luisbrittogarcia: 2015-10-18

Luis Britto García

En El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez narra la historia de un viejo veterano de una contienda civil, que espera inútilmente en Macondo una pensión ofrecida. El hijo del coronel ha sido asesinado por el gobierno; el anciano y su mujer languidecen de un hambre decorosa que les impide pedir limosna, sin más esperanza que un gallo de pelea al cual no tienen con qué comprarle maíz.

En Venezuela para mantener su mayoría parlamentaria el gobierno de Acción Democrática ilegalizó a la izquierda y encarceló a sus diputados. Las fuerzas progresistas no tuvieron más camino que una lucha armada revolucionaria que se prolongó prácticamente desde 1962 hasta 1987. Los gobiernos de la Cuarta República la reprimieron con ferocidad: torturas, exilios, asesinatos, desapariciones, masacres, bombardeos, desplazamientos forzosos de campesinos, Teatros de Operaciones donde no entraban ni Constitución ni tribunales ni fiscales. Ni mucho menos la mercenaria Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, fundada en 1959 y para la cual ninguno de estos horrores existió.

Apenas en febrero de 2013 se crea una Comisión de la Verdad y la Justicia para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y lograr en lo posible la reparación de los daños. En Argentina la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en su informe Nunca más, reveló en 1984 un saldo de 8.960 desaparecidos durante las dictaduras de derecha. Un trabajo similar reveló que Pinochet hizo ejecutar en Chile 3.065 asesinados; y que entre secuestrados, exiliados y atropellados, victimizó unas 40.000. Para el cumplimiento de sus funciones, ambos grupos contaron con el más decidido y amplio respaldo y apoyo de las autoridades.

No pasó lo mismo en Macondo, perdón, en Venezuela. Soy quien menos derecho tiene para comentar nada, pues asistí a muy pocas reuniones de la Comisión. En mi criterio, tales tareas corresponden por obligación constitucional a órganos del Estado que disponen de competencias, funcionarios, presupuesto y poderes para ello, tales como los cuerpos de investigación policial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La fiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho lo posible por apoyar a la desasistida Comisión. Pero encomendar la reparación de los horrores de tres décadas de violencia sistemática a tres decenas de ciudadanos de a pie, sin recursos, sin poderes jurídicos, sin acceso a expedientes inexplicablemente “secretos” o destruidos, y que tienen que trabajar a tiempo completo en otra cosa para ganarse la vida, equivale a relegar todo al olvido.

A pesar de todo, los miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad precisaron hasta ahora en 8.048 los asesinados por los gobiernos de la Cuarta República, sin incluir las muertes del Caracazo, indemnizadas por Chávez. Si estimamos que por cada asesinato hay otras tres víctimas entre torturados, detenidos, ultrajados o desamparados, podemos calcular conservadoramente en más de 24.800 las víctimas. Algunos miembros de la Comisión le añaden el espantoso saldo de unos mil campesinos “desaparecidos” o víctimas de “ley de fuga” por sospechas de colaborar con la guerrilla. Los deudos de todos quedaron en el desamparo más hostil; a veces perseguidos por razones de parentesco o amistad: atropellados, vejados, olvidados. Cada historia es más espantosa que la otra.

Se ha entrevistado a 406 víctimas en estado de extrema necesidad. Ninguna ha recibido una sola de las ayudas solicitadas. Anuncia el gobierno la concesión de 3.500 pensiones para transportistas, la entrega de 20.000 taxis, el otorgamiento de unas 200.000 unidades de la Misión Vivienda para colombianos. ¿No podría ir aunque fuera uno de esos auxilios para quienes lo dieron todo por Venezuela?