sábado, 27 de diciembre de 2014

PAGAMOS A LA ONU PARA QUE NOS INCRIMINE


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Indignación y rechazo produjo el linchamiento jurídico perpetrado contra Venezuela durante la reunión de la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra el 6 y 7 de noviembre. Como denuncia José Vicente Rangel en Últimas Noticias: “El evento, donde se pretendió colocar a Venezuela en el banquillo, lo promovieron algunas inefables ONG y grupos de oposición, y contó con el apoyo delirante de medios de comunicación nacional e internacionales. El montaje contó con los integrantes del organismo, que más parecía un tribunal de la Inquisición que un ente interesado en conocer la verdad. La colusión que se dio en el evento, la descarada combinación entre la Comisión y los acusadores, no deja dudas de que se trató de un espectáculo para instruir un expediente basado en acusaciones sin pruebas, para presentar al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Es decir, el marco ideal para atribuirle a Venezuela la condición de Estado forajido”. Y esto para  “Acabar con el Estado venezolano como lo han hecho en otras naciones. Como lo hicieron, para citar un caso, con Libia”.
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Ahora bien, no se arrastra así como así a un Estado al linchamiento jurídico ante la ONU. Para  ello, es necesario que el Estado haya suscrito la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Ni Estados Unidos ni Inglaterra ni otras 24 potencias  la han firmado, porque saben que perder la soberanía es perderlo todo. No, fuimos nosotros, los venezolanos, quienes el año 2011 salimos de ofrecidos a suscribir una Convención que nos somete a tribunales extranjeros y trata de anular nuestra soberanía. Así como firmamos el Convenio que nos esclavizaba con el CIADI; así como suscribimos los Infames Tratados contra la Doble Tributación, que inmunizan contra los impuestos a las empresas extranjeras, nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello y atamos el nudo corredizo. Actuamos, según reprochaba  Bolívar, como “instrumento ciego de nuestra propia destrucción”. No hay cosa más peligrosa que un funcionario con pluma rápida y  conciencia alegre.
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Pero algunos funcionarios no se limitan a atarnos la soga al cuello: también pagan el precio del mecate y el sueldo del verdugo. Así sucede con el Examen Periódico Universal. Cada cuatro años, nuestro país debe someter ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un Informe sobre dicha materia a efectos del llamado Examen Periódico Universal.  El Informe para este Examen Periódico es el instrumento clave de Venezuela para justificar y defender su actuación en materia de Derechos Humanos.
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La sección Wikileaks Venezuela nos comunica un documento de “Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Seguimiento a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la República de Venezuela”, emanado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual Venezuela pagará a este organismo de la ONU la suma de UN CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES para que redacte el Informe del Examen Periódico que Venezuela debe presentar ante la ONU.
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Sí, entendió usted bien, amable lector. Nuestro país cancelará a la ONU, (que según José Vicente Rangel actúa como “tribunal de la Inquisición” contra nosotros) UN CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES para que  prepare el documento de defensa de nosotros mismos ante la propia ONU. Vale decir, le pagamos a nuestro acusador para que nos defienda (¿o acuse?) ante el “tribunal de la Inquisición”, que es él mismo.
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Hace seis meses remití al MINCI un libro en el que compendio toda la información sobre la torpe farsa de las guarimbas y la identidad de sus protagonistas, y que quizá hubiera servido para la defensa de mi país ante la Inquisición de la ONU. Tenía un sólo defecto: no había que pagar nada por él, y menos a un organismo internacional enemigo. Todavía no he recibido respuesta ¿Defender a Venezuela de la acusación de Estado Forajido, que es el paso preliminar para la intervención militar destructiva? ¿Para qué? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién podría interesarle? ¿Y por qué este tipo nos hace gratis el trabajo que no hemos hecho aunque cobramos por hacerlo? ¿No será mejor pagarle a nuestros propios enemigos para que nos acusen?
¿No tiene Venezuela quien la ampare? ¿Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo, Cancillería y otros órganos no disponen de competencias y medios para ejercer la defensa de nuestro país, sin encomendarla  a organizaciones que actúan como enemigas? No seamos una vez más instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. Y a tal precio, menos.
(TEXTO/FOTO: LUIS BRITTO)

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