Tampoco se conoce si los fondos estimados por Financial Times provienen de ventas de petróleo venezolano por
algunas compañías estadounidenses que como Chevron seguían trabajando en
nuestro país por una dispensa especial de la misma potencia bloqueadora, si
proceden de pozos operados por Petróleos de Venezuela S.A. o si vienen de la
venta de hidrocarburos extraídos por empresas chinas o rusas como las filiales
de Rosznef, que operan en nuestro país en función de concesiones legítimas.
Asimismo falta información sobre
si se están aplicando mecanismos de
inspección, fiscalización y control sobre el manejo de tales fondos venezolanos
sustraídos por los estadounidenses. Ni siquiera se conoce si han sido efectivamente
depositados en una partida del Tesoro de
su país en cumplimiento de la Executive Order
14.373, ni bajo cuáles normas y con qué efectos para los
responsables.
"Crea Vd., general, que
a la sombra del misterio no trabaja sino el crimen"
escribió Simón Bolívar a Francisco de
Paula Santander el 6 de abril de 1820. Una densa tiniebla ha caído sobre el pueblo venezolano: en todo
lo concerniente al uso y destino de sus
recursos, a la forma en que serán satisfechas sus más elementales necesidades
de alimentación, salud, vivienda, transporte, defensa, educación, cultura, al
ejercicio de sus derechos, al goce de independencia y soberanía. Un telón de
opacidad encubre los más relevantes datos sobre el presente y el destino de
nuestro país.
El 24 de julio el Gobierno
Nacional anuncia que accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos
en el Fondo Monetario Internacional para dedicarlos a infraestructura,
viviendas y servicios público esenciales. A dicha institución sólo se acude
para solicitar empréstitos que sólo se otorgan a cambio de abrumadores
compromisos e impagables intereses. Dura situación es la de un país que para
paliar los efectos de una catástrofe natural deba endeudarse todavía más,
mientras sus fondos de 13.000 millones de dólares provenientes de la venta de
sus hidrocarburos permanecen secuestrados en el Tesoro del mismo país que lo
invadió y bombardeó.
Por ello, resulta irrisoria la
oferta del Presidente del país invasor de aportar 15 millones de dólares para
aliviar los efectos del terremoto en Venezuela, mientras valiéndose de su Executive Order 14.373 mantendría
incautados en el Tesoro de Estados Unidos activos venezolanos casi mil veces mayores que su ofensiva limosna, fondos que
incluso la mencionada norma reconoce como “propiedad del gobierno de Venezuela”,
aunque nuestro país no puede gozar, disponer ni usar de ellos.
Una vez más me veo obligado a
citar la desoladora máxima de Voltaire según la cual “en la guerra de lo que se
trata, ante todo, es del robo”. Venezuela es víctima de una guerra iniciada
unilateralmente por la mayor potencia armamentista del mundo; no se ha suscrito
Tratado de Paz, y la situación de los venezolanos y de sus bienes en nuestro
país no es otra que la exposición al ilimitado pillaje por fuerzas extranjeras enemigas
o sus cómplices.
En tiempos de las bárbaras naciones se
permitía el saqueo de uno, dos o
excepcionalmente tres días sobre los pueblos vencidos. El Presidente de Estados
Uniidos intenta imponer el latrocinio
absoluto: el saqueo de todas las
riquezas de nuestro país durante todos los
segundos, horas, días, meses y años venideros, hasta que lo obliguemos a dejar
de hacerlo.
La expoliación casi total de los
recursos de un país es crimen contra todos y contra todo.
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