CONTRATO PARA DESTRUIR VENEZUELA

En mi libro Demonios del Mar: Piratas y Corsarios en Venezuela, 1517-1728, documenté tres hechos que las bobaliconas fantasías de Hollywood unánimemente ignoran. La primera, en el siglo XVI los forajidos del mar usualmente actuaban en complicidad con un rey o autoridad portuaria con quien compartían ganancias. La segunda, que suscribían meticulosos contratos que disponían desde la repartición del botín hasta las indemnizaciones por pérdida de ojos, piernas u otros miembros de importancia. La tercera, que las autoridades o reyes que aprovechaban el vandalismo fingían siempre no saber nada de él. 

Las tres situaciones se conjugan en el contrato suscrito por Juan Guaidó y Jordan Goudreau para el saqueo y destrucción de Venezuela, bajo financiamiento y protección de Estados Unidos y Colombia, quizá el más infame documento de nuestra Historia Contemporánea. 

Como en todos los pactos con el Diablo, falta la firma de los implicados principales .Falta la de Donald Trump, Presidente del País mayor consumidor de droga del mundo, conductor de la más gigantesca operación aeronaval en el Caribe para reforzar el bloqueo contra Venezuela, autor de las mal llamadas sanciones contra nuestro país, ejecutor del gigantesco latrocinio contra los bienes de nuestro país en el exterior, del cual saldrían los dólares para pagar su  proyectada destrucción, patrono del sicario Jordan Goudreau, quien lo sirvió en tareas de asesoría y protección personal. 

En efecto, los fondos saqueados a Venezuela -en contravención con la Convención de Naciones Unidas sobre los bienes de los Estados en el exterior- son manejados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el único organismo autorizado para aportar los 211.900.000 millones de dólares tarifados por el Procurador General de Estados Unidos por el secuestro del Presidente de Venezuela y las recompensas de diez millones por el de otros funcionarios venezolanos. 

Falta asimismo la firma del Presidente Iván Duque, quien facilitó el territorio de la ocupada Colombia como base de entrenamiento para los facinerosos que atacarían Venezuela. 

          

Pues en Colombia se realizaron en enero de 2020 ejercicios militares conjuntos de neogranadinos dirigidos por el Comando Sur en el Fuerte Tolemaida, con observadores de Brasil. Nuevos ejercicios conjuntos del ejército estadounidense y el colombiano se efectuaron en marzo en la Guajira, desde donde partieron las lanchas de desembarco capturadas en el Litoral venezolano. Tanto  Antonio Sequea, jefe operativo de la expedición, como otros sicarios, confiesan que entrenaron en Colombia y que tres militares estadounidenses aleccionaron a su grupo.

Algunos particulares del Pacto Infame merecen comentario especial. El contrato está redactado en inglés, que no es el idioma oficial del país a ser destruido, y por consiguiente carece de validez en éste.

Ni una palabra, ni una letra del contrato versan sobre razones ideológicas, económicas, sociales, políticas,  culturales, legales o programáticas para el genocidio planeado. Su único lenguaje es el dólar, su único objetivo el saqueo.

El hecho de que el precio del contrato esté expresado en dólares le quita validez en Venezuela, ya que falta la cláusula según la cual el pago puede ser cancelado por su equivalente en moneda nacional.

El objeto de un contrato debe ser legítimo. No tiene validez un pacto cuyas cláusulas son enteramente contrarias a la Ley, cuya finalidad confesa es: “Una operación para capturar/ detener/ eliminar a Nicolás Maduro…. eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó.”

Una guerra se declara por las autoridades legítimas de un país, con el consenso efectivo de su población y es librada por un ejército nacional legítimo. En ausencia de esos requisitos, el consorcio para perpetrar violencias masivas contra un país no pasa de asociación criminal.

Pero hoy en día los imperios no declaran las guerras: las contratan. En el documento un usurpador incurso en traición a la patria pacta con una empresa radicada en Estados Unidos  servicios mercenarios de un grupo de sicarios de nacionalidades diversas, para imponer por la violencia y la devastación una ficción de poder. 

Decimos bien: traición a la patria. El Artículo 128 del Código Penal dispone: “Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.

Para acabar con la impunidad que con frecuencia ha auspiciado la repetición de actos similares, dispone el artículo 4 del Código Penal que serán juzgados en Venezuela: “16- Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los dos apartes del número 2 de este artículo”.

Todos estos tipos delictivos presentan el supuesto de hecho de connivencia con una Nación extranjera. A tal respecto, el artículo 129 del Código Penal pauta:  “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años.  Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano”.


A diferencia del infame contrato, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela sí son válidas, y deberían aplicarse.  

PD: Cumple Aquiles Nazoa cien años de nacido, y Juan Calzadilla noventa. Esperemos el fin de la peste y de la agresión mercenaria para celebrar multitudinariamente un Siglo de Sonrisas y de Poesía.

TEXTO/IMÁGENES: LUIS BRITTO

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DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García

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CONTRATO GUAIDÓ-GOUDREAU PACTO ÍRRITO

Nacionales 

Luis Britto García: Contrato Guaidó-Goudreau es un pacto mafioso írrito al estilo de los piratas del siglo XVI

 Caracas, 14 de mayo de 2020  VTV

El contrato ilegal, írrito y magnicida firmado entre Juan Guaidó y el mercenario estadounidense Jordan Goudreau, de la empresa SilverCorp para asesinar y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, es una copia de lo que se hacía en la época de los piratas y representa el más vil e insólito de la historia nacional.

“Es uno de los documentos quizás el más infame de la historia de Venezuela. Vale la pena analizarlo y reflexionar sobre él”, dijo el intelectual y escritor venezolano Luis Britto García, durante un programa especial en Venezolana de Televisión, para analizar el impacto altamente dañino que pretendían realizar los mercenarios junto a una parte de la oposición venezolana.

Britto García recordó que en los siglos 16 y 17, las potencias navales de la época utilizaban los “servicios “ de piratas para invadir, ocupar y saquear regiones y países diverso, que se caracterizaban por tener tres grandes elementos:

1. Los piratas suscribían contratos minuciosamente redactados sobre cómo se iban a repartir el botín entre los mandantes y los “prestadores” del servicio.
2. Esos piratas estaba apoyados por los reyes de las potencias quienes siempre negaban su participación.
3. En la historia de Venezuela, una reina inglesa le entregó un galeón a un famoso pirata para incursionar en Venezuela y teóricamente ella no estaba haciendo nada ilegal.

“Se trata de una complicidad total de un acto delictivo”, sentenció el intelectual, al vincular estas acciones del pasado con lo que se quería hacer contra Venezuela en pleno siglo XXI.

“Jurídicamente es un contrato írrito y además tiene por objetivo la suplantación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una banda terrorista extranjera, por tiempo indefinido y sin ningún límite en sus actuaciones para atacar a objetivos civiles y militares”, resumió sobre los detalles que están contenidos en el documento hecho público.

“Este contrato fue publicado en el diario The Washington Post, y la oposición no puede decir que lo está inventando el gobierno venezolano”, advirtió en referencia a las relaciones que hizo sobre los venezolanos y extranjeros involucrados en la felonía asesina.

Al ser firmada por representantes de una empresa extranjera estadounidense que finge ser privada, Britto García alerta que “actúa bajo protección, apoyo y financiamiento de gobernantes imperiales contra Venezuela”.

“Es un contrato criminal y un pacto mafioso y además suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana porque no creo que toda esté de acuerdo con esto”.

Alertó que este llamado “contrato” por tener un objeto ilícito no es válido y representa una confesión delictiva, con tres grandes rasgos:

1. “Uno no puede contratar para un asesinato. Si ese contrato se incumple ningún juez podría decir cúmplase ese objeto del contrato y asesine a la persona a eliminar”.
2. “Este contrato es en dólares, falta cualquier motivación política, ideológica, el único objeto del contrato es la liquidación física del presidente y de los venezolanos y del cobro en dólares”
3. “Aquí se habla directamente de eliminación del gobierno y sus principales funcionarios y de cualquier venezolano por las fuerzas de ocupación”, denunció.

Pagarse y darse el vuelto:

El también abogado, destacó que el documento establece claramente unas condiciones leoninas para el pago del “servicio” contratado.

Aquí determinó que Guaidó firmó para comprometerse a pagar más de 212 millones de dólares, pero en realidad él ni sus cómplices aportarían ningún centavo, sino de los recursos robados vilmente a las cuentas en el extranjero por parte del gobierno norteamericano. 

“Se habla de unos pagos y se dice que EE.UU. no está involucrado. Pero es que Guaidó no tiene la disposición directa de los recursos robados a Venezuela que serían usados para liquidar al país. Se lo tiene que autorizar el Departamento del Tesoro de EE.UU.”, denunció. “Los opositores son mezquinos con su dinero, solo pueden ser aportados por el Tesoro de EE.UU. que está implicado con esta acción criminal”.

Acusó al gobierno de Donald Trump y toda la autoridad gubernamental estadounidense de eser corresponsables de esta delictiva actuación contra la soberanía de Venezuela y por tanto son cómplices. “Uno no puede instigar un delito sin hacerse cómplice”.

En este sentido, citó varios artículos del Código Penal Venezolano, en especial el 4to, que detalla los tipos delictivos en que incurren tanto venezolanos como extranjeros que intenten derrocar al gobierno, hacer daño a las poblaciones y desintegrar al país. 

Britto Gracía adelantó que se publicará próximamente un extenso análisis sobre este insólito documento que es vergüenza para los venezolanos que lo rubricaron y pretendieron hacer efectivo. /CP

LA REDH VENEZUELA ANTE LA AGRESIÓN MERCENARIA

COMUNICADO DE LA RED   DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD, CAPÍTULO VENEZUELA, ANTE LA AGRESIÓN MERCENARIA CONTRA NUESTRO PAÍS

11 DE MAYO DE 2020

La captura el 3 de mayo de 2020 DE una  lancha de desembarco  tripulada por mercenarios y cargada de pertrechos de guerra  en Macuto, la captura de otra nave de iguales características el día siguiente en  el litoral de Chuao,  la confiscación en el Orinoco el  9 de mayo por la Guardia Nacional Bolivariana de tres lanchas de combate con insignias del ejército colombiano,  sin tripulantes, con ametralladoras calibre 50 mm y M60 y  municiones,  así como la aprehensión de diversos grupos paramilitares,  confirma que  enfrentamos  un plan general de invasión, largamente anunciado por Estados Unidos con amenazas persistentes y movilización de fuerzas aeronavales desmesuradas para reforzar el ilegal bloqueo contra Venezuela.

Tales incidentes culminan la comisión del delito instigado por las autoridades estadounidenses al manifestar repetidamente que “todas las opciones están sobre la mesa” para derrocar al gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro; al reconocer  como presidente a un usurpador  no elegido para tal cargo, y  al fijar recompensa a través del Procurador General de Estados Unidos por la captura del mandatario venezolano   y de sus  inmediatos colaboradores.

Este repertorio de actos criminales  constituye a sus perpetradores en autores del delito de Incitación a Delinquir, que comete quien excita, incita, manda, motiva u ofrece estímulos a otro para cometer actos contrarios a las leyes, lo cual convierte a ambos en cómplices de la transgresión resultante o de su tentativa.

Agrava la situación mencionada el que un conjunto de integrantes de la oposición venezolana, encabezados por el usurpador autoelegido Juan Guaidó, haya  contratado al estadounidense Jordan Goudreau, propietario de la también estadounidense empresa de mercenarios Silvercorp USA Inc. para ejecutar “La salida/eliminación del actual régimen venezolano y la entrada/instalación del gobierno venezolano reconocido”, así como “Una operación para capturar/ detener/ eliminar a Nicolás Maduro…. eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó”.  

De tal manera se intenta conferir a una banda mercenaria extranjera la condición de actor político venezolano, suplantar con ella a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  la Milicia y  la Reserva, y encomendarle “detener/eliminar“ a nuestros mandatarios legítimos   e “instalar” un gobernante no elegido por el pueblo.

En dicho documento, quizá el más infame de nuestra Historia Republicana, se imparte autorización a los mercenarios para realizar ataques (“strykes”, mal traducidos como “huelgas”) a su entera discreción contra “Elementos no militares”  e “instalaciones asociadas, ” “Infraestructura venezolana y objetos económicos venezolanos”,  “Líneas de comunicación Venezolanas” , lo cual significa que tanto civiles no combatientes como sus bienes quedan librados a la aniquilación a voluntad por  invasores extranjeros. Llama la atención también que se autoricen ataques contra “Instalaciones de almacenamiento de armas de destrucción masiva”, que no existen en Venezuela pero que podrían servir de pretexto para operativos de aniquilación total.

En el infame contrato se  intenta además suprimir la soberanía al convertir a la banda extranjera de mercenarios en ejército de ocupación permanente, ya que, de acuerdo con la cláusula 10, lograda la eliminación del Presidente legítimo, “El Grupo de Trabajo se convertirá en una Unidad Nacional de Activos que actuará bajo la dirección de la Administración para contrarrestar las amenazas a la estabilidad del gobierno, las amenazas terroristas y trabajar con GIC, FAES y DGCIM. El Proveedor de Servicios proporcionará servicios a esta nueva Unidad Nacional de Activos. Estos servicios incluyen, entre otros, asesoramiento de misiones, reclutamiento, selección y evaluación, programación de aptitud física, programación de objetivos, medicina, comunicaciones, demoliciones, métodos encubiertos de entrada, vigilancia, reconocimiento de objetivos cercanos”.

Agrava la situación de complicidad que denunciamos el hecho de que la suma de 212.900.000  dólares acordada a los paramilitares mercenarios para asaltar y ocupar Venezuela  obviamente procede del latrocinio contra los bienes de la República Bolivariana en el exterior,  perpetrado entre las autoridades estadounidenses y el  mandatario autodesignado, ya que dicho usurpador no tenía bienes patrimoniales propios suficientes para aportarla, y la Convención de la ONU sobre bienes de los Estados en el Exterior pauta que éstos son inembargables pues se los presume destinados a fines de interés público.

En tal sentido, no es creíble la afirmación de Donald Trump  de que no conocía el plan de agresión paramilitar contra Venezuela, porque Estados Unidos dispone de las agencias de seguridad y espionaje más intrusivas del mundo; porque el usurpador ilegítimo y sus cómplices han actuado siempre en acuerdo político con el Presidente estadounidense; porque el financiamiento de la operación se hace con bienes del Estado venezolano confiscados o bloqueados   en el exterior por aquél; porque el gerente y propietario de la firma estadounidense Silvercorp USA Inc.  ha actuado asimismo en estrecho contacto con el primer mandatario norteño como su guardia y asesor de seguridad; porque Donald Trump ha reiterado insistentemente que contra Venezuela “todas las opciones están sobre la mesa”; porque en coincidencia con el conato de invasión, mantiene en el Caribe un inusual e impenetrable despliegue de maniobras y fuerzas aeronavales con el pretexto de intensificar el bloqueo contra nuestro país; porque es práctica consuetudinaria de Estados Unidos  atacar a países a los cuales no se ha declarado la guerra mediante fuerzas mercenarias reclutadas por contrato, y porque es política admitida en público por el  mandatario norteño ordenar y hacer ejecutar el asesinato de funcionarios de países con los cuales hay situación de paz, como el  perpetrado contra el  general iraní Qasem Soleimaní.

Contra este insólito desmán que opera por  complicidad entre un usurpador autoelegido, una firma estadounidense de mercenarios y las autoridades de Estados Unidos, convocamos a la unidad de todos los compatriotas sin distinción de banderías políticas, en defensa de la soberanía y la existencia misma de Venezuela. 

Dentro de la democracia es legítimo sustentar posiciones críticas y adversas al gobierno electo, pero ningún sistema de valores permite entregar el propio país al desmantelamiento,  la destrucción y el saqueo perpetrados por mercenarios extranjeros. Sobre la Patria se debate, pero no se traiciona.

COORDINACIÓN DE LA RED DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD, CAPÍTULO VENEZUELA

Por razones que no parecen nada casuales, se dificulta el acceso para consultar a través de Google el blog creado para difundir estos mensajes: https://redhvenezuela.blogspot.com/

Mientras tales problemas se solventan, dichos contenidos se divulgarán a través de

https://luisbrittogarcia.blogspot.com

PACTO DE EXTERMINIO MASIVO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA

Nacionales 

Luis Britto García: Contrato con SilverCorp es un pacto de exterminio masivo de la población venezolana

 Caracas, 10 de mayo de 2020  VTV 

Este domingo, el escritor y analista político, Luís Britto García, aseguró que el  Contrato SilverCorp, suscrito por Juan Guaidó y que buscaba la incursión terrorista en el país, es un pacto de exterminio masivo de la población venezolana.

En un contacto telefónico con el segmento A Fondo que transmite Venezolana de Televisión, Britto García, brindó un análisis detallado sobre la incursión de terroristas a territorio venezolano, provenientes de Colombia, señalándolo como un hecho escandaloso, en el cual se intentaba sustituir lo político y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, por un grupo de personas contratadas por la extrema derecha.

El analista político recalcó que el objetivo de la incursión era quitarle la soberanía al pueblo venezolano, además de ser una operación para capturar, detener y eliminar al presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, e instalar en el poder al golpista de la extrema derecha, Juan Guaidó.

De igual manera, refirió que el contrato Guaidó-SilverCorp, buscaba sustituir la Constitución Nacional, la liquidación del país, y autorizaba a los mercenarios a utilizar, a su discreción, la violencia contra cualquier objetivo en la población civil.

De igual forma, buscaba la destrucción de los servicios públicos del país como los acueductos, hospitales, centrales eléctricas, todo lo que es necesario para la vida de la población venezolana. “Este documento debe ser divulgado para todos los países del mundo”, exhortó, al tiempo que señaló que este contrato es una incitación a delinquir.

Resaltó también que la incautación de los bienes de los venezolanos en el exterior es ilegal; el Estado venezolano debería demandar este hecho ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que sean devueltos al país.

“Esa incautación de bienes, sirvió para pagar este tipo de aventuras insolentes de asesinato, homicidio y rotura del orden público en Venezuela”, añadió.

Hizo hincapié, en que un sector de la oposición quiere entregar la soberanía del país, en función de la movilización de una suma de dólares insignificante, frente al valor económico estratégico, moral y cultural que significa Venezuela.

Aseveró, que el Fiscal de Estados Unidos, a disposición del presidente Donald Trump, ha puesto precio a la captura o a la eliminación de los Mandatarios legítimos de Venezuela.  

 /maye