Luis Britto García
Se endurece y recrudece la campaña mediática,
política, estratégica y delictiva contra Venezuela y los venezolanos. No es
novedad. Desde nuestra Guerra de Independencia sufrimos intervenciones. En El pensamiento del Libertador: Economía y
Sociedad esbocé un catálogo de las primeras. Durante la contienda contrabandearon armas para los
realistas; sembraron de espías Nuestra América para controlar y sabotear los
esfuerzos unitarios de la Gran Colombia; se opusieron abiertamente al Congreso
Anfictiónico de Panamá. Por algo Bolívar consignó en 1819 que “los Estados
Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en
nombre de la libertad”.
Citemos ahora las más notorias y recientes.
Por ejemplo, la abierta participación estadounidense en el golpe del 11 de abril
de 2002. La calificación de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria”
por Barack Obama en decreto del 6 de marzo de 2016. El reconocimiento del delincuente Guaidó como
Presidente autoelegido, con el
consiguiente pillaje de los bienes de la República en el exterior. El cúmulo de más de un millar de Medidas
Coercitivas Unilaterales destinadas a plagar de miserias a los venezolanos con
la esperanza de forzarlos a deponer las autoridades que eligieron.
Todas culminan en el vandalismo
de cercar las aguas territoriales de Venezuela con acorazados,
portaaviones, cazabombarderes y submarinos nucleares, aniquilar lanchas y tripulantes desarmados y abordar
tanqueros, pillar su carga de petróleo venezolano, y excusarlo el 19 de
diciembre de 2025 eon el programa de Trump hacia nuestro país: quedarse con “todo el petróleo,
las tierras y los activos que nos robaron”.
Postula
el sicoanálisis que por el mecanismo de
“Proyección” atribuimos a otros nuestras
ambiciones ocultas. Decir que los venezolanos “robaron” a Trump “el petróleo,
las tierras y los activos de Venezuela” es poner al descubierto capas profundas
de la mente de un delincuente, cuyo único instinto es considerar suyo lo ajeno.
Es aplicación del proyecto National Security Strategy de noviembre
de 2025, según el cual América Latina y el Caribe debe quedar reducida a sarta
de
colonias sin soberanía ni autodeterminación, sin el menor derecho con respecto
a la metrópoli, obligadas a perseguir las organizaciones que Estados Unidos considere ilegales, con
políticas migratorias, propiedades de activos, recursos, cadenas de
abastecimiento y locaciones claves a disposición de los intereses y deseos
estadounidenses.
¿Habráse visto jamás tal
prepotencia, apenas matizada con ignorancia? Aclaremos. Las tierras, activos
y riquezas de Venezuela pertenecen a
quienes la habitamos desde tiempos inmemoriales. Para los pobladores
originarios todo pertenecía a todos, hasta que los conquistadores impusieron propiedad privada sobre la superficie de
algunas tierras. La Corona, sin embargo, reservó para el Estado la propiedad
del subsuelo y sus riquezas. Este régimen pasó automáticamente a la Patria
naciente, como reconoce el Libertador en
decreto dado en Quito el 24 de octubre
de 1829, según el cual “las minas de cualquier clase pertenecen a la
República”.
Confirmar tal derecho requirió
una Guerra de Independencia en la cual se sacrificó cerca de la tercera parte
de la población. Es el régimen que desde
entonces repiten todas nuestras constituciones y buena parte de las de América
Latina y el Caribe. Dicho sistema es diametralmente opuesto al anglosajón, que
atribuye la propiedad del subsuelo al dueño de la superficie.
Tal derecho es reconocido, no
sólo en las constituciones de cada Estado, sino también en la Resolución 1803
(XVII) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la
cual establece que: “El derecho de los pueblos y
naciones a la soberanía permanente sobre su riqueza y recursos naturales debe
ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar de los pueblos del
respectivo Estado”.
La explotación –y no la
propiedad- de algunas riquezas minerales puede ser otorgada en concesión
discrecionalmente por el Estado a particulares, sólo por tiempo limitado, y bajo la condición de
respetar el ordenamiento jurídico y cancelar los impuestos que éste sancione.
Así, las concesiones para explotar
yacimientos petrolíferos fueron otorgadas por Juan Vicente Gómez a testaferros, quienes las transfirieron a
compañías extranjeras a cambio de jugosas comisiones. Las petroleras gozaron de
tantas prebendas y exenciones tributarias que, según demostró el ministro de
Hacienda Gumersindo Torress, hubiera sido más lucrativo regalarles el petróleo
y cobrarles sólo los exonerados impuestos de importación.
Nuestra industria petrolera se
construyó fundamentalmente con el trabajo de obreros venezolanos, cuyas
condiciones y remuneraciones fueron en
las primeras décadas tan miserables que detonaron la histórica huelga de
1936.
En 1943, bajo la presidencia de
Isaías Medina Angarita, la Ley de Hidrocarburos sistematizó el régimen de concesiones petrolíferas y dispuso que su duración no podía exceder de
cuarenta años, cumplidos los cuales
revertirían sin costo alguno a la
Nación todos los equipos e infraestructuras
dedicadas a dicha explotación. La llamada Nacionalización Petrolera de
Carlos Andrés Pérez en 1976 en realidad pagó a las empresas extranjeras
espléndidas indemnizaciones por lo que debía regresar al patrimonio nacional gratuitamente en 1983.
Como bien señala el experto
petrolero Einstein Millán Arcia: “las trasnacionales fueron grotescamente
compensadas y más bien nos deben dinero. Venezuela reconoció compensaciones
pagando aproximadamente 1.100 millones de dólares de 1976 calculado según el
valor neto de sus activos en libro a las compañías extranjeras Exxon, Creole,
Gulf y otras. Cerca de la mitad de dicha suma fue cancelada en efectivo,
mientras que la diferencia en bonos a cinco años con bajo interés. Aparte de
las vulgares ganancias brutas; compensaciones por activos obsoletos con un
inflado valor en libro, el estado-PDVSA, el estado también compensó a éstas
mediante “contratos de aistencia técnica” por dos años renovables, incluidas
tarifas leoninas del 1,7% sobre las ventas de petróleo. Además, se firmaron
acuerdos generosos de comercialización que añadieron cientos de miles de
millones más en los primeros años (…)”.
Dusde el inicio de la gran
explotación petrolera en 1914, la conducta de las compañías foráneas con respecto al país sólo
puede ser caracterizada como ininterrumpido latrocinio fiscal y tributario.
Hacia 1967 revisé los voluminosos
expedientes de los reparos formulados a sus declaraciones de rentas. Entre
infinidad de otros fraudes y triquiñuelas, declaraban como precio del petróleo
exportado el de su ficticia “venta” por
céntimos a sus propias casas matrices, las cuales lo revendían afuera a las muy
elevadas cotizaciones del mercado mundial. A pesar de que tal estafa fue reprobada por sentencias firmes de la Corte
Suprema de Justicia de la época, el gobierno de Lusinchi “transó” por cantidad irrisoria lo que se nos debía por
décadas de fraudes, aunque la transacción no es constitucionalmente
posible en materia de interés público nacional.
Todas las flotas, amenazas y
robos del mundo no pueden cambiar estas verdades. Quienes han robado “el
petróleo, las tierras y los activos” de Venezuela no han sido los venezolanos,
sino consorcios extranjeros dirigidos por magnates que nunca han pisado nuestro territorio. Hoy
intentan culminar ese pillaje. Detengámoslo.
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