LUIS BRITTO GARCÍA: "TODOS LOS PRESIDENTES HAN TENIDO HABILITANTES"

Mairuska Parra

lunes 19 de agosto de 2013 06:20 AM

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Yesibeth Rincón / Maracaibo

 

El intelectual, historiador y doctor en Derecho de la UCV, Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, expone su punto de vista sobre la reforma a la Ley contra la corrupción, planteada por el presidente, Nicolás Maduro.

—¿Qué leyes tendrían que modificarse en la lucha contra la corrupción?
—Se podría hacer, y se está haciendo ya, mucho con las leyes que existen. Una lucha contra la corrupción podría abarcar todos los poderes (...). El Poder Legislativo podría hacer revisiones para ampliar las competencias de los órganos en un conjunto de leyes, entre otras, en la Ley orgánica de hacienda pública nacional, Ley orgánica de la Contraloría General de la República, Ley orgánica de la Procuraduría, Ley orgánica de la Fiscalía, Ley orgánica de la administración descentralizada, y además otras leyes referentes al orden financiero, presupuestario, para que se amplíen las competencias legales y dotar de mejores recursos a este conjunto de entes. Habría que habilitar al Poder Judicial, fortalecer la escuela de la judicatura y atribuirle poderes, competencias al sistema judicial para perseguir de manera más expedita la corrupción, sobre todo para impedir que a través de medidas cautelares los corruptos o delincuentes financieros salgan libres por formalismo jurídico.

—El Ejecutivo se ha puesto como prioridad esta materia, ¿qué se puede lograr desde allí?
—El Poder Ejecutivo debe ejercer un mayor control en sus dependencias por eso es muy importante la Ley de simplificación de trámites administrativos, que es una ley que ya existe y que sería beneficiosa su aplicación, porque generalmente cuando los trámites se complican aparecen los gestores y eso genera corrupción.

—Se han observado detenciones en el Seniat, Cadivi y el Saime, por hechos de corrupción...
—Eso es una muestra de que sí se están tomando medidas efectivas, eso me parece muy bueno.

—¿Pero en cuánto avanzará el Gobierno nacional en esta lucha anticorrupción?
—Yo espero que sea total, porque la corrupción es un flagelo muy grave que termina acabando con los gobiernos. La “cuarta República” se devoró a sí misma a través de la corrupción. Todo gobierno y administración debe cuidarse de ese final.

—Si existe un Consejo de Estado, ¿por qué llamar a una Habilitante?
—Porque un Consejo de Estado es un órgano consultivo, da opiniones sobre lo que el Presidente o Vicepresidente le consultan, opiniones no vinculantes. Para que esas opiniones se ejecuten hace falta una reforma legal que dé mayores poderes al Estado. Lo primero es aplicar las leyes que tenemos pero algunas de ellas son insuficientes.

—¿Qué papel tendría el Consejo de Estado en la Habilitante?
—No tengo poderes para hablar en nombre del Consejo, pero a petición del Presidente y Vicepresidente debe proponer medidas.

—¿Y era necesaria una Habilitante?
—Podría ser porque la situación es grave y aquí todos los presidentes que yo he conocido han tenido facultades extraordinarias, no veo por qué Maduro sea el único que no. Los debates parlamentarios pueden durar mucho tiempo sobre una ley.

—¿Qué se tiene que cambiar en la Ley anticorrupción?
—Yo diría que no es una sola ley sino un conjunto de leyes, habría que modificar también el Código Orgánico Procesal Penal, que da unas ventajas a los delincuentes enormes, y en el caso de los delincuentes contra el Fisco se deberían disminuir o eliminar. La Ley orgánica de la Procuraduría tiene la potestad de rescatar los bienes que hayan sido sustraídos a la República y esas facultades se deben ampliar. Hay que hacer un conjunto de reformas legislativas o englobarlas todas en un solo corpus que vendría a ser la Ley anticorrupción.

—¿Por qué cuando se pone la lupa en la corrupción en la oposición se centra en Primero Justicia?
—Porque es el partido más importante de oposición numéricamente y allí hay más tela donde cortar. No es que exista una política de hostigar a organizaciones opositoras porque hay una gran cantidad de funcionarios que han caído, están siendo enjuiciados y castigados.

—La oposición dice que es persecución política...
—Igualmente pueden decir que hay una persecución política contra los funcionarios del Gobierno que están presos. En este caso algunos señalados de PJ tienen pruebas que son demoledoras e incontestables.

—¿Qué opina de la pena máxima que plantea el Presidente?
—Eso lo tendría que decidir el Poder Legislativo que es el que impone, a través de la ley penal, las penas, eso implica una reforma a la Ley del Código Penal. La cuantía de esa pena sería por un hecho grave (...).

—Si no se logra la mayoría en la AN para la Habilitante, ¿qué otras vías habría?
—Se procede a través de la reforma puntual de las leyes, reformas que haría la Asamblea valiéndose de su mayoría, se dictaría una Ley anticorrupción, en muchos casos son reformas de artículos puntuales, no es que vayan a redactar la ley de principio a fin. (...) La oposición debería considerarlo porque ellos también acusan al Gobierno de corrupción y una ley como esa le convendría también a ellos. Es sospechosa una oposición que estuviera cuadrada con la corrupción.