Luis Britto García
GENOCIDIO EN GAZA
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El 29 de diciembre, mientras los habitantes de Gaza
se preparaban para recibir el que quizá fuera el más desdichado Año Nuevo de
sus vidas, juristas de Sudáfrica presentaban ante la Corte Internacional de
Justicia en la Haya una demanda contra Israel por la comisión de actos
tipificados en la Convención de Naciones
Unidas para la prevención y sanción de crímenes de genocidio, y adoptada
por la Asamblea General de dicha organización en 1948.
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No es casual que la iniciativa parta de Sudáfrica,
colonia de británicos y neerlandeses instalada en el Continente Negro en 1901,
quienes en 1948 impusieron jurídicamente el régimen de apartheid: separación de la población en sitios diferentes y con
derechos distintos de acuerdo con su condición étnica. Tras denodada
lucha, Sudáfrica se independizó y se
libró del apartheid en 1991. Pero no ha olvidado lo que significan el
exterminio de pueblos y el racismo.
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Según
el artículo II de la citada norma, “En la presente Convención, se entiende por
genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión
grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir
los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo”.
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Estos
actos se cometen diaria e impunemente en Gaza ante los ojos del mundo, son
difundidos por la mayoría de las agencias noticiosas, y en la tarea de informar sobre ellos han
perdido la vida 119 periodistas. Según sus informaciones, recogidas por la
Oficina de Comunicación Social del gobierno de Palestina, desde el 7 de octubre
de 2023 hasta el 17 de enero de 2024 en
la Franja de Gaza y alrededores las fuerzas armadas de Israel perpetran actos “con
la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo nacional, étnico,
racial y religioso” de los pobladores originarios palestinos. Dichos actos consisten en A) Matanza
o desaparición de 31,620 inocentes, de los cuales 10.800
son niños y 7.258 mujeres, obviamente no combatientes. B) Lesiones graves a la integridad
física y mental del grupo, en virtud de las cuales 24.620 civiles inocentes requieren
hospitalización; 11.000 están en tal estado de gravedad que para tratarlos
deben salir de Gaza y 61.830
presentan infecciones como consecuencia
de heridas, C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial: Los bombardeos y asaltos contra núcleos de
población y su ocupación violenta, acompañados del corte de suministro alimentos,
medicinas, agua y electricidad, han
causado el desplazamiento forzoso de arriba de millón y medio de personas; de
las cuales 400.000 presentan enfermedades infecciosas, 350.000 pacientes
crónicos están en estado de riesgo por falta de medicinas y equipos; 10.000
pacientes de cáncer están en igual situación. D) Medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo:
60.000 mujeres embarazadas están en riesgo por carencia de
viviendas, alimentos, medicinas y falta
de acceso a atención médica, situación ocasionada por los invasores al
destruir 30 hospitales, 53 centros de salud, asesinar 337 médicos y personal del área de la
salud y 45 miembros de protección civil. E) Traslado por la fuerza de niños
del grupo a otro grupo: Una operación de despoblación y desplazamiento masivo
que afecta a cerca de millón y medio de
personas implica el traslado por la fuerza de niños y menores, todos en
situación precaria y muchos en casi total desamparo por la pérdida da sus
familiares.
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Estas atrocidades físicas están acompañadas por actos de agresión
cultural que evidencian “ la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, como tal”. No otra finalidad puede tener la destrucción
completa de 157 mezquitas y el desmantelamiento parcial de 246 de ellas, así
como la demolición de tres iglesias
cristianas. La aniquilación cultural está asimismo detrás de la destrucción
total de 138
oficinas gubernamentales y 97 escuelas y universidades, así como del desmantelamiento
parcial de 295 centros de enseñanza y de dos centenares de centros
arqueológicos y patrimoniales.
Una nación es el acuerdo de un grupo
humano acerca de la necesidad compartir y
preservar un conjunto de valores
y de rasgos culturales. La destrucción sistemática de instituciones educativas,
culturales y religiosas es intento de aniquilación de un grupo nacional.
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Según el artículo III de la referida
Convención, “serán castigados los actos
siguientes: a) El genocidio; b) La asociación para cometer genocidio; c) La
instigación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de
genocidio; e) La complicidad en el genocidio”. La responsabilidad por
dichos actos abarca asimismo la asociación, la instigación directa y pública,
la tentativa y la complicidad. Juzgue el lector si una sola de estas variantes
está ausente en la premeditada, despiadada y sistemática aniquilación de un
pueblo que avanza en Gaza.
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Lamentablemente, los veredictos de la Corte Internacional de Justicia carecen de efectos prácticos por cuanto no existe ningún mecanismo para ejecutarlos. Apenas servirán para unirse a la amplia condenatoria de todos estos actos por buena parte del género humano y, bueno es señalarlo, incluso por personas y organizaciones israelitas. La condena moral es ya un principio de justicia. Quien no la apoye, legitima la comisión impune de actos similares en contra de su persona, familiares, allegados y connacionales.
DOLARIZACIÓN EN ECUADOR
} ' 1Vemos
en Ecuador el inevitable proceso que tarde
o temprano sufre todo gobierno que se vende a las políticas neoliberales. Desde
el año 2000 en dicho país la moneda oficial es el dólar. Lenin Moreno aprovechó
el prestigio acumulado por la brillante administración progresista de Rafael
Correa para hacerse elegir como su sucesor; una vez en la presidencia traicionó
a su antecesor, se pasó al neoliberalismo y enfrentó una sublevación popular
que lo hubiera derrocado de no ser por la defección de la Conaie (Confederación
de Naciones Indígenas de Ecuador).
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En la elección del sucesor de Moreno, “Para la segunda
vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la
consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de
gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población
votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo
registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso”( https://nuso.org/articulo/guillermo-lasso-y-el-laberinto-de-las-izquierdas-ecuatorianas/
).
Elegido
gracias a ello Presidente el banquero Guillermo Lasso, aplicó un programa de
intensiva privatización y corrupción que
lo llevó al borde de un juicio político al cual contestó disolviendo la
Asamblea Nacional y convocando a nuevas elecciones. Antes de ser obligado a dejar el cargo, en 2023 logró aprobar una “Ley Orgánica
para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia
Covid-19”, la cual incluye mecanismos
para la regularización de activos en el exterior que posibilitan el lavado de
capitales.
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Su
sucesor el interino Daniel Noboa declaró que "El narcotráfico es uno de los elementos que
favorece al narcoterrorismo, porque no tienen que cambiar billetes, entran
dólares y salen dólares, no queda rastro cambiario". Al respecto el
economista Juan Pablo Jaramillo declaró
para La Política Online que: "La dolarización es uno más de los
factores que hacen atractivo que las bandas criminales operen en Ecuador,
porque hace que sea más sencillo lavar dólares" (https://agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/ecuador-la-dolarizacion-favorece-al-narcotrafico). Juan Paz y Miño Cepeda señala que “Bajo el dogma de reducir el tamaño del Estado, cayeron el
gasto y las inversiones estatales, las infraestructuras existentes fueron
descuidadas y varias colapsaron, los servicios públicos se derrumbaron,
afectando educación, salud y seguridad social. Hay suficientes datos para
comprobarlo en CEPAL, FMI, BM, PNUD, OIT y los informes y estadísticas
nacionales. ¿Qué opciones tiene un 70% de la población activa ecuatoriana que
es pobre, desocupada y subocupada para sobrevivir sin atención ni del Estado ni
de la empresa privada?" (www.historiaypresente.com)”.
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Al mismo tiempo, se reabrieron casinos y garitos clausurados; el sector bancario se transformó en el de más
alto crecimiento; la tasa de homicidios, que en tiempo de Rafael Correa bajó a
5 por cien mil habitantes, se quintuplicó en 25; las bandas criminales crecieron hasta
protagonizar un conjunto de motines carcelarios; el gobierno declaró primero el
“estado de excepción”, luego el “conflicto armado interno”. Estados Unidos
envió a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson y a un grupo de generales
para preparar la “colaboración” militar con
Ecuador, en base a un acuerdo con el gobierno de Lasso suscrito en octubre de 2023 que con la excusa del
narcotráfico ejecutaría la intervención militar.
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Después de la victoriosa iniciativa de Rafael Correa de expulsar la base estadounidense de Manta, volvería Ecuador a ser país ocupado por tropas extranjeras inmunes a los tribunales del país, tanto en la base que se prepara en Las Galápagos como en el resto del territorio. Se reviertiría así la Independencía nacional conquistada en la batalla de Pichincha por ejércitos grancolombianos bajo el mando de Antonio José de Sucre. Espejo en el cual deberían mirarse quienes predican privatización y dolarización como panaceas milagrosas a las cuales hay que sacrificar la soberanía.´
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TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO.