Luis Britto García
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No es el lawfare tan nuevo como lo pintan. El primero
registrado es el de la condena a muerte contra Sócrates por fomentar la duda.
Lo sigue la sentencia del sanedrín contra
Jesucristo por recomendar el amor, y no hablemos del juicio contra Galileo por
sostener que la tierra se mueve. No hubo rebatiña territorial o sucesoral que
no esgrimiera artillería jurídica. La
teoría política de la Ilustración, con Montesquieu a la cabeza, sostuvo el
principio de división y equilibrio de
poderes. División, porque las tareas de legislar, ejecutar las leyes y
sentenciar debían ser encomendadas a
cuerpos distintos. Equilibrio, porque cada uno debía disponer de recursos para
evitar que los demás se extralimitaran en sus funciones. La acción de un poder
para anular arbitrariamente a los otros era considerada tiranía.
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Antes, se
daban golpes de Estado con tanques de guerra. Ahora también, pero con antifaces
leguleyos, vale decir, pretextos. Así vimos depuestos expeditivamente a Richard
Nixon por grabar conversaciones políticas, a Carlos Andrés Pérez por
multiplicar una partida secreta con bicicletas cambiarias, a Fernando Lugo por
una represión policial que ni él ordenó ni pudo detener, a Lula por supuesta corrupción que nadie pudo
demostrar, a Dilma Roussef por utilizar una partida presupuestaria para
finalidades distintas de las previstas, a Pedro Castillo por hacer valer la
mayoría electoral que lo eligió Presidente. Salvo en el caso de Dilma, todos
los demás fueron separados de sus funciones antes
de que recayera sobre ellos sentencia definitiva y firme del más alto tribunal
competente. Bastó la acusación para
deponerlos. Ahora vemos amenazado a Evo Morales por supuesta mala conducta
personal, y a Petro por presunta extralimitación en un gasto en propaganda
electoral. Dios los ampare.
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Pues lo que se
planea es la destitución del Presidente
Gustavo Petro antes de que su
supuesta culpabilidad sea examinada y declarada por la máxima autoridad
judicial de Colombia. Dispone el artículo 109 de la Constitución de la Hermana
República que: “La violación de los
topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será
sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. No aclara quién fija
topes, verifica su violación ni quién pierde el cargo o la investidura.
El enrevesado proceso requiere denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes, la cual designa tres investigadores. Si éstos
encuentran mérito en el libelo, lo transmiten a la Cámara para que ésta decida
en plenaria. Si la decisión es positiva, se somete al Senado, el cual a su vez
convoca a sesión plenaria del Congreso; que puede destituir al Presidente antes de que el caso sea sometido a
consideración de la Corte Suprema de Justicia. Una decisión política del
Legislativo podría así deponer al Primer
Mandatario sin que un solo juez haya
tocado el respectivo expediente. Como dijo la Reina de Corazones en Alicia
en el País de las Maravillas: “Primero la sentencia, luego el juicio”. ¿Y
la mayoría popular que eligió al Primer Mandatario? Bien, gracias.
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Examinemos cómo
han gobernado las oligarquías al país
cuyo Presidente intentan destituir sin juicio previo. Es el segundo más desigual de América Latina, a su vez la
región menos igualitaria del planeta. La Cepal lo
considera el territorio de la región con mayor aumento de la pobreza, pasando
de 36,3% en 2021 a 38% ó 39,2% en 2022; para ese año su Deuda Externa es de 172.790 millones de dólares, el
48,8 % de su PIB. Estas desigualdades extremas explican un conflicto social que
según la Comisión de la Verdad entre 1985 y 2018 cuesta la vida a 450.664 personas (posiblemente a 800.000, si se tiene en cuenta
el sobreregistro). En ese lapso además fueron “desaparecidas” 121.768 o 210.000
personas, y 752.964
“desplazadas”, expulsadas de sus tierras (https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final#:~:text=N%C3%BAmero%20de%20v%C3%ADctimas%3A,puede%20llegar%20a%20800.000%20v%C3%ADctimas). Entre 1995 y 2020 emigraron 4.598.622 ciudadanos. La producción de
estupefacientes devino una de las principales industrias. La narcopolítica
penetró el sector público y se instaló en parte del Legislativo. Con el
pretexto del conflicto, gobiernos pasados fueron cómplices de la invasión por
parte del ejército de Estados Unidos, el cual
mantiene en la zona 9 bases (de
hecho, cada aeropuerto es guarnición donde se abastecen, refugian y reparan aeronaves militares de dicho país) y un
número desconocido de tropas de ocupación,
pretendidamente inmunes a leyes y
tribunales locales. Se pregunta uno con qué derecho autoridades que
consintieron estas atrocidades sin ser jamás
inculpadas por ellas pretenden ahora deponer por supuesta infracción en fondos de campaña
electoral a un Presidente mayoritariamente
electo.
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Hablemos claro. En
todo lawfare hay dos elementos: el
pronunciamiento jurídico, y el poder fáctico oculto tras él. Ni la más remota
sombra de derecho legitimaba la falsa noticia de la supuesta renuncia de Hugo
Chávez Frías en 2002 y su suplantación por un dictador elegido por nadie. Tras
ella intentaban la rebatiña una facción militar, el gremio patronal
Fedecamaras, la embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación
privados, la Conferencia Episcopal, grupos de la clase media venida a menos. Dos
fuerzas desconocieron el adefesio: la
mayoría popular, y la de las Fuerzas Armadas. El resultado lo conocemos
todos. Legalismos no valen sin armas y pueblos que los acepten. Con razón
proclama Petro que “Todas las organizaciones populares del pais deben entrar en asamblea
permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha
llegado”. En todos nuestros países el cambio político fue preparado por masivas
movilizaciones. Y llegado el caso, defendido por ellas.
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Contra lawfare caben dos remedios tempranos:
reformas que amplíen la participación
popular y protagónica en la elección del Poder Legislativo y Judicial, Procurador y Fiscal, y dinámica relación con los ciudadanos que
motorice la movilización popular masiva en caso de un acto jurídico
visiblemente írrito que pretenda suplantar el poder del pueblo soberano por el
de camarillas más o menos autoelegidas.
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Para curarse
en salud, la Suprema Corte de Estados Unidos sentenció el 1 de julio de este
año que los presidentes de dicho país no pueden ser enjuiciados por los actos
cometidos durante su mandato. Sana precaución para el gobierno más criminal del
planeta.
TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO
