¡RESCATEMOS A VENEZUELA DEL ARBITRAJE ENTREGUISTA!

La irrenunciable inmunidad de Venezuela
Por si me leen jueces que los ignoren, recapitulo los fundamentos jurídicos de Venezuela. La soberanía comprende el derecho ilimitado y perpetuo de una República de darse sus leyes, ejecutarlas con sus autoridades y resolver las controversias sobre su aplicación con sus propias normas y tribunales. El artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por formar parte de sus Principios Fundamentales prevalece sobre los restantes, determina que “Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.” Ni otro artículo constitucional, ni la Ley, ni manifestación de voluntad de funcionario o ciudadano pueden renunciar entonces a la inmunidad, que es el derecho de resolver las controversias en las que sea parte la Nación mediante las propias leyes y los propios tribunales, sin someterse a jueces extranjeros.

La planta insolente del arbitraje
La soberanía es condición de existencia de nuestros países: grandes potencias y transnacionales sostienen la inexistencia de nuestras soberanías. En 1868, el internacionalista argentino Carlos Calvo, indignado por la invasión de Francia e Inglaterra contra México, sostuvo que empresas y ciudadanos extranjeros deben solucionar sus controversias con el Estado territorial donde están establecidos ante los tribunales internos de éste. Países como Bolivia y Honduras acogieron en sus Leyes fundamentales artículos en tal sentido; Venezuela los incluye en sus constituciones desde 1893. Ante el bloqueo, cañoneo e invasión de Inglaterra, Alemania e Italia contra nuestro país en 1902, sostuvo Cipriano Castro que las reclamaciones extranjeras se consideraban un asunto interno de Venezuela, competencia de los tribunales locales. Estados Unidos obligó a nuestro indefenso país a aceptar el arreglo de los llamados Protocolos de Washington. La planta insolente del arbitraje había hollado la sagrada inmunidad jurisdiccional de la Patria.

La amenaza contra las reservas internacionales
Más destructivos que cañones de acorazados extranjeros, funcionarios vendepatria siguieron incluyendo en nuestros contratos de interés público cláusulas inconstitucionales de sometimiento de la República a tribunales o árbitros extranjeros, y algunos jueces intentaron inconstitucionalmente legitimarlas. La empresa Maxipistas fracasó en la administración de la autopista Caracas-La Guaira, arrastró a Venezuela ante árbitros extranjeros, y nuestro país debió pagar una indemnización injusta. La Exxon-Móbil intentó en 2008 aniquilar Venezuela demandándola ante el Centro Internacional de Arbitraje sobre Inversiones (CIADI) para embargarle bienes y reservas internacionales ante tribunales extranjeros. Fermín Toro Jiménez y yo demandamos del TSJ que declarara la inconstitucionalidad de la violación de la inmunidad jurisdiccional de nuestro país. El tribunal declaró que se podría someter a Venezuela a jueces y árbitros extranjeros previa “manifestación”. La planta insolente de la Exxon podría aplastar nuestras reservas internacionales.

Transnacionales al abordaje
Ante esta luz verde para atropellar la inmunidad de jurisdicción, más transnacionales se aprestan a arrastrar a Venezuela ante tribunales extranjeros: la Gold Reserve, predadora de nuestros recursos de oro, e Intesa, la firma que saboteó el corazón informático de PDVSA en 2002, cuyo contrato también incluye una “manifestación” para someter a nuestro país a jueces foráneos. No es como para celebrar. De 232 casos sometidos al CIADI, 230 fueron decididos a favor de las transnacionales. Someterse al CIADI es como jugar ruleta rusa con todas las balas en el cilindro del revólver. Brasil, país siempre consciente del interés nacional, jamás se sometió a dicha organización.
Defensa de la soberanía de jurisdicción
¿Serán Venezuela y el Proyecto Bolivariano aniquilados por un golpe judicial que los arrastre para ser descuartizados por jueces y árbitros extranjeros y enemigos? La soberanía se defiende con conciencia, con normas y con actos. En cuanto a la conciencia, el ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez afirmó el 9 de julio que el arbitraje internacional es “estrategia transnacional aplaudida por la oligarquía venezolana, parásita y beneficiaria de las migajas de la renta petrolera”. Todos los ministros (y ojalá todos los jueces) deberían compartir esta afirmación de soberanía.

Normas por la soberanía de jurisdicción
La Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos de 7 de mayo de 2007 pauta en su artículo 11 que “Los hechos, actividades y contratos objeto de la presente Ley se regirán por las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las controversias serán dilucidadas en forma exclusiva y excluyente por sus tribunales”. En desarrollo de los artículos 1 y 151 de la Constitución, otras normas deben extender explícitamente dicha exclusión a todas las controversias relativas a contratos de interés público.

Retiro del CIADI
Pero el definitivo rescate de la soberanía de jurisdicción de Venezuela sería su retiro del nefasto CIADI. Bolivia anunció el 29 de abril de 2007 su salida de ese ente arbitral que síempre favorece a las transnacionales: alegó que los fallos del CIADI son definitivos e inapelables; que su injerencia viola el artículo 135 de la Constitución boliviana, que el Tribunal constitucional lo declaró incompetente; que sus metodologías son arbitrarias y poco claras; que no acepta audiencias con peticionarios externos, se reune a puerta cerrada y que la defensa de los Estados en esa instancia es muy costosa, pues deben contratar abogados en Estados Unidos. Ecuador también acaba de anunciar su retiro (Decio Machado: “Un nuevo acto de soberanía: Ecuador denuncia al CIADI”; Kaos en la Red, 7-7-2009) ¿Hasta cuándo seguirá siendo Venezuela el único fundador del ALBA que deja que destrocen su inmunidad de jurisdicción jueces y árbitros extranjeros?

Versión en francés: http://luisbrittogarcia-fr.blogspot.com/

TEGUCIGOLPES

Todo golpe resulta de una acumulación de impactos que no se conjuraron a tiempo:
Golpe económico
Honduras exporta anualmente bienes por valor de 6.236 millones de dólares; 67,2% van a Estados Unidos; 4,9% a El Salvador, 3,9% a Guatemala. Honduras importa bienes por unos 10.200 millones de dólares, el 52,4% de Estados Unidos, 7,1% de Guatemala, 5,2% de El Salvador. Las remesas de los emigrados aportan casi 30% del ingreso de divisas; el desempleo es de 27%. La mayoría de las tierras y las industrias y maquilas pertenecen a pocas familias y menos transnacionales. Esta economía arrastra una balanza comercial negativa de casi cuatro millardos de dólares al año y carga con una deuda pública del 21% de su Producto Interno Bruto. Los beneficiarios de tales estructuras se oponen a cualquier cambio mediante la fuerza y el engaño. La dependencia económica acarrea la política.

Golpe mediático
En Honduras la casi totalidad de los medios son privados; en su mayoría apoyan el golpe, ocultan al pueblo lo que sucede, esconden las gigantescas movilizaciones populares favorables a Zelaya, magnifican el ínfimo apoyo a los usurpadores, llaman al reconocimiento y obediencia hacia los golpistas, divulgan mentiras y ocultan verdades concertados con las transnacionales de la información. La dictadura mediática conduce a la política.

Golpe estratégico
El plan Puebla-Panamá proyecta convertir Centroamérica en un corredor estratégico entre Estados Unidos, su aliado comercial México y Colombia, cabeza de puente de la intervención estadounidense en América del Sur. Sus presas son las reservas de hidrocarburos venezolanas y las aguas y la biodiversidad de la Amazonia. Las victorias electorales progresistas en Nicaragua, El Salvador y Honduras cortan esta autopista interventora. La hegemonía de Estados Unidos en América depende de la subyugación de América Central; nuestra supervivencia, de la independencia de ésta. La geopolítica determina la política.

Golpe de Base
A 97 kilómetros de Tegucigalpa opera la base militar estadounidense de Soto Cano o Palmarola, con un millar de efectivos y los equipos más avanzados de espionaje e intervención. Su comandante, el coronel Richard A. Juergen, se desempeñó como Director de Operaciones Especiales durante el secuestro de Jean Bertrand Aristide en Haití, obvio antecedente del rapto de Zelaya, quien adelantaba pasos para exigir la retirada de los estadounidenses de Soto Cano y convertirla en aeropuerto internacional. Tolerar la ocupación por enclaves militares o paramilitares es consentir un golpe suspendido que se materializa a la menor desobediencia. Aceptar la ocupación militar es permitir la dictadura militarista.

Golpe interventor
Mientras era embajador en Honduras, John Negroponte coordinó con los fondos del narcotráfico del “Irangate” la agresión paramilitar de los “contras” desde ese país, Costa Rica y El Salvador hacia Nicaragua. También instaló agencias estadounidenses como la NED, la USAID y el Instituto Republicano Internacional (IRI), órgano interventor del Partido Republicano que preparó el golpe de abril de 2002 en Venezuela y la deposición de Jean Bertrand Aristide en Haití. Estas agencias operan por la libre, e intensificaron el financiamiento y la organización de los opositores en los meses previos al secuestro de Zelaya. Negroponte consolidó asimismo los vínculos entre el ejército hondureño y la academia de represión antisubversiva llamada Escuela de las Américas. En ella se graduaron el comandante de las Fuerzas Armadas general Romeo Vásques y el comandante de la Aviación, general Luis Javier Prince Suazo. El actual embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, publicó el 4 de junio en el diario derechista La Prensa un artículo que convocaba a oponerse a cualquier reforma constitucional, afirmando que: “Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla”. Tras impartir tales instrucciones, se reunió al menos tres veces con los sectores civiles y militares que preparaban la usurpación. Según informa José Vicente Rangel, la madrugada del domingo 28 de junio los funcionarios del Departamento de Estado James Steimberg y Tom Shannon, contactaron para avisar del golpe a la base militar de Palmarola y al embajador Llorens, quien no advirtió a Zelaya, y continúa en Honduras como testimonio de que su país mantiene la ayuda económica y militar y las relaciones con los golpistas. Consentir la injerencia de extranjeros es admitir el golpe militar.

Golpe contra la OEA.
Revitalizada por el levantamiento de sanciones a Cuba, la OEA encuentra en el cuartelazo de Honduras una oportunidad y un desafío. La pronta reunión de la Asamblea General, la condena unánime del golpe ofrecen un segundo aliento a la exhausta organización. Sin embargo, se abre la duda sobre la efectividad de sus medidas para restablecer la democracia. Si el golpismo se afianza, la OEA añadirá a sus múltiples defectos la evidencia de su inutilidad. Que una insignificante pandilla de rufianes se retire de la OEA, irrespete al Presidente de la Asamblea General de ésta, cierre en su aeropuerto a mandatarios latinoamericanos electos y expida una orden de detención contra el presidente legítimo Zelaya, es un golpe mortal contra una organización buena en el pasado para avalar infamias e incapaz de revertirlas en el presente. Su inefectividad legitima la creación de un organismo latinoamericano y caribeño sin presencia de Estados Unidos, y el fortalecimiento del Consejo de Defensa de UNASUR.

Golpe contra ALBA
El golpe contra Honduras es contra el ALBA. Los golpistas y sus aliados advierten a los países de la Alianza Bolivariana que son vulnerables, que pertenecer a ella no los inmuniza contra las intervenciones e incluso los sitúa como blancos privilegiados de ellas. Los golpistas y sus medios declaran más contra Chávez que contra Zelaya. Cuando veas arder Honduras, defiende tu país.

Golpe contra la vía pacífica
El golpe confirma la validez de una regla invariable: La minoría privilegiada acepta la mayoría democrática sólo cuando le favorece o le facilita las cosas. En el fondo, su único argumento es la fuerza bruta. Ante ello, se plantea la reevaluación de la vía pacífica al socialismo ¿Puede seguir el movimiento popular empleando medios pacíficos cuando la respuesta es la fuerza bruta? ¿Deben deponer las armas los movimientos populares mientras las esgrimen sus enemigos? Quien no resiste la violencia ilegítima la fortalece.

Versión en francés: http://luisbrittogarcia-fr.blogspot.com/

ARBITRAJE INTERNACIONAL VA CONTRA LOS INTERESES DE PAÍSES PRODUCTORES

Mientras el Tribunal Supremo de Justicia proclama que la República de Venezuela puede ser sometida a jueces y árbitros extranjeros en lo tocante a las controversias sobre sus contratos de interés público, el ministro Rafael Ramírez, en declaraciones que transcribimos, desenmascara tales arbitrajes como parte de una "estrategia transnacional aplaudida por la oligarquía venezolana, parasitaria y beneficiaria de las migajas de las rentas petroleras". Es bueno saber con quién está cada quién.

Caracas, 09 Jul. ABN.- El arbitraje internacional de inversiones se ha convertido en un instrumento de dominación del capital transnacional que se ejerce sobre los países del llamado tercer mundo y sobre aquellos que, como Venezuela, son productores de materias primas y recursos naturales como petróleo y gas. Así lo manifestó el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, durante la instalación del ciclo de conferencias 'El Otro Lado del Arbitraje Internacional de Inversiones' dirigido a funcionarios que están al servicio del Estado venezolano. 'Es importante entender que la industria petrolera es una actividad internacional. Esta confrontación entre los países productores y los países consumidores ha girado en torno del ejercicio o no de la plena soberanía sobre el manejo de los recursos naturales. Nuestro país, su doctrina y experiencia en legislación minera y política petrolera, ha sido referencia y territorio de ensayo para las distintas fases de esta confrontación internacional por el control de los recursos', expresó Ramírez. El titular de la cartera petrolera reseñó tres grandes etapas por las que ha pasado la política petrolera venezolana, éstas son: la Concesionaria, la Nacionalización y la Plena Soberanía Petrolera. 'En todas ellas el posicionamiento jurídico del Estado venezolano con respecto a la materia minera estuvo condicionado a la concepción política e ideológica del Estado venezolano, respecto al manejo de nuestro principal recurso económico', dijo. Acotó que todos los instrumentos de cooperación internacional deben reflejar coherentemente el posicionamiento del Estado Venezolano sobre la soberanía de sus recursos naturales. 'Reivindicamos el derecho soberano de Venezuela al manejo de nuestros recursos naturales en beneficio de sus propios intereses y del pueblo, este derecho es inalienable, es ejercido por el Estado, sus instituciones y su empresa nacional como representantes legítimos del interés colectivo', precisó. El titular de la cartera petrolera recordó que el andamiaje internacional tuvo su más acabada expresión desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90, con la llamada política de Apertura Petrolera, que se estructuró atendiendo a la estrategia orquestada por los grandes centros del pensamiento de la dominación, con la activa complicidad de la vieja Pdvsa y su dirigencia meritocrática. En ese sentido, señaló que 'paso a paso fue imponiéndose la estrategia transnacional aplaudida por la oligarquía venezolana, parasitaria y beneficiaria de las migajas de las rentas petroleras que dejaban las transnacionales y sus medios de comunicación, los mismos que pretenden cercar a la Nueva Pdvsa'. De igual manera, destacó que la segunda etapa de la política petrolera se cumplió entre 1993 y 1999, cuando el tren ejecutivo de la vieja Pdvsa venía promoviendo dentro del Gobierno Nacional la idea de que Venezuela suscribiera los llamados Tratados Bilaterales de Inversión y aceptara el arbitraje internacional en contra de la República. Por esa razón, Venezuela llegó a firmar y a ratificar a lo largo de 15 años cerca de 24 tratados de esta naturaleza y, en 1999, aprobó la Ley de Promoción y Protección de Inversiones que autoriza al Estado si decide aceptar el arbitraje internacional, incluso en casos en los que el inversionista no estuviera amparado por tratado alguno. No es sino hasta después de la derrota del sabotaje de la industria petrolera que el Estado venezolano recupera el asiento institucional e inicia entonces la política de Plena Soberanía Petrolera, como una política nacional popular y revolucionaria, a través del cual el Estado recupera el control de sus recursos naturales, su administración y explotación para finalmente máximizar la captura de la renta petrolera y distribuirla en beneficio del pueblo. 'A partir de que se implementó la política de Plena Soberanía Petrolera el Estado, se restableció la autoridad y el control de nuestra principal industria, esa fue la razón por la cual se dio el Golpe de Estado en el 2002', puntualizó Ramírez. Es importante resaltar que, ponencias como las del ministro Ramírez, se estarán dando entre jueves y viernes en Pdvsa la Tahona, donde expertos ampliarán aun más estos temas en materia de arbitraje.