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miércoles 14 de agosto de 2013 06:45 AM
Thiany Rodríguez / Caracas PANORAMA.COM.VE
Thiany Rodríguez / Caracas PANORAMA.COM.VE
Ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro de pedir poderes especiales a la Asamblea Nacional para reformar leyes que permitan combatir la corrupción, por lo que espera declarar un estado de emergencia nacional, los expertos opinan que el asunto es de suma importancia y generará resultados concretos mientras haya una “acción decidida”.
Para hoy, a las 10:00 de la mañana, están convocados los miembros del Consejo de Estado; entre ellos, el periodista José Vicente Rangel y el escritor Luis Britto García, en una reunión con el Presidente, en el salón Bolívar, de Miraflores. Y aunque no hay una agenda precisa se espera que sea abordada la discusión de mecanismos constitucionales para que Maduro pueda enfrentar la corrupción, reto que se planteó desde que inició su gestión.
El Presidente señaló hace dos días que había que ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo. “Si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción, lo vamos a hacer”, agregó Maduro.
Al respecto, Britto García refiere a PANORAMA que “la tarea será múltiple e incluso va a requerir no solo de una ampliación o creación de normas, sino también de una acción decidida que conlleve resultados que estén a la altura de la intención”.
“La lucha que ha emprendido Maduro contra la corrupción está siendo bien acogida entre los venezolanos, sobre todo, cuando se está investigando a funcionarios de las filas opositoras y de las propias bolivarianas. Yo creo que se pueden acordar facultades extraordinarias para los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y así cada uno pueda dar su batalla en la materia”.
A su vez, Britto García, miembro del Consejo de Estado, aclara que sería “prematuro” hacer deliberaciones al respecto. Sin embargo, refiere que “el debate es bastante decisivo por lo que se podría plantear ajustes a algunas leyes o ampliar sus normas; por ejemplo, las relacionadas con la Ley de simplificación de trámites administrativos, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública y otras vinculadas al Poder Judicial buscando que los juicios salgan más rápidos, se aumenten las penas y quizás se logre la confiscación de bienes de los afectados”.
Sobre el hipótesis de que Maduro pueda basarse en la artículo 337 de la Constitución que establece que el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción en circunstancias de orden social, político, económico, natural y ecológico, Britto aclara que no cree que el Jefe de Estado esté utilizando con exactitud esos términos para declarar un estado de emergencia.
“Habrá que esperar qué se discute en el Consejo de Estado. No creo que el Presidente se haya referido a ese tipo de situaciones y es posible que para atacar el problema de corrupción se opte por la ampliación de competencias legales, aunque no es descartable se concedan poderes extraordinarios”, dijo Britto.
El profesor de Estudios Políticos de la UCV y constitucionalistas, Jesús Silva, señala que la vía más rápida y efectiva para que el Presidente pueda actuar ganándole al tiempo es a través de los artículos 337, 338, 339 de la Carta Magna.
“Otra vía constitucional sería mediante una reforma legislativa impulsada por una Ley Habilitante, pero pienso que lo más eficaz sería un decreto presidencial con un conjunto de leyes jurídicas que requerirá para su aprobación de la votación de la mitad más uno de los diputados de la AN y recibir el visto bueno del TSJ en ocho días”, dijo.
Mientras que el ex candidato presidencial y actual presidente del Centro Internacional de Formación y Políticas Públicas ( Ifedec), Eduardo Fernández, “El Tigre”, expone que en Venezuela hay “suficientes” leyes para atacar cualquier problema de orden social, político y económico.
“Sobran normativas en este país y no hacen falta otras más. Aquí lo importante es la voluntad política que tenga el Gobierno. Yo me estrené en la política cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez solicitó poderes extraordinarios para atender problemas económicos y he estado siempre en contra de esas posturas porque para eso hay un Parlamento que tiene como obligación con el pueblo legislar”.
“Yo invito a Maduro a que presente su proyecto y diga cuál es su idea. Estoy seguro que lo escucharían en la AN. Creo que una buena recomendación sería eliminar progresivamente el control cambiario, allí está la principal fuente de corrupción”, señaló Fernández.
El Presidente señaló hace dos días que había que ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo. “Si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción, lo vamos a hacer”, agregó Maduro.
Al respecto, Britto García refiere a PANORAMA que “la tarea será múltiple e incluso va a requerir no solo de una ampliación o creación de normas, sino también de una acción decidida que conlleve resultados que estén a la altura de la intención”.
“La lucha que ha emprendido Maduro contra la corrupción está siendo bien acogida entre los venezolanos, sobre todo, cuando se está investigando a funcionarios de las filas opositoras y de las propias bolivarianas. Yo creo que se pueden acordar facultades extraordinarias para los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y así cada uno pueda dar su batalla en la materia”.
A su vez, Britto García, miembro del Consejo de Estado, aclara que sería “prematuro” hacer deliberaciones al respecto. Sin embargo, refiere que “el debate es bastante decisivo por lo que se podría plantear ajustes a algunas leyes o ampliar sus normas; por ejemplo, las relacionadas con la Ley de simplificación de trámites administrativos, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública y otras vinculadas al Poder Judicial buscando que los juicios salgan más rápidos, se aumenten las penas y quizás se logre la confiscación de bienes de los afectados”.
Sobre el hipótesis de que Maduro pueda basarse en la artículo 337 de la Constitución que establece que el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción en circunstancias de orden social, político, económico, natural y ecológico, Britto aclara que no cree que el Jefe de Estado esté utilizando con exactitud esos términos para declarar un estado de emergencia.
“Habrá que esperar qué se discute en el Consejo de Estado. No creo que el Presidente se haya referido a ese tipo de situaciones y es posible que para atacar el problema de corrupción se opte por la ampliación de competencias legales, aunque no es descartable se concedan poderes extraordinarios”, dijo Britto.
El profesor de Estudios Políticos de la UCV y constitucionalistas, Jesús Silva, señala que la vía más rápida y efectiva para que el Presidente pueda actuar ganándole al tiempo es a través de los artículos 337, 338, 339 de la Carta Magna.
“Otra vía constitucional sería mediante una reforma legislativa impulsada por una Ley Habilitante, pero pienso que lo más eficaz sería un decreto presidencial con un conjunto de leyes jurídicas que requerirá para su aprobación de la votación de la mitad más uno de los diputados de la AN y recibir el visto bueno del TSJ en ocho días”, dijo.
Mientras que el ex candidato presidencial y actual presidente del Centro Internacional de Formación y Políticas Públicas ( Ifedec), Eduardo Fernández, “El Tigre”, expone que en Venezuela hay “suficientes” leyes para atacar cualquier problema de orden social, político y económico.
“Sobran normativas en este país y no hacen falta otras más. Aquí lo importante es la voluntad política que tenga el Gobierno. Yo me estrené en la política cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez solicitó poderes extraordinarios para atender problemas económicos y he estado siempre en contra de esas posturas porque para eso hay un Parlamento que tiene como obligación con el pueblo legislar”.
“Yo invito a Maduro a que presente su proyecto y diga cuál es su idea. Estoy seguro que lo escucharían en la AN. Creo que una buena recomendación sería eliminar progresivamente el control cambiario, allí está la principal fuente de corrupción”, señaló Fernández.
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