Luis Britto García
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Quien
conozca las más elementales nociones sobre Derecho sabe que las condiciones
existenciales para crear un Estado son: pueblo,
territorio y autoridad política.
En los artículos 119 al 126 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela se sientan las bases para constituir numerosos Estados distintos del
Venezolano. En dichas normas son mencionados once veces “pueblos” con derechos
distintos y superiores al resto de la
población venezolana. El artículo 119 les reconoce “su organización social, política y económica”. Los artículos
119 y 120 les atribuyen “tierras” y “hábitats” en los cuales el aprovechamiento
por el Estado de los recursos naturales está “sujeto a previa información y consulta a
las comunidades”. Parecerían referirse a las condiciones para crear Estados
distintos de Venezuela. Apenas lo impide el que los territorios sean también
definidos como “hábitats”, y que el artículo 126 afirme que el pueblo
venezolano es “único, soberano e indivisible” y concluya que “El término pueblo no podrá
interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho
internacional”.
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¿Cree usted que en Venezuela hay “pueblos” distintos del venezolano, con
organización “política” propia y con
“tierras” o “hábitats” cuyos recursos naturales el Estado no puede
explotar sin “consulta”? En ese caso, está sentando las bases para que previa
declaratoria de independencia, una generosa potencia extranjera los proteja y
nos secesione en varias decenas de países.
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Organizaciones
no gubernamentales de Estados Unidos, como el International
Indian Treaty Council
y el Indian Law Resource Center de
Washington se han adjudicado una suerte de tutoría sobre las movilizaciones
étnicas latinoamericanas: sostienen que los indígenas latinoamericanos son pueblos diferentes del resto de los
habitantes de sus respectivos países,
que tienen autonomía y derechos exclusivos sobre los que consideren sus territorios originarios y sobre los recursos del suelo y el subsuelo de
éstos, y que pueden prohibir al poder
nacional el acceso a dichas áreas. Bajo su inspiración, los misquitos demandan al Sandinismo; la
Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador apoya el golpe contra Correa;
los tupí guaraníes intentan secesionar la Bolivia de Evo.
4
Así,
por ejemplo, el Indian Law Resource Center (ILRC), desde su fundación en 1987 ha ejercido desde
Washington una activa tutela y dirección
sobre las estrategias y proclamas programáticas de gran parte de los
movimientos indígenas de América Latina. Fundado
en 1978 como ONG, en 1984 gana un
proceso entablado contra la asediada Nicaragua ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. En 1989, conjuntamente con el presidente Carter logra el
regreso a Nicaragua de varios dirigentes indígenas, entre otros el “Contra”
Brooklyn Rivera. En 1992 ya está interviniendo en la demarcación de territorios
indígenas yanomami en la Amazonia. El año siguiente traza el mapa de los
territorios de los misquitos en Honduras. En 2004 se atribuye la representación
de los mayas de Belice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
cual falla que Belice viola los derechos de propiedad indígenas. En 2007
el Indian Law Resource Center
logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la Declaración de
los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo borrador, según confesión propia
había sido redactado por el Center (http://www.indianlaw.org/en/about).
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El International
Indian Treaty Council es apenas una de las numerosas organizaciones estadounidenses vinculadas con organizaciones
internacionales que intervienen en los asuntos indígenas latinoamericanos. El
ILRC fue fundado en 1974 y
reorganizado en 1977 como ONG con estatus de Consultor de la Unesco, y en tal
condición trabaja en la relación de las
etnias indígenas con organismos claves de las Naciones Unidas tales como la
Comisión de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas,
la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, la
Conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, la misma
Unesco y la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable. Participa asimismo en la
Organización Internacional del Trabajo (a la cual seguramente aportó el
borrador de la Convención sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 1989), en
las Conferencias de las Naciones Unidas, la Unión Internacional por la
Conservación de la Naturaleza y el Congreso Arqueológico Mundial. Este
organismo estadounidense se presenta como “una organización de pueblos
indígenas de Norte, Centro y Sur América y el Pacífico, cuya misión es trabajar
por la soberanía y autodeterminación de
los pueblos indígenas y el reconocimiento y protección de sus derechos
indígenas, sus culturas tradicionales y sus sagradas tierras” (http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/search.pl?term1=south+america&limit=0).
6
Eva Golinger, especialista en el monitoreo de las
subvenciones de los organismos públicos estadounidenses, me confirma en
comunicación de 19-7-2009 que tanto la USAID como el National Endowment for
Democracy (NED) han financiado organizaciones y proyectos en las comunidades
indígenas en América y específicamente en Venezuela. Dichos entes se niegan a
identificar a los beneficiarios de sus subsidios, pero, según Golinger, “los
dos admiten financiar ONGs que trabajan en las comunidades indígenas, tanto
como proyectos y programas dirigidos a las regiones donde habitan las indígenas
venezolanas”. Entre otras, menciona “una
organización que fue creada para ese fin, que se llama la Asociación Civil Kapé
Kapé, han recibido muchos aportes de la NED y la USAID, e incluso de la alcaldía
de Chacao cuando estaba Leopoldo López”. Dicho grupo habría trabajado
intensamente en las comunidades indígenas de los estados Delta Amacuro y
Bolívar. Las mismas áreas donde operaron las afortunadamente expulsadas “Nuevas
Tribus” del Summer Linguistic Institute.
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En posterior comunicación de fecha 30 de noviembre de
2009, Eva Golinger nos confía el resultado de sus investigaciones relativas a
los aportes del National Endowment for
Democracy (NED), Organización No Gubernamental fundada por la United States Agency for Developement
(USAID), a los movimientos étnicos en Ecuador. Entre dichos grupos
subsidiados figura la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), la
cual, señala Golinger, “es una organización
creada en el 2005 con dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina,
Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta
con un miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la
Agencia Central de Inteligencia y ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey
también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la
presidencia de Ronald Reagan”.
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Vale la pena detenerse en algunos de los integrantes
de estas organizaciones subsidiadas por la National
Endowment for Democracy y la USAID. Ángel Medina es, según informa
Golinger, " …fundador y presidente de la Fundación
Qellkaj” (otra organización “indígena” en Ecuador financiada por la
NED). Fernando Navarro es "
…Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador…". Raúl
Gangotena "…Tiene relación con los siguientes organismos internacionales:
Reagan-Fascell Democracy Fellow, International Forum for Democratic Studies,
National Endowment for Democracy (NED) … Fue Embajador de Ecuador en los
Estados Unidos y Consejero para la Subsecretaría de Defensa en 2001 …".
Lourdes Tiban es "…Asesora del Consejo
Político de la ECUARUNARI y Asesora Jurídica del CONAIE” (ECUARUNARI es
uno de los grupos claves de CONAIE). No debe extrañar, entonces, que CONAIE
haya declarado la oposición acérrima al gobierno de Correa en cuanto éste se negó a concederle el dominio sobre los recursos
naturales de Ecuador, y que haya apoyado el golpe contra el Presidente
ecuatoriano.
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Además de ellos, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE),
según informa Eva Golinger, “es una organización creada en el 2005 con dinero de
la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán,
Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr.
Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y
ocupó el cargo de jefe de
la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey también fue miembro del
Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”.
10
El subsidio para estos grupos no es
una minucia. Nos informa asimismo Eva Golinger que “El financiamiento de la NED
a grupos políticos en Ecuador sube de 333.047 dólares durante el 2007-2008 a 1.372.691 dólares
durante el 2008-2009”.
Numerosas Organizaciones No Gubernamentales se reparten este botín: entre las
directamente relacionadas con los movimientos étnicos está la
“Fundación Q'ellkaj, que obtiene
$76.170” para “Fortalecer la
juventud indígena y sus capacidades empresariales”. Añade, Golinger, a manera
de alerta, que el presupuesto de la USAID para 2009 ascendía a 35 millones de
dólares, pero que el previsto para 2010 asciende a 38 millones de dólares. Y
resume que los objetivos declarados de la USAID en Ecuador consisten en: “Consolidar
territorios indígenas: La consolidación de los territorios indígenas dentro de la zona del
desarrollo alternativo. Fortalecer organizaciones indígenas:
organizaciones indígenas más fortalecidas serán más capaces de contribuir a la
política y monitorear a los funcionarios públicos electos y el uso de los
fondos públicos. Alimentar la capacidad empresarial en las comunidades
indígenas”.
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Vemos así cómo entes estadounidenses pretenden representar a
los “pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América”, trabajar por su “soberanía y
autodeterminación”, y “consolidar territorios indígenas”, no para mantener su
tradición cultural comunitaria, sino para “alimentar la capacidad empresarial”.
Los bienes y recursos que se les reconocieran entrarían así al mercado
capitalista. No es posible confesión más palmaria de que se intenta dirigir
tales movimientos en contra de la soberanía y unidad de los Estados Nacionales
de la región. Por una de las paradojas de nuestra Historia, la orientación de
muchos de las dirigencias de algunos de movimientos indígenas es entonces
ejercida desde Estados Unidos por ONG´s
financiadas por la USAID y la NED, exentas de impuestos y con activa influencia
sobre la ONU y la OEA, dos organizaciones para nada afectas a los intereses de
Nuestra América. No necesariamente opera tal financiamiento en todos los casos,
pero lo que sí opera es la identidad entre las orientaciones que tales entes de
Estados Unidos imparten y las vindicaciones que los autoproclamados
representantes de los indígenas exigen en toda América Latina.
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Contrasta esto con la
actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio
territorio, a quienes mantiene confinados en los campos de concentración
llamados reservas, y para nada les reconoce ni remotamente derechos de
“soberanía y autodeterminación”, y mucho menos financia ONGs para promoverlos.
A principios de noviembre de 2009, el presidente Barack Obama expidió un
memorando en el cual prevé un simple mecanismo de consulta no vinculante con
las etnias o sus representantes, pero en el cual niega expresamente que dicho
memorando o las consultas creen derechos distintos de los del ordenamiento
jurídico estadounidense, y sujeta las definiciones de “tribus”, “autoridades” y
“políticas que afectan a los pueblos indígenas” a dicho ordenamiento. Además,
categóricamente declara que “Este memorándum no pretende crear ni
crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o
en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos,
agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados”. Mientras tanto,
las ONGs estadounidenses, algunas de ellas financiadas por la USAID y la NED,
pretenden imponer a los países latinoamericanos la entrega de su soberanía, sus
territorios y sus recursos.
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Jaime Salvatierra compila algunos datos sobre
la forma en que Estados Unidos trata hoy en día a sus indígenas, que revelan de
manera elocuente las miras que los animan a asumir la tutoría de los indígenas
latinoamericanos. Las reservaciones indígenas en Estados Unidos no son en
absoluto “territorios originarios”, sino campos de concentración inhóspitos y
sin recursos donde fueron relegados los aborígenes que escaparon del
exterminio. En ellos las
tasas de desempleo oscilan entre el 50 y 80%, con altos niveles de
violencia, delincuencia y tráfico y consumo de drogas. Las minorías étnicas
tienen ocho veces más posibilidades de padecer enfermedades como la tuberculosis que otros ciudadanos, y un
37% muere antes de cumplir los 45 años. La tasa de suicidio triplica la
nacional, la mortalidad infantil es un
60%, y se registran elevados porcentajes de alcoholismo y diabetes. En
la comunidad indígena de los Lakotas, de la familia Sioux, los hombres tienen
una esperanza de vida de menos de 44 años, más baja que en cualquier país del
mundo, incluyendo Haití. La
mortalidad infantil es 300%, mayor que
en el resto de Estados Unidos; el suicidio de los adolescentes llega al 150%
del promedio de ese grupo etáreo en
Estados Unidos. Los enfermos de tuberculosis superan en 800% el promedio nacional, al igual que los
enfermos de diabetes. El 97% de esa comunidad vive por debajo de la línea de
pobreza, junto con casi 50 millones de estadounidenses. La tasa de desempleo en
las reservas es del 80%; el alcoholismo afecta a 9 de cada 10 familias: hay
niños indígenas presos en proporción 40% superior a la de los infantes blancos. En Dakota del Sur el 21% de la
población penal es de indios, aunque éstos sólo son el 2% de la población de ese
estado. Solo el 14% de la población Lakota habla el mismo idioma; el prisionero
político más antiguo del mundo es el activista lakota Leonard Peltier,
condenado a dos cadenas perpetuas tras un juicio amañado por el FBI (Jaime
Salvatierra: “¿Si estos mensajes no son subversivos, entonces qué son? Lo que
EE.UU. vende a los indígenas bolivianos”, La Época, 23-09-2011, http://www.la-epoca.com.bo/#). Sólo la
insolencia imperial puede pretender que corresponda a organizaciones
subsidiadas o tuteladas por Estados Unidos asumir la tutoría de los indígenas
latinoamericanos.
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Si usted no propicia la secesión de nuestro
país, debe apoyar una reforma constitucional que sustituya la expresión
“pueblos” por la de “comunidades”;
sustituya “tierras” por “hábitats” y elimine toda mención que trabe o cuestione
la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo
los del subsuelo, en la totalidad del
territorio nacional y en representación y provecho del “único, soberano e
indivisible” pueblo venezolano. Somos un solo pueblo “único, soberano e
indivisible”: el venezolano. Un solo territorio: el de Venezuela. Un solo
cuerpo político: la República Bolivariana de Venezuela. Todo el que quiera
dividirnos es nuestro enemigo.
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