HAY PLANES CONSPIRATIVOS CONTRA LA REPÚBLICA: Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado

PANORAMA/ Miércoles 02 de mayo de 2012 11:26 AM
Yesibeth Rincón / Maracaibo

Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, señaló que hay una “conspiración de alto nivel” contra el país.
El historiador y académico Luis Britto García considera “un honor” que un “ciudadano de a pie”, como se describe a sí mismo, integre el Consejo de Estado, instancia con funciones consultivas que tendrá el Ejecutivo y sobre el que existía una mora constitucional de más de 12 años.

Britto, doctor en derecho, evaluará, como primera tarea, junto con el Presidente, el vicepresidente y el periodista José Vicente Rangel, la salida de Venezuela de la Cidh. Ayer, conversó, vía telefónica con PANORAMA, sobre esta instancia.

— ¿Cuáles son las tareas que va a tener el Consejo de Estado?

— El Consejo de Estado es un órgano previsto en la Constitución, no se tiene que confundir con el Consejo Federal de Gobierno. Es una instancia consultiva integrada por el Presidente y vicepresidente, pero además tiene un miembro designado por el TSJ, otro por la AN y los otros nombrados por el Presidente. Sus funciones son consultivas, preparar informes sobre los casos que le consulten los poderes públicos, en especial el Ejecutivo; diseñar sugerencias sobre políticas. No tomaremos decisiones, vamos a recomendar o señalar determinados cursos de acción al Ejecutivo y él decidirá si se acoge a los señalamientos.

— ¿Cuándo tendrán la primera reunión con el vicepresidente?

— Todavía no lo sé, porque éste es un órgano nuevo, que estaba en la Constitución pero no se había habilitado. No sé cuándo comenzará a funcionar ni con cuánta periodicidad, eso lo decidirán el Presidente y el vicepresidente. Es más, sus funciones son ad honorem.

— ¿Por qué cree que este consejo no se había creado antes?

— No lo sé, todavía hay muchos mandatos de la Constitución que se vienen a articular con mucho retraso. Muy fundamental era la Policía Nacional y sin embargo eso vino a crearse como una década después. Creo que también es el caso de este órgano, me parece muy bien que se haya decidido ponerlo a funcionar y para mi es un honor.
— El Presidente habló de un plan conspirativo y de desestabilización, ¿es por eso que se pone a funcionar esta instancia?
— No necesariamente. Hay planes conspirativos de gran magnitud instaurados contra la República, por ejemplo, un posible golpe judicial a través de cortes internacionales. Eso es una conspiración de alto nivel que en este momento se está ejecutando contra Venezuela y justamente dentro de la primera petición que le hace el Presidente a este organismo está cómo salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, que está avanzando este tipo de iniciativas contra el país.

— ¿Y qué significa para el país salir de la Cidh y de la Corte IDH?
— Esa decisión tendría que ser decidida por una mayoría de la Asamblea Nacional porque el Parlamento ratificó el Tratado por el que nos sometimos a eso y la Asamblea debería también hacer lo que se llama la denuncia del Tratado. Una vez que sea denunciado van a seguir las causas en curso, pero únicamente por el lapso de un año, lo que no se podrá es introducir nuevas causas contra Venezuela. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que nos saliéramos? EE UU nunca ha pertenecido o ha estado bajo la jurisdicción de la Corte o de la Cidh y no le ha sucedido nada. Canadá tampoco ha suscrito un acuerdo que lo someta a estos organismos y no le ha pasado nada.
— ¿Salir de la Cidh implicaría salir de la Corte y además de la OEA?
— De la OEA no necesariamente. Esos son organismos jurisdiccionales. EE UU está en la OEA y no se somete a la Cidh ni a la Corte. Seguiríamos en la OEA, aunque es un organismo cada vez más desacreditado por sus mismas políticas de destrucción contra los países no afectos a Estados Unidos. En la Cumbre de Cartagena hubo una cantidad de países que no asistieron, algunos por ser discriminados por ese sistema, como Cuba; y otros por solidaridad.
— Usted dijo que esa Corte está prejuiciada contra Venezuela, ¿de qué manera?
— La Corte en las actuaciones que ha tenido ha demostrado un extraordinario prejuicio contra nuestro país. Durante todas las violaciones de derechos humanos de la cuarta república apenas procesaron seis denuncias y actualmente tiene en curso 66 denuncias contra Venezuela, eso es absolutamente desproporcional. Por otro lado, admiten denuncias sin tener precisado el nombre de las supuestas víctimas, basadas en rumores y notas de prensa; denuncias sobre las cuales no se ha pronunciado la jurisdicción interna venezolana. Para evitar que haya fallos contradictorios en una corte internacional tienes que esperar a que el país tenga una sentencia firme y definitiva, pero no, ellos se ponen a admitir denuncias sobre casos que la justicia venezolana no ha resuelto, creando contradicciones. Por lo tanto, tenemos que salir de ese organismo que no reconoce la soberanía de Venezuela.

— ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ahora?
— Se eleva la solicitud a la AN, el Parlamento la considerará y si lo cree pertinente sancionará el Tratado.

— ¿Se votaría por mayoría absoluta o simple?

— Sería simple porque así como no se exige una mayoría absoluta para la ratificación del Tratado tampoco se debe pedir esa mayoría para separarnos de la instancia.

NOTICIA
En la Gaceta Oficial número 39.912 del lunes 30 de abril que circula el día este miércoles, se designa como integrantes principales del Consejo de Estado a José Vicente Rangel, Roy Chaderton, Germán Mundaraín, Carlos Rafael Giacopini y Luis Britto García.

Como miembros suplentes del Consejo figuran Imelda Rincón, Soraya E Achkar, Miguel Ángel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Rafael Martínez Barrios.

El pasado 30 de abril, el primer Mandatario Nacional encomendó al vicepresidente Elías Jaua “presidir el Consejo de Estado. Me corresponde a mi hacer algunas designaciones, he pedido al doctor Rangel que se incorpore, he pedido al doctor Britto García que se incorpore”.

El Consejo de Estado, establecido en el artículo 251 de la Constitución de 1999, “es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional” encargado de estudiar “asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión“.