DERECHOS (in)HUMANOS

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Siguiendo el espíritu del discurso de Rafael Correa 18 de los 23 países firmantes de la Convención Interamericana adoptan las resoluciones siguientes: “1)Insistir en la importancia del equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los Estados que forman parte de la OEA. Frente a ello, acuerdan promover estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José. A tales efectos, acordaron designar una delegación de Cancilleres de los Estados parte para que realicen gestiones directas con aquellos Estados que no son parte de la CADH. En este marco, propiciaremos que los miembros de la Comisión sean elegidos entre los nacionales de los países que hayan ratificado la Convención. 2)Encomendar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fortalecer los esfuerzos de promoción de los Derechos Humanos, mediante el apoyo a los sistemas nacionales. 3) Convocar a todos nuestros países como Estados Parte a asumir plenamente el financiamiento del Sistema, a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la Organización. Asimismo, se podrán considerar contribuciones voluntarias no condicionadas ni direccionadas. 4) En función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada una de ellas. 5) Solicitar al Secretario General que presente un análisis detallado de los costos de funcionamiento de los órganos del SIDH. 6) Considerar la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté ubicada en un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. 7) Dar continuidad a la convocatoria de esta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como un espacio de dialogo permanente en este ámbito. 8) Encargar a Ecuador las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la próxima Conferencia de Estados Parte y la configuración de la delegación de cancilleres para los efectos señalados en el numeral 1.”

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Son acuerdos trascendentes. En sustancia, exhortan a los países que no forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como Estados Unidos y Canadá, a que se integren a él, o dejen de entrometerse. Exigen que sólo puedan ser magistrados en él los nacionales de los países que sí han firmado la Convención, y que uno de estos Estados sea la sede. Recomiendan fortalecer los sistemas nacionales de Derechos Humanos, para no depender de los internacionales. Demandan análisis riguroso de los costos de funcionamiento del SIDH, y financiamiento real de los Estados miembros, para evitar indebida influencia de los financiadores ajenos al sistema, y que todas las relatorías sean especiales, para evitar que se preste atención a las más financiadas, como las dedicadas al ejercicio de la comunicación. Son demandas apoyadas  por 18 de los 23 paìses que han suscrito  la Convención Americana: una contundente mayoría de 78,26%. Es el tercer, y quizá último llamado para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rectifique errores.

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El 19 de marzo de 2013 la Comisión Interamericana anuncia la autoreforma de su Reglamento Interno. En el nuevo texto no acoge ni una sola de las exigencias aprobadas por mayoría absoluta en la Cumbre de Guayaquil. Para las burocracias de la CIDH, nada significa la mayoría del 78,26% de los Estados signatarios de la Convención Americana; vale decir: nada significa la democracia.

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En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra el 22 de marzo de 2013 y en la cual  se aborda el candente tema del financiamiento de las relatorías de la Organización, sobre todo la referida a la libertad de expresión, el ex canciller mexicano Jorge Castaneda sostiene que los países del ALBA pretenden destruir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que por tanto “el ALBA debe ser mandado al infierno".

Los Estados signatarios del ALBA-TCP de inmediato  rechazan de forma categórica "las infelices declaraciones" del ex-Canciller, y afirman que "Los países del ALBA hemos planteado la necesidad de reformar los organismos internacionales para colocarlos al servicio de los pueblos, democratizando la toma de decisiones y reduciendo la influencia de los grandes centros de poder mundial sobre sus actuaciones". Y reiteran que "nos oponemos a que la relatoría del Derecho a la libertad de expresión siga siendo financiada por el poder mediático internacional, para utilizarla contra los Gobiernos Progresistas de nuestro Continente. De allí que, no sea el ALBA el propiciador de la destrucción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino las propias naciones poderosas, que lo han utilizado como instrumento para agredir a los países que no están alineados a sus intereses imperiales y despóticos". Por su parte Roy Chaderton, el embajador de Venezuela ante la OEA, en la citada reunión del 22 de marzo expresa que "Es curioso el sentido de justicia que tiene la CIDH, que juzga sólo a ciertos Estados objeto de la antipatía política imperial, ejemplo Venezuela, pero no sanciona a los que verdaderamente incurren en la violación de DD.HH". Y añade que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que "pasó tantos años ciego, sordo y mudo ante violaciones de DD.HH. en Venezuela, a partir de Chávez no ha hecho más que aceptar las falsas denuncias de los anteriores violadores con el acompañamiento musical de dueños de medios", para concluir que  "Estamos en rebelión contra este corrupto y pusilánime sistema. La primavera está entrando en la OEA". Pero  dentro de las vetustas cristalerías de su sede en Washington impera sólo el invierno burocrático. O rectifica, o la rectificamos.

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