sábado, 23 de marzo de 2013

DERECHOS (IN)HUMANOS



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¿Se sometería usted a un órgano investigador que lo acusa sin especificar los hechos, que acepta como pruebas rumores o recortes de prensa, que lo incrimina por  hechos hipotéticos, futuros e inciertos,  que en lugar de interpretar las leyes pretende decir cuáles se deben aplicar y cuáles no, que se pone a decidir asuntos que están legítimamente en manos de otras oficinas o tribunales que sí son  competentes?  En 195 párrafos de su Informe de 2012 sobre los Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA incurre repetidamente en estas prácticas, violatorias de sus propios estatutos.
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¿Se pondría  usted en manos de un órgano investigador prejuiciado? La CIDH entre 1977 y 1998 (cuando ocurrían desapariciones y masacres) recibió solo cuatro denuncias de violación de los Derechos Humanos en Venezuela, pero desde 1999 cuando el Presidente Chávez llegó al poder hasta 2012, ha recibido 102 denuncias, de las cuales ha admitido 38, mantiene en trámites  61 y tiene 3 como archivadas. Vale decir, 25 veces más denuncias recibidas y diez veces más admitidas en once años, que en 21 años. 
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¿Se entregaría usted a un órgano pagado por  adversarios  que además no están sometidos a él? Estados Unidos financia el 54% del Presupuesto de la OEA. Según denunció Rafael Correa, países que no han firmado la Convención Americana y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH,  y ONGs radicadas en ellos pagan el 96,5% del Presupuesto de ésta.
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¿Acataría usted un órgano que lo incluyera a capricho en categorías denigrantes inventadas por él? Desde 2003 la CIDH incorpora a Venezuela en un supuesto Capítulo IV que comprende países “regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares”, donde el goce de los derechos hubiera sido suspendido por medidas “tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías” o donde se cometieren “masivas violaciones” de éstos.  Venezuela no presenta ni uno solo de tales supuestos. Pero la CIDH excluye de tal categoría a países que les permiten visitas, incluso si están en plena guerra civil, como Colombia ¿La categoría es jurídica, o turística?
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Estas son las tesis que sostenemos los representantes de Venezuela en la sede de la CIDH en Washington el 16 de marzo de 2013. No es nuestro país  el único indignado con tales prácticas, ni  la primera vez que se le reprochan a la CIDH. Fueron también condenadas por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento  de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el 13 de diciembre de 2011. Las críticas fueron ratificadas en Cochabamba por nuestro embajador  Embajador Roy Chaderton, quien expuso que la Comisión no debe ser fortalecida sino refundada por la OEA, para que responda a los intereses de la mayoría de los miembros que la integran y no a los de Estados Unidos y Canadá, quienes no han ratificado la Convención Americana.
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Durante la Conferencia  de Guayaquil de 11 de marzo de 2013, Rafael Correa emite contundente discurso, del cual, por su pertinencia, citamos in extenso  pasajes culminantes. Sobre la agenda de la Conferencia, resume el Presidente:  “Los temas más importantes de este proceso: sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus miembros y financiamiento exclusivo de los Estados parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos; procedimientos claros, objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los Derechos Humanos; Universalidad de derechos e Informe Anual único de la CIDH, y adopción de un Código de Conducta para la CIDH y sus Relatorías”. Acerca de la contradicción entre países sometidos a la Convención Americana y países que no la suscribieron, como Estados Unidos y Canadá, pero que pretenden utilizar la Convención para dominar a los adheridos a ella: “Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no firman no se obligan a nada y está bien, es su ejercicio de soberanía; el problema se presenta cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin haber firmado la respectiva Convención”. En lo relativo a las conductas abusivas de la CIDH, que se extralimita en sus competencias, sigue denunciando Correa: “Aquí se enumeran las funciones, no quisiera cansarlos leyendo cada una de ellas, pero revisen adecuadamente y vean ¿dónde se le da como función a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los Estados?, ¿dónde se le da como función dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía a la Comisión? Revisen, por favor, aquí están los documentos. Y, Competencias, artículo 44: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención, pero por un Estado Parte. Es decir, esto solo obliga a los Estados Parte. Cualquier ciudadano, incluso de fuera de los Estados Parte puede denunciar, pero solo a los Estados Parte. Entonces, tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente eso también significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. [APLAUSOS]… La fuerte asimetría (y creo que se deduce de lo que he leído) entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir que no se someten a las decisiones de la Comisión o de la Corte, esa fuerte asimetría ha terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del Sistema y especialmente de la Corte”. Y sobre la intolerable contradicción entre Estados suscriptores y no suscriptores: “¿Cómo es posible, que la sede de la CIDH se encuentre en un país que NO es Estado Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos [APLAUSOS]… Repito: que alguien con algo de lógica, con algo de sangre en la cara, me diga ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea un país que NO es Estado Parte, que no reconoce dicho Sistema, y, de hecho, que no ha ratificado NINGUNO de los instrumentos interamericanos sobre Derechos Humanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por la costumbre? Bueno, América Latina se está sacudiendo estas malas costumbres, señores”. Acerca del tema todavía más delicado de los financiamientos de la CIDH, que obviamente dictan su comportamiento, denuncia Correa: “¿Cómo es posible (que alguien me responda) que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5 por ciento, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por Estados denominados ‘Estados Observadores’, que no son parte del Sistema Interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países? ¿Cómo es posible esto? Es decir, pagan para controlar a los demás, en nombre de los DERECHOS HUMANOS. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones ¡Ya basta de tanta hipocresía! El país sede de la Comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA; por tanto, no está sujeto (como lo está Ecuador y como lo están todos ustedes presentes aquí) a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni tampoco a la Comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple coincidencia ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política, de doble moral, que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones  soberanas, patrias altivas con pueblos libérrimos y dignos”. En torno a la hipocresía que encubren este financiamiento y esta inmunidad, aporta Correa  escandalosos ejemplos: “Y las contradicciones son clamorosas, les insisto, al dictador Carmona, un día después del derrocamiento temporal de Chávez, ya lo llamaba ‘Su Excelencia’, ‘Su Ilustrísimo Gobierno´; mientras que, por ejemplo, cuando se aplica la ley y se lleva a juicio a cualquier periodista pillo, ahí sí se lo pone como atentado a los Derechos Humanos; y mientras tanto, no se dice nada, insisto, del bloqueo a Cuba o de las torturas en la base de Guantánamo (qué van a decir, si pierden el trabajo futuro que están esperando), o de los Derechos Humanos de los propios agraviados por la prensa corrupta, agravios, linchamiento mediático que atentan todos los días contra los artículos 11 y 13 de la Convención, que defiende la honra, la reputación de las personas. Insisto, Ecuador no aceptará más este descarado neocolonialismo”. Sobre la posibilidad de acuerdos que permitan que todo siga igual, apostrofa Correa: “Por ahí escuché que se hablaba de ‘negociar’ las reformas a la CIDH con los miembros de la Comisión; incluso, si es correcta una versión de prensa, el Presidente de la Comisión habría dicho que lo único en lo que están dispuestos a ceder es en normar de mejor manera las medidas cautelares. ¿Negociar? Aquí no  tenemos absolutamente nada que negociar con ninguna burocracia. La Asamblea de Estados Partes debe ser el máximo organismo que con toda legitimidad pueda dar mandatos a las diferentes instancias del Sistema Interamericano.[APLAUSOS]… ¿Negociar? Que se ubiquen un poquito por favor. Para defender los Derechos Humanos, debemos ser los primeros en cumplir con la legalidad y las normas, pero pese a que las competencias y funciones de la CIDH están perfectamente definidas (como lo demostré) en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Estatuto aprobado por la Asamblea General (que ya lo vamos a ver), increíblemente en el reglamento hecho por ellos mismos, se declaran autónomos (lo cual no dice por ningún lado la Convención ni el Estatuto) y se arrogan funciones, como las de dictar medidas cautelares, que tampoco están establecidas ni en el Estatuto ni en la Convención, peor aún en la Carta Fundacional de la OEA”. Tras lo cual el Presidente culmina su arenga con una declaración terminante: “El Estado ecuatoriano no reconoce, porque no está en la Convención, no está en la Carta de la OEA, no está en los Estatutos; el Estado Ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio a los Estados, únicamente reconoce esa capacidad en la Corte…"
(TEXTO/FOTO: Luis Britto)
(CONTINÚA EN LA SECCIÓN INMEDIATA)